El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a los incendios que vienen afectando a distintas zonas de la Patagonia.

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y contempla acciones de presupresión y combate del fuego, además de la restauración ambiental y social de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos ígneos.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, habilitando mecanismos extraordinarios de asistencia.

La normativa encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención, combate de incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Según se detalla en los fundamentos, la combinación de sequía extrema, vientos intensos y la magnitud de los incendios, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, superó la capacidad de respuesta local y generó un riesgo concreto para la vida de las personas, los bienes y el ambiente.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario no permitiría adoptar medidas con la urgencia que la situación demanda, y dispuso dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

Fuente: NA

El Gobierno Nacional logró este martes que la comisión de Diputados firmara el dictamen de mayoría para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, diversos sectores salieron a manifestarse en contra, ya que se plantea en uno de sus artículos la derogación del Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad. 

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, declaró en diálogo con El Marplatense que “estas leyes habían pasado por todas las instancias democráticas para su aprobación, inclusive la Ley de Emergencia en Discapacidad pasó dos veces por la cámara de Diputados y Senadores, ya que fue sancionada, vetada y finalmente revocado el veto”. 

Es decir que “esta noticia nos sorprende ampliamente a todos los que somos parte del sector. El artículo 75 dice derogar la ley sin explicar cuáles son los factores que impiden generar un presupuesto para el 2026 que permita la aplicación inmediata de estas leyes. Actualmente se encuentran sancionadas, pero sin aplicación por un decreto que las frenó hasta que la comisión explicara de dónde se iban a extraer los fondos”, remarcó. 

De modo que , desde Prestadores Unidos Mar del Plata, “decimos que esto es otra medida del gobierno para ajustar a un sector que ha sido vulnerado durante todo el año, que no solo está en emergencia, sino que se encuentra en urgencia. Actualmente han cerrado más de 700 centros categorizados, escuelas especiales, prestadores han migrado hacia otros sectores que le permitan sostener su economía. Esto afecta directamente la calidad de vida, y en ocasiones la vida, de la personas con discapacidad”, enfatizó. 

“Es el gobierno quien debe articular los medios para que el presupuesto permita la aplicación de estas leyes. No se puede derogar simplemente considerando que no existen los fondos cuando se han destinado a otros proyectos que nada tienen que ver”, agregó. 

Por consiguiente, “nosotros decimos claramente que las personas con discapacidad no se pueden considerar un número, un gasto para el Estado. Deben ser consideradas personas de derechos por las cuales se tienen que articular todos los medios para que tengan todo lo que se necesita para su real inclusión. Estamos hablando de rehabilitación, tratamientos, escolaridad, transporte, un gran sector que hoy se encuentra totalmente en emergencia”. 

“Así que pedimos a los señores diputados y senadores, que votaron en contra del veto, que no cambien su voto, sigan sosteniendo su postura a favor de la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario porque detrás hay un gran sector que necesita coherencia", concluyó.

El Gobierno nacional apeló hoy la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que implica que la sentencia se mantiene vigente hasta que se expida la Cámara Federal de San Martín.

La apelación lleva la firma del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y de Julio Comadira. El magistrado otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días para presentar los fundamentos detallados de la impugnación.

El pasado viernes 12, el juzgado federal hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Unico de Discapacidad, y ordenó la puesta en marcha de la Ley 27.793. El fallo también suspendió el artículo que exigía al Congreso explicitar las fuentes de financiamiento para su implementación.

La ley había sido aprobada en julio, estableciendo la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Aunque el Ejecutivo la vetó por razones de equilibrio fiscal, el Congreso insistió en su sanción y logró su promulgación sin restricciones. Sin embargo, el Gobierno emitió el Decreto 681/2025, condicionando su entrada en vigencia a la inclusión de partidas presupuestarias específicas.

Los demandantes argumentaron que el decreto presidencial paralizaba la ley y dejaba sin protección a miles de personas, impidiendo el acceso a tratamientos, servicios de calidad y derechos básicos como salud, educación e integración social. También señalaron que el Ejecutivo no puede condicionar una ley ratificada por el Congreso ni someterla a normas de menor jerarquía.

Desde el Ministerio de Salud, se rechazaron las acusaciones de arbitrariedad y se defendió que aplicar la ley sin fondos definidos pondría en riesgo la estabilidad financiera del Estado y otros programas prioritarios.

El juez González Charvay consideró inválida la disposición del artículo 2 del decreto, por contradecir el mandato de promulgación establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Además, descartó los argumentos fiscales del Gobierno, recordando que el Congreso había autorizado al jefe de Gabinete a ajustar el presupuesto para cubrir la ley, y que desde diciembre de 2023 se realizaron más de 19 reasignaciones para otras áreas.

“Nada obsta para que la Jefatura de Gabinete utilice el mecanismo de financiamiento previsto en la Ley 27.793 y reoriente fondos como ha hecho en múltiples ocasiones. De lo contrario, se configuraría un manejo selectivo y discriminatorio de los recursos, contrariando las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino”, expresó el magistrado.

