El caso de Noelia Castillo volvió a poner en primer plano el debate sobre la eutanasia en España, un derecho que está regulado desde 2021 y que permite a ciertos pacientes solicitar ayuda médica para poner fin a su vida en condiciones específicas.

La legislación española contempla esta práctica para personas que padecen enfermedades graves e incurables o sufrimientos crónicos que resultan intolerables y sin posibilidad de mejora. En ese marco, el sistema de salud ofrece un procedimiento garantizado, supervisado y con múltiples controles para asegurar que la decisión sea libre y consciente.  

El trámite comienza con una solicitud formal del paciente, que debe realizarse por escrito tras recibir información médica completa sobre su diagnóstico, alternativas y cuidados disponibles. Luego se inicia un proceso de diálogo con el profesional de salud responsable, en el que se evalúan las condiciones clínicas y la voluntad de la persona.

Uno de los puntos clave es que la petición debe reiterarse en el tiempo: el solicitante tiene que confirmar su decisión en más de una instancia, salvo en situaciones donde el deterioro sea inminente. Posteriormente, interviene un segundo médico independiente que revisa el caso y emite un informe para validar que se cumplan todos los requisitos legales.  

Además, cada caso es analizado por una comisión de garantía y evaluación, un organismo encargado de supervisar el proceso y autorizar la práctica. Este paso busca reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades.

La normativa también establece que la eutanasia puede realizarse tanto en centros de salud como en el domicilio del paciente, y siempre dentro del sistema sanitario. Asimismo, los profesionales tienen derecho a objetar por razones de conciencia, aunque el Estado debe asegurar que el servicio esté disponible para quienes lo soliciten.  

El procedimiento puede ser revocado en cualquier momento por la persona solicitante, lo que refuerza el carácter voluntario de la decisión.

En este contexto, la joven, quien atravesó un extenso proceso judicial antes de acceder a este derecho, reavivó la discusión pública sobre los límites entre la autonomía individual, el rol del Estado y la intervención de terceros en decisiones vinculadas al final de la vida. 

Noelia Castillo denunció haber sido víctima de abuso en el pasado, una experiencia que dejó secuelas profundas en su salud emocional. Con el paso del tiempo, su estado se fue deteriorando, tanto a nivel físico como psicológico, hasta llevarla a atravesar episodios de extrema angustia, incluido un intento de suicidio. Frente a ese contexto, y padeciendo una situación que consideraba irreversible, inició el camino legal para acceder a la eutanasia. Su historia expone no solo el derecho a decidir sobre el final de la vida, sino también la complejidad de los factores personales, médicos y sociales que intervienen en este tipo de decisiones.

A María del Carmen Ludueña le cambió la cara. Le brillaron los ojos, sonrió, se emocionó. Puso cara de alivio y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso que la presentación judicial que hizo para acceder a la eutanasia sea analizada.

María tiene 63 años y vive en La Reja, Moreno. Desde hace siete años está postrada en su cama: tienen que acomodarle los almohadones y el cuerpo para que pueda dormir, cortarle la comida bien chiquita o esperar a que las galletitas se disuelvan en el café con leche, darle de comer y de tomar en la boca, cambiarle los pañales y el canal del televisor.

Su parálisis es la consecuencia del deterioro irreversible que le produce la artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave, resistente a antiinflamatorios, corticoides e hidroxicloroquina que le diagnosticaron en 2001, después de varios años de incertidumbre sobre los dolores articulares que no paraban de crecer. Esos dolores se volvieron resistentes a la analgesia con el correr de los años: María los siente todos los días, a todas las horas.

En noviembre de 2024, a través de un defensor oficial, presentó un recurso de amparo para acceder a la eutanasia, es decir, la asistencia médica para morir. La solicitud fue rechazada en primera y en segunda instancia.

En ambos casos, el rechazo fue in limine, es decir, de antemano y porque no existe legislación que avale la práctica de la eutanasia en Argentina. Se desestimó el pedido sin que ninguno de los dos tribunales analizara el escenario particular y concreto de María. Pero la Suprema Corte provincial acaba de instar a que eso cambie. Más allá de que no haya una ley que prevea el acceso a asistencia médica para morir, el máximo tribunal bonaerense ordenó que se examine el caso particular de la solicitante.

