El Gobierno puso en marcha el nuevo Régimen Penal Tributario, publicado en el Boletín Oficial, que actualiza los montos mínimos de punibilidad y modifica los procedimientos de fiscalización y sanción aplicables a contribuyentes. La medida, establecida en la Ley 27.799 -conocida como “Inocencia Fiscal”-, introduce cambios sustanciales en los umbrales para delitos e infracciones tributarias, informaron desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

La reforma eleva el monto mínimo para considerar la existencia de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones por cada tributo y ejercicio anual. En el caso de la evasión agravada, el piso se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. Asimismo, la evasión de recursos de la seguridad social tendrá un mínimo de $100 millones, mientras que su variante agravada se fija en $10 millones.

El aprovechamiento indebido de beneficios fiscales será sancionado a partir de los $7 millones, y la retención indebida de aportes de la seguridad social cuando supere los $20 millones. La norma también sustituye artículos del Régimen Penal Tributario establecido en la Ley 27.430, así como disposiciones de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y del Código Civil y Comercial de la Nación.

En relación con la extinción de la acción penal, la ley establece que la administración tributaria no formulará denuncia si el contribuyente cancela de forma total e incondicional la deuda y los intereses antes de la presentación de la denuncia. Este beneficio podrá utilizarse una única vez por cada persona física o jurídica.

Si la acción penal ya se hubiera iniciado, el imputado contará con 30 días hábiles desde la notificación para pagar la deuda más un 50% adicional, lo que permitirá extinguir el proceso judicial. En materia de prescripción, se reduce de cinco a tres años el plazo para que el Fisco exija impuestos a contribuyentes inscriptos que presentaron sus declaraciones en término.

Este beneficio se pierde si existe una “discrepancia significativa”, definida como una diferencia superior al 15% entre lo declarado y lo determinado por ARCA, o cuando la diferencia supere los $100 millones establecidos en el artículo 1 del régimen.

La ley crea además un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Quienes opten por esta modalidad y paguen en término la declaración propuesta por el organismo recaudador obtendrán un efecto liberatorio que impide futuras acciones civiles o penales por ese período fiscal, salvo en casos de facturas apócrifas o ingresos omitidos.

Finalmente, se dispone que todos los montos mencionados se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero de 2027 según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Para determinar si un hecho constituye delito, se tomará el monto vigente al momento de la comisión, mientras que para las multas se aplicará el valor vigente al momento del pago.

El 18 de mayo, cerca de la medianoche, personal del Comando de Patrullas aprehendió a un joven de 20 años que intentó sustraer una carretilla con herramientas del patio de una vivienda ubicada en calle Rondeau al 500. 

El hecho fue advertido gracias a un llamado al 911 y los efectivos lograron interceptarlo en el lugar. Sin embargo, durante el procedimiento, el imputado logró darse a la fuga.

El 25 de mayo efectivos del Comando de Patrullas junto a personal de la Comisaría Tercera obtuvieron información sobre el paradero del joven, quien se encontraba en la zona de Acha al 700. 

Tras un operativo cerrojo, lograron identificarlo y detenerlo nuevamente. En el momento del arresto, el imputado intentó brindar una identidad falsa y se comprobó que había modificado su aspecto físico para evitar ser reconocido.

Intervino el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Francisco Tapia, quien dispuso que se labren las actuaciones de rigor y que el detenido sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En un operativo de fiscalización en la localidad de Tigre, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) relevó dos torres de lujo, de aproximadamente 30.000 metros cuadrados construidos, que tributaban como terrenos baldíos pese a estar en condiciones de habitabilidad.

Las construcciones corresponden a los edificios Sky One y Sky Two, ubicados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un desarrollo inmobiliario de alto valor que cuenta con una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados, playas de arena, áreas de esparcimiento y un sector deportivo con canchas de fútbol y tenis.

Cada unidad en estas torres de alta gama cuenta con terrazas con vistas panorámicas, amenities premium como piscinas climatizadas, gimnasio de última generación y salones de usos múltiples. Además, el complejo ofrece seguridad privada las 24 horas y acceso exclusivo a su playa artificial. A pesar de que estos departamentos alcanzan un valor de U$S 4.000 por metro cuadrado, sus propietarios continuaban tributando como si se tratara de terrenos baldíos, evadiendo así el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente.

Cristian Girard, director de ARBA, subrayó la importancia de estas fiscalizaciones: "Cuando la riqueza invertida en este tipo de emprendimientos de gran escala y alto valor económico evade impuestos, agudiza la crisis social, desfinanciando al Estado y afectando así los que menos tienen y peor están. La fiscalización es clave para que cada cual aporte según su real capacidad contributiva y así podamos fortalecer los recursos públicos para mejorar la infraestructura y los servicios en la Provincia".