La sentencia subrayó la urgencia de aplicar la ley, especialmente para niños y adultos mayores con discapacidad, y la necesidad de una salvaguarda especial.

Fuente: con información de TN

Con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador nacional de prestaciones. El incremento será escalonado y se aplicará en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con aumentos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Sin embargo, desde la ONG Prestadores Unidos MDP los calificaron como “insuficientes”.

“El Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de más de un año de silencio, se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la Ley de Emergencia. Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica”, señalaron a través de un comunicado.

Como se indicó, el aumento fue definido tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.

Desde ANDIS y el Ministerio de Salud -que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema- señalaron que “se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

De todos modos, para los prestadores “la emergencia en discapacidad no se resuelve con porcentajes diferidos ni con parches administrativos. Se resuelve con la aplicación efectiva de la ley, con el cumplimiento inmediato de sus artículos y con una mirada integral que respete la dignidad de las personas y la sustentabilidad del sistema”.

Y consideraron que la ley “no se reduce a un aumento del nomenclador: abarca la continuidad de los tratamientos, la accesibilidad, la cobertura del transporte y el reconocimiento justo a quienes sostienen las prestaciones”.

Desde el Gobierno indicaron que el nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los rubros beneficiados se encuentran internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

La actualización llega tras un largo período sin aumentos: el último había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso generó cortes en servicios, cierre de centros de atención y demoras en el pago de prestaciones. En ese contexto, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones realizaron movilizaciones frente al Congreso y al Ministerio de Salud, exigiendo que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un aumento del 70%, superior al 35% concedido por las autoridades.

Desde Prestadores Unidos MDP lamentaron igualmente el no cumplimiento de la Ley de Emergencia al señalar que “en un país democrático, las leyes no se discuten: se cumplen”. Y cuestionaron el reciente decreto que detuvo su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos: “Constituye un retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus apoyos cotidianos”.

“La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria”, manifestaron los prestadores.

En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

El presidente Javier Milei envió al Congreso el veto a la Ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales que busca garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional.

El decreto firmado por el gabinete nacional argumenta que el proyecto implicaba un “impacto fiscal directo” de más de $115 mil millones, carecía de financiamiento genuino y ponía el déficit fiscal, una de las banderas del equipo de Milei.

Asimismo, la legislación persigue la continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas.

En este contexto, Juan Manuel Bustamante, radiólogo y delegado gremial de ATE en el Inareps, declaró en diálogo con El Marplatense que "vamos a salir a la calle, a manifestar, porque es la única forma de darlo vuelta". 

Asimismo, destacó que "creemos que la Ley de Residencias es una de las patas fundamentales de la formación de los compañeros que después terminan trabajando en salud pública, que terminan atendiendo a la gente de a pie". 

"Muchos de los profesionales que se forman en las instituciones públicas terminan siendo los mejores. Por eso me parece bastante peligroso dar este mensaje de que las residencias no sirven y que van a quedar precarizadas. Es todo tan autoritario que genera bronca", continuó. 

De modo que "estamos esperando que se presente algo desde la parte jurídica para se declare inconstitucional el veto porque va en contra de la ley 2.109 del 2025", concluyó. 

En el marco de la compleja situación que atraviesa el sector, la organización Prestadores Unidos Mar del Plata convocó a una nueva movilización este jueves 4 desde las 11:00 frente a la Municipalidad, en Luro e Yrigoyen. Allí esperan reunirse junto a instituciones, personas con discapacidad y sus familias con el objetivo de manifestar un “no al veto” y exigir a los senadores que aprueben definitivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Jessica Machado, integrante de la entidad, aseguró en diálogo con El Marplatense sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad que “no soluciona toda la problemática del sector, pero viene a poner un aire fresco en una situación totalmente de emergencia y crítica”. Y agregó que la convocatoria es “para visibilizar claramente todo aquello que el Estado quiere ocultar”.

“Plata había, lo que no hay es decisión política para que ese dinero llegue a quienes tiene que llegar”, manifestó Machado. Y denunció que llevan meses sin aumentos en sus honorarios profesionales, cobrando las prestaciones con demoras de 60 o 90 días y en condiciones de absoluta precarización “frente a un sistema que nos recorta y vulnera nuestros derechos”.

Por último, la mujer señaló que las personas con discapacidad enfrentan una situación en la que “ven cada vez recortadas más sus prestaciones, con menos acceso a lo que requieren para mejorar su calidad de vida”.

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) expresó su “profunda preocupación” por la precarización de las condiciones laborales de los terapistas ocupacionales en el ámbito privado de Mar del Plata. La denuncia responde al deterioro de los derechos profesionales y al impacto en la calidad de atención a la comunidad.

El CoTOBA señaló que, tras el cierre de la Asociación Marplatense de Terapistas Ocupacionales y durante la transición hacia el actual Colegio, diversas prestadoras privadas están “aprovechando el vacío” institucional. Estas empresas “imponen prácticas que vulneran los derechos laborales, como contratos que encubren relaciones de dependencia mediante el monotributismo, recortes de horas, exigencias de trabajo en grupo en espacios inadecuados y pagos por hora que no reflejan la complejidad de las prestaciones”.

