El juez federal Julián Ercolini procesó este lunes a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 también ordenó trabar un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del ex presidente.

Por otro lado, el magistrado dejó sin efecto la medida que le prohíbe a Alberto Fernández salir del país, aunque tendrá que informar al Juzgado al menos 72 horas antes de viajar al exterior.

Según el fallo, Ercolini pidió que el ex mandatario sea investigado por dos hechos de “lesiones leves” doblemente agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; sumado a “lesiones graves” agravadas por violencia de género, y “amenazas coactivas”, en concurso real.

Tras rechazar el planteo de nulidad presentado por la defensa, el juez solicitó que se mantengan las medidas restrictivas, como el cese de actos de perturbación o intimidación del imputado hacia la ex primera dama.

Esto significa que no se puede acercar a menos de 500 metros de Yáñez, ya sea que se encuentre en Madrid, donde está viviendo, o en cualquier otro lugar. Tampoco puede llamarla, enviarle mensajes, correos, ni tener otro tipo de contacto virtual.

Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández el 6 de agosto del 2024. En un escrito, aseguró que su ex pareja ejerció violencia de género en su contra desde el 2016. Según declaró, el ex presidente aprovechó su situación de vulnerabilidad y la sometió a “violencia psicológica”, bajo las formas de “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia física, cuando ella intentaba mudarse del departamento que compartían en la calle Juana Manso, en la ciudad de Buenos Aires.

La ex primera dama aseguró que, tras ser electo como presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado embarazada hacia fines de julio y principios de agosto del 2021.

Yánez declaró que Fernández la agarraba del cuello, la zamarreaba, le daba cachetazos con la mano abierta, y golpes en la cara y en otras partes del cuerpo. Esto sucedió presuntamente cuando vivían en la Quinta de Olivos. Incluso, la foto de la polémica en la que ella aparece con un moretón en el ojo y en el brazo sería del 21 de junio del 2021.

Según su testimonio, el calvario siguió incluso hasta cuando se mudó a la ciudad de Madrid, con Francisco, el hijo de ambos. De acuerdo a la denuncia, la ex primera dama “habría sido condicionada económicamente” por Fernández “como medio para manipular y continuar ejerciendo poder y control”. También le dijo que se iba a suicidar si continuaba con la acción penal.

Fuente: TN

“No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”. Después de varios meses de silencio, Alberto Fernández expuso este mediodía en una audiencia ante el camarista Roberto Boico y pidió que el juez Julián Ercolini sea apartado de la causa seguros. La audiencia duró más de una hora y tuvo lugar en el segundo pido de Comodoro Py. En el final, el ex presidente pidió la palabra y reclamó que Ercolini sea apartado del expediente.

“Me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas. Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, lanzó Fernández.

Su abogada, Mariana Barbitta, también expuso en la audiencia y aportó ocho páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Son mensajes de WhatsApp de octubre de 2017 y marzo de 2018.

Alberto Fernández ingresó a Comodoro Py pasadas las 13:00 para participar de la audiencia clave para el futuro de la causa Seguros, que lo tiene entre los principales imputados.

La Sala II de la Cámara Federal citó a la defensa del ex jefe de Estado, a cargo de Mariana Barbitta, para que exponga los motivos por los cuales sigue reclamando la recusación del juez Julián Ercolini. El magistrado ya indagó a casi todos los acusados y en breve decidirá si los procesa.

En ese expediente, Alberto Fernández fue indagado el 27 de noviembre. Fue el primero de una lista de 39 personas que incluyen al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero. Unos días después, la defensa del ex presidente activó una estrategia para intentar apartar a Ercolini. El 4 de diciembre, el juez rechazó in limine el primer planteo de recusación. Desde entonces, el caso está en la Sala II.

Tras una serie de idas y vueltas, el juez Roberto Boico citó a una audiencia para el 23 de diciembre, pero se terminó prorrogando para este lunes porque la abogada de Fernández estaba fuera del país.

Allegados de la defensa deslizaron que presentarán pruebas “contundentes que prueban la enemistad con el juez”.

Fernández también tiene una cita en Comodoro Py el martes por la causa de violencia de género. En ese caso deberá someterse a la declaración indagatoria.

