La Asamblea General de la ONU votó hoy de manera abrumadora una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina". A pesar del gran consenso, Argentina votó en contra, en línea con las posiciones de Estados Unidos e Israel.

Votaron a favor 142 estados, diez se opusieron y doce se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de septiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, votaron a favor en esta ocasión.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros y Estados Unidos apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración hoy votada, conocida como "Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados", fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el 29 de julio, y que tendrá continuidad el 22 de septiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel.

Y a pesar de que Estados Unidos denegó el visado a la delegación palestina -incluido su presidente, Mahmud Abás- con la intención de quitar importancia a esta conferencia, sus organizadores la mantienen y sopesan la posibilidad de que Abás participe por videoconferencia. Será en el curso de ese foro cuando varias grandes potencias occidentales den el paso de reconocer el Estado de Palestina.

El voto argentino contra la "solución de los dos Estados" supone la negativa del Gobierno de Javier Milei a reconocer a Palestina como Estado. En sintonía con la posición que había expresado en mayo del año pasado, cuando votó contra una resolución de las Naciones Unidas que pidió la entrada de Palestina como Estado, el Gobierno volvió a acompañar la posición de Estados Unidos e Israel.

No obstante, la posición actual del Gobierno de Milei va contra la postura que asumió el país en 2010, que reconoce a la Autoridad Nacional de Palestina como Estado independiente en sus limites geográficos de 1967.

En esa oportunidad fue el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, quien oficializó que Argentina reconocía a Palestina "como un Estado libre e independiente, dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociación".

"La Argentina tradicionalmente ha sostenido el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas", señaló en ese momento el comunicado de Cancillería.

Fuente: Clarín

Mediante un comunicado, desde el bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) denunciaron que el Cementerio Parque “atraviesa una situación crítica que se ha transformado en símbolo del abandono y la desidia del gobierno de Guillermo Montenegro”, al asegurar que “los fondos no fueron ejecutados y los vecinos se encuentran con un espacio deteriorado, indigno y doloroso”.

De acuerdo al texto de la oposición, “durante el año pasado el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) proyectó una partida de $140 millones para las obras de puesta en valor en los cementerios municipales, aunque nunca se realizaron y en lo que va de 2025 no hubo inversión y las mejoras brillan por su ausencia”.

“Mientras tanto, el crematorio municipal continúa fuera de servicio hace más de dos años, obligando a las familias a recurrir al sector privado u otras localidades vecinas en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, sumado a los altos costos que implica”, advirtieron.

En la misma línea, remarcaron que “el deterioro es visible: nichos rotos y ataúdes a la vista, techos con filtraciones, columnas oxidadas, luminarias rotas, baños inutilizables, pasillos inundados y palomas anidando en estructuras funerarias”, a la vez que alertaron que se trata de “una postal de abandono que duele a quienes visitan a sus seres queridos y que refleja la ausencia de gestión del Ejecutivo municipal”.

Por esos motivos, los concejales de UxP, Valeria Crespo y Diego García, presentaron distintos expedientes solicitando información y explicaciones, de acuerdo al comunicado. Detallaron que en febrero de 2024 presentaron un pedido de informes sobre el plan de obras y el estado del crematorio, en enero pasado una comunicación para conocer medidas de control y mantenimiento en el predio, y este agosto un nuevo proyecto reclamando detalles sobre las partidas asignadas y las obras a realizar.

No obstante, manifestaron que “ninguno de estos pedidos fue respondido en tiempo y forma por el gobierno de Montenegro”.

“No se trata  de una falla administrativa, sino de una grave indiferencia frente a las necesidades reales de la ciudadanía. La desidia de este gobierno municipal es evidente”, concluyeron los ediles.

En plan campaña, el gobernador Axel Kicillof inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de 9 de Julio, ocasión en la que aprovechó para seguir disparando contra el presidente Javier Milei: “Si no hay inversión pública, no hay acceso a la salud para la mayor parte de nuestro pueblo”.

“En la provincia de Buenos Aires decidimos que había que invertir para reconstruir el sistema de salud y, al mismo tiempo, para transformar el modelo de atención y cuidados. Con este CAPS, el número 195 que inauguramos, estamos dando un paso más en esa dirección: buscamos que los vecinos no recurran a la salud pública solo cuando están enfermos, sino que tengan un espacio integrado al barrio que trabaje en la prevención”, señaló el mandatario provincial.

El gobernador resaltó la importancia de la inversión pública: “Con este centro de salud y con la ambulancia que entregamos para la localidad de Carlos María Naon, vemos que la disyuntiva no es entre el Estado o el sector privado. En 9 de Julio y en la mayoría de los municipios de la provincia, si no hay inversión pública, no hay acceso a la salud para la mayor parte de nuestro pueblo”.

“En la provincia de Buenos Aires sabemos que no se puede mejorar la seguridad sin recursos: cuando Milei nos robó los fondos que nos correspondían, lo que hicimos fue destinar una gran inversión que nos permite traer hoy los patrulleros que necesitaba 9 de Julio”, agregó Kicillof.

Y ya decididamente en tono electoral, el gobernador aseguró que “estamos ante una gran oportunidad, pero para ponerle un freno a la motosierra no alcanza con enojarse. Hay que alzar la voz de forma colectiva. Hay que elegir la boleta de Fuerza Patria”.

Kicillof estuvo acompañado durante la inauguración por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendente local, María José Gentile, además de autoridades locales.

Este jueves se llevará a cabo un paro general que afectará tanto a organismos nacionales como provinciales en todo el país, incluyendo Mar del Plata. La medida fue confirmada por Claudia Rey, referente de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), quien señaló que la protesta tendrá fuerte impacto en áreas clave como educación, salud, niñez y administración pública.

“No va a haber clases”, aseguró Rey, al confirmar la adhesión del sector educativo al paro, lo que implicará la suspensión de actividades en escuelas públicas de todos los niveles en el ámbito provincial.

Además, se espera una importante adhesión en el sistema de salud público, aunque se garantizará la atención en los servicios considerados esenciales, como guardias médicas, emergencias y áreas críticas. Lo mismo ocurrirá en los sectores vinculados a niñez y contención social, donde se establecerán guardias mínimas para garantizar intervenciones urgentes.