Además, el Colegio denunció demoras en los pagos por parte de obras sociales y prepagas, así como aranceles por debajo de los estándares éticos, lo que compromete la sustentabilidad del ejercicio profesional. “Estamos ante condiciones irrespetuosas, precarias y avasallantes”, afirmaron desde la entidad, destacando que estas prácticas no solo afectan a los profesionales, sino también a la calidad de atención, especialmente en el ámbito de la discapacidad, agravado por el reciente veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En respuesta, el CoTOBA se declaró en estado de alerta y reafirmó su compromiso con la defensa de la disciplina. Actualmente, trabaja en la elaboración de los Honorarios Mínimos Éticos, una herramienta que establecerá criterios claros y actualizados para guiar a profesionales y prestadores en la negociación de contratos. 

“Exigimos condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad, formación y función social que la terapia ocupacional cumple en Mar del Plata y toda la provincia”, concluyeron desde la entidad presidida por Claudia Spidalieri.

En medio del debate por la emergencia en discapacidad, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) denunciaron que la situación de las escuelas especiales es crítica. Con un retraso en sus aranceles del 73% respecto de la inflación, reconocieron que hay demoras en el pago de los salarios y que se reducen los servicios que brindan a sus alumnos.

Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPA, señaló que la educación especial no escapa a la situación de emergencia, principalmente debido a la falta de actualización de los aranceles de las escuelas especiales, aunque reconoció que es un problema de arrastre: “Aunque el desfasaje actual entre las cuotas de las escuelas especiales y la inflación alcanza aproximadamente un 73%, este problema no es nuevo, ya que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores”.

A raíz de esto, explicó la especialista en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, las escuelas especiales enfrentan serias dificultades para mantener la calidad de sus servicios, ya que “se encuentran con dificultades para el pago de los sueldos, para la prestación de los servicios de calidad. No porque no presten servicios de calidad sino porque los deben reducir en general”.

Giorgi también hizo hincapié en el impacto que esta situación tiene en los estudiantes con discapacidad. Explicó que, “muy por el contrario a lo que se puede pretender, intentamos motivar y estimular permanentemente a los niños con discapacidad. La escuela, más allá del del servicio base que ofrece, trata de presentar nuevos estímulos y nuevas ofertas para que estos niños tengan la mayor cantidad de oportunidades”.

Sin embargo, consideró la directiva, los talleres y actividades adicionales que enriquecen la experiencia educativa se ven limitados, ya que “todos esos talleres que se pueden ofrecer en las escuelas especiales se ven afectados justamente porque los costos son enormes”.

Además, resaltó que el presupuesto de estas instituciones está mayormente destinado a los salarios del personal, ya que “el 80% de lo que se gasta en las escuelas especiales es sueldo y es la prioridad que nosotros tenemos a la hora de cancelar deudas. Pero luego la institución se queda como en la cuerda floja para todo lo demás”.

Más allá de esta situación, Giorgi subrayó la particularidad de estas instituciones. “Las escuelas especiales tenemos un gran número de profesionales al servicio de los chicos en proporción a la cantidad de chicos que acompañamos; es decir, son números reducidos de grupos de trabajo dentro de las escuelas las especiales”. 

En ese sentido, detalló que a diferencia de las escuelas de barrio, las escuelas especiales no están al alcance inmediato de las familias, ya que “los chicos con discapacidad no tienen una escuela especial a la vuelta de la casa. En general recorren kilómetros para poder llegar a estas instituciones”. Además, enfatizó que los servicios ofrecidos están diseñados considerando la singularidad de cada estudiante, ya que “hay escuelas que tienen una caracterización donde atienden niños con alguna problemática en especial”.

La especialista destacó, no obstante, la fortaleza del vínculo que se establece en estas instituciones y señaló que esto se debe a la presencia de un equipo interdisciplinario que incluye “docentes educación especial, con gente como psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Todos ellos arman, construyen una red de labor entre todos, pero al mismo tiempo con las familias”.

En ese sentido, concluyó que “las familias se sienten acompañadas, sienten que son parte de la institución. Y la confianza, el respeto que se maneja con ellos hace que el vínculo sea fuerte. También que los niños no sean un número, sino que realmente sean un niño con nombre y apellido, con una característica, con una singularidad y con una historia de familia que es entendida y es acompañada desde la escuela especial”.

La Dirección de Defensa Civil de General Pueyrredon dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con el apoyo del Colegio de Técnicos Distrito V. El objetivo central es lograr la coordinación entre los actores intervinientes en situaciones críticas, fortaleciendo la comunicación interinstitucional y poniendo el foco en la seguridad de la comunidad, recursos y bienes.

El primer taller se desarrolló en formato híbrido (presencial y virtual), con sede física en el Colegio de Técnicos, ubicado en Dorrego al 1371. La propuesta formativa, que responde a las funciones establecidas por el Decreto 13747/17 y en línea con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), se enfocó en la etapa de aproximación, clave para el despliegue ordenado y efectivo ante un incidente o emergencia.

