La causa contra el pastor evangélico Roberto Tagliabué, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en una decisión fuertemente cuestionada por la fiscalía, dio un paso clave: el juez concedió el recurso y la apelación ya fue mantenida oficialmente ante Casación por el fiscal Mario Villar.

El expediente ingresó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde quedó radicado en la Sala I. Desde allí, Villar presentó un escrito ratificando el recurso impulsado inicialmente por la fiscal Laura Mazzaferri y el fiscal general Marcelo Colombo, quienes habían advertido que el fallo absolutorio era “arbitrario” y contrario a la legislación vigente.Según fuentes judiciales, tras la intervención del fiscal, la Cámara deberá correr traslado al abogado defensor y, una vez cumplido ese paso, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

La apelación busca revertir la absolución que el mes pasado dejó sin condena a Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai, a quien la fiscalía acusa de haber montado un esquema de explotación que alcanzó a jóvenes y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio, reclutaba a las víctimas bajo la promesa de asistencia, recuperación de consumos problemáticos y alojamiento, pero terminaba sometiéndolas a condiciones de servidumbre.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron en que el pastor explotó laboralmente a nueve personas —incluyendo un menor y una persona con discapacidad—, y que incluso habría ejercido ilegalmente la medicina. Por eso solicitaron una pena de 14 años de prisión, la inhabilitación perpetua para toda actividad vinculada a la salud o la asistencia comunitaria, la reparación integral a las víctimas y el decomiso de los bienes que, según sostienen, se habrían utilizado para cometer los delitos.

La investigación reveló que, además de la iglesia, Tagliabué habría utilizado un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar el trabajo de los jóvenes. También se habrían apropiado de pensiones por discapacidad, asignaciones y otros subsidios estatales durante más de veinte años, período en el que el pastor consolidó influencia barrial y una estructura que, según la fiscalía, funcionaba como un mecanismo de sometimiento.

Con la apelación ya firme en Casación, el futuro judicial del caso queda en manos de los magistrados de la Sala I, quienes deberán definir si reabren el camino hacia una eventual condena o si sostienen la absolución dictada en Mar del Plata.

Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en establecimientos rurales de Batán en los que identificaron y entrevistaron a decenas de personas, constataron situaciones particulares de la actividad laboral y secuestraron armamento, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos con un valor superior a los 200 millones de pesos.

El operativo se realizó a raíz de las órdenes emanadas por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, la Secretaría Penal Nº 2 e Instrucción Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri.

El primer objetivo fue un predio de Batán, en el que personal de la fuerza encontró al responsable del establecimiento y secuestró materiales y elementos relacionados con la causa, como una escopeta calibre 16 con 9 cartuchos sin percutir, dos teléfonos celulares, un DVR de cámaras de vigilancia, más de 256 mil pesos, 100 dólares y 190 pesos bolivianos en efectivo, anotaciones varias de interés para la investigación, cuatro cheques y una tarjeta de memoria.

En este marco, identificaron y entrevistaron a 30 posibles víctimas de trata, de las cuales 21 eran mayores de edad (17 extranjeros y 4 argentinos) y 9 menores (4 extranjeros y 5 argentinos).

En el segundo objetivo, el personal de la PNA halló a un hombre y una mujer responsables del lugar e incautó una pistola, cargadores y municiones y una alta suma de dinero en efectivo: más de 182 mil dólares, casi cinco millones de pesos y otras divisas.

También decomisaron elementos electrónicos (un celular, un DVR, un disco sólido 4TB WD, una computadora de escritorio, una notebook y un pendrive) y documentación de interés para la causa e identificaron a 19 personas (12 extranjeros y 7 argentinos).

En el tercer objetivo, ubicado en inmediaciones de El Boquerón, se encontraba un hombre, quien dijo ser el dueño del establecimiento. Tras el registro del sitio, secuestraron una escopeta, una pistola y municiones.

