La Fiscalía de Mar del Plata, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que se investiga al ex magistrado Jorge Ferro, acusado de beneficiar con su actuación a un estudio jurídico vinculado con un imputado por trata de personas. 

Según la acusación, Ferro habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público en al menos diez casos, entre los años 2002 y su renuncia el 1° de mayo de 2018. 

Se le atribuye haber favorecido, por acción u omisión, al estudio encabezado por Alejandro Ferrarello, y también a los abogados María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro.

Los otros tres profesionales enfrentan cargos por tráfico de influencias agravado: Ferrarello como autor, y Hernández Morhain y Gil de Muro como coautores. 

Según la fiscalía, Ferrarello habría ejercido sus influencias para que Ferro dictara, demorara u omitiera fallos en asuntos bajo su competencia, con el fin de obtener beneficios económicos.  

La causa comenzó el 1 de septiembre de 2016 tras una denuncia vinculada al expediente del prostíbulo VIP “Madahos”, una investigación bajo la órbita de delitos de trata de personas y lavado de activos. 

En el marco de esa causa, secuestraron dispositivos electrónicos en las oficinas del estudio jurídico, cuyos peritajes permitieron trazar comunicaciones entre Ferrarello y Ferro. Los fiscales sostienen que el vínculo entre ellos era “estrecho”, de amistad, laboral y económica, y que, pese a ello, el ex magistrado intervino como camarista en casos donde Ferrarello tenía interés, con la intención de favorecerlo. 

Además de los cargos principales, la fiscalía y PROCELAC pidieron continuar la investigación por enriquecimiento ilícito contra Ferro, donde se busca determinar si las ganancias derivadas de las conductas investigadas modificaron su patrimonio de manera ilícita. 

Para ello, ordenaron medidas de prueba enfocadas en rastrear activos y movimientos económicos de los implicados, con el objetivo de verificar la existencia de bienes o ingresos incompatibles con sus declaraciones o ingresos legítimos.