En el documento, la Corte se refiere a que “las especiales y desdichadas circunstancias que rodean al caso, en definitiva, comprometen prerrogativas constitucionales de primerísimo orden que hacen al derecho a la vida, a la autonomía de la voluntad y a la dignidad humana”.

“Denegar de forma liminar -como aquí- la apertura de la jurisdicción debe considerarse una flagrante violación del acceso a la justicia y al debido proceso”, suma la argumentación emitida por el máximo tribunal de la Provincia.

“Era la mejor noticia que podíamos recibir en esta instancia, donde lo que la Corte debía definir era si avalaba que se analice el caso de María o ratificaba el rechazo in limine de las instancias anteriores”, sostiene en Edgardo Pablo Molins, defensor oficial de Ludueña.

El fallo ordenó que sea un juzgado del fuero Contencioso Administrativo el que revise la solicitud de María, contemplando su caso particular. Y como en la sección judicial que le corresponde, que es la de General Rodríguez, no hay un juzgado abierto en ese fuero, la causa seguirá su curso en la sección judicial de Mercedes, donde deberá tomarla el juez Luis Oscar Laserna.

En la Argentina, hay cinco proyectos de ley presentados en el Congreso para legalizar la asistencia médica para morir: todos perderían estado parlamentario a fines de este año

A diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, esta vez María y sus abogados tendrán la oportunidad de presentar documentación para sostener su pedido. La Justicia tendrá delante de sí todas las pruebas ofrecidas por la defensa de María originalmente, que hasta ahora no habían sido evaluadas en ninguna instancia. Son historias clínicas, descripciones de los tratamientos que atraviesa y solicitudes para que los centros sanitarios que la atendieron presten la información necesaria sobre su cuadro.

Además, se prevé que declaren familiares, médicos y enfermeras que acompañan y acompañaron a Ludueña en todos estos años, así como una pericia médica, psiquiátrica y psicológica que determine su capacidad para decidir y su inequívoca voluntad a la hora de solicitar el acceso a la asistencia médica para morir.

La Justicia, según ordenó la Corte, debería evaluar los informes sobre el escenario actual y el pronóstico de María, y estimar la gravedad, intensidad y cronicidad de sus padecimientos físicos y psíquicos. Ella lo describió así: “¿Quién me puede decir que esto es vida? Esto no es vida, esto es una tortura. Me hablan de darme las mejores condiciones para que tenga la mayor calidad de vida posible, ¿qué calidad de vida? Esto es un calvario, yo lo único que pido es clemencia, que alguien me escuche y me ayude”.

La defensa de María tiene previsto también convocar a expertos en cuestiones de bioética dispuestos a dar su parecer sobre el caso. Pero lo más importante es que se solicitará que el juez o, llegada una segunda instancia, el tribunal se acerque al domicilio de María para escuchar de su propia boca su historia, sus padecimientos y su pedido.

María necesita que la ayuden a moverse en la cama de la que no puede salir, a comer ya beber, y que le cambien pañales. Fotos: Gastón Taylor

“Cualquiera que pase 24 horas como yo pediría lo mismo”, dijo Ludueña hace apenas unos días, desde la cama de la que no puede moverse -y en la que no puede moverse sin ayuda- desde hace siete años. “Por desgracia mi mente es muy lúcida. Porque si al menos tuviera algún problema mental que me tuviera más perdida, no me daría cuenta de todo lo que pasa. Pero me doy cuenta de todo”, sumó María, acompañada por su hija Mariela, que vive en el mismo terreno que ella y que hace malabares entre el cuidado de su mamá, el de sus dos hijos y el trabajo.

“Creo que el momento de morir sería un momento feliz. Que me iría contenta y que libraría mucho a mi hija. Por eso pido que alguien me escuche y se ponga de mi lado (...) Siento un cansancio de cuerpo y de mente que no puedo describir, por eso quisiera cerrar los ojos e irme. No sé qué me espera después de eso, pero creo que va a ser mejor que lo que tengo ahora”, reflexionó María.

