La Fiscalía de Mar del Plata, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que se investiga al ex magistrado Jorge Ferro, acusado de beneficiar con su actuación a un estudio jurídico vinculado con un imputado por trata de personas. 

Según la acusación, Ferro habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público en al menos diez casos, entre los años 2002 y su renuncia el 1° de mayo de 2018. 

Se le atribuye haber favorecido, por acción u omisión, al estudio encabezado por Alejandro Ferrarello, y también a los abogados María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro.

Los otros tres profesionales enfrentan cargos por tráfico de influencias agravado: Ferrarello como autor, y Hernández Morhain y Gil de Muro como coautores. 

Según la fiscalía, Ferrarello habría ejercido sus influencias para que Ferro dictara, demorara u omitiera fallos en asuntos bajo su competencia, con el fin de obtener beneficios económicos.  

La causa comenzó el 1 de septiembre de 2016 tras una denuncia vinculada al expediente del prostíbulo VIP “Madahos”, una investigación bajo la órbita de delitos de trata de personas y lavado de activos. 

En el marco de esa causa, secuestraron dispositivos electrónicos en las oficinas del estudio jurídico, cuyos peritajes permitieron trazar comunicaciones entre Ferrarello y Ferro. Los fiscales sostienen que el vínculo entre ellos era “estrecho”, de amistad, laboral y económica, y que, pese a ello, el ex magistrado intervino como camarista en casos donde Ferrarello tenía interés, con la intención de favorecerlo. 

Además de los cargos principales, la fiscalía y PROCELAC pidieron continuar la investigación por enriquecimiento ilícito contra Ferro, donde se busca determinar si las ganancias derivadas de las conductas investigadas modificaron su patrimonio de manera ilícita. 

Para ello, ordenaron medidas de prueba enfocadas en rastrear activos y movimientos económicos de los implicados, con el objetivo de verificar la existencia de bienes o ingresos incompatibles con sus declaraciones o ingresos legítimos.

El ex senador Edgardo Kueider presentó hoy un nuevo recurso de amparo para que la Justicia revoque su expulsión del Congreso nacional, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito en el país y en Paraguay por contrabando de más de 211.000 dólares.

“Que vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a interponer recurso de apelación en los términos del art. 15 y ccds. de la ley 16.986 y arts. 242 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria-, contra la resolución de fecha 20/12/2024, notificada electrónicamente en igual fecha, a los efectos de que la Excma. Cámara revoque la resolución indicada”, menciona la presentación que Kueider hizo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En la presentación, el viernes pasado, el dirigente peronista había requerido la anulación de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Según argumentó, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.

“Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el fallo en sus considerandos.

“Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y -sobre todo- probarla”, remarcó la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.

Tras ser detenido en Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, Kueider, senador peronista y aliado del oficialismo en el Congreso, había presentado el viernes pasado un primer amparo en la Cámara Contencioso Administrativa.

Allí argumentó que Villarruel ejecutó dos funciones incompatibles entre sí según la Constitución Nacional y solicitó la restitución de su banca por haberse tratado de una votación irregular. Además, pidió resguardar su despacho tras la orden de allanamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Los abogados de Kueider también plantearon que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y que tampoco se le permitió hacer un descargo, es decir, ejercer su derecho a la legítima defensa. Se trata de dos instancias previstas en el reglamento de la Cámara.

Fuente: TN

Se llevó a cabo hoy un allanamiento en la oficina de Edgardo Kueider en el Senado de la Nación. Se trata de un pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento ilícito.

El operativo se realizó en busca de documentos y computadoras, entre otras cosas. Arroyo Salgado investigaba a Kueider desde antes del escándalo por su detención en Paraguay. Es una causa por enriquecimiento ilícito, por presunto cobro de coimas a la empresa de seguridad Securitas.

Los procedimientos se realizaron en la oficina de Kueider pero también en dos despachos que pertenecían a dos asesores del entonces senador. “El procedimiento se desarrolló en absoluta normalidad con estricto cumplimiento de las normas procesales aplicables y la colaboración del personal de seguridad del Senado”, indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Por esta misma causa, Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, presentaron una solicitud este jueves para recusar a Arroyo Salgado. Entienden que se trata de una persecución política por parte de la magistrada.

En las últimas semanas, el ex senador fue detenido en Paraguay al intentar trasladar US$ 200.000 sin declarar. Por este motivo, fue destituido días atrás en el Senado.

Fuente: TN

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están hoy detenidos con prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay luego de intentar ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar. Están acusado de contrabando de divisas.