El paro es parte de una jornada nacional de protesta convocada por gremios estatales y organizaciones sociales, en rechazo a las políticas de ajuste, los despidos en el Estado y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

El 1 de marzo los trabajadores de las entidades estatales que funcionan en el espacio Unzué fueron notificadas del despido de un gran porcentaje de los trabajadores, en el marco de las políticas de ajuste que propuso el presidente Javier Milei. 

Al respecto, Patricia Coronel, delegada de ATE en el Centro de Referencia, declaró en diálogo con El Marplatense que “afectaron a casi el 90% de los trabajadores que estábamos prestando servicios”.

En este marco, comentó que “en el relevamiento supimos que una compañera que cuenta con 32 años de antigüedad en planta permanente, y estamos esperando de otra persona de 38 años, le llegó el pase a disponibilidad”.

Para esclarecer, explicó que “el pase a disponibilidad es para los trabajadores de planta permanente, le van a pagar seis meses de un sueldo básico -en el Estado están muy inflados por presentismo, categorías y antigüedad - por lo que queda reducido en un 70% lo que veníamos percibiendo”.

En consecuencia, “tendría que haber otro organismo que solicite los servicios para poder continuar trabajando en el Estado. Eso realmente es algo muy difícil porque todos están atravesando la misma situación que nosotros. De modo que el pase a disponibilidad es un despido para un futuro cercano”.

Sobre los números registrados, dijo que “en el CDR en total fueron 38 personas, quedamos a la espera 13 y 8 pasaron a disponibilidad. En el Unzué hubo 10 despidos de 15 trabajadores”.

Por este motivo, “en ATE siempre nos mantenemos en estado de asamblea y movilización. El miércoles nos vamos a reunir con los compañeros despedidos para decidir en conjunto qué medidas tomar”.

Para ejemplificar, contó que “en Capital Federal van a movilizarse hasta el Ministerio de Capital Humano, hace poco tiempo participamos de una marcha en el mismo lugar que fue duramente reprimida, lo que corresponde a las políticas de este gobierno con la represión y despidos masivos”.

De modo que “no tenemos certeza de nada de lo que puede llegar a pasar, el miércoles asistiremos a nuestro espacio de trabajo y esperamos poder ingresar por lo menos para sacar nuestras cosas”.

“Esperamos que no pase nada, un espacio tan lindo y con tantos años de Mar del Plata, termina vaciado. Trataremos desde nuestro lugar seguir defendiéndolo porque es nuestro, de los trabajadores y los marplatenses”, concluyó. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este domingo a través de su cuenta de X, la obra de modernización que se lleva a cabo en el hospital de Quilmes, que beneficiará a 500.000 personas y cuenta con financiamiento de la gestión provincial.

“Las obras que avanzan en el Hospital Iriarte van a beneficiar a 500 mil vecinos y vecinas de Quilmes. Sin un Estado que invierte, sostiene y fortalece la obra pública sería imposible llevar adelante esta verdadera transformación del sistema sanitario en los 135 municipios”, escribió el mandatario. Su argumento vuelve a diferenciarse de la posición del gobierno nacional, al remarcar la importancia de que el Estado destine financiamiento para la salud pública.

En su posteo, el Gobernador destacó una nota donde se detallan las obras que se llevan a cabo en el centro sanitario del distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Según se indica, específicamente se está remodelando el pabellón de pediatría del hospital, que contará con un espacio de internación pediátrica con 26 habitaciones y 50 camas, sanitarios y todas las dependencias médicas de apoyo: enfermería, sectores de terapia, office de alimentación, sala de curaciones y sala de estar para familiares. Asimismo, el nuevo pabellón contará con sala de guardia y shockroom con ingreso propio, además de consultorios externos.

Estos trabajos forman parte del Plan Integral de Infraestructura Hospitalaria de la Provincia que contempla una importante inversión para el mejoramiento de los establecimientos sanitarios, especialmente en un contexto de ajuste y paralización de obras por parte del gobierno Nacional.

El Plan Estratégico de Infraestructura para la provincia de Buenos Aires es una herramienta para canalizar los recursos provinciales hacia obras que transforman la vida de las y los bonaerenses a través del acceso a la salud, a servicios de calidad, a un ambiente saludable y a una vivienda digna.

Las inversiones forman parte de un proyecto mayor de Infraestructura del Cuidado que incluyen a las obras que garantizan el derecho a recibir y a brinda cuidados, igualar oportunidades y reducir las brechas de género, edad y territorio.

El Gobierno nacional decidió derogar una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos y las empresas de la Administración Pública Nacional a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes en avión.

Se trata de una decisión que va en sintonía con medidas anteriores que apuntan a “desregular el mercado, permitiendo una competencia abierta y eliminando la preferencia por empresas estatales en contrataciones públicas”, lo que modifica significativamente las prácticas de gestión administrativa y contratación del Estado argentino que se hacían mediante la plataforma OPTAR.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 1017/2024 la cual introduce varios cambios relacionados con el régimen de contratación de la Administración Pública Nacional en Argentina. Estos ajustes eliminan una estructura previamente obligatoria que priorizaba a ciertas empresas estatales en la provisión de servicios de transporte aéreo.

En primer lugar, se dio paso a la eliminación de la obligatoriedad de contratación con empresas estatales. Anteriormente, el decreto 1191/2012 requería que las entidades del Sector Público Nacional contrataran obligatoriamente pasajes aéreos con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en casos excepcionales donde dichas empresas no podían ofrecer el servicio necesario. Esto buscaba privilegiar a empresas en las que el Estado era accionista.

Sin embargo, el decreto 747/2024 derogó el decreto 1191/2012, en línea con el nuevo paradigma establecido por el decreto 70/2023, que prohíbe al Estado “otorgar privilegios legales a empresas donde es accionista”. Además, ahora se deroga la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con el esquema obligatorio de uso de OPTAR S.A. (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).

