Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka seguirán detenidos en la Unidad Penal VIII, de la localidad misionera de Cerro Azul, ya que Miguel Faria, titular del Juzgado Penal 4 de Apóstoles, les denegó hoy la excarcelación que habían solicitado hace 24 horas. Ambos están acusados de poseer y distribuir material de abuso sexual infantil.

Según informaron fuentes judiciales, Faria considera que existe en el caso del diputado y su hermano la “posibilidad de fuga y que puedan eludir la acción de la Justicia”.

El recurso presentado el martes por el abogado de los detenidos, Gonzalo de Paula, desde un principio contó con la oposición de la fiscal del caso, Silvia Barronis, quien recordó que los acusados pasaron una semana prófugos luego de que se emitieran los pedidos de detención.

Tras sus capturas, los hermanos Kiczka habían sido alojados en un principio en la Comisaría Segunda de San José, pero luego de una serie de imágenes que trascendieron, en las que se los vio compartiendo risas y tortas fritas con sus familiares, el domingo finalmente fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul “por motivos de seguridad”. Allí, permanecen separados del resto de los presos.

El pedido de excarcelación de los hermanos llegó luego de que el juez Faria encabezara en la mañana del martes un allanamiento en un bar ubicado en la calle Alvear al 600 de la localidad de Apóstoles, en el que antes funcionaba una radio.

Varios testigos indicaron que ese podría haber sido un lugar de captación de víctimas de los hermanos ahora presos. El dueño es Pedro Puerta, hijo del ex gobernador y efímero ex presidente de la Nación Ramón Puerta, un contacto político clave de Germán Kiczka. El procedimiento fue realizado por la Policía de Misiones.

El lugar había sido antes una oficina de Cigarros Misioneros, una empresa del grupo Puerta en la que el diputado preso trabajó antes de lanzarse a la política con su amigo Pedro. En el expediente aún no ha quedado establecido con claridad cuáles fueron las funciones específicas que Kiczka cumplió en la compañía.

Fuentes judiciales indicaron que en ese lugar el diputado Kiczka tenía una oficina. Por eso se decidió el registro. Para concretar el procedimiento, el magistrado debió recurrir a la asistencia de un cerrajero para abrir la puerta de la dependencia y también los cajones de los muebles. Tras la revisión exhaustiva del sitio, la Justicia secuestró una notebook, un teléfono celular y dispositivos de almacenamiento (como pendrives y CD’s), además de varios papeles.

Al finalizar el operativo, el juez Faria tuvo un breve contacto con la prensa: “Que la gente se quede tranquila. La causa avanza con total transparencia y garantías de que las cosas se están haciendo bien”. También negó la posibilidad de que el procedimiento haya tenido que ver con Pedro Puerta. “Germán Kiczka”, sentenció cuando se le preguntó a quién estaba vinculado el operativo.

La referencia a la “transparencia” con la que se lleva la causa responde a un fuerte malestar que Faria sintió en los últimos días a causa de declaraciones públicas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. La funcionaria consideró que a Germán Kiczka “deberían haberlo dejado detenido en el momento en el que le avisan que va a quedar imputado en una causa que tiene bastante gravedad y que lleva muchos años de cárcel”.

Fuente: Infobae

La querella del caso que sentenció a Daniel Viglione por estafas continuadas, solicitó que se rechace totalmente el pedido del condenado de obtener la excarcelación por libertad asistida. 

El falso analista económico, Daniel Viglione, fue condenado este viernes a 5 años y 6 meses de prisión por estafas continuadas. María Larsen, quien estaba signada como su presunta socia, fue absuelta. La sentencia fue dictada por la Jueza Correccional Ana Fernández.

Luego de la sentencia, la defensa del acusado pidió la prisión domiciliaria. La querella por su parte, quedó disconforme ya que la calificación del hecho fue “Estafas continuadas” y para Julio Razona, abogado a cargo de la querella, los delitos continuados solo se pueden tipificar cuando el damnificado es una sola víctima. "Hemos pedido que se apliquen las penas que corresponden a la correcta tipificación de los delitos cometidos: “Estafas Reitareada en Concurso Real”, lo que implica la suma aritmética de cada una de las estafas cometidas por este sujeto, que conforme el art. 55 del Código Penal no pueden exceder de 50 años de prisión, monto que hemos solicitado se le imponga, en estricto cumplimiento de la letra de la ley penal de fondo", explicó el abogado.

Por otro lado, alegan que el informe llevado a cabo por el Departamento Técnico Criminológico y los expedidos por el Servicio Penitenciario concluyen que se “estima inviable el otorgamiento de la EXCARCELACION en términos de LIBERTAD ASISTIDA”, sugiriendo que continúe detenido hasta incorporar “hábitos de trabajo”.

Además, la expectativa a ser condenado a una pena superior a la mínima que se le ha impuesto genera un peligro procesal enorme. "Máxime cuando Daniel Viglione no restituyó ni un centavo a ninguna de las víctimas, por lo tanto cuenta con una suma millonaria a su disposición, no se ha ordenado el seguimiento de las cuentas corrientes que poseía en el Uruguay, ni se le ha dado intervención al Departamento de Estado de los EEUU, como lo hemos solicitado las víctimas en su oportunidad a V.S. al alegar sobre el mérito de la prueba y pedir se lo condene", explayó.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa de la "ruta del dinero k" por lavado de dinero.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quiénes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación, por lo que tampoco se modifica su situación.

Lázaro Báez y Gadín están detenidos desde abril de 2016, mientras que Martín Báez fue apresado la semana pasada luego de que se descubrió que movió 5.5 millones de dólares de una cuenta bancaria en Bahamas, lo que para la justicia es una obstaculización a la causa, informó Infobae.

En el juicio se juzga el presunto lavado de cerca de 40 millones de dólares por parte de los Báez y sus empresas constructoras.