Este martes se confirmó la condena por malversación de fondos públicos contra la dirigente de  derecha Marine Le Pen, aunque modificó parte de la sentencia y dejó abierta la posibilidad de que pueda presentarse como candidata en las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Los jueces ratificaron la culpabilidad de la líder de Agrupación Nacional y la condenaron a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y el restante deberá cumplirlo bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica. Además, mantuvieron una multa de 100.000 euros.

La principal diferencia respecto del fallo de primera instancia, emitido en marzo de 2025, fue la reducción de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. En aquel momento había recibido una prohibición de cinco años para competir en elecciones, mientras que ahora esa sanción quedó reducida a 15 meses, por lo que, desde el punto de vista legal, podría postularse a la presidencia el próximo año.

No obstante, la propia Le Pen había manifestado con anterioridad que no sería candidata si debía cumplir una condena con vigilancia electrónica, ya que consideraba que esa condición le impediría desarrollar una campaña electoral con normalidad.

La dirigente abandonó el tribunal sin realizar declaraciones y tiene previsto brindar una entrevista televisiva durante la noche para fijar su posición tras el fallo.

La causa se originó por el presunto uso indebido de fondos del Parlamento Europeo destinados a contratar asistentes parlamentarios. La Justicia determinó que parte de ese dinero fue utilizado para financiar empleados del entonces Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, entre 2004 y 2016.

Según el tribunal, la maniobra implicó la malversación de 2,8 millones de euros durante más de una década y afectó recursos públicos europeos, lo que, según la jueza Michèle Agi, perjudicó la credibilidad de las instituciones comunitarias y generó una competencia desleal frente a otras fuerzas políticas.

En el mismo expediente también fueron condenados otros dirigentes del partido, entre ellos el vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, y varios exfuncionarios de la agrupación.

La decisión judicial es seguida con atención tanto en Francia como en el resto de Europa, ya que Le Pen y su partido lideran varias encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Su eventual candidatura dependerá ahora no solo de las condiciones impuestas por la Justicia, sino también de la decisión política que adopte en las próximas horas.

Fuente: BBC

La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon, amenazó al presidente francés, Emmanuel Macron, con poner en marcha un procedimiento parlamentario para destituirlo si no nombra como primera ministra a la candidata que ha designado la coalición de izquierdas de la que forma parte.

En un artículo publicado este domingo por La Tribune, firmado por el propio Mélenchon, así como por el coordinador del partido, Manuel Bompard, y por la jefa del grupo en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, le exigen a Macron un gobierno de izquierdas con el argumento de que “en Francia, el único que manda es el voto popular”.

Señalan que este mensaje en la prensa es una “advertencia solemne” porque Macron “debe saber que se utilizarán todos los medios constitucionales para deponerlo antes de someternos a sus artimañas contra la regla básica de la democracia”.

LFI, que es la primera formación del Nuevo Frente Popular (NFP) en el que también están el Partido Socialista (PS), los Ecologistas o el Partido Comunista Francés (PCF), trata de poner así más presión al jefe de Estado, que ha convocado a los jefes de los grupos políticos el próximo viernes para sondearlos de cara a la formación de un nuevo gobierno.

El NFP lleva exigiéndole desde el 23 de julio que nombre como primera ministra a la que designaron entonces como candidata, Lucie Castets, con el argumento de que fue su coalición la que consiguió la primera fuerza en la Asamblea Nacional al término de la segunda vuelta de las legislativas anticipadas el 7 de julio.

En la práctica, la coalición de izquierdas obtuvo, con sus aliados, 193 diputados de un total de 577, lo que le deja en cualquier caso muy lejos de la mayoría absoluta de 289.

La extrema derecha quedó en primera posición en porcentaje de votos, con el 37% de los sufragios (la izquierda algo más del 28%), pero el ‘cordón sanitario’ de la izquierda y del centro-derecha funcionó en las urnas y no obtuvo más que 143 escaños, con lo que se esfumaron todas sus esperanzas de poder ponerse al frente de un nuevo Ejecutivo.

El bloque macronista, que ha gobernado desde 2017, sufrió un severo revés en las legislativas en número de votos (apenas poco más del 20%), pero el ‘cordón sanitario’ le permitió salvar relativamente los muebles y obtener 163 diputados, lo que en cualquier caso le impide seguir a las riendas del país si no es con una amplia coalición por ahora difícil de imaginar.

LFI invoca el supuesto derecho del primer bloque político en la Asamblea Nacional, en este caso el NFP, a formar gobierno para denunciar la actitud de Macron, que se está dando mucho tiempo antes de decidir a quién nombra primer ministro y ha descartado, al menos hasta ahora, poner a Lucie Castets al frente.

En concreto, los firmantes del artículo avisan de que recurrirán al artículo 68 de la Constitución, que contempla la posibilidad de destituir al presidente por incumplir su deber.

Pero resulta más que improbable que ese procedimiento pueda prosperar porque en primer lugar tendría que ser aprobado por la mesa de la Asamblea Nacional, para lo cual LFI necesitaría al menos el apoyo de los otros partidos de su coalición de izquierdas, algo que prácticamente ha quedado descartado con la posición del PS.

Su primer secretario, Olivier Faure, puntualizó hoy en su cuenta de X que la amenaza para ponerla en marcha la firman únicamente los dirigentes de LFI y que lo que dicen en el artículo de La Tribune sólo los compromete a ellos.

Faure señaló que en caso de que el nombramiento de un primer ministro por Macron no fuera conforme a lo que él entiende como “la tradición republicana”, la respuesta tendría que ser presentar una moción de censura contra el nuevo gobierno.

El líder socialista justificó esa opción porque “en un contexto en el que la extrema derecha está al acecho, en el que Emmanuel Macron trata de puentear la voluntad de los franceses, tenemos que ser responsables y mostrar que somos la fuerza que garantiza justicia y estabilidad”.

Fuente: Infobae