La Justicia de La Plata investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la desarrolladora ABES, responsable de varios proyectos que fueron comercializados como edificios premium pero que hoy permanecen paralizados o nunca avanzaron más allá de las primeras etapas de obra.

La causa se encuentra en una fase inicial y busca determinar si existió un delito penal, como administración fraudulenta o desvío de fondos, o si se trata de incumplimientos contractuales que deberían resolverse en el fuero Civil y Comercial. Entre las construcciones inconclusas figura incluso un hotel de lujo a metros del estadio de Estudiantes de La Plata.

Según las denuncias, los emprendimientos se ofrecían bajo la modalidad de fideicomisos. Los inversores aportaban importantes sumas en dólares, en muchos casos el total del valor de las unidades, a cambio de plazos de obra definidos, promesas de renta futura y la entrega de departamentos terminados. Sin embargo, con el paso del tiempo, las obras se demoraron, se detuvieron o directamente nunca comenzaron.

Uno de los casos más resonantes es el del ex-entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, quien aseguró haber invertido “una fortuna” sin obtener resultados. “Hay gente que puso sus únicos ahorros y está desesperada”, relató, al describir el impacto económico y emocional que atraviesan los damnificados.

Fuentes judiciales confirmaron que actualmente hay cinco denuncias formales en el fuero penal y descartaron versiones sobre cientos de afectados, aunque aclararon que la investigación podría ampliarse. Tras más de tres años desde la primera presentación judicial, los edificios continúan paralizados. A fines de 2025, la firma Yacoub Real Estate adquirió las acciones de ABES y prometió reactivar al menos 11 proyectos desde febrero.

En paralelo, uno de los señalados en la causa, Diego Lacki, negó las acusaciones y sostuvo que su rol fue estrictamente jurídico, sin manejo de fondos ni decisiones de gestión. Por el momento no está imputado, pero su situación procesal podría definirse tras la feria judicial, mientras la fiscalía analiza si hubo intención de defraudar o un esquema de proyectos inviables desde su origen.

Fuente: TN

Las estafas inmobiliarias en Mar del Plata y en toda la provincia de Buenos Aires se están multiplicando, en especial a través de canales digitales. 

Así lo advirtió Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, quien aseguró, en dialogo con El Marplatense: “hoy estamos haciendo un trabajo muy fuerte en toda la provincia, porque esta es una realidad que nos está atravesando con distintas modalidades, pero siempre a través de esta modernidad en la que estamos viviendo”.

Según explicó el referente del sector, muchas de las estafas actuales se cometen a través de publicaciones en redes sociales, como Facebook, y son llevadas a cabo por personas que se presentan como agentes o colaboradores, pero que no tienen matrícula ni respaldo profesional. “No hay un martillero que esté presente en la operación. Y cuando uno va a dejar una reserva o a firmar un contrato, tiene que haber un profesional que reciba ese dinero”, sostuvo.

Rossi enfatizó que el primer recaudo que deben tomar los compradores o inquilinos es verificar que quien interviene en la operación sea un martillero y corredor público habilitado. “Está en juego el patrimonio de personas que ahorraron toda su vida para tener una casa. Por eso es fundamental que recurran a un profesional que pueda confirmar que la propiedad está realmente en venta, que tiene escritura y planos, y que está en condiciones legales”, remarcó.

La verificación, señaló, puede hacerse directamente en el Colegio de Martilleros, donde es posible consultar si la persona tiene matrícula y si está autorizada a ejercer. “Hoy todos publicamos en distintos formatos, pero tiene que haber un profesional con un número de registro que lo respalde”, advirtió.

Al ser consultado por la situación de agentes vinculados a franquicias como RE/MAX, Rossi apuntó: “Hace poco la justicia falló en contra de un agente que quiso cobrar honorarios sin ser profesional. No fue un martillero el que intervino. Esa persona no tenía derecho a cobrar. La justicia dijo que tiene que ser un profesional inmobiliario el que actúe”.

Finalmente, subrayó que el Colegio actúa por delegación del Estado, con la función de proteger a la comunidad: “Si un profesional se equivoca, también puede ser sancionado. Por eso es tan importante acudir siempre a alguien matriculado. No es solo un título: hay un respaldo institucional detrás que cuida el patrimonio de la gente”.

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) advirtieron sobre “la creciente proliferación de estafas inmobiliarias, impulsadas por falsos asesores y publicaciones engañosas en redes sociales, que afectan gravemente a familias de toda la provincia”.

“Falsos asesores y publicaciones en redes sociales conforman una combinación peligrosa que ha llevado a un incremento significativo en las estafas inmobiliarias, dejando a muchas familias sin su vivienda”, señalaron desde la institución.

El Colegio alertó que estas “maniobras fraudulentas” no solo se registran en operaciones de compraventa, sino que también se han multiplicado en supuestos alquileres que jamás se concretan. “Muchas personas confían en supuestos asesores inmobiliarios que promocionan propiedades en redes sociales sin documentación respaldatoria o que, directamente, no existen”, explicaron.