En el expediente de los seguros, Fernández fue a la indagatoria y no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Esa actitud cayó muy mal en Comodoro Py. Sólo presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, la base de la acusación en su contra. Sostuvo que esa norma -que le entregó el monopolio a Nación Seguros- terminó con la “cartelización”, aunque destacó que no la impulsó él.

El ex presidente también intentó desligarse de Martínez Sosa, el empresario que lo visitaba en la quinta de Olivos. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

Durante diciembre, el juzgado le tomó indagatoria a todos los acusados. La ronda se cerró con Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES.

Las defensas esperaban una definición el lunes 30, último día hábil de 2024, pero al final un trámite formal, imprevisto, postergó todo para febrero. “La indagatoria de Carlos Soria (uno de ex directores de Nación Seguros) iba a terminar el 27 de diciembre pero estaba en España y las autoridades de ese país avisaron que no trabajan por las Fiestas”, explicó una fuente judicial.

La segunda parte de la indagatoria está prevista para este miércoles 5. A partir de ese momento, si no hay sorpresas, comenzará a correr el plazo legal para el juez defina la situación procesal de todos los imputados.

Fuente: Infobae

El juez federal Julián Ercolini rechazó hoy la recusación presentada por la defensa de Alberto Fernández, quien había pedido que se lo apartara de la causa que investiga hechos de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez.

La solicitud de la abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso.

El conflicto comenzó cuando Fernández fue citado a indagatoria para el 11 de diciembre, pero la audiencia fue suspendida a raíz del pedido de recusación de su abogada. Ella argumentó que, debido a la posible “parcialidad” de Ercolini, la indagatoria y el proceso en general podrían verse afectados, por lo que solicitó que la causa fuera trasladada a la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, donde se habrían producido los hechos.

En los fundamentos, Ercolini expresó: “No advierto que se vean afectadas las garantías constitucionales indicadas en su respectivo planteo, pues debe demostrarse la razonabilidad del temor alegado sobre la base de elementos objetivos. En este caso, las alegaciones se basan en meras suposiciones sin acreditación”.

“El cúmulo de expedientes citados por la defensa deja en evidencia y lleva a la sinrazón del alegado temor de parcialidad sostenido por Fernández y su letrada. Se puede apreciar una finalidad de apartamiento del juez natural de la causa basado en alguna estrategia defensista y no en elementos objetivos racionales y demostrables”, agregó.

Tras la recusación, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 decidió postergar la indagatoria de Fernández para el 19 de diciembre, mientras se resolvía si el juez debía apartarse del caso o no. Al cierre de esta nota, no se modificó la fecha en la que el ex mandatario debe presentarse en Comodoro Py a declarar.

En cuanto al fondo de la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.

Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja lo denunciara, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa Hotesur SA, en la que están acusados Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La Justicia determinó que se lavaron cerca de 80 millones de pesos.

Es la segunda causa contra la ex presidente elevada a dicha instancia en la que se la acusa de haber utilizado las empresas familiares para maniobras de blanqueo. La hipótesis que investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron por parte de Lázaro Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Además de la familia Kirchner y el empresario, también serán jzugados Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados.

Además de ser un amigo personal de los Kirchner, Báez era el contratista estrella de la obra pública en Santa Cruz, ganador de licitaciones cuyo precio y condiciones también quedaron bajo investigación en otra causa que en mayo comenzará a ser juzgada en audiencias orales.

Hotesur SA es la empresa dueña del hotel Alto Calafate, entre otros establecimientos. El año pasado Ercolini procesó a la ex presidenta y los demás acusados de esta causa, como responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda. Además, embargó a cada uno de los imputados por 800 millones de pesos. Los investigadores estimaron que en las operaciones ilegales se llegaron a blanquear al menos 80 millones de pesos, y por eso les aplicó a los acusados la mayor multa que contempla la ley: diez veces la cifra incorporada al circuito legal.

Así, todo funcionó como una "organización" que permitió "transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, una maniobra espejo que se investigó en otro expediente por lavado, Los Sauces SA.

Estas transferencias supuestamente irregulares incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años, expresó Clarín.