Los gremios docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires rechazaron la oferta salarial del Gobierno de Axel Kicillof, que consistía en una suba del 7% en dos tramos, por lo que la reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio.

Según se informó, la oferta que se puso sobre la mesa fue de un 4% de incremento para mayo, (a cobrar en junio), y del 3% en julio (a cobrar en agosto), totalizando una suba del 7% pero sobre la base del salario de marzo.

En ese sentido, la propuesta salarial “no fue recepcionada” por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ya que “fue considerada insuficiente para hacer frente a la compleja situación económica que atraviesa el sector, impactado fuertemente por la política económica nacional”.

De esta manera, se espera que ambas partes se vuelvan a reunir en las próximas horas para ver si llegan a un acuerdo para los próximos meses. El último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril.

Sin embargo, después de esas cifras, la inflación sufrió una aceleración, y la última medición del Indec marcó un 3,7%, y 6% en alimentos. Frente a esto, y un número similar que se estima para abril, los gremios esperaban una oferta en torno al 10%, indicaron.

Tras ese encuentro que se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, se sentaron a la mesa los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430. Representados entre otros por gremios ATE y UPCN, los dirigentes también rechazaron el ajuste del Gobierno y acordaron pasar a un cuarto intermedio.

Fuente: DIB

Después de varias críticas por parte de la oposición en el Congreso, el Gobierno oficializó la nueva prórroga del Presupuesto. De esta manera, el Ejecutivo dejó plasmada la proyección de gastos e ingresos para este año. Además, la disposición también habilitó una serie de mecanismos para controlar el crecimiento de la planta del Estado.

La decisión administrativa 3/2025 indica que las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán remitir de manera trimestral “la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación y cualquiera sea su fuente de financiamiento” a la Secretaría de Hacienda, comandada por Carlos Guberman.

En esa misma reglamentación se prevé que para cubrir cargos vacantes, los distintos organismos públicos deberán certificar que el puesto que se propone ocupar y su financiamiento.

Además, se estableció que para incorporar, homologar, reasignar o derogar cargos del convenio colectivo de trabajo estatal se necesitará de la aprobación del Presidente y previamente deberá intervenir la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. En la misma línea, cada jurisdicción debe fundamentar el ingreso con un análisis de su costo y del financiamiento presupuestario.

Puertas adentro del Palacio de Hacienda explicaron que, aunque se trata de disposiciones que suelen agregarse en los proyectos presupuestarios, responden al objetivo de mantener el control sobre la planta del Estado.

En una de sus últimas entrevistas, Milei ya había anticipado que entre sus intenciones para 2025 también figuraba la de profundizar el ajuste sobre el Estado. “Esa fue la primera etapa y ahora se viene la ‘motosierra profunda’. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”, dijo en esa ocasión.

Sumado a esto, el Ejecutivo oficializó los detalles de las readecuaciones del Presupuesto para 2025. De acuerdo a un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el proyecto prevé ingresos totales por $88,01 billones para el ejercicio 2025, equivalente a una caída nominal de $1,96 billones respecto al total de recursos previstos al cierre del año 2024, lo que ajustado por inflación implica una variación del -26,7% interanual.

Esa retracción, según ASAP, responde principalmente a la disminución de recursos impositivos por la finalización del impuesto País, aunque también se prevé una suba de la recaudación en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, se espera que asciendan a $94,57 billones, lo que representa una reducción de $1,51 billones o una baja de -26,3% en comparación con el cierre del ejercicio 2024.

“La reducción del Gasto Total en términos nominales pone en evidencia que no será factible asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”, estimó ASAP.

El Gobierno dará inicio la semana que viene a la primera tanda de exámenes de idoneidad a empleados públicos, que estará apuntado a unos 40 mil personas cuyos contratos temporales terminan a fin de año y que tendrá que ser aprobado como requisito obligatorio para una eventual renovación. En paralelo, el Poder Ejecutivo pondrá a revisión la planta de personal de todas las áreas del Estado para determinar si necesita una reestructuración que implique reducirla.