Estos cambios se circunscriben a la declaración de emergencia pública en materia económica y administrativa bajo el Decreto 70/2023, que promueve la desregulación y competitividad eliminando barreras estatales. De esta forma, se elimina cualquier prerrogativa o ventaja para las empresas del Estado en los procesos de contratación.

Fuente: DIB

El PRO bonaerense presentó un proyecto de ley para establecer la aprobación de un examen como requisito para ingresar a trabajar en el Estado bonaerense, la misma iniciativa que a nivel nacional puso en práctica el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto fue redactado por el diputado olavarriense Martín Endere y vale para los que aspiran a ingresar como personal administrativo al Estado, no para docentes, policías o médicos, que tienen sus regímenes laborales diferenciados.

En el proyecto, que ya fue ingresado a la Cámara Baja, se indica que “se deberá aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias, que será anónima, diseñada y reglamentada a tal efecto por la autoridad de aplicación”.

La iniciativa, que tiene el respaldo de todo el bloque que comanda Agustín Forchieri, es del PRO “Puro” y se anticipa a los bloques abiertamente libertarios de la Legislatura: La Libertad Avanza PRO Libertad, alineado con Patricia Bullrich, en una iniciativa que calca la idea de fondo que justificó la que presentó la administración Milei.

Respecto de los detalles de articulado, Endere explicó que “es indudable la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires de modernizar el estado y para ello, debe contar con una planta estatal más eficiente y de libre acceso a la totalidad de los bonaerenses”.

En este sentido, el diputado dijo que “los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes y partidarios, sin importar, en algunos casos, cuan preparados o capacitados se encuentren. Así es que hoy la planta de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 500.000 empleados”.

“Necesitamos que el ingreso a la Administración Pública se torne universal para todos los bonaerenses, pues la toma de una evaluación y el posterior análisis de sus resultados harán crecer las posibilidades de aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos, sin que militen boletas partidarias, o tengan preferencias políticas en especial”, añadió Endere.

Finalmente, el diputado olavarriense se refirió a la posible implementación: “La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo, en consecuencia, será la propia administración quien determinará el expertise que cada ingresante deberá acreditar conforme el área de la administración que quiera ocupar”.

Fuente: DIB

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que se prohibieron los “cargos hereditarios” en la administración pública.

Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en conferencia de prensa.

La resolución firmada apunta a impedir que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo que regía en organismos como ANSES, Aduana, AFIP, Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos. 

Según argumentan desde el Poder Ejecutivo, la decisión “profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado”.

Al respecto, el ministro planteó: “En Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice que luego del fallecimiento del agente se procedía a la incorporación de familiares, como el hijo o el cónyuge”.

En una especie de racconto histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el presidente Milei ha decidido eliminar”. 

“Si se revisan los años de las cláusulas se puede ver que, en el BNA y el BCRA, son de 1973, en ANSES de 1998, en Aduana de 2008, en YPF de 2012 y Ferrocarriles, 2015. Todos son gobiernos peronistas. Se perfila entonces que en Argentina hay dos versiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y acá está tipificado quiénes son”, sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas 

Una de las principales iniciativas que impulsa el Gobierno para reducir el déficit en las empresas públicas y distintos organismos del Estado son los programas de desvinculación para achicar su nómina de personal. Ahora, el Ejecutivo reconoció que redujo unos 8600 puestos de trabajo en esas firmas, por lo cual pagaron más de $220.000 millones.

La cifra surge del informe de jefatura de Gabinete que presentó Guillermo Francos ante el Congreso, que detalló que entre diciembre del año pasado y junio de 2024, las desvinculaciones en el ámbito de las Empresas del Estado ascendía a 8636 personas. Las empresas estatales pusieron en marcha planes de retiro voluntario para acortar su personal y reducir el gasto de las cuentas públicas. En el Ejecutivo consideran, además, que se trata de una tarea de “saneamiento” fiscal, que sería el primer paso para avanzar en la privatización de las compañías.

El documento que entregó Francos enumera la cantidad de personas desvinculadas de casi 20 compañías que funcionan bajo la órbita del Estado y el presupuesto que se transfirió a los trabajadores que dejaron de pertenecer a esas empresas. En concreto, se pagaron $222.230.902.213 para cerrar retiros voluntarios, indemnizaciones, jubilaciones y otros acuerdos laborales.

Aerolíneas Argentinas achicó su personal en 1300 empleados hasta junio, de acuerdo al informe de jefatura de Gabinete. De todas formas, este miércoles, la firma informó que ese número ahora asciende a 1500 trabajadores que dejaron la empresa tras los dos programas de retiros voluntarios y de acuerdos pre-jubilatorios. Para este proceso, se destinaron $58.732.693.452.

Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) redujo a 1231 personas, de las cuales 945 se adhirieron a un retiro voluntario. Para concretar estas desvinculaciones, se pagaron $44.941.031.928. En Corredores Viales -la empresa que maneja las principales rutas del país-, se registraron 986 trabajadores menos y no se informó cuánto dinero se otorgó. En Playas Ferroviarias S.E se dieron de baja a nueve personas, para lo cual se transfirieron $83.948.037.

(Foto: Télam)

En Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), la cantidad de trabajadores que quedó fuera de la firma fue de 162, incluidos en los planes de retiro voluntario, y también se redujeron de la nómina 320 personas. “Se ha iniciado un proceso de reducción de personal, implementado por fases, a través de parámetros objetivos, con el fin de llegar a una dotación óptima”, indicaron. Para costear las desvinculaciones, entre enero y julio se pagaron $1.507.962.638.

Dioxitek, la empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio para producir combustibles para las centrales nucleares, explicó que siete personas adhirieron a acuerdos de salida voluntaria y se fueron 36 trabajadores. El presupuesto comprometido para estas medidas fue de $452.054.741. En Adifse (Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado) se llevó adelante un plan de “reestructuración”, que incluyó despidos, renuncias, acuerdos, jubilaciones y transferencias a otros organismos. En total, se desvincularon a 193 empleados para lo que se pagaron $1.700.000.000.

La empresa que mayor cantidad de desvinculaciones reportó fue el Correo Argentino, donde se redujeron 4181 trabajadores, para lo cual se presupuestaron $99.880.774.023.