Asimismo, el titular de ARBA señaló la responsabilidad de los desarrolladores del proyecto, quienes deben regularizar su situación con el fisco: "Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Vamos a seguir profundizando estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones igual que hace el resto de los bonaerenses que están en regla y pagan sus impuestos al día, que son la enorme mayoría".

Dos torres de lujo, en Tigre, con 30.000 m² construidos pagaban como baldíos. Los edificios Sky One y Sky Two, en el exclusivo Remeros Beach, tienen unidades valuadas en U$S 4.000/m², pero evadían el Impuesto Inmobiliario Edificado. pic.twitter.com/EubLk9lz0t

Las acciones de fiscalización de ARBA buscan fortalecer la equidad tributaria, garantizando que los sectores de mayor capacidad económica aporten lo que corresponde y evitando que la evasión impacte en el financiamiento de políticas públicas esenciales para la comunidad.

Desde que comenzó el año, ya se desarrollaron operativos presenciales en zonas residenciales de alto valor en Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando, reafirmando el compromiso de la Provincia con una recaudación justa y progresiva. En conjunto, durante 2025, ya se regularizaron más de 280 mil metros cuadrados que no tributaban adecuadamente.

Un total de 17 presos se fugaron anoche de la Alcaldía N°9 del porteño barrio de Liniers, ubicada en Gana al 400.

Según las primeras informaciones, los malvivientes hicieron un boquete y concretaron la masiva fuga.

Según se indicó, de los diecisiete evadidos once son argentinos y seis de nacionalidad chilena. La mitad cuenta con domicilio en provincia de Buenos Aires, mientras que cinco de ellos se encontraban cumpliendo una condena en dependencias de Capital Federal.

La Policía de la Ciudad se encuentra realizando tareas de investigación, desplegando brigadas y realizando un operativo cerrojo para dar con los evadidos.

La Justicia local condenó a tres empresarios portuarios y a su contador por “evasión agravada” por sumas cercanas a los seis millones de dólares. El fallo llegó luego de casi dos años de juicio oral y público, en una causa en la que fue querellante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La condena alcanza a los empresarios “por evasión agravada del impuesto a las Ganancias, por la obtención fraudulenta de reintegros de IVA por exportación y por la apropiación indebida de aportes previsionales, perpetrados por la empresa pesquera a través de sus directivos”, según un comunicado de la agencia de recaudación nacional. Agregan que el contador fue también condenado por los reintegros del IVA, en carácter de “partícipe necesario”.

“El perjuicio fiscal que se verificó en esta causa asciende a una suma cercana a los 6 millones de dólares llevados a valores constantes o reales”, añadieron desde la AFIP.

El Tribunal entendió que la empresa utilizó facturación falsa, “detectándose la utilización de múltiples proveedores apócrifos”.

En cuanto a las penas, los dos dueños de la compañía recibieron cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, multas y las costas del proceso. El presidente de la sociedad, en tanto, fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, multas, más las costas del proceso. 

Y el contador dictaminante en los expedientes correspondientes al reintegro de IVA por la exportación recibió la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, multas, las costas del proceso e inhabilitación especial por el mismo tiempo establecido en la condena para ejercer la profesión de contador público nacional, administrador de empresas y profesiones afines.

Fuente: Infobae

El Diputado Provincial del Frente Social y Popular de la Provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, dialogó con Hoy es Mejor por Radio Mitre Mar del Plata sobre el pedido de informe que presentó en el ejecutivo de la provincia vecina, por las irregularidades en los controles sobre los balances de la Fundación Leo Messi.

"Hace dos semanas presentamos un pedido de informe para que el ejecutivo, a través de una de las agencias del estado santafesino que es la inspección general de personas jurídicas, de por qué durante tantos años miró para otro lado cuando la Fundación Messi no presentaba los balances, no tenía papeles en orden y lo que es peor, generaba un circuito de dinero millonario en euros que pasaba por la ciudad de Rosario pero no quedaba registro", manifestó el diputado.

Según del Frade, La Fundación Leo Messi con sede en Rosario, solo presentó balances en los últimos dos años, y en este sentido el diputado expresó que "queremos saber cuál fue la mirada del estado santafesino sabiendo que en ese momento, el Ministerio de Justicia de Santa Fe empezaba a alertar sobre maniobras de potencial lavado de dinero de la fundación Messi".

"No hubo respuestas por parte del gobierno. Ahora comenzará el proceso de sesiones ordinarias en la legislatura y vamos a insistir en las comisiones para que esto se responda", explicó.

En este sentido, Frade reflexionó que es "llamativo que todavía siga funcionando la fundación. Se ha naturalizado la idea de que el delito económico y especialmente de las figuras de porte internacional, terminan generando muchísima impunidad a su alrededor". 