En los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen a unos 40 mil empleados temporarios en esta primera instancia. Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

Habrá tres excepciones para los exámenes de idoneidad: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad

Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que será en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño y que podría extenderse eventualmente a otras locaciones como Tecnópolis. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para ingresantes, algo que sucede no por una ampliación de la dotación de personal sino por la rotación que sucede cuando se desocupan lugares por retiros o jubilaciones. Así como es obligatoria, no será una garantía de recontratación o de ingreso, que siempre dependerá de la decisión administrativa de cada área. “No queremos que sea un filtro, sino para tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”, dijeron desde un despacho oficial.

El Gobierno apunta a seguir reduciendo empleo público y estructuras del Estado. REUTERS

Por año, cada empleado que sea sujeto al examen de idoneidad tendrá tres posibilidades de aprobarlo. “Nadie se va a quedar sin contrato sin tener antes las tres posibilidades”, aseguraron fuentes oficiales. En términos operativos, se tratará de una evaluación de una hora, de entre 20 y 24 preguntas con respuesta multiple choice, frente a una tablet o computadora en el INAP y con un resultado corregido por el sistema de manera automática. Habrá un sistema en el portal para sacar turnos y al aspirante se le dará un código que deberá ingresar antes de completar el examen. En la nómina solo quedará registrado si el examen fue aprobado o no.

Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

El inicio de las pruebas de idoneidad es una de las patas de lo que Sturzenegger bautizó, con jerga presidencial, deep motosierra. Es una instancia posterior del ajuste fiscal y de la estructura de la administración del Estado que comenzó el Gobierno libertario a lo largo del año.

Hasta esta altura del año el Poder Ejecutivo despidió unos 30 mil empleados, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones

Hasta esta altura del año el Poder Ejecutivo despidió unos 30 mil empleados, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del Estado nacional. “Nada que pueda hacer el sector privado o corresponda a provincias o municipios lo va a seguir haciendo la Nación”, resumieron como leit motiv.

El paso siguiente, en ese contexto, será el de iniciar un proceso de revisión área por área y oficina por oficina para detectar si hay alguna porción de la dotación de personal que no tiene una tarea que en el Gobierno juzguen de utilidad. También incluirá cierres de organismos que consideren innecesarios. Como ejemplo citan a Conami (Comisión Nacional de Microcrédito), una oficina que tenía un presupuesto más alto para el pago de empleados que su cartera de préstamos.

El Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger

El filo de la motosierra profunda apuntará también a organismos descentralizados –aquellos que tienen autonomía de la Casa Rosada– como ARCA, ex AFIP, o el Indec. Como argumento, aseguran que la Ley de Bases le dio sustento jurídico para entrar en ese universo y revisar las estructuras. Estiman que hay unos 100 organismos de este tipo y creen que hay funciones duplicadas que dejarán de existir, algunos serán cerrados y otros volverán a ser dependientes de la administración central.

También buscarán utilizar otra prerrogativa que le dio a Sturzenegger la ley ómnibus que es la potestad de pasar a disponibilidad empleados de planta permanente, que tienen un nivel de protección legal más alto que el resto, en casos de cierres de organismos. Para eso, se le dará una ventana de entre 6 y 12 meses, período tras el cual si no se le encontrara una tarea, el Estado nacional puede terminar el vínculo laboral tras el pago de una indemnización.

Otras ideas que componen la próxima etapa del ajuste en el sector público están menos maduras pero están sobre la mesa. Entre ellas, un sistema de “premios” para áreas del Estado que no gasten todo su presupuesto sino que consigan un ahorro fiscal de los fondos que les había sido asignado, la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo que existen en el empleo público y una reconfiguración de escalas salariales, en especial para evitar la disparidad de salarios entre la administración general del Estado y organismos con sueldos muy altos.

Fuente: Infobae

Con la presencia de las autoridades del Consejo Directivo Nacional, el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar, la secretaria adjunta Mercedes Cabezas, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires Claudio Arévalo y junto a los representantes de las seccionales de Bahía Blanca, Punta Alta, Punta Indio, Tandil, Azul, Monte y Bahía Blanca, se llevó a cabo un plenario en Mar del Plata.

