El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación judicial para esclarecer una denuncia del Gobierno argentino sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. Según la acusación, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los hechos habrían ocurrido en el ámbito federal, involucrando jurisdicciones bajo competencia del Gobierno nacional.

En su dictamen, Stornelli señaló que la denuncia apunta a prácticas delictivas que incluyen la captación, edición, manipulación y difusión clandestina de audios privados. Estas acciones, según el Ejecutivo, habrían sido amplificadas a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos seleccionados intencionalmente o sorprendidos en su buena fe.

El fiscal subrayó que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que sirvan al descubrimiento de la verdad”.

La denuncia del Gobierno sostiene que el propósito de estas maniobras sería desacreditar al Ejecutivo, influir en la opinión pública, generar falsas acusaciones, alarmar a la población, desestabilizar indicadores económicos, afectar las próximas elecciones legislativas y provocar una crisis política con posible ánimo destituyente. Además, se menciona la participación de sectores de la oposición kirchnerista en una presunta campaña de desinformación.

El pedido de investigación surge tras la solicitud del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien exigió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que difundió audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, así como de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio. Stornelli aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.

Fuente: con información de Infobae

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ningún integrante del Gobierno grabó ni difundió los audios recientemente divulgados de Karina Milei, en el marco de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las declaraciones, se producen tras una serie de allanamientos y revelaciones que han generado un fuerte impacto político, incluyendo operativos en la sede de la ANDIS y las oficinas de la droguería Suizo Argentina.

Francos calificó el episodio como “una operación política” orquestada por la oposición, desmintiendo cualquier participación de sectores internos del Gobierno en las filtraciones. “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”, afirmó el ministro coordinador, rechazando acusaciones sobre supuestos agentes de inteligencia o sectores libertarios que atentaran contra el propio oficialismo.

Según Francos, la simultaneidad de las revelaciones, que incluyen conversaciones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, evidencia una maniobra coordinada.

En los audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente, se la escucha instando a la unidad con la frase “tenemos que estar unidos” y mencionando que llega a Casa Rosada a las 08:00 y se retira a las 23:00. Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, estas grabaciones representan “un escándalo sin precedentes”, aunque evitó señalar responsables directos. Francos coincidió con Adorni al considerar los hechos “graves” y confirmó que los servicios de inteligencia y la Justicia trabajan para esclarecer el origen de las grabaciones.

Las declaraciones de Francos se enmarcan en una reunión de urgencia celebrada anoche en Casa Rosada, donde la mesa política del Gobierno buscó contener las diferencias internas y mitigar el impacto del escándalo. En paralelo, la Justicia avanzó con allanamientos simultáneos en la sede de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, tras la entrega de un centenar de audios por parte de Spagnuolo. Estos operativos, realizados por la Policía de la Ciudad, forman parte de la investigación por presuntas coimas.

El presidente Javier Milei, por su parte, rompió el silencio durante los incidentes ocurridos en una fallida caravana en Lomas de Zamora, desmintiendo las acusaciones: “Lo que dice Spagnuolo es mentira”. El Gobierno insiste en que las acciones judiciales y las filtraciones forman parte de un intento opositor por desestabilizar la gestión, mientras continúa el trabajo para esclarecer los hechos.

Fuente: con información de DIB

Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios, se presentó ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa dictada por la Justicia. Lo hizo acompañado por su abogado, Martín Magram.

Kovalivker, retirado de la gestión de la empresa y dedicado a la escritura, aguardó unos minutos fuera de la fiscalía hasta que su abogado le indicó que podía ingresar. Permaneció en el lugar poco más de una hora y se mostró confiado en que la investigación judicial permitirá esclarecer el “escándalo mediático” que, según afirmó, rodea a una empresa que “está en orden”.

La presentación de Kovalivker se dio en el marco de una investigación que lo buscaba desde la semana pasada. Según fuentes cercanas, su demora en presentarse se debió a un problema de salud relacionado con un cuadro de hipertensión. Sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes actualmente dirigen Suizo Argentina, ya se habían presentado en la causa y entregaron sus teléfonos celulares, aunque sin las claves de acceso.

El fiscal Picardi enfrenta dificultades para acceder al contenido de los dispositivos. La empresa israelí Cellebrite, proveedora del software utilizado por las fuerzas de seguridad para desbloquear celulares, informó al Ministerio Público que no cuenta con la tecnología necesaria para acceder al teléfono de Jonathan Kovalivker, un Samsung de última generación. Sin embargo, la Justicia dispone de una copia del contenido de uno de los teléfonos de Spagnuolo, otro de los investigados, quien desde ayer es representado por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

En simultáneo con la presentación de Kovalivker, la Policía de la Ciudad realizó este mediodía nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de Suizo Argentina, como parte de los operativos encomendados por el fiscal Picardi. Además, desde el lunes, Eduardo Kovalivker, sus hijos y los ex funcionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, se originó a partir de audios que involucrarían a Spagnuolo. En uno de los fragmentos, una voz atribuida a él señala: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”.

Por la mañana, el abogado Santiago Kent, representante legal de Suizo Argentina como persona jurídica, también se presentó brevemente en la fiscalía.

Fuente: con información de La Nación

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa de la "ruta del dinero k" por lavado de dinero.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quiénes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación, por lo que tampoco se modifica su situación.

Lázaro Báez y Gadín están detenidos desde abril de 2016, mientras que Martín Báez fue apresado la semana pasada luego de que se descubrió que movió 5.5 millones de dólares de una cuenta bancaria en Bahamas, lo que para la justicia es una obstaculización a la causa, informó Infobae.

En el juicio se juzga el presunto lavado de cerca de 40 millones de dólares por parte de los Báez y sus empresas constructoras.