El SCI es un protocolo de actuación reconocido a nivel internacional que permite una gestión integral de recursos humanos y materiales bajo una estructura organizacional común, promoviendo una respuesta eficaz y segura frente a eventos de magnitud.

Durante las dos horas de capacitación se abordaron temas como la contextualización del rol de Defensa Civil, los principios y estructura del SCI, la aplicación de recursos desde una perspectiva sanitaria, la zonificación e instalaciones requeridas, y se cerró con un conversatorio abierto entre los participantes.

El evento contó con la disertación del director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez; el médico del SAME especializado en emergencias y gestión de desastres, Fabián Dematteis; y el magíster internacional en Gestión de Riesgos y Desastres, Nicolás Miranda.

El encuentro convocó a una amplia diversidad de actores operativos, tanto en modalidad presencial como virtual: bomberos voluntarios de Sierra de los Padres y del Partido de Mar Chiquita, personal del SAME, Patrulla Municipal, áreas de Tránsito, Desarrollo Social, EMSUR, Cruz Roja y Radio Club Mar del Plata, además de representantes de Defensa Civil de distintos puntos del país.

Desde la Dirección de Defensa Civil destacaron que esta primera jornada marca el inicio de un proceso sostenido de capacitación y profesionalización, destinado a categorizar a los organismos de respuesta y mejorar su actuación conjunta. La meta es lograr una intervención coordinada y eficiente en beneficio de toda la comunidad.

Por su parte, el Colegio de Técnicos reafirmó su compromiso con la iniciativa, alineada con su misión institucional de velar por la seguridad en los ámbitos residencial, comercial e industrial, desde la intervención de profesionales técnicos capacitados para evaluar condiciones ambientales, laborales y estructurales.

Este primer taller es solo el comienzo de una agenda estratégica que seguirá desarrollándose en los próximos meses, con nuevas instancias de formación abiertas a organismos operativos, técnicos y profesionales vinculados a la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias.

La diputada nacional por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, anunció hoy que, en el marco del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, la Cámara de Diputados debatirá la declaración de emergencia para el municipio bonaerense de Bahía Blanca, luego del temporal que pasó por la ciudad, destrozó comercios y hogares y dejó a gran parte de los habitantes bajo el agua.

Según las palabras de la ex ministra de Desarrollo Social, Diputados debatirá este miércoles el proyecto para declarar la emergencia en Bahía Blanca y otros partidos aledaños afectados por el violento temporal del viernes pasado, que dejó además un balance provisorio de 16 muertos, numerosos desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

“Los diputados de Unión por la Patria vamos a votar por unanimidad la declaración de emergencia para Bahía Blanca pero también para todas las localidades afectadas, y esperamos que el resto de los legisladores también acompañen el proyecto”, señaló Tolosa Paz en declaraciones radiales.

En ese sentido, la legisladora relativizó el anuncio del Ministerio de Economía, de enviar ayuda a la zona afectada por unos 10.000 millones de pesos, y lo contrapuso con la primera evaluación efectuada este domingo por el intendente bahiense, Federico Susbielles, quien advirtió que la reparación de los daños costará unos 400.000 millones de pesos.

“Uno entiende que es un primer envío de fondos”, señaló Tolosa Paz, al tiempo que destacó que no sólo se trata de la ayuda a Bahía Blanca sino a partidos como Daireaux, Guaminí, Coronel Suárez, Villarino, Puán, Adolfo Alsina, y otras localidades que también fueron gravemente afectadas y necesitan reconstruir su infraestructura.

“Necesitamos que todas las fuerzas políticas del Congreso acompañen la sanción del proyecto para declarar la zona de emergencia, y que el Gobierno nacional de Javier Milei ponga el dinero que los municipios linderos de Bahía Blanca necesitan para la reconstrucción de las zonas afectadas”, concluyó la ex ministra nacional.

Fuente: Diputadosbsas.com.ar

Mañana a las 11:00 en la puerta de la sede central de IOMA (avenida Independencia y Rawson) los afiliados volverán a concentrarse con el fin de continuar reclamando por la baja de las prestaciones que realiza la principal obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y denunciar un estado de “emergencia”.

“Estamos pasando momentos muy críticos en toda la provincia, agravado en Mar del Plata y toda la región desde el 2 de diciembre de 2023”, señalaron los afiliados autoconvocados a la vez que recordaron que si bien la obra social “venía con altibajos en los últimos años, nunca dejó de brindarnos las mejores atenciones, en cuanto a internación, estudios, insumos y demás”.

A través de un comunicado, los afiliados indicaron que desde IOMA “rompieron el contrato con las tres clínicas más importantes de la ciudad, que acogen, no sólo a los marplatenses, sino a las regiones aledañas, más el turismo que por esta zona circula”.

También denuncian que se realizaron “recortes en insumos” como “tiras reactivas, lancetas, pañales, audífonos, bolsas de colostomía” y que tampoco “entregan en tiempo y forma medicación oncológica, de diabetes, artritis”.