En ese marco, Aguiar subrayó: “Federalizar es democratizar la toma de decisiones en nuestro sindicato. En la provincia de Buenos Aires, llegamos hasta Mar del Plata para participar del plenario de trabajadores nacionales. Queremos ratificar el camino de lucha y unidad. Tenemos que fortalecer la organización de los nacionales y garantizar que todas las provincias y las seccionales sean protagonistas. Hay Estado nacional porque se estructura en todo el territorio, y son las trabajadoras y trabajadores los que garantizan su funcionamiento. Jamás vamos a aceptar servir a otros intereses que no sean los de nuestro pueblo”.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE nacional, Mercedes Cabezas, declaró luego de la jornada: “Milei ha tomado la determinación de retirar la política pública nacional de los territorios de las provincias. Sin embargo, es una responsabilidad del Estado avanzar en ser garante de derechos. En este tiempo uno de los desafíos más importantes que tenemos es el de avanzar en recuperar la identidad del Estado y de sus trabajadoras y trabajadores como grandes materializadores de la política pública, pero también como garantes de los derechos de la población en su conjunto”, agregó la dirigente.

En representación de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo señaló: “Creemos que la unidad es clave y estos espacios de debate tienen que fortalecernos para seguir luchando. Desde ATE no venimos a título personal sino que venimos a respaldar, como Consejo Directivo Provincial, la decisión que tome este plenario. Y aquí estamos junto con la representación del Consejo Directivo Nacional”.

Además, añadió: “Tenemos un gobierno nacional que sostiene que los problemas del país son producto de las y los trabajadores y nosotros sostenemos que es todo lo contrario: los despidos en el sector público y privado perjudican la economía del país”.

Para finalizar la jornada, ATE definió llevar a cabo como medida de fuerza una Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso para este jueves 27 de junio a las 14, en primer lugar como rechazo a la ley que implica el desguace del Estado, y contra la amenaza de más de 50 mil despidos en la administración pública nacional planificada para fin del mes en curso.

En el marco del paro nacional convocado por la CGT en reclamo por los salarios, los derechos laborales y la preservación de la industria nacional, Ezequiel Navarro, secretario general de ATE tomó la palabra para establecer la situación en la ciudad. 

Para empezar, señaló que “el acatamiento en los sectores estatales es muy alto, pasa el 85% y me parece que también tenemos que poner en consideración las declaraciones que viene haciendo el gobierno en materia salarial”. 

En esta línea, declaró que “Milei decía la semana pasada que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación y obviamente eso está muy alejado de la realidad. Los empresarios y el gobierno definieron un mínimo, vital y móvil de 234 mil pesos, la canasta básica hoy pasa los 770 mil pesos, hay más de medio millón de diferencia entre los salarios y la canasta básica”.

Por otro lado resaltó que “el gobierno preguntaba porque no entendía el porqué del paro. Bueno, en principio es por todo esto, se está tratando una ley que es muy importante porque no solo entrega los derechos de aquellos trabajadores que aún los tenemos, sino que está entregando nuestra soberanía y la producción”. 

De modo que “el mensaje que se está mandando hoy a lo largo y ancho del país es muy claro, todos los sectores de los trabajadores organizados hoy le están diciendo al gobierno que están parando porque esta situación se pone cada vez más compleja”. 

Asimismo, expresó que “si el gobierno no cambia el rumbo, se van a profundizar los conflictos porque estamos a una distancia salarial que no recordamos en los últimos 30 años. Ni siquiera con el Menemismo había esta distancia”. 

“Estas políticas que están aplicando ya las vivimos y esto terminó con la profunda crisis del 2001. Todos los que estamos acá no queremos volver a pasar por esa situación”, finalizó. 

El Gobierno bonaerense reprogramó las tres reuniones paritarias que se iban a realizar este lunes y finalmente recibirá a los gremios entre mañana y el miércoles a estatales, docentes y judiciales.

El Ejecutivo suspendió primero el encuentro que iba a tener esta mañana con los estatales de la ley 10.430 y luego avanzó con las reprogramaciones de los cónclaves con docentes y judiciales que estaban pautados para la tarde.

Según informaron fuentes oficiales, la reunión con estatales se realizará mañana a las 10:00, mientras que el miércoles será el de los docentes a las 10:00 y el de los judiciales a las 13:00.

El Ejecutivo llamó a negociar nuevamente a los distintos sectores tras pedidos de reapertura realizados la semana pasada por ATE, UPCN, el FUDB (Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) y la AJB.

La Provincia ya otorgó tres aumentos en lo que va del año a los distintos sectores de estatales: un 25% en enero (de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre del periodo 2023), 20% en febrero y un 13,5% en marzo.