Allí, del mismo modo, secuestraron dinero en efectivo (más de 2.700.000 pesos y 4.900 dólares), elementos electrónicos (dos celulares y un DVR) y elementos de interés para la causa (una máquina cuenta billetes y documentaciones varias). Además, se identificaron y entrevistaron a 10 personas (5 extranjeros nacionalizados y 5 argentinos).

El valor total de todo lo secuestrado supera los 200 millones de pesos.

Tras la denuncia por parte de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), en donde afirman que una cafetería local no cumple con las legalidades que le corresponden a los empleados en sus cinco sucursales. 

En la misma afirman que los comercios poseen trabajadores en negro, sueldos por debajo de la escala salarialn y trabajadores de media jornada “mentirosa”.

Sobre esto, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín dialogó con El Marplatense y dijo: "Por el momento, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el mediodía. La verdad es que hasta ahora no hay nada concreto. Hoy seguimos en foja cero con trabajadores precarizados, cobrando por debajo de la escala salarial, no se les respeta el plus, los esconden cuando hay inspecciones, bajo llave". 

“La verdad es que hasta el momento no hubo una oferta concreta para resolver esto. En las últimas horas se recibieron varios despidos discriminatorios que tienen que ver con este trabajo de exigirles una correcta registración laboral. Nos están tomando el pelo. Se ven intenciones muy claras de no querer resolver la cuestión del fondo”, expresó. 

“La verdad me dan vergüenza todo este tipo de situaciones e irregularidades hacia los trabajadores, que vienen de parte de un empleado judicial en una clara maniobra fraudulenta al mismo sistema porque es un empleado que es dueño de los establecimientos. Éste, tiene como testaferro a su mujer que es la que figura como titular pero nosotros tenemos elementos probatorios de que él siempre se presentó como dueño del establecimiento y que se dirigió hacia nosotros como tal”, agregó el referente. 

Y adhirió que tienen “mensajes, llamadas y muchos empleados de testigos a los que él siempre se dirigió como dueño de la empresa. La verdad que da vergüenza que todavía tengamos este tipo de situaciones y que no sabemos si enfrentamos a un empresario gastronómico que tiene en la informalidad a sus trabajadores o a la justicia”. 

“No sabemos contra quién tenemos que discutir así que vamos a seguir en esta línea peleando, a esperar la audiencia del mediodía y no nos pensamos mover de nuestra postura, corresponde tienen que tener todo en regla como corresponde”, finalizó el Secretario General.

El Ministerio Público Fiscal propuso al Colegio de Abogados la posibilidad de brindar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, en cuestiones relativas al derecho laboral, administrativo, civil y/o de familia, como también su representación como querellantes en causas penales.

A raíz de la detección de la vulneración de derechos de trabajadores, incluso de niños y niñas, en el cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán el fiscal general Daniel Adler, presentó la propuesta al presidente de la entidad, Fabián Portillo.

Para esto, el Consejo Directivo Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata puso a disposición sus vías de comunicación.

En su propuesta, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación reparó en que a partir de las investigaciones por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral “se ha observado una gran cantidad de trabajadores/as con derechos laborales que son vulnerados por parte de los empleadores, como así también situaciones de trabajo infantil, fundamentalmente en el cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán”.

Si bien contempló que algunos de estos casos puedan o no ser enmarcados bajo la figura del delito de trata de personas, se desprenden de ellos claras infracciones a la normativa que prescribe la ley contrato de trabajo, la ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (Ley 26.390) y del Régimen de Trabajo Agrario (ley 26.727).

“Son prácticamente nulos los supuestos en los que los trabajadores y las trabajadoras, en situación de franca vulnerabilidad social, conocen de los derechos que les asisten en la materia, lo que se traduce en la casi inexistente posibilidad de que insten ante el fuero laboral de la justicia ordinaria el reclamo económico y de cumplimiento de dignas condiciones laborales que les corresponde”, expresó Adler en la nota remitida al Colegio de Abogados.