Por último, el diputado mostró su disconformidad con la complicidad de los poderosos con los funcionarios públicos, "sobretodo en Santa Fe donde hay muchos casos de lavado de dinero o con elementos vinculados al narcotráfico. Preocupa mucho políticamente, me da la sensación que el paraguas protector que ha generado la fundación Messi es que ese apellido ha generado mucha impunidad".

"Integrantes de la familia Messi ya vienen cayendo en reiterados elementos de equivocación en la convivencia social, tanto el hermano de él como el padre han estado vinculados a negocios que no tienen ninguna necesidad de hacerlos ilegalmente por la cantidad de dinero que maneja la familia", finalizó.

La hija de uno de los dueños del Complejo Sobremonte de Mar del Plata fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza acusada por el delito de asociación ilícita fiscal, según lo que informó en las últimas horas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Todo comenzó hace cuatro años con una causa que investigó a los responsables de la explotación económica del tradicional boliche por llevar adelante, entre 2003 a 2014, maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.

Por este motivo, en junio del año pasado, el juez federal 1, Santiago Inchausti, procesó a diez personas por el delito de asociación ilícita fiscal: a cuatro de ellas en calidad de jefes y al resto como miembro, según consignó Télam.

De acuerdo al fallo, los organizadores de la operatoria colocaron delante de cada una de las unidades que integran el complejo –confiterías, bocas de expendio de bebidas, restaurantes, discotecas- a diversas sociedades creadas con el objetivo de “separar su funcionamiento de los verdaderos titulares”.

Uno de los aspectos que sobresalió en la pesquisa es la notable inconsistencia que surgió entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados.

La hija de una de los dueños del local nocturno había sido una de las procesadas, y el 4 de diciembre del año pasado el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata decretó la rebeldía de la imputada y ordenó su captura nacional e internacional.

Por este motivo, la mujer fue detenida en Ezeiza cuando arribó al país en un vuelo procedente de Costa Rica.

A grandes pasos y bajo un ritmo vertiginoso avanza una denuncia impulsada por un marplatense que pone cada vez más el foco de la Justicia sobre presuntos manejos fraudulentos de la Fundación Leo Messi, que, lejos de cumplir desde 2007 con numerosas promesas y proyectos sociales, sólo habría dedicado esfuerzos en lograr consolidar un millonario lavado de dinero a lo largo de sus años de funcionamiento.

El denunciante es Federico Rettori, quien prestó una activa colaboración para la entidad del futbolista argentino entre 2012 y 2015. Su llegada a la institución se gestó, precisamente, a raíz de una promesa: el hombre nacido en “La Feliz” es un reconocido activista social que participó en varios proyectos humanitarios alrededor del mundo, entre los cuales se destacó su intervención durante varios años en África para poder llevar adelante un programa sanitario nutricional para reducir la mortalidad infantil.

A través de la web de la Fundación Messi, el marplatense se contactó con la dirección de la fundación por mails poner en conocimiento su iniciativa. Obtuvo respuesta y empezó a trabajar para la organización que estaba encargada de desarrollar casi todas las actividades sociales y de comunicación de la Fundacion Messi: la empresa Social Team. Con el paso del tiempo, fortaleció una relación que, en 2012, permitió nombrarlo como "Responsable Europa de Social Team", bajo la condición de que en el corto plazo se garantizaría financiamiento para solventar las acciones humanitarias que impulsaba en África Occidental. Todos estos años Rettori trabajo ad honorem con la esperanza que se puedan consolidar muchos proyectos sociales.

Sin embargo, la esperanza de concretar el sueño por la llegada de auxilio financiero se dilataba, cosa que no fue excusa para que Rettori abandonara sus labores; por el contrario, el argentino siguió con la gestión de un sinnúmero de actividades y trabajos para la Fundación. Hasta que después de un tiempo empezó a ver con claridad que no se invertían en acciones sociales lo que se debería de acuerdo a los ingresos multimillonarios que tenia la Fundación por convenios de imagen que se hacían en nombre de “Leo Messi”. Eso, sumado a “actitudes deshonestas” que acusó de parte de los dirigentes de Social Team que lo motivaron a ponerse en contacto directo con Jorge Messi para advertirle que la Fundación no estaba invirtiendo el dinero socialmente como correspondía y que debía hacer algo al respecto.

"Todos los que trabajaban con Social Team veían entre otras cosas que no se trabajaba con transparencia, ni se destinaban los recursos de la Fundación Leo Messi para acciones sociales reales y concretas. Sino que era evidente que los fondos eran destinados o desviados a cuentas off shore en distintos países del mundo", se ratifica en la denuncia del marplatense, que cuenta con el patrocinio de los abogados Miguel Pierri y Pedro Fontanetto, a la que tuvo acceso El Marplatense.