En Nucleoeléctrica se recortaron 65 puestos de trabajo por motivos de despido, jubilación, renuncia o fallecimiento. Por ello, se realizaron pagos por $128.500.000. En Intercargo, se redujo en 97 personas la nómina, de las cuales cinco se fueron por acuerdos de prejubilación, 46 fueron desvinculaciones y 46 retiros voluntarios. El monto destinado a estos fines fue de $1.133.784.547.

Ferrocarriles Argentinos informó ocho desvinculaciones, entre renuncias y despidos en lo que va del año, para lo cual se hicieron giros por $38.251.170. De Fabricaciones militares se fueron a 253 personas a través de programas de retiro voluntario y despidos, y se pagaron $3.511.562.551.

En Fadea se redujo el personal en 232 trabajadores y llevó un costo de $2.853.282.317. Asimismo, la empresa admitió que pidió aportes adicionales al Tesoro nacional para pagar por las indemnizaciones, los cuales “están en proceso de aprobación”. Por su lado, de Belgrano Cargas y Logística S.A se desvincularon 192 personas para las cuales se destinaron $3.360.014.069.

En Veng, la firma aeroespacial argentina, se dieron de baja a 18 personas, algunos por despidos, otros por renuncias y otros por fallecimiento e “incapacidad laboral”. Para este fin se pagaron $62.918.630. En Coviara se desvinculó a seis personas y la firma decidió no informar cuánto dinero gastó en indemnizaciones ya que argumentó que se “sustenta con fondos propios”. Por último, en Yacimientos Carboníferos Río Turbio se dieron de baja a 63 empleados y se destinaron $3.844.124.110 entre planes de retiro voluntario y jubilaciones.

Fuente: TN

El intendente Guillermo Montenegro destacó en redes sociales que “sólo en este año 2024 hay 110 empleados municipales menos” y recordó un video de su asunción en 2019 donde hacía hincapié sobre la necesidad de “no aumentar la planta municipal”.

El comentario del jefe comunal resuena en un presente donde, a partir de la llegada de La Libertada Avanza al Gobierno nacional, se imponen los discursos acerca de la mejor administración de los recursos públicos y del achicamiento del Estado.

Su publicación en la red social X comienza diciendo, precisamente, que en 2019 dijo aquello de que “la Municipalidad no aguanta más capas geológicas de empleados estatales”.

Acto seguido, Montenegro tiró la cifra: “Solo en este año 2024, hay 110 empleados municipales menos”, aseguró.

En su breve mensaje, remató señalando que “podés creer que el Estado se tiene que hacer cargo de todo, o que el Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Pero lo que no podés ser es incoherente entre lo que pensás, hacés y decís”.

El fiscal federal Nicolás Czizik pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para 20 de los acusados, al concluir, tras seis horas de exposición, su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con un perjuicio millonario al Estado, a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.

Caso por caso y de manera detallada, el representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de las responsabilidades de las personas acusadas. También requirió la absolución de 19 imputados: 17 de ellos beneficiarios y dos mujeres -una abogada y una psicóloga- por no determinarse en instancia de juicio sus responsabilidades en las maniobras. Además, solicitó la absolución parcial de un ex funcionario de la ANSES por falta de evidencia, pero requirió pena por la tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Por otro lado, abordó los acuerdos de juicio abreviado donde reconocieron su responsabilidad cuatro médicos, dos empleados, otra persona con vínculos en el estudio y una contadora, y pidió su homologación.

Como la semana pasada, la audiencia de este juicio que comenzó hace casi un año, tuvo 34 audiencias y por el que cual declararon 117 testigos, volvió a conjugar la presencialidad y la virtualidad.

Czizik -quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa-, alegó de manera remota ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor.

En la sala de audiencias del TOCF, estuvieron presentes algunos de sus empleados; algunos imputados con sus abogados; y la secretaria de la fiscalía, Guillermina Jiménez.

LAS PENAS

Las penas más altas fueron solicitadas para los cuatro principales imputados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se realizaban las defraudaciones. Para el abogado Luis Miguel Iros, pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión; para el también abogado Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena, el pedido fue de 8 años y 3 meses de prisión y para el letrado Luciano Conrado Diez Suárez el requerimiento fue de 7 años y medio.

Los cuatro están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, además de 97 casos de defraudación contra la administración pública, más 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. El primero, además, fue acusado por dos casos de cohecho.

El fiscal pidió, para los cuatro, absoluciones por 15 casos de defraudación, uno de alteración dolosa de registro y otro de utilización de documento privado falso, además de siete tenencias ilegítimas de DNI ajenos.

Además, requirió el decomiso de los inmuebles ubicados en la esquina de avenida Paso 2880 y 2890, además el dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización. El juicio se reanudará en dos semanas, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El intendente Guillermo Montenegro realizó una conferencia de prensa donde se refirió, entre otros temas, al estado del estadio Minella que hace tiempo cuenta con problemas de infraestructura y mantenimiento. 

En este sentido, el referente comunal declaró que “yo no tuve una reunión o dos, tuve miles, lo que pasa que no me saco fotos, sino lo que busco es seguir laburando para que las cosas ocurran”. 

De modo que “siempre dije, y lo sigo manteniendo, que descarto de plano que eso sean fondos públicos, que sean todos los marplatenses los que pongan en valor el lugar y no solo por la imposibilidad de afrontar ese gasto, porque si tomamos esa decisión es poner un montón de plata en un lugar cuando las prioridades muchas veces son otras”, señaló. 

Asimismo, consideró que “el Estado no es una inmobiliaria que alquila lugares ni un productor de eventos, para eso está mucho más capacitado los privados. El Estado que quiere hacer todo y favorece a políticos que se enriquecen con sus acciones, se terminó”. 

En este marco, “estuvimos viendo opciones dentro del contexto muy complicado de la Argentina, tuvimos conversaciones con la AFA y varios interesados. Hoy quiero contarles que vamos a enviar al Concejo Deliberante un llamado de licitación pública nacional e internacional con un sistema pensado para poder trabajar en conjunto con el sector privado y que este tenga un incentivo muy fuerte para firmar con la AFA”. 