Otro de los inconvenientes que señalan los afilados es que “no les abonan sus aranceles a las AT, acompañantes terapéuticos, indispensables para el apoyo de la personas con discapacidad” a la vez que las clínicas y centros de salud que hicieron contrato con IOMA a través de una “gerenciadora privada, ACEAPP, no cuentan con camas suficientes, y tampoco con la complejidad que ciertas patologías ameritan”.

Con dureza, señalaron además que “una gran cantidad de enfermos afiliados a esta obra social mueren por falta de asistencia médica”, como que así también hay “pacientes a la espera de prótesis para cirugías, que los especialistas en traumatología no están dispuestos a realizar por ser insumos de pésima calidad”.

Luego de que se tratara en el Concejo Deliberante el pedido del Congreso Vecinal para que declaren la emergencia en seguridad, uno de los representantes de la organización, Heraldo García, aseguró que también exigieron que las autoridades formen una comisión con los vecinos para determinar "qué funciona y qué no" en diversos puntos, como “alumbrado, reparación de calles, tránsito y cámaras de seguridad”.

El pedido de la declaración de emergencia fue tratado el jueves en la Comisión de Seguridad y pactaron una nueva reunión con los referentes del Congreso Vecinal de General Pueyrredon, la cual se realizará a principios de octubre. Para ese momento, esperan una definición. 

“Comenzó el tratamiento del expediente, donde acordaron pedir un informe a las secretarías de Legal y Técnica y de Seguridad para ver la vialidad de la declaración de la emergencia. Y en quince días, cuando se reúna nuevamente la comisión, se otorgó la palabra para que los vecinos puedan expresar por qué piden la declaración de emergencia. Suponemos que ahí será la definición”, le contó García a El Marplatense.

A su vez, indicó que entienden que la ciudad “ya está en emergencia” y que la declaración actuaría como “reconocimiento de la gravísima situación que viven los vecinos”, tales como “secuestros, privación ilegítima de la libertad, robos, arrebatos, violaciones y cuestiones inusitadas para Mar del Plata que son de público conocimiento”.

Por otro lado, comentó que el Congreso Vecinal realizó reuniones en diferentes barrios, donde dieron con que la inseguridad “es un tema de primera necesidad”. Entonces, pidió que las autoridades de seguridad “formen una comisión con los vecinos para decir qué funciona y qué no".

En ese sentido, añadió: “Sabemos que se han reunido algunas veces, pero no le han consultado a los vecinos. Nosotros podemos decir qué funciona y qué no para que haya correcciones. También pedimos que se nos incluya en la posibilidad de hacer un plan integral de seguridad, no solamente en la cuestión de si hay más efectivos o patrulleros, incluso en la promoción social y temas como alumbrado, la reparación de calles, tránsito, las cámaras de seguridad o Inspección General”.

Por último, el representante del consejo vecinal remarcó que es una problemática “urgente” y que la dilación les deja “inquietud y un sin sabor”, a pesar de que comprende que “los tiempos son estos”. Depositó su esperanza en la siguiente reunión y expresó: “Si el Concejo niega esta posibilidad, sería una afrenta para todos los vecinos de General Pueyrredon”.

Los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres se encuentran en estado de emergencia ante la falta de recursos económicos por el atraso del subsidio nacional en un contexto de fuerte crisis económica e inflación. 

Por este motivo, recorren las calles para vender productos a bajo costo con el objetivo de recaudar algo de dinero para solventar las necesidades básicas como el mantenimiento del equipo, el edificio que cumple la función de base y el pago de servicios. 

En este sentido, Sergio Mostafa, integrante del Cuartel de bomberos Sierra de los Padres, declaró en diálogo con El Marplatense que “más allá del subsidio y la devaluación que existe hoy en día, el dinero para el cuartel no alcanza teniendo en cuenta la cantidad de servicios que se están cubriendo”.

El dinero es aportado desde la Superintendencia de Seguros, el ente controlador es Evasión a través del Ministerio de Seguridad y  calculan que antes de fin de año deberían cobrar el subsidio que corresponde.  

A este panorama se le suma “la cantidad de gastos que tenemos fijos mensuales. Normalmente con la plata que ingresaba en los cuarteles de bomberos voluntarios, en el caso particular de Sierras, alcanzaba para poder cubrir los gastos de todo el año y poder comprar equipo”, afirmó. 

No obstante, “estos últimos años, con el tema de la devaluación y lo que conlleva mantener el cuartel, no nos alcanza ni siquiera para mantener los gastos fijos. Superamos el millón de pesos en relación al combustible, electricidad, comida del personal y no alcanza a cumplir las necesidades que tenemos”, declaró. 

Por este motivo, “tenemos que recurrir y trabajar en eventos o actividades con la comisión directiva para llegar a cubrir el año completo. Una vez que se cobre el subsidio, hasta el año siguiente no se repite”. 