La magistrada solicitó la medida para indagarlos en la Argentina en el marco de la investigación de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que lleva adelante contra Kueider y su secretaria. El pedido es para indagar al senador después de que la semana pasada fuera expulsado de la Cámara Alta por amplia mayoría. Además, la jueza ordenó que sean detenidos una vez que ingresen al país.

La jueza también ordenó que ambos sean trasladados al juzgado federal de San Isidro y que secuestren sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas. También pidió el allanamiento del departamento de donde cumplen prisión domiciliaria en Paraguay.

La causa que tiene Arroyo Salgado se abrió en julio pasado tras una denuncia en base a publicaciones de la revista Análisis y el sitio El Disenso, que revelaron que el ex senador tenía tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná. Estaban registrados a nombre de una sociedad inactiva que se llama Betail SA. Sospechan que habría sido una pantalla para ocultar a Kueider, quien sería el verdadero dueño.

Las expensas de esos departamentos pasaron de estar a nombre de Betail al de Guinsel Costa, que ya figuraba como empleada de Kueider en el Senado.

Hay otra causa que se vincula con esta investgación y que también la tiene Arroyo Salgado. Ese expediente investiga el pago de coimas por parte de la empresa de seguridad Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, para mantener los contratos. En ese período, Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. Para la jueza son causas conexas.

Fuente: Clarín

La Justicia vuelve a darle otro revés a la ex presidenta Cristina Kirchner. En este caso, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ordenó volver a investigar el patrimonio de la líder de Unión por la Patria en una causa por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La Cámara desestimó el archivo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la ex presidenta y ordenó que se realice un peritaje contable del patrimonio. El expediente había sido archivado por el juez Julián Ercolini, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

“La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas. Se trata de dos aristas de una misma maniobra, las omisiones o irregularidades en la exteriorización de un patrimonio, cuyo incremento apreciable e injustificado se pretende ocultar”, expresó el fallo de Cámara.

El tribunal determinó “revocar la decisión del 5 de junio pasado en todo cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable, estableciendo los puntos de pericia que estime pertinentes”.

Las inconsistencias datan de entre 2010 y 2014. El fiscal Pollicita había decidido archivar la causa, aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso y los camaristas ratificaron la decisión de continuar con la investigación. La fiscalía explicó que los plazos fijos informados por las entidades financieras coincidía con la información presentada por la ex mandataria.

Clarín precisó que “los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens explicaron que no se analizó el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque no fue lo que la UIF apeló en su rol de querellante”.

Llegó la peor noticia para Cristina Kirchner. La Corte Suprema ordenó que deberá someterse a juicio oral por encubrimiento agravado, a raíz de haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán. Se trata de otro duro revés en los tribunales para la ex presidenta, que queda complicada por las múltiples implicancias de la causa.

En principio, porque el atentado a la AMIA fue un ataque terrorista gravísimo, y ahora Cristina Kirchner queda sospechada de haberlo encubierto gracias a un siniestro acuerdo con el régimen terrorista.

En segundo lugar, porque la Corte le da credibilidad a la denuncia que había hecho el fiscal federal Alberto Nisman, quien apareció muerto en enero de 2015, horas antes de presentarse en el Congreso para exponer sobre su grave acusación. Ese hecho nunca se esclareció, pero quedó instalada en la opinión pública la certeza de que a Nisman lo asesinaron por esa causa.

Además, porque la ex jefa de Estado ya tiene una condena por corrupción (causa Vialidad), confirmada por la Cámara de Casación Federal. El nuevo juicio oral la expone, entonces, a otra condena penal, pero sobre todo a una gravísima sanción moral.

Y por último, la Corte acaba de ubicar a Cristina en el hemisferio exactamente opuesto al de Javier Milei: mientras el presidente está alineado con los Estados Unidos e Israel, el máximo tribunal del país señala que la ex presidenta pudo haber apoyado a Irán, el mayor enemigo declarado de Occidente.

Fuente: TN

En las últimas horas la casa de la presidenta Dina Boluarte fue allanada por las fuerzas de seguridad para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex luego de que la Justicia descubra de que no estaban incluidos en el patrimonio declarado y decidiera abrir una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según informó la policía peruana, en la requisa intervinieron unos 40 agentes y fiscales “con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex” que Boluarte evitó explicar cómo los había conseguido.

El allanamiento, que se realizó esta madrugada, fue retransmitido por el canal de televisión local Latina, donde pudo ver cómo los agentes rodearon la vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, e hicieron una barrera humana para impedir que los vehículos circularan por la zona.

La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes.

Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. Entretanto, puede ser investigada.Fuente: TN