Respecto a la modalidad, explicó que "este llamado de licitación va a incluir la concesión del estadio y el polideportivo. Y como contraprestación vamos a exigir las obras necesarias para renovar el Minella, el "poli", el pago de un canon y el mantenimiento general de todo el parque de los deportes". 

“Sobre todas las cosas, traer una cantidad mínima de eventos por año que garanticen más laburo para los marplatenses. Nosotros sabemos que los eventos que trabajamos, y sobre todo fuera de temporada, tiene que ver con la generación de empleo permanente”, continuó. 

En este contexto, aseguró que “siempre dije que lo importante con el estadio no es solamente remodelarlo y que esté en condiciones, eso a todos los marplatenses nos gusta, que tener el mejor estadio del mundo, sino las actividades y el movimiento económico que eso conlleva”. 

Por este motivo, “la concesión va a estar unida a las exigencia de traer eventos, y entre ellos, los que pueda traer la Asociación de Fútbol Argentino, eso son los que más nos interesan. Así como lo dijimos en su momento, queremos que Mar del Plata sea la casa de las selecciones argentinas", resaltó. 

Desde su mirada, “arreglar el estadio sin contar con una programación es algo que iba a llevarnos a la misma situación en la que estamos ahora, que el Intendente que esté dentro de 20 años quede en el mismo lugar. Años de abandono, falta de mantenimiento, y yo no soy de los que creen en poner parches para solucionar las cosas”.

“A esta altura de la gestión, creo que no hace falta seguir repitiendo lo que esto significa para la ciudad, lo que los eventos significan. De hecho, muchas veces en estas conferencias como en otros espacios, los eventos son un motor poderosísimo para la economía local y el trabajo de todos los marplatenses”, agregó. 

Por eso, “las iniciativas de espectáculos, eventos deportivos, shows y otras propuestas durante todo el año, porque eso genera un movimiento en la economía que impacta, no solamente de las actividades que se conectan directamente con cada uno de estos eventos, sino también las indirectas. Ahí están la gastronomía, hotelería y todo lo que se mueve cuando más personas llegan a nuestra ciudad a disfrutar de un show, partido de fútbol o el Campeonato Internacional de Pádel como ocurrió”, enunció. 

A su vez, “en cuanto a las obras que se van a exigir, no se trata solo en la puesta en valor de los escenarios deportivos, sino también de obras nuevas a ejecutarse en ese espacio como un paseo gastronómico que se traduce en una revalorización para el barrio”, remarcó. 

“No es el Minella, solamente un estadio de fútbol o polideportivo, sino toda una zona de Mar del Plata que tiene que potenciarse para arriba y esa forma debe ser de parte de los privados”, enfatizó. 

En consecuencia, “yo quiero que dejemos de poner parches y  sentirme el plomero del Titanic, me parece que lo que debemos pensar es en el futuro. Pongamos los temas sobre la mesa, discutámoslo, tratémoslo con la seriedad que amerita, hagamos algo integral, que sea de fondo, no pensemos solamente en el presente”. 

“Quiero trabajar y que eso se solvente solo, no por mi, tiene que ver con Mar del Plata, nosotros estamos viendo que esto no ocurrió en cuatro años, que el estadio tenga ese estado, hay un abandono de hace más de 30 años. No le puede volver a ocurrir al que le toque estar sentado como Intendente de Mar del Plata”, concluyó. 

Luciano Di Cesare, titular del PAMI durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, le devolvió al estado nacional cerca de 90 millones de pesos. Fue por una conciliación a la que llegó con el PAMI para evitar el juicio oral en un caso en el que está acusado de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas. El PAMI informó que usará el dinero para asistir en prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y discapacitados.

Di Cesare asumió al frente del organismo el 10 de diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner inició su primera presidencia. Y dejó el cargo el mismo día de 2015 cuando finalizó su segundo mandato. La historia de la devolución del dinero comienza el 9 de diciembre de 2015.

Ese día, uno antes que Mauricio Macri tome la Presidencia de la Nación, Di Cesare presentó una nota en la que solicitó cobrar las vacaciones no gozadas de 2012, 2013, 2014 y 2015. Explicó que por su trabajo no se las pudo tomar y por usos y costumbres del organismo le correspondía cobrarlas. María Arrouzet, entonces gerenta de Recursos Humanos del PAMI, autorizó la liquidación de las vacaciones y Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos, remitió al Departamento de Liquidación de Haberes el pago para que se abone. Y el 10 de diciembre, Di Cesare cobró 1.300.826,77 de pesos por las vacaciones no gozadas.

Pero su reemplazante al frente al frente del PAMI, Carlos Regazzoni, lo denunció penalmente el 17 de diciembre por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Explicó que por la ley de contrato de trabajo las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y que está prohibida la compensación por plata.

El caso quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo que procesó a Di Cesare, Arrouzet y Galdo y la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que sean enviados a juicio oral. No era el primer juicio oral para el ex titular del PAMI. A principios de 2018 fue juzgado por un presunto fraude al PAMI por haber destinado fondos del organismo a letras del tesoro nacional y no a las prestaciones de los jubilados que eran deficientes. Di Cesare fue absuelto.

La causa llegó al Tribunal Oral Federal 7 que fijó la fecha de inicio de juicio para el 15 de febrero pasado, según las constancias de la causa. Pero los acusados y el PAMI, bajo la actual gestión del gobierno de Javier Milei, mantenían reuniones para llegar a un acuerdo.

Y así lo hicieron y lo presentaron ante el Tribunal Oral. El acuerdo de conciliación estableció que los acusados le pagaban al PAMI 88.131.531,86 de pesos como reparación. Era el monto del dinero que cobró Di Cesare actualizado. A cambio se cerraba la causa penal y los acusados evitan el juicio oral. Ese tipo de acuerdos están previstos en la ley. La mayor parte del dinero lo abonada Di Cesare y otra parte Arrouzet pero el acuerdo alcanzaba a los tres acusados.