Asimismo, reparó en que “vulnerable es aquel que por una adversidad o circunstancia especial se encuentra con menores posibilidades defensivas que el común de las personas, por lo que se presenta como blanco más fácil para que alguien lo dañe o lo perjudique”, según se desprende de las 100 reglas de Brasilia, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante acordada 5, de febrero de 2009.

Esta realidad viene siendo analizada en conjunto con quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, y así fue evidenciada en 2019 en el cuarto concurso “Jóvenes contra la Trata”, donde alumnos de escuelas secundarias trabajaron la temática por medio de distintas expresiones artísticas que tuvieron como común denominador la situación de vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras migrantes, de nula o escasa formación educativa, sumergidos en una situación económica crítica, y que pocas veces conocen los derechos que amparan el trabajo de la tierra.

Frente a ello, el fiscal general observó la necesidad de que trabajadores y trabajadoras cuenten con patrocinio legal propio a los efectos de poder participar activamente en el proceso penal en calidad de querellante -conforme lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación- en los casos en los que resulten ser víctimas de explotación laboral en los términos de la ley de trata 26.364, como así también poder litigar ante el fuero laboral ordinario en los casos que corresponda.

En este sentido, apuntó que la ley 27.372, que es la “Ley de derechos y Garantías de las Personas Víctimas”, creó la figura del Defensor Público de Víctimas, a los fines de patrocinar a damnificados/as por delitos en causas penales del fuero federal. La normativa señala que ese representante del Estado depende de la Defensoría General de la Nación, pero hasta el momento no ha sido designado en la jurisdicción.

El fiscal reseñó que el marco general al acuerdo alcanzado lo da la normativa internacional a la que se ha comprometido la República Argentina en pos de la asistencia a las personas damnificadas por el delito de trata, pero a su vez se estaría dando efectivo cumplimiento a los derechos y garantías indicados en el artículo 6 de la ley de trata 26.364, conforme texto modificado de la ley 26.842.

En ese sentido, la creación de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal (DOVIC) da cuenta de la obligación del Ministerio Público de, además de procurar investigaciones eficientes y respetuosas del debido proceso, atender la situación de las personas afectadas directamente por la comisión de ilícitos penales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de un hombre, que ya había sido condenado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en 2013, por someter a siete personas llegadas desde Bolivia, que desarrollaban tareas rurales y vivían en una quinta situada en la zona de Sierra de los Padres.

Para los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez “no se trata de un hecho aislado sino una práctica reiterada en la actividad comercial del imputado”, y mantuvieron también el embargo por un millón de pesos para garantizar, entre otras cosas, la indemnización civil de las víctimas.

Durante una audiencia oral y pública, el fiscal general Daniel Adler sostuvo la acusación hizo eje en la falta de registración, la manipulación de los testimonios y reparó en la situación de un niño de 12 años cuyo DNI estaba en poder de la mujer del acusado, cumplía tareas en la quinta antes de ir a la escuela y no tenía amigos ni jugaba. Por su parte, la defensa del imputado entendió que no existían elementos típicos y que la prueba había sido valorada de manera parcial.

Los jueces, al dictar resolución, entendieron que la falta de registración, las extensas jornadas de trabajo, la remuneración exigua, la ausencia de materiales de seguridad para trabajar en el campo y las precarias condiciones de habitabilidad, “no puede ser considerado como meras infracciones laborales o administrativas que rigen la actividad, sino como una verdadera sumisión a las condiciones impuestas por el ‘patrón’”.

La imputación que pesa sobre el dueño de la quinta “La Coca” -ubicada en el kilómetro 15,5 de la ruta 226- es la de haber participado en el acogimiento para su sometimiento a servidumbre con fines de explotación laboral a siete personas.

