Vecinos de Mar del Plata le pidieron formalmente al intendente Guillermo Montenegro que en forma urgente conforme la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial con status consultivo y participativo, prevista en el artículo 20 del Código de Preservación Patrimonial.

Alrededor de 800 personas firmaron de manera presencial la solicitud que insta a cumplir la obligación del Departamento Ejecutivo y que se encuentra pendiente desde la fecha de la sanción de la Ordenanza 10.075 en 1995.

Los seguidores de la causa en contra de la construcción de la torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris recordaron que en los fundamentos del Código de Preservación Patrimonial se manifestaba que se dejaba su organización a la reglamentación del Ejecutivo por ser la forma más eficiente y dinámica, pero que desde entonces pasaron 30 años.

Mediante un comunicado, los peticionantes sostuvieron que “esta omisión de décadas constituye el incumplimiento de un deber jurídico que favorece, especialmente en los último años, al crecimiento exponencial de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial en concepto de ´reconocimiento a la preservación de bienes patrimoniales´, impulsadas por desarrolladores inmobiliarios sin la debida participación y consulta de instituciones o personalidades de reconocida idoneidad y actuación en material patrimonial, como la prevé la ordenanza”.

En el pedido enviado al jefe comunal se menciona también el documento del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), que “dice que las excepciones pueden transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata”, según denunciaron.

En realidad fueron dos pedidos: que se conforme urgentemente la Comisión convocando a instituciones y personalidades con la debida idoneidad, donde mencionaron a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito IX o el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, entre otros.  

Y a su vez, exigieron que se suspenda la elevación de nuevos anteproyectos de ordenanza que autoricen indicadores especiales en el marco del régimen de protección patrimonial, hasta que se conforme la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, respetando la obligatoriedad de su intervención en todos los expedientes en curso ante la Secretaría de Planeamiento Urbano, y los que ingresen luego del pedido.

Con motivo de la presentación de un proyecto de ordenanza para crear un Consejo de Vivienda, Hábitat y Derecho a la Ciudad que realizaron técnicos, arquitectos e ingenieros, el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito 9, Diego Domingorena, detalló de qué se trataría el nuevo organismo y remarcó que todos los conflictos urbanísticos están relacionados a “la falta de planificación de Mar del Plata”.

En principio, consideró que el problema “más grave” de la ciudad es el déficit habitacional, lo que se contempla en el proyecto, que además “atendería también a otras cuestiones urbanas, como el espacio público, el medio ambiente y la preservación del patrimonio”. El proyecto abarcaría diversos temas urbanos.

“Los consejos locales de Hábitat se crearon cuando se promulgó la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Instituciones y organizaciones lo intentaron y se presentaron en el Concejo Deliberante en 2015, pero no se aprobó. Luego estuvo años adormecido y una arquitecta de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó un nuevo proyecto en 2023, aunque era unipersonal y las instituciones no fueron convocadas. Después, el Concejo nos pidió una opinión, quedó a las caras que el proyecto no tenía nuestro aval y a los dos meses lo retomamos con una iniciativa participativa y democrática”, contó acerca de la manera en que llegó a ser presentado y puesto a evaluación del Concejo Deliberante.

En otro punto, con respecto a la discusión urbanística de la ciudad, Domingorena reconoció que “todo está cruzado y es muy trasversal”. Por un lado, explicó que el patrimonio está relacionado a la “aprobación de excepciones”, que a su vez está ligada a “las compensaciones que se deben capturar en el Municipio y ser derivadas al déficit habitacional”. 

Y por otro, indicó que el proyecto presentado contempla a “todos los sectores” e incluye a todas las secretarías del Ejecutivo, a los colegios profesionales, a las universidades y a la Cámara de Desarrolladores, que “es una novedad porque en ningún consejo local de la Provincia está incluido”. Sobre esta última acotación, añadió que le parece “fundamental” su presencia porque de acuerdo a su criterio “deben estar todas las representaciones de los actores”.

Asimismo, expresó que con obras de valor patrimonial hay un “modus operandi” de los desarrolladores que “saben que si adquirís una vivienda de esas características, contra la promesa de no demolerla, el Municipio le otorga excepciones en cuanto a los indicadores, que podrían otorgarse pero con una compensación que sirva para atender el déficit habitacional”. 

Y resumió que todos los conflictos mencionados “están vinculados a la falta de planificación de la ciudad”, uno de los reclamos que llevan las organizaciones. “Hace falta planificar la ciudad, no porque sea un problema de esta gestión, sino porque hace varias décadas que la ciudad no es planificada. Y eso nos trae problemas como la movilidad, la circulación, el estacionamiento y la falta de infraestructura de servicios”, concluyó el líder del Colegio de Arquitectos.