Respecto al trabajo, contó que “hasta ahora inconvenientes no hemos tenido, los servicios de emergencia se están prestando normalmente. Sí se ha incrementado muchísimo, sobre todo en la temporada de invierno con los fríos, y por la población que ha ingresado a Sierra de los Padres y barrios de alrededor”. 

Además, “si bien somos bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, cubrimos más de 14 barrios, eso hace que la estadística vaya aumentando”, recalcó. 

En base a eso, y teniendo la posibilidad de poder solicitar la colaboración a toda la comunidad, “a veces nosotros salimos con algunos vasos que tenemos a la entrada de la Sierra para tratar de solventar los gastos que tiene la institución”, explicó. 

“Otro de los puntos en los que solemos estar parados es la entrada de la Laguna de los Padres donde ofrecemos productos a bajo costo y hacemos la prevención en la zona porque mucha gente viene, hace fuego en la base de los árboles, deja restos de basura”, concluyó.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó hoy por unanimidad la emergencia salarial en la casa de altos estudios.

En el marco de un nuevo plenario, los consejeros superiores aprobaron la declaración de emergencia salarial, a la vez que celebraron la media sanción en Diputados del presupuesto universitario y la prioridad de su tratamiento en Senadores.

El Consejo Superior reúne a estudiantes, graduados, docentes, no docentes y autoridades de las distintas facultades y de la Universidad y de diferentes partidos políticos.

El proyecto fue presentado por la Asociación del Personal Universitario (APU) y fue acompañado por todos los bloques políticos que componen la comunidad universitaria. La declaración de emergencia salarial significa un reconocimiento de la crítica situación en la que se encuentran los sueldos de los trabajadores universitarios. 

Según la secretaria general de APU, María Victoria Schadwill, “es un hecho institucional muy importante ya que significa un respaldo de toda la comunidad universitaria a nuestro reclamo por recomposición y actualización salarial”.

Con respecto a las paritarias nacionales declaró: “El Gobierno nacional impone unilateralmente montos muy por detrás del índice inflacionario: en siete meses quedamos 54 puntos porcentuales debajo de la inflación. Hoy el 50% de los trabajadores universitarios son pobres”.

Durante la sesión del Consejo Superior se destacó positivamente la votación afirmativa de la Cámara de Diputados de la Nación a la Ley de Financiamiento Educactivo promovida por la oposición y se instó a los senadores nacionales a que prosigan por el mismo camino.

Esta decisión se conoce luego del paro por 48 horas que realizó martes y miércoles la APU. En simultáneo, el Frente Sindical de Universidades nacionales realizó medidas de fuerza en el resto de las universidades de todo el país.

Además, se llevó a cabo una campaña de visibilización en las instalaciones de la Universidad con mateada entre trabajadores y la comunidad universitaria y pegatina de carteles reafirmando los motivos de las medidas de fuerza.

“Estamos visibilizando esta gran lucha por la defensa de nuestra universidad, por la recomposición de nuestro salario y para construir la Gran Marcha federal universitaria para septiembre. Sin salarios dignos no hay universidad pública, por eso es importante la participación de toda la comunidad”, destacaron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a una tripulante de un pesquero que requería atención médica urgente, mientras el buque navegaba a alrededor de 180 kilómetros mar adentro de Comodoro Rivadavia, Chubut.

La emergencia comenzó cuando el capitán del pesquero Niño Jesús de Praga, de bandera argentina, realizó una comunicación radioeléctrica con el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia, en la que informó que una de sus tripulantes padecía dificultad respiratoria con dolor de pecho y presentaba antecedentes de asma.

Tras una radioconsulta con personal médico de la Prefectura, se le solicitó al capitán que iniciara navegación hacia el puerto de Comodoro Rivadavia, ya que el cuadro requería atención médica urgente.

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Ante esta situación, de inmediato coordinaron el operativo de rescate, para el que despegaron hacia el lugar un helicóptero y un avión de apoyo con personal especialmente entrenado para actuar en este tipo de emergencia. Las aeronaves volaron hacia el lugar preciso donde se encontraba el buque y el helicóptero se ubicó sobre él.

El nadador de rescate descendió primero y luego la canasta sanitaria para iniciar la maniobra de izado. Una vez a bordo, la mujer recibió las primeras atenciones, mientras en tierra se coordinaba el arribo de una ambulancia al puerto de Comodoro Rivadavia.

Finalmente, la tripulante fue trasladada hacia el hospital local, donde quedó internada con un diagnóstico presuntivo de “crisis asmática y respiratoria".

Cabe destacar que la Prefectura, como autoridad marítima nacional, tiene entre sus funciones principales salvaguardar la vida en el mar, por lo que cuenta con personal policial especialmente entrenado para actuar en operaciones de búsqueda y rescate en las aguas.

Autoridades canadienses confirmaron este domingo que evacuaron a los presos de la cárcel de máxima seguridad de Port-Cartier -que tiene 225 reclusos- por la intensificación de los incendios forestales en Quebec que ponen en riesgo la zona.