Fuente: DIB

El Gobierno de la provincia convocó para este lunes a los distintos gremios de trabajadores estatales, en el marco de las negociaciones paritarias abiertas. Luego de que el viernes se conociera el índice de inflación correspondiente al mes de marzo (11%), mañana la Provincia se reunirá con los representantes de estatales a las 10; a las 14 será el turno de los docentes; y a las 16 la reunión será con los judiciales.

Los gremios de estatales (10.430), docentes y judiciales habían realizado la semana pasada pedidos de reaperturas de paritarias al ministro de Trabajo, Walter Correa. Por el lado de los estatales, enviaron notas a la cartera laboral tanto ATE como UPCN. El primero de los sindicatos lo hizo el martes y advirtió sobre la “imperiosa necesidad de continuar haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los y las trabajadores del estado provincial, en un contexto de ajuste brutal impuesto por el gobierno Nacional de Javier Milei”.

Asimismo, también habían elevado una solicitud de convocatoria el Frente de Unidad Docente Bonaerense (que integran Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET). Los maestros señalaron que “la reapertura se hace necesaria de manera urgente dada la situación de ajuste brutal” por parte del gobierno de Javier Milei y pidieron fijar pautas salariales “que impidan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de nuestros compañeros y compañeras”.

El viernes sumaron su pedido los trabajadores judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). “Ante la creciente inflación y la escalada de precios que deterioran los ingresos, necesitamos una urgente recomposición de salarios de las y los trabajadores judiciales”, indicaron desde este sindicato.

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) votó la realización de un nuevo paro nacional para este viernes, en el marco de un plan de lucha contra los despidos en el sector que dispuso el Gobierno del presidente Javier Milei.

Luego de distintas medidas de protesta este miércoles, con epicentro en la secretaría de Trabajo, se decidió en una asamblea la convocatoria a otro paro.

"Le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra", aseguró el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y resaltó que "este fin de semana se recibieron miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios". Según destacó, "son más de 11 mil despidos fehacientemente comunicados en todo el país".

En declaraciones radiales, el rionegrino remarcó que las ocupaciones pacíficas en ministerios y organismos públicos de la jornada se dieron "a pesar de que el Gobierno decidió llenar de policías todas las dependencias públicas".

En esa línea, Aguiar había afirmado que el Gobierno va “por la cabeza de los 70 mil contratados”. Y sumó: “Por eso, a la tarde en un plenario de más de mil delegados vamos a definir la profundizar el plan de acción y vamos a proponer una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana”.

“Milei decidió tercerizar el ajuste: ahora la motosierra la tiene Techint, porque el secretario de Trabajo (Julio Cordero) es un gerente de Recursos Humanos de ese grupo empresario. Pero le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra”, añadió.

Al justificar el ingreso de los cesanteados a sus lugares de trabajo, Aguiar afirmó que "la comunicación del despido resulta absolutamente ineficiente en términos jurídicos" y destacó que el empleo público cuenta con altos índices de precarización.

“Esto es responsabilidad absoluta de todas las gestiones que se sucedieron por la Casa Rosada y no le dieron solución a este fraude laboral de 70 mil trabajadores que deberían estar en planta permanente: acá no hay ñoquis y el pueblo empieza a darse cuenta”, sumó Aguiar.

Para finalizar, Aguiar sostuvo: “El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre y se pasa el 80% de su jornada laboral jugando en las redes sociales".

En medio de la tensión con el gremio de estatales por su decisión de desvincular a miles de trabajadores del Estado, se conoció cuál es la cifra de empleados públicos que el Ejecutivo estableció como tope máximo para 2024. En la ampliación del Presupuesto vigente, publicada vía DNU este miércoles, quedó fijado un total de 384.711, lo que supera en 14.416 a los establecidos en el texto original de 2023.

En uno de los anexos que acompañan el DNU 280 por el que se amplió el Presupuesto, se especifica la cantidad de empleados públicos con los que puede llegar a contar el Estado para este año. TN no obtuvo respuesta cuando consultó en distintas dependencias del Gobierno las razones para haber establecido ese número, por encima de varios indicadores, incluso las últimas cifras de dotación de personal estatal que difundió esta semana el Indec.