La Suprema Corte de la Provincia acaba de dar el primer paso para que, después de dos rechazos sin interiorizarse sobre su historia y su sufrimiento, finalmente alguien la escuche.

Fuente: infobae

Uruguay marcó un hecho histórico este miércoles al aprobar la ley de eutanasia, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en legalizar la denominada “muerte digna”. La votación, que se realizó en la Cámara de Senadores, contó con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, tras más de diez horas de intenso debate.

La norma establece que podrán acceder al procedimiento las personas mayores de edad psíquicamente aptas que atraviesen una etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o padezcan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables a causa de ellas.

Según el texto aprobado, podrán ampararse en la ley ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia habitual en el país, garantizando así un marco de acceso amplio pero controlado.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 180 días, y posteriormente se conformará una Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la supervisión y control de los procedimientos realizados bajo el nuevo régimen.

Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos, y elaborará un informe anual que será remitido al Ejecutivo y a la Asamblea General.

Con esta sanción, Uruguay se suma a una lista reducida de países, entre ellos España, Bélgica y Países Bajos, que reconocen la eutanasia como un derecho humano vinculado a la libertad individual y la dignidad en el final de la vida.

Fuente: NA

En la madrugada del 13 de agosto, la Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción a un proyecto que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, convirtiéndose en el tercer país de América Latina, junto con Colombia y Ecuador, en avanzar hacia un marco regulatorio para estas prácticas.

La iniciativa, debatida durante más de cinco horas, obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, superando con holgura el mínimo de 50 adhesiones requerido. El texto garantiza “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y promete una muerte “indolora, apacible y respetuosa” para quienes la soliciten cumpliendo requisitos estrictos.

El procedimiento estará disponible para mayores de edad con plena capacidad psíquica que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, o sufran dolores insoportables. La solicitud deberá ser avalada por al menos dos profesionales de la salud, y sólo podrán acceder ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

Impulsada por el Frente Amplio y acompañada por sectores de la oposición, la norma es fruto de un trabajo legislativo iniciado a comienzos de 2025. El oficialismo en el Senado buscará ratificarla antes de fin de año, lo que dejaría a Uruguay con una legislación pionera en la región.

En el plano internacional, Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunos estados de EE.UU. y Australia ya cuentan con marcos legales para la eutanasia. En Uruguay, una encuesta de Factum de 2022 reveló que el 77% de la población apoyaba su legalización en determinadas circunstancias, un respaldo social que, sumado a la mayoría parlamentaria, allana el camino para su aprobación definitiva.

Fuente: Infobae

Recientemente, Alain Delon expresó su deseo de morir mediante una eutanasia programada. Tras las declaraciones del actor francés, un medio brasileño dio detalles del procedimiento: recibiría la inyección que se utiliza para la pena de muerte.

De acuerdo a lo informado por el medio R7, la ley suiza requiere que de su manifestación expresa realizada en más de una ocasión. Además, debe presentar una enfermedad incurable y encontrarse en una situación de angustia física o psicológica, distinta de la depresión.

En lo que respecta a la droga suministrada, indicaron que sería el pentobarbital sódico, un fármaco que en Estados Unidos se utiliza como inyección letal para los condenados a muerte.

Por último destacaron que desde Dignitas, la organización suiza sin fines de lucro dedicada a la ayuda al suicidio asistido, aclaran que “este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro”.

Alain Delon le pidió a su hijo que lo ayude a morir a través de la eutanasia Así lo confirmó el propio Anthony Delon en una entrevista con la radio francesa RTL. Según explicó el joven, su padre empezó a considerar la muerte asistida luego de haber visto a su exesposa Nathalie Delon luchando contra el cáncer de páncreas.

Si bien su madre no utilizó este método, habían organizado todo por si era necesario asistirla en sus últimos días. Cabe notar que Alain vive en Suiza, donde la eutanasia es legal.