“Entre las modalidades más comunes se encuentran los falsos alquileres, la oferta de lotes inexistentes o con documentación irregular, y hasta estafas piramidales relacionadas con desarrollos inmobiliarios en pozo”, manifestaron.

Desde la entidad que regula la matrícula profesional en la provincia, destacaron que “en muchos casos, las estafas se originan en la mala praxis de personas que se presentan como asesores inmobiliarios sin estar habilitadas ni contar con los conocimientos necesarios para intervenir en una operación", quienes "utilizan nombres de fantasía, franquicias o empresas inexistentes como fachada para concretar el engaño”.

Asimismo, subrayaron que “la falta de regulaciones más actualizadas expone a los ciudadanos a ser víctimas de estos fraudes, que en ocasiones derivan en extensos y costosos procesos judiciales, y en otros casos, quedan impunes”.

Desde 2023, Martilleros BA impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca actualizar la normativa vigente (Ley 10.973). El objetivo es dotar a los colegios profesionales de herramientas más eficaces para combatir la ilegalidad, fortalecer los controles y sancionar de manera ejemplar a quienes ejercen de forma indebida la actividad o incurren en mala praxis.

Finalmente, el Colegio provincial que preside Luis Eusebio Colao recomienda a la ciudadanía “extremar los recaudos al momento de realizar cualquier operación inmobiliaria, y asegurarse de contar siempre con la intervención de un martillero y corredor público matriculado”. Para verificar la matrícula de los profesionales habilitados, se encuentra disponible el padrón oficial en el sitio web institucional: www.martillerosba.org.ar. 

En los primeros días del año, la Defensoría del Pueblo ha tenido incontables intermediaciones entre los conflictos de los vecinos con empresas públicas y privadas relacionadas a los servicios, la salud y el alquiler. 

Al respecto, Eduardo Carnicero, defensor del pueblo, declaró en diálogo con El Marplatense que “la mayoría de los reclamos son por los servicios, facturas muy difíciles de afrontar por los ciudadanos. Nosotros asesoramos mucho en esos casos, sobre todo con la luz que ha tenido aumentos desproporcionados al consumo”. 

Por este motivo, “explicamos a todos los usuarios el sistema de subsidios para que accedan, corroboramos que cuadren en las condiciones previstas por la normativa y gestionamos el ingreso. Obviamente ayudamos a que se pongan al día con los datos de titularidad y otras consultas”. 

Segundo se encuentra “el tema salud, con IOMA hay una gerenciadora en la cual vamos resolviendo los casos con las autoridades y tenemos buenas repercusiones. Sabemos que está colapsado el sistema, al bajarse las clínicas es más complejo porque hay mucha demanda. De la misma manera trabajamos con Accord Salud con el asesoramiento”, enunció.

Por último, “están los fraudes que en este 2025 hemos tenido casos de gente que ha alquilado mediante páginas web y han sido víctimas de defraudación porque no corroboran”, indicó. 

“Nosotros siempre tiramos algunos tips de cómo cuidarse y prevenir esta situación, corroborar que el inmueble exista, tratar de buscar la intermediación donde pagás más de comisión pero te garantiza que alguien va a responder”, continuó. 

Esto se debe a que “a veces lo que pasa con las plataformas es que te derivan a un WhatsApp, transfieren plata por billeteras virtuales y después no existe ni el locador, ni el inmueble. Cuando sucede, brindamos los medios para hacer las denuncias penales en las fiscalías de delitos económicos para que se investigue”, concluyó.

Un hombre de 40 años, que era buscado por la Justicia desde hace años por haber abusado sexualmente del hijo de su ex pareja, fue detenido este miércoles en Villa Gesell, donde estafaba a turistas con inmuebles inexistentes que ofrecía en alquiler por internet.

Los efectivos de la DDI de La Plata lograron detenerlo en la vecina ciudad balnearia, donde el prófugo -que había bajado de peso y cambiado su fisonomía para ocultarse- se hacía llamar Julio o utilizaba el apodo “Baracu”.

Los pesquisas montaron un exitoso operativo de búsqueda en la zona céntrica de la ciudad, donde el hombre pactaba el cobro de anticipos de alquileres a turistas que buscaba en una conocida plataforma de compra y venta de bienes y servicios online.

Tras las tareas investigativas, los uniformados constataron que se trataba del hombre que tenía pedido de detención a partir de la causa originada por la denuncia de su ex pareja quien lo acusó de haber abusado de su hijo entre los años 2007 y 2008, cuando el niño tenía 8 años de edad.

Según consta en el expediente, la causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal reiterado calificado, corrupción de menores, amenazas y violencia de género" y en su instrucción interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata. El sujeto, aprovechando las circunstancias de convivencia con el pequeño, abusaba de él y le exhibía material pornográfico, promoviendo de esta manera la corrupción sexual.

En el año 2015, la madre del menor volvió denunciarlo pero esta vez por haberla amenazado de muerte, luego de que tomara conocimiento de la causa iniciada por los abusos. Una vez concretada la detención, se informó al magistrado interviniente, quien dispuso el inmediato traslado del sujeto a sede judicial.