El anexo 2 del DNU explicita que el total de empleados de la Administración Central puede llegar a 300.535 (290.104 en planta permanente y 10.431 temporarios), mientras los organismos descentralizados están autorizados a cubrir 61.766 cargos (60.607 de planta permanente y 1159 temporarios), mientras las instituciones de Seguridad Social llegan a 14.073 (14.050 de planta permanente y 23 temporarios).

“En este contexto, es pertinente determinar el total de cargos y horas cátedra para las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, así como otorgar la facultad al señor jefe de Gabinete de ministros para atender situaciones excepcionales durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2024. Es preciso establecer disposiciones respecto a la cobertura de cargos vacantes de la Administración Nacional”, señala uno de los considerandos del decreto.

Se trata de un número que por el mismo texto de decreto no pueden excederse salvo por una decisión de “la Jefatura de Gabinete, mediante decisión fundada y con la previa intervención de la Secretaría de Hacienda, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de las estructuras organizativas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, como también de las que resulten necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados”, sostiene el decreto.

El Presupuesto suele fijar los máximos de “recursos humanos” con los que puede contar la Administración Pública Nacional durante un ejercicio fiscal. Entre las tres jurisdicciones (Central, descentralizados e instituciones de la Seguridad Social), la autorización por la ampliación presupuestaria totaliza 384.711 cargos. En tanto, la Ley de Presupuesto original, aprobada por el Congreso a fines de 2022, establecía en ese sentido un máximo de recursos humanos de 370.295.

Solo en Administración Central se autorizan este 2024 308.872 cargos (298.441 de planta permanente y 10.431 temporarios), contra los 300.535, (290.104 en planta permanente y 10.431 temporarios) expresados en el texto original 2023.

Para los organismos descentralizados, en tanto, se autorizan hoy 61.766, contra los 55.715 trabajadores (54.556 de planta permanente y 1159 temporarios) de 2023. Y para las instituciones de Seguridad Social se establecen 14.073 apenas por encima de 2023, cuando se contabilizaron 14.045 (14.022 de planta permanente y 23 temporarios).

Aun cuando en los papeles se habiliten cargos incluso por encima de los planificados en la gestión anterior, el Gobierno avanza en desvincular a empleados de distintos organismos y ministerios, lo que llevó a uno de los gremios estatales a plantear un paro para el miércoles 3 de abril y llamar a “un ingreso masivo y simultáneo” a las dependencias públicas.

En paralelo a la llegada de telegramas, mails y llamadas telefónicas que se repitieron en las horas previas al inicio del fin de semana largo por Semana Santa y el Día de los Caídos en Malvinas, el Gobierno reforzó su intención de desvincular a 15.000 trabajadores este mes y analiza nuevas bajas para junio, como informó TN.

“El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000, de ese total todavía no está el número final, hay 15.000 que van a proceder a la baja el 31 de marzo, sin incluir el PAMI y empresas públicas”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, y planteó que “el resto entra en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”.

En el marco de jornadas de protestas en toda la provincia de Buenos Aires, los trabajadores agrupados en el gremio de ATE,  pararán este miércoles en reclamo del bono propuesto por el gobierno y pedirán la convocatoria a la paritaria. En la ciudad, también pararán y movilizarán los trabajadores judiciales y movimientos sociales por la zona céntrica.

El secretario general de ATE Mar del Plata, Ezequiel Navarro, habló con El Marplatense y se mostró "preocupado como todos los trabajadores de Argentina. El lunes después de las elecciones, nuestro salario recibió un golpe fuerte, afectó directamente al bolsillo y el manotazo de ahogado que planteó el gobierno todavía no llegó".

En este sentido Navarro manifestó que todavía no recibieron el bono de $5000 impulsado por el Gobierno Nacional. "El bono para los estatales nacionales en principio, reconoce la pérdida económica que sufrimos. La semana pasada la gobernadora amagó toda la semana con salir a hacer anuncios y no hizo nada porque la Provincia también atraviesa crisis económica y política", detalló.

Por último expresó que "los estatales vamos a recordar a este gobierno porque nos dejó muy por debajo de la línea de la pobreza. Un estatal en la Provincia tiene un suelo de 18 mil pesos y la canasta básica está llegando a los 32 mil".

Los trabajadores judiciales, médicos y estatales de la provincia de Buenos Aires realizarán un nuevo paro en conjunto por 48 horas. Los gremios reclaman una convocatoria a paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los salarios del 2018 y una propuesta para 2019 que incluya una cláusula de actualización automática por inflación.