La presentación, que se tramita desde agosto del año pasado con extrema reserva pero fuerte ritmo en el Juzgado Penal Económico Nº8 a cargo de Gustavo Meirovich, lanza sus acusaciones contra Leo Messi y su padre Jorge, quienes son vocales de la ONG, su hermano Rodrigo, Alejandro Rebosio - director internacional de Social Team -, Martín Giusseponi, coordinador general de la fundación, y "todas aquellas personas, aún no identificadas, que de una u otra manera, hayan manejado o manejen fondos" correspondientes a la entidad.

Con sede en Barcelona, la Fundación Leo Messi se gestó en 2007 con el objetivo de garantizar asistencia a niños en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad social en el mundo. Y dos años más tarde, la principal estrella del Barcelona y su padre crearon una delegación en Rosario con la misma denominación.

El dato curioso es que la construcción de la estructura en Argentina se hizo cuando la matriz de la ONG en España ni siquiera contaba con algún registro en el sistema de Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, lo cual se establece como un trámite de carácter obligatorio para ese país. La Fundación estuvo en España operando 6 años sin rendir cuentas a la autoridad española, es decir, sin estar registrada en el Registro que le permite tener la personería jurídica para tener actividad.

Con la acumulación de problemas fiscales que le urgían al futbolista, finalmente en 2013 la Fundación Leo Messi cumplir con la inscripción de rigor, después de permanecer con una operatoria en "negro" durante un lapso de seis años. Estas irregularidades ya habían significado un contundente disparador para que la Hacienda española comenzara con diversos pedidos de documentación ligados con el ingreso y egreso de dinero.

Según lo que consignó meses atrás el portal ABC de España, del dinero recaudado en España en esos ejercicios solo se sabe que hay seis millones de euros en cuentas en España, que se nutrían, principalmente, de los aportes que realizaba el Barcelona y su fundación homónima.

En su denuncia, Rettori insistió en que resultaba "evidente la connivencia y encubrimiento de Social Team y Fundación Leo Messi en simular la magnitud de la ayuda social, y crear una pantalla sobre las obligaciones reales de la Fundación". "Con el paso de los meses, se notaba cómo los fondos que debía invertir la Fundación en acciones sociales, según los principios de dicha institución, eran desviados a otras cuentas y que nada tenían que ver con el objeto fundacional, para el cual habíamos sido convocados", reveló.

Desde fines de mayo de 2014, el denunciante logró mantener un contacto más directo y fluido con el papá del crack del Barcelona. Pero el ex empleado de la ONG siguió sin tener respuestas concretas y dijo que "se comenzó a dar cuenta que Jorge Messi solo quería que sumara material social a la web, al Facebook, y así 'dibujar' acciones sociales de poco relieve con 'grandes avances' para justificar la misión social cuando en realidad el dinero que se tiene que invertir es desviado a cuentas ocultas en diferentes países".

"La realidad y la única verdad es que desde el nacimiento de la fundación hasta la fecha, se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales a lo que efectivamente se muestra en la web institucional, redes sociales y medios de comunicación", concluye Rettori.

IMPORTANTE AVANCE

En el transcurso de la pesquisa, el marplatense solicitó ser "amicus curiae" (amigo del tribunal) en la causa para tener acceso directo al expediente y proponer activamente distinta clase de medidas, pero esto fue rechazado por el juez Gustavo Meirovich.

Sin embargo, en la misma resolución en la que desestima la requisitoria, el magistrado destacó y reconoció que la documentación aportada por Federico Rettori permitió "impulso y avanzar en la instrucción", y al mismo tiempo aclaró que su dictamen no representa "obstáculo para que pueda realizar aportes de prueba o datos pertinentes y útiles a la investigación".

El hombre nacido en Mar del Plata ya fue citado a declarar tres veces como testigo en la causa. Además de presentar distintos elementos que acrediten su efectiva participación en la fundación Leo Messi, compartió con la Justicia balances sociales y copias de intercambio de mails y de charlas vía Skype con parte de la directiva de la entidad, donde se manifiestan las irregularidades constatadas.

El máximo responsable del Juzgado Penal Económico Nº8 ya dispuso desde fines del año pasado una "batería" de medidas para avanzar con la investigación, y por esta fecha, después de culminar el período de feria judicial, está abocado al análisis de los resultados que arrojaron para sustentar su hipótesis y avanzar con otras diligencias.

Tal como lo reflejó en los últimos días el portal Infobae, la Justicia todavía limita la posibilidad de la comisión de delito de evasión impositiva por parte de la ONG y sostiene que las maniobras denunciadas desembocarían en un importante lavado de activos. En el medio nacional, la Fundación Messi reconoció públicamente a través de sus abogados que los pagos a una sociedad off shore existieron, lo cual fue uno de los puntos más relevantes que denunció Rettori y que pone a la investigación en un punto muy comprometido hacia quienes manejaron fondos de la entidad.