”Los reclusos fueron trasladados con éxito del área afectada a otras instalaciones correccionales federales”, informó en un comunicado el Servicio Correccional de Canadá.

Para realizar la evacuación, se extremaron las medidas de seguridad para evitar fugas y mantener la seguridad del personal, de la población y de los presos. Actualmente, la cárcel permanece cerrada tanto a visitas como a guardia cárceles.

”Esta situación de emergencia continúa evolucionando. Nuestros pensamientos están con aquellos afectados por esta situación en muchas de nuestras comunidades. La seguridad de nuestro personal, los reclusos y el público seguirá siendo nuestra principal prioridad”, agregó la institución en el comunicado.

Port-Cartier es una prisión en la que estuvieron detenidos peligrosos criminales, como el asesino serial Robert Pickton, quien era conocido como el “Descuartizador de Vancouver” y que murió en mayo pasado luego de ser atacado por otro recluso.

El estado de emergencia rige desde el viernes para todas las localidades cercanas a los focos del incendio forestal que ya obligó a evacuar de millares de residentes. La agencia de prevención confirmó el domingo que varios focos seguían fuera de control en el este de Quebec.

Fuente: TN

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciara que las fugas de las comisarías porteñas que sucedieron en las últimas semanas eran consecuencia de la incapacidad del Sistema Penitenciario Federal de recibir a los delincuentes con condenas firmes, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la emergencia penitenciaria a raíz de la superpoblación que se detectó en las cárceles.

La titular de la cartera Patricia Bullrich oficializó la medida por medio de la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial, en donde señaló que el estado de emergencia permanecerá vigente por dos años. Esta se trata de la segunda renovación del plazo desde que este fue prorrogado en el 26 de marzo de 2019, aunque en esa oportunidad la medida tuvo una duración de tres años.

De esta manera, la ministra confirmó que la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria continuará activa, pero que pasará a depender de las directrices enviadas por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Además, ordenó al grupo especializado a trabajar en la elaboración y estudio de las propuestas de reformas existentes para poder resolver la situación.

Hasta el momento, la problemática lleva casi cinco años sin encontrar respuesta, por lo que se tomó la decisión de ampliar la cantidad de miembros del comité con el objetivo de profundizar y acelerar el ritmo laboral del mismo. En este sentido, desde el Gobierno alertaron por el empeoramiento del sistema penitenciario, tras precisar que “las circunstancias objetivas que motivaron la declaración de la emergencia penitenciaria en los años 2019 y 2022 no se han modificado, antes bien, se han profundizado”.

Desde el Ministerio de Seguridad reportaron que el Sistema Penitenciario Federal posee la capacidad de alojar hasta 11.361 personas, según lo que se había establecido en la Resolución Ministerial de Condiciones de Habitabilidad expedida el 29 de junio de 2021. No obstante, en la actualidad el límite fue sobrepasado, debido a que hay un total de 11.453 de detenidos en los diferentes penales que conforman la red carcelaria nacional.

Acerca de la situación procesal de los reclusos, las autoridades señalaron que el 54,88% de ellos contaban con condenas fijas y que el 45,10% restante se tratarían de detenidos en calidad de procesados en causas que aún no recibieron un veredicto final. Asimismo, indicaron que hay unas 4.265 personas privadas de la libertad que están bajo el resguardo de otras áreas a la espera de ser ingresadas a las dependencias federales.

Según el relevamiento que realizó la cartera de Seguridad, la mayoría de los detenidos se encontraban bajo la órbita de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 1.886 de presos, seguido por los Servicios Penitenciarios Provinciales, con 1.737 reclusos. “La cantidad de plazas disponibles resulta insuficiente para satisfacer la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal”, reconocieron.

En el caso de los demás organismos, informaron que hay otros 246 detenidos bajo el ala del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 212 de la Policía Federal Argentina, 154 de la Gendarmería Nacional Argentina, 17 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 16 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y 3 de la Prefectura Naval Argentina.

De la misma forma, admitieron que hay otras 5.564 personas con causas penales que pertenecen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos traspasos no pudieron ser tramitados por la falta de alojamiento disponible en el Servicio Penitenciario Federal. Por este motivo, 1.334 personas de este grupo fueron incluidas en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, el cual surgió como una alternativa temporal para sobrellevar el problema.

La ministra señaló la importancia de construir nuevas estructuras carcelarias para poder superar la emergencia, por lo que será uno de los objetivos de la nueva gestión. Asimismo, informaron que continuarán con los avances en las obras que habían sido paralizadas, entre ellas, el “Complejo Federal Penitenciario Argentina - Coronda- Provincia de Santa Fe”, que se completó en un 52%, y el “Centro Federal Penitenciario Argentino - Coronda- Provincia de Santa Fe”, que alcanzó un total de 95% de infraestructura completada.

En los planes también se incluirá la construcción del “Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz” que había sido suspendido por decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, remarcaron que la construcción de la cárcel servirá para trasladar a varios reclusos que hoy se encuentran en Devoto.