"Estamos a las puertas de unas nuevas 48 horas de paro, con una movilización a la sede del Ministerio de Economía de la Provincia de Bs. As., juntamente con los profesionales de la Salud de CICOP y los estatales representados por ATE, ya que tenemos una situación compleja, en primer lugar porque no hemos logrado acordar una pauta salarial definitiva para el 2018, por lo que tenemos abierta la discusión salarial del año pasado, y por otro lado, en lo que va del año, hemos tenido dos reuniones con el gobierno provincial, en las cuales, nos reiteran una propuesta salarial que ya habían realizado a fines del año pasado y que había sido rechazada y ante la negativa de aceptar otra vez esa misma propuesta, unilateralmente el gobierno impone adelantos a cuenta de futuros acuerdos, con una clara voluntad de no dialogar y de no tratar de arribar a un acuerdo para cerrar esta negociación salarial y en consecuencia finalizar con este conflicto", explicó Mariano Fernández, titular de la AJB, en diálogo con El Marplatense.

En cuanto al motivo de porque no se llega a un acuerdo el referente de la AJB, manifestó que "ha sido una constante de este gobierno desde que asumió a fines de 2015, en el sentido de que cada una de las paritarias que hemos transcurrido y las negociaciones consecuentes en esos años, nunca ha mostrado el gobierno una voluntad real y concreta de de sentarse a una mesa de negociación con intensión de avanzar en la negociación y llegar a un acuerdo. Siempre hemos comenzado por lo menos dos o tres meses tarde la negociación y siempre a sido desde una posición de imposición de parte del gobierno, nunca de dialogo, nunca con buena fe de tratar de acordar, por lo que con esos parámetros de negociación es difícil llegar a un acuerdo".

En ese sentido también se refirió a que "hay un audio que se ha viralizado donde claramente el presidente de la Nación, como política estructural de todo el estado, nacional, provincial y municipal, dice que los empleados públicos tenemos unos salarios altos en dolares y hay que bajarlos y considero que en la provincia de Bs. As., María Eugenia Vidal, lo que esta haciendo en concreto y en nuestra paritaria en particular es eso."

Finalmente con respecto al reclamo que realizan, Mariano Fernández, destacó que "nosotros queremos recuperar el 15,2% que tenemos de defasaje en el 2018, entre el 32% en el cual quedo trunca la negociación del año pasado y el 47,2% que fue la inflación final de ese año y por otro lado lo que queremos es una clausula gatillo, durante todo este 2019. Ni mas ni menos que eso, algo que depende de la voluntad y decisión política del gobierno."

Con una fuerte presencia sobre las calles del centro marplatense, distintos sindicatos junto a movimientos sociales realizaron en Mar del Plata la réplica de la marcha que se impulsa en distintos puntos del país bajo la consigna “Por la industria y el empleo”.

Facundo Villalba, uno de los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sostuvo que esta movilización expresa la "necesidad que manifestaban las bases ante el ajuste y la crisis que se vive" con el Gobierno de Mauricio Macri.

El dirigente, a su vez, insistió en la doble lectura que se traza de la protesta: el llamado de atención para la dirigencia sindical, con respecto al insistente pedido para realizar otro paro general, y al mismo tiempo el mensaje dirigido al a dirigencia política.

"Queremos que este marco de unidad que logramos los gremios y las distintas organizaciones también se replique en el terreno electoral para que en diciembre asuma un nuevo Gobierno y se termine este ciclo de ajuste", aseveró, en diálogo con El Marplatense.

El integrante del gremio también destacó la "fuerte" convocatoria que se vio en la marcha que hubo en la ciudad, que se gestó desde las 11 frente al Municipio y contó con el respaldo de las CTA de los trabajadores y la CGT, pese a las adversas condiciones climáticas. "A pesar de la lluvia, todos los compañeros tenían las ganas de movilizarse y esto tiene que ver con la bronca que hay: esto es una necesidad concreta de los trabajadores", remarcó.

Villalba insistió en que esta movilización del 4 de abril debe ser una instancia "previa" a un eventual huelga general. "Esperemos que los dirigentes sindicales estén a la altura de los circunstancias y lo resuelvan en forma urgente. La situación ya no da para más", concluyó.