El PAMI explicó en la causa que la solución le parecía adecuada y que con ese dinero iba a “brindar prestaciones sociales y médicas a una población muy vulnerable de la sociedad argentina, que son los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad”. Con la presentación del acuerdo se suspendió el inicio del juicio oral.

Pero la fiscal del Tribunal Oral Fabiana León se opuso. En su dictamen del 8 de febrero, la fiscal señaló que ese tipo de acuerdos están prohibidos para funcionarios públicos y que se trata de un caso que afectó al Estado nacional. “Los fines del proceso penal respecto de delitos como los investigados en la presente causa, los cuales afectan bienes jurídico colectivos que exceden el daño a una víctima concreta, no se ven plenamente satisfechos con la devolución del dinero objeto y resultado del delito o con otro tipo de acuerdo conciliatorio o reparatorio”, sostuvo e hizo referencia al compromiso internacional que asumió el Estado argentino de prevenir y juzgar delitos como la corrupción.

El planteo de la fiscal fue rechazado por mayoría por el Tribunal Oral que aceptó el acuerdo. Los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori señalaron que se trata de un caso “de contenido claramente patrimonial”. “Pues ha sido el propio damnificado quien cuantificó el presunto perjuicio ocasionado y consideró que el ofrecimiento económico resultaba suficiente para reparar los presuntos daños en los que se habría incurrido”, explicaron entre otros acuerdos.

Por su parte, el juez Germán Castelli coincidió con la Fiscalía. “El dictamen reposa en otros argumentos que lo sustentan suficientemente para un adecuado control de logicidad; esto es la Fiscalía destacó la calidad de funcionarios públicos de los imputados, se refirió a la gravedad del hecho y la lesión a los bienes jurídicos de los delitos achacados”, señaló.

Así, con el acuerdo de conciliación aprobado a fines de febrero los primeros días de marzo, Di Cesare depositó los 88 millones de pesos que ingresaron al PAMI. Pero la causa no se cerró, inclusive corre riesgo que el acuerdo vuelva para atrás.

La fiscal León apeló la decisión del tribunal para que intervenga la Cámara Federal de Casación. Pidió que se revoque el acuerdo y que se haga el juicio oral. La Sala IV del tribunal convocó a las partes a escuchar sus opiniones, lo que hicieron por escrito. Por un lado, el fiscal de Casación Mario Villar mantuvo la postura de su colega del tribunal oral. Y por su parte la defensa de Di Cesare, a cargo de Hernán Canessa, la de Arrouzet, con el abogado Ernesto Martín, y la de Galdo, con la defensora oficial de Casación Daniela Villalón, pidieron que se ratifique la conciliación y el pago del dinero.

Pero a eso se sumó un punto más de discusión. La defensa de Arrouzet pidió hace 10 días la prescripción de la causa. Señaló que el delito que se investiga tiene un pena de seis años de prisión y que ese es el plazo máximo para que se investigue. Solo suspende el plazo las interrupciones de la prescripción y la última fue la citación a juicio oral que ocurrió el 28 de mayo pasado. “En consecuencia, a la fecha ha pasado el plazo aludido (6 años) operando de esta forma la prescripción de la acción penal, debiendo así declarársela”, sostuvo la defensa en el planteo que hizo ante el Tribunal Oral y que informó a Casación.

Así, ahora debe definir Casación con un panorama en el que queda en duda un hecho poco habitual: que un funcionario devuelva plata de la corrupción.

Fuente: Infobae

El Ente Nacional de Comunicaciones en Mar del Plata atraviesa un momento de tensión por la resolución que dispuso el cierre de todas las delegaciones a partir del 1 abril y que dejará a sus trabajadores sin su fuente de ingreso. Son, en total, 17 trabajadores.

Al respecto, Martín Monita, ex delegado de la institución, comentó en diálogo con El Marplatense que “esto genera una incertidumbre muy grande entre el equipo de trabajo que aún continúa en la delegación, siendo que tienen la nota de efectividad a partir del 1 de abril y nos encontramos transitando la festividad de la pascua y los feriados correspondientes al 2 de abril”.

Esta decisión también da cuenta de que “dos personas del propio equipo de trabajo tendrán que ocuparse del cierre y que tienen unos 60 días aproximadamente para realizar el trámite”, señaló.

Tras la noticia, “hubo momentos de dolor, ya que no es una elección con una evaluación de por medio, ni por desempeño, sino simplemente un cierre intempestivo de todas las delegaciones”, resaltó.

Asimismo, aseguró que la entidad es “un mostrador importante para personas mayores que no utilizan la tecnología ni el trámite a distancia. También para consultas para quienes están vinculados a los medios de comunicación o las cooperativas TICs, encuentran allí personal idóneo para resolver sus dudas, guiarlos en los trámites. De esta manera todo eso queda trunco”.

Con un estado de movilización importante en otros sectores estatales donde ocurrieron despidos masivos, "ya hay una consigna policial que está custodiando el lugar en la mayoría de las delegaciones del país. Sin embargo, la situación se clarificará tras el fin de semana extra largo por los feriados. 

Se supo que el próximo miércoles se realizará un abrazo solidario al edificio de calle Buenos Aires y Gascón donde funciona la delegación local. 

La fuerte ola de despidos en el ámbito estatal impulsada por el presidente Javier Milei llegó a Mar del Plata y son más de 100 las personas que se han quedado sin trabajo en las últimas horas.

En el IEFA Latam Forum, el presidente señaló: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no sólo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Días atrás, las oficinas de Anses no abrieron su puertas por el cese de contratos "sin justa causa, sin notificación alguna, violando todas las leyes de los trabajadores del Estado”.

En este sentido, Ezequiel Navarro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó en diálogo con El Marplatense que “ayer en horarios vespertinos empezaron a llegar las notificaciones, en la secretaría de trabajo 11 despidos, en el Inidep 35, la Senaf y el Espacio Unzué 15, 5 del ex Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Turística de Chapadmalal, la Agencia de Vialidad Nacional”.

La situación ha generado una gran angustia en el sector, ya que “la incertidumbre en algunos trabajadores sigue estando, para otros ya es un hecho concreto que el gobierno tomó la decisión de echarlos”, comentó.