Por último, señalaron que “la infraestructura existente se encontraría obsoleta y, además, que en los últimos años no se habría llevado a cabo el mínimo mantenimiento necesario para mantener su habitabilidad y operatividad en condiciones de seguridad”, lo que motivará a realizarse relevamientos en el resto de las Unidades Penitenciarias Federales. De esta forma, podrá tenerse un diagnóstico certero de las obras y mantenimiento que deberían realizarse para garantizar las condiciones de habitabilidad de los reclusos.

Fuente: Infobae.

Al cumplirse los primeros 100 días del actual Gobierno nacional, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ratificó que el conjunto del entramado productivo nacional, compuesto en un 99% por Pymes urbanas y rurales, cooperativas y emprendimientos autogestionados, "está fuera del proyecto oficial”.

“En el marco del proceso de recesión con inflación que el mismo Gobierno propició desde sus primeras medidas, las Pymes no han podido entablar ningún tipo de interlocución con instancias oficiales. Los organismos pertinentes quedaron vacantes, comenzando por la falta de un subsecretario Pyme”, señalaron en un comunicado emitido esta tarde.

Además, indicaron que “está en cero la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de apoyo vigentes por parte la subsecretaría, incluso las correspondientes a los financiados por organismos multilaterales”.

Y para el sector, esta situación “no es un hecho aislado en un proceso de desintegración de los resortes activos del Estado”, sino que aseguraron que el Gobierno “privilegia a grandes grupos multinacionales y especulativos” y que el futuro auguria “una Argentina privatizada, condenada a la reconversión importadora, la primarización productiva y la pérdida de soberanía”.

Por las razones cuestionadas, el comunicado advirtió: “Es urgente frenar el DNU que habilita el ´sálvese quien pueda´, articular acciones en el ámbito legislativo para declarar la Emergencia Mipyme, exigiendo medidas paliativas del daño a la producción y el trabajo, e impulsar como eje del debate una agenda de desarrollo nacional”.

La Asociación de Trabajadores del Estado, se presentó en la Banca 25 del Honorable Concejo Deliberante para pedir el acompañamiento en el repudio al cierre del Centro de Referencia de la ciudad. 

En su exposición, tratarpm de “poder hacer ver no sólo la voz de los trabajadores, sino también demostrarle a todos los políticos marplatense el impacto social que tiene el cierre del Centro de Referencia de nuestra ciudad”, señaló Patricia Coronel, delegada ATE. 

Tras el uso de la Banca 25, “hablaron dos concejales profundizando el tema del trabajo que nosotros hacemos en el CDR y lo que quisimos demostrar, lamentablemente teníamos 5 minutos nada más y no se pudo plasmar todo el trabajo que hacemos hace 14 años. Con algunos números relacionados a la asistencia alimentaria, las ayudas habitacionales, los medicamentos y pensionados, pudimos demostrar todo lo que hacemos”, destacó.

Respecto a si hay un acompañamiento de todos los bloques, dijo que “esperamos que si, tanto con el Pro como con Unión x la Patria, tuvimos articuladores, así que ellos saben el trabajo que realizamos. No solo Diego García estuvo durante el gobierno anterior, sino que durante el período de Macri estuvo Florencia Ranellucci. Esperamos que acompañen el pedido de repudio”.

En cuanto a los anuncios de cierre del gobierno, “la única comunicación que tuvimos fue lo que circulaba por redes sociales, este tweet que anunciaba el cierre de los 59 centros en todo el país. La junta interna de nuestro sindicato, que está en Capital Federal, trata de reunirse con algunas autoridades, pero les cierran las puertas o dicen que la decisión está tomada. La mayoría de nuestros contratos se vencen el 31 de marzo, así que creemos que van a aprovechar para el cierre”, explicó.

Por lo que “nosotros vamos a seguir, no nos notificaron nada, nos fijamos todos los dias. Para tener en cuenta, somos trabajadores que estamos hace 10 o 12 años en el CDR. Renovamos contrato todos los años, esto era una prórroga que tampoco firmamos, pero seguimos cobrando el sueldo y yendo a trabajar todos los días”, enfatizó.

Sobre las políticas que pone en práctica el centro en este momento, expresó que “dependiendo de cada gobierno de turno queda algún resabio, seguimos entregando las semillas de prohuerta, continuamos gestionando algunos talleres que tienen que ver con nuestro recurso humano, son cosas que articulamos porque tenemos el capital humano que ellos no tienen. Pero políticas, todo lo que es asistencia alimentaria a los comedores no la están entregando, dejaron de entregar medicaciones de alto costo, hay gente que se está muriendo porque salen millones de pesos y hoy no la están recibiendo”.

“Pueden hablar de los comedores y el comunismo, pero jugar con la salud de la gente que se está muriendo por falta de medicamentos me parece terrible”, agregó.

Asimismo, “ni hablemos de las pensiones por discapacidad, se siguen gestionando, pero despidieron a las compañeras que estaban en la Agencia Nacional, así que con lo que tenemos ayudamos a la gente, van 100 personas por día y tenemos que tratar de acompañarlas con las políticas que quedaron”, concluyó.