Por este motivo, “vamos a hacer una asamblea con algunos de los sectores para determinar medidas de acción directa que estaremos llevando en los próximos días”, aseguro. 

Asimismo, declaró que no será un hecho aislado, debido a que “si tenemos en cuenta el anuncio del gobierno, esto sería una primera etapa. Llegaron despidos, pero tampoco llegaron las notificaciones de continuidad laboral de los 900 contratos que planteamos en Mar del Plata”. 

De modo que “hoy tenemos trabajadores que lamentablemente les han notificado que se quedaron sin trabajo, pero tenemos a todo el otro universo de contratados que no saben qué va a pasar hasta el miércoles que lleguen a su lugar de trabajo”, resaltó. 

En las últimas horas tomó relevancia la intención del presidente Milei de viajar a Mar del Plata para visitar a Fátima Florez que vuelve con su obra unipersonal al teatro por Semana Santa. 

Al respecto, Ezequiel Navarro enunció que “viene a la ciudad, como nos tiene acostumbrados, a ver a su supuesta novia. Así que no descartamos una manifestación en el momento que él esté cerca del teatro”. 

La violencia narco que se profundizó en los últimos días en Rosario tiene en vilo tanto al Gobierno nacional como al de la provincia de Santa Fe, y la situación ha generado una fuerte preocupación en todo el ámbito nacional. En ese marco, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, advirtió hoy que el problema con ese delito “es nacional”, avaló las medidas adoptadas recientemente y volvió a resaltar la necesidad de crear una agencia nacional independiente del poder político de turno que enfrente el tema con una mirada integral.

Los sucesos de la última semana, en la que cuatro personas fueron asesinadas “al azar”, no registran antecedentes en la ciudad santafesina: implica una declaración de guerra de las bandas narcos contra el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia provincial, Pablo Coloccini. “Esta guerra no es por territorio, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, avisaron en un mensaje dejado tras uno de los crímenes de los últimos días.

Ante ese panorama, Lorenzetti fue contundente en su análisis sobre lo que vive particularmente esa ciudad, pero aclaró que no se trata de un problema local. “Este problema tiene varias facetas, muchas causas. No se puede atacar solo una ciudad cuando en realidad es un problema nacional”, afirmó.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el magistrado advirtió que en Argentina “hay un crimen organizado y un Estado desorganizado”, y que por eso es necesario tomar acciones integrales que abarquen cada faceta del delito. Para eso, propuso crear una agencia independiente de los gobiernos de turno, algo que la Corte Suprema pidió en un fallo de 2009.

“Hay que ir a cuestiones muy concretas: desde la Corte, en una sentencia de 2009, exhortamos a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Tiene que tener una independencia respecto de las elecciones, donde cambian los ministros, los presidentes. La lucha contra el narcotráfico tiene que estar en una agencia independiente de los cambios de autoridades. Este es un gran momento porque hay voluntad para luchar contra el narcotráfico. Es un buen momento para convocar que se haga una agencia”, dijo Lorenzetti.

“Hay un circuito que viene de la frontera, necesitamos cubrir las fronteras, pero hay juzgados en la frontera que están vacantes. Y hay una legislación necesaria como la que se propuso ahora que es adecuada, transformar el sistema de jurisdicciones. Hay que transformar esto para que un juez, y sobre todo las autoridades que actúan de manera represiva, puedan actuar en diferentes jurisdicciones. Cuando uno ataca a un lugar, se mudan a otro. Todo esto requiere una organización y una legislación que ataque a la organización. Todo esto no se puede hacer reactivamente. Cuando uno ve la historia desde 2009 en adelante, son altibajos”, añadió.

Lorenzetti explicó que “la agencia tiene que estar integrada por varios organismos”, y aseguró que “el circuito de dinero es clave”. “Si se desarma eso, se pierde el incentivo para el delito. Por eso hay que integrar a la UIF, tenemos un apoyo importante con el GAFI. Tiene que estar AFIP y la Aduana, por todo el tema de puertos. Y tiene que haber también integrada la inteligencia, el análisis de los datos”, dijo. Además, puso el foco en el sistema carcelario, y aseguró que “el Servicio Penitenciario funciona realmente mal”.

El magistrado también avaló las medidas impulsadas tanto por el Gobierno nacional como por la provincia de Santa Fe, como “la saturación, llenar de fuerzas de seguridad y tratar de solucionar el tema”, aunque advirtió que “el problema es muchísimo más amplio, que es cómo se sostiene esto en el tiempo”.

Tras el espeluznante crimen de Bruno Bussanich, un playero de 25 años que fue asesinado a sangre fría, en un hecho que quedó captado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio en la que trabajaba, la Casa Rosada anunció la conformación de un “comité de crisis” para intervenir la ciudad con las fuerzas federales, con asistencia de las Fuerzas Armadas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se instaló este lunes en territorio rosarino para encabezar la ayuda del Gobierno y recibir al primer contingente de uniformados. Bullrich decidió pasar la noche en esa ciudad.

Hasta el fin de semana, la funcionaria y Pullaro habían tenido algunas diferencias en la metodología de la lucha contra el crimen organizado. Desde el lanzamiento del Operativo Bandera, destinado, en los papeles, al refuerzo del personal federal y a la coordinación con las fuerzas provinciales, hasta la promoción de los controles carcelarios al estilo salvadoreño, una publicidad que humilló a los narcotraficantes. Y que, según trascendió de manera subterránea, no tuvo el visto bueno de la ministra Bullrich.

“Acá lo que hay realmente es dolor humano concreto: hay asesinatos, amenazas y miedo generalizado, miedo de las víctimas, de los que pueden ser víctimas, miedo por el futuro. Y a eso se agrega la frustración y el escepticismo porque llevamos años en los que estas medidas que se anuncian nunca se terminan de concretar. Los problemas no se resuelven, se trasladan de año a año. Esto llegó a un punto muy grave que puede llegar a cambiar la identidad de nuestros país y nuestras ciudades, en Rosario se ve con claridad pero no es el único lugar. Tenemos que hacer un gan llamado a una acción muy concreto a una política de Estado”, apuntó hoy Lorenzetti.

“El tema se está agravando en todo el país. Esto es un problema nacional”, cerró el juez. 

Fuente: Infobae.

El gobierno nacional anunció el cierre de 59 Centros de Referencia de todo el país al considerarlas “cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”. Según el Ministerio de Capital Humano, unas 600 personas serán despedidas y el ahorro sería de unos 5.000 millones de pesos anuales. 

Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado, seccional Mar del Plata, se manifestó en la puerta del Centro de Referencia (CDR) de la ciudad, ubicado en el edificio del Unzué, y repudió la decisión tomada por el presidente Javier Milei y su equipo. 

Esto se debe a que “es un organismo que cumple un rol fundamental para acercar las políticas sociales a la parte más vulnerable de la sociedad. Cerrarlo es no garantizar esos derechos a través de las políticas públicas. Por eso no solamente reclamamos por los puestos de trabajo de los compañeros, sino también para visibilizar cómo impacta directamente en nuestro pueblo”, declaró Claudia Rey, secretaria general de ATE, en diálogo con El Marplatense.

Respecto a la dirección que ha tomado el gobierno hasta el momento, señaló que “en las elecciones planteábamos que estaban en pugna dos modelos de país. Este es el que entendíamos que no iba a garantizar los derechos, ya en su campaña se ha hablado y estigmatizado a los trabajadores del Estado, como los organismos nacionales”.

Por lo que “no es algo que a uno lo tome como sorpresa, pero las medidas parecen crueles, sobre todo si no se puede garantizar el acceso a la alimentación de los comedores, que son los que ayudaban a 30 mil familias con un plato de comida”. 

En resumen, esta decisión, afecta a “60 trabajadores y a la parte más vulnerable de nuestra sociedad”. En la sede marplatense “se han tramitado 14 mil pensiones por discapacidad, se ha dado contención a 226 comedores, respuesta a 4600 situaciones habitacionales, se ha dado acompañamiento a más de 400 mujeres que han estado en una situación de violencia de género”, resaltó.

“Cuando uno empieza a ver las políticas y funciones que ha cumplido el organismo, es inmensa, y la verdad que la sociedad es la parte vulnerable que necesita una respuesta concreta y un acompañamiento del Estado”, concluyó.

La ruta 2 estuvo ocho meses sin obras y se encuentra con una gran cantidad de baches, con el pavimento deteriorado, deficiencias en la iluminación, demarcación borrosa en extensos tramos y enormes pastizales en las banquinas.

Sin posibilidad de cobrar peajes, la concesionaria estatal AUBASA suspendió las tareas de reparación y mantenimiento. “Los recursos provinciales tuvieron que derivarse a la emergencia sanitaria. Sin ingresos y sin posibilidades de recurrir a fondos del Estado, resultó imposible volcar dinero para los arreglos”, reconocieron fuentes del gobierno provincial.

La empresa que administra el servicio puso los ahorros de sus cuentas bancarias para afrontar el pago de sueldos de los más de 1.700 empleados durante la pandemia por coronavirus.

En cuanto a los peajes, desde Buenos Aires hasta la costa hay que pagar 324 pesos. Son $84 (en hora pico) de la autopista Buenos Aires-La Plata, y dos tickets de 120 en Samborombón y Maipú. El precio tuvo la última variación, del 33%, en abril de 2019 y en la Gobernación aseguran que no están previstos nuevos ajustes.

La presencia de maleza en banquinas obstruye la visión de las señales y suma riesgo ante un eventual descenso del vehículo”, describió a Clarín un especialista en seguridad vial. “En algunos tramos los yuyos tapan los mojones indicadores de los kilómetros. Y en otros apenas dejan ver los carteles ”, agregó.

Los parches, los huellones y los baches sobre la cinta asfáltica se replican en la mayor parte del recorrido. Además, "el hundimiento del pavimento provocado por el tránsito de camiones resulta un elemento de riesgo, en especial los días de lluvia.

Fuente: Clarín

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Santín, aseguró que el Gobierno busca pasar a planta temporaria a todos los empleados contratados por la Provincia, como parte de un plan para mejorar el perfil de la deficitaria caja jubilatoria bonaerense.

El titular del IPS expuso el miércoles pasado ante la comisión de Previsión y Seguridad Social de la cámara de Diputados bonaerense, y mostró la difícil situación de la caja de su organismo, que recientemente recibió $ 6.000 millones de la Anses para cubrir el grave déficit fiscal que la aqueja.

“La Provincia tomó la decisión de reincorporar específicamente a la mayoría de quienes son sus trabajadores monotributistas, la idea es que de acá a fin de año todos los trabajadores monotributistas de la provincia pasarán a planta transitoria”, deslizó Santín, quien no obstante agregó que esa meta había sido puesta antes de la cuarentena, y que la emergencia del coronavirus podría demorarla algunos meses.

La propuesta es uno de los reclamos más recurrentes de los gremios estatales: es que con frecuencia las diferentes administraciones apelan a la tercerización para cubrir cargos que, por el tipo de trabajo requerido, debería ser cubierto por un empleado de planta. 

Durante la gestión de María Eugenia Vidal, la mayoría de los nuevos ingresos al Estado (al margen de los pases a planta de personal principalmente del área de Salud) se dieron de ese modo. Juntos por el Cambio justificaba esta decisión por dos situaciones: la primera, pública, porque de ese modo se evitaba que un nombramiento “político” luego se perpetuara en la planta del Estado. El segundo, dicho en voz baja, era que los convenios vigentes en la provincia no “convencían” a quienes iban a dejar puestos gerenciales en el sector privado para pasar a prestar funciones en La Plata. Con contratos -indicaban- podían ofrecer una mayor remuneración.

El trabajo por contrato, además, esconde un mecanismo precarizador, puesto que el contratado no recibe ningún tipo de cobertura social ni realiza aportes al sistema. Este último punto es el nudo central del plan de Santín, junto con un pedido para que los trabajadores en condiciones de jubilarse “estiren” unos años el retiro.

Fuente: DIB