La resolución de los jueces repara en las declaraciones de las víctimas, y distingue aquellas prestadas al momento del allanamiento, de las recibidas luego en sede judicial. En la última instancia, dijeron que trabajaban solo de lunes a viernes, ocho horas por día y recibían uno 700 pesos por jornada. Antes, habían dado cuenta de jornadas de siete horas, pero con pagos de 600 pesos semanales o 200 diarios. Al igual que el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, pusieron en valor las primeras versiones, como “un relato espontáneo y sin injerencia externa”.

Sin embargo, la supuesta formalidad sólo se encontraba en esos discursos que pudieron ser “aleccionados”, porque no había registración, ni los derechos que conlleva como obra social, aguinaldos, vacaciones, ni percibían remuneración alguna los días no laborados por enfermedad, mal clima o los de descanso, tampoco cuando no había trabajo. Incluso, uno de los trabajadores expresó que el dueño del campo, a su pedido, le habría dado adelantos de dinero que le descontaba de lo trabajado al día siguiente, y que le habría pagado a sobrinos, de su paga diaria, por haberlo ayudado en las tareas de la quinta.

Por otro lado, quedó evidenciado que no se les proporcionaba a los trabajadores elementos de seguridad y protección personal. Y en relación a las viviendas, las constancias de la causa indican que las víctimas debieron amoblarlas, que los baños estaban afuera y a unos metros de las casas, y que no contaban con agua caliente.

De libertades y vulnerabilidad

Los jueces repararon en que si bien no había elementos para suponer que se afectaba la libertad de locomoción de las víctimas, estaba en evidencia “un menoscabo a la libertad en su faz interna, es decía al aspecto volitivo de la persona, a la capacidad de autodeterminarse, al punto de no reconocer la explotación que padecían lo cual se refleja en frases tales como ‘nos trataba bien’”.

Esto, explicaron luego, se encuentra en estrecha relación con el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban los trabajadores. En línea con las “100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”, mencionaron que “se encuentran en tal condición aquellas personas que tienen una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal”.

En este contexto, citaron un precedente propio e indicaron que “deberá tenerse especial consideración al grado de desarrollo cultural de las posibles víctimas, las concretas posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, la mayor o menor dificultad para lograr un sustento económico aceptable en relación a las posibilidades de obtener un empleo o trabajo acorde a su condición social y educativa, el marco social en el que pudo haberse criado y desarrollado distintas facetas de su vida personas y toda otra circunstancia que conforma el núcleo de la explotación característico de este tipo penal”.

Frente a ello, repararon en que la totalidad de las víctimas de esta causa son personas de nacionalidad boliviana, que según sus propias manifestaciones vinieron a la Argentina buscando trabajo, que si bien todas dijeron saber leer y escribir también expresaron tener inconclusa la escolaridad primaria. Y al mismo tiempo, desconocían a quién vendía el imputado la verdura producida y su precio, lo que los colocaba en una situación de desventaja para negociar una mayor paga o la mejora en las condiciones de vida.

Para los magistrados, esta realidad de las víctimas fue aprovechada por el acusado para someterlas a condiciones de explotación laboral, con el propósito de obtener los máximos beneficios económicos, “contribuyendo con ello a un proceso de sumisión, de anulación de la personalidad y de deterioro de la autoestima, que se retroalimenta profundizando el estado de vulnerabilidad y afectando gravemente la libertad de decisión”.

Agentes de la Delegación Mar del Plata de la Policía Federal rescataron en las últimas horas a un menor de 16 años que era explotado laboralmente por un hombre de nacionalidad italiana, de 67 años, en el barrio Villa Parque Hermoso.

Las investigaciones desplegadas por los efectivos policiales permitieron documentar las precarias condiciones de trabajo a las que era sometido el joven. A raíz de la evidencia recabada, el Juzgado Federal Nº 1, a través de la Secretaría Federal de Gabriela Balderramo Marino, ordenó el allanamiento del domicilio en el que se llevaba a cabo el delito de explotación laboral.

Durante el operativo, realizado conjuntamente con personal de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, División Minoridad del Municipio y AFIP, se rescató al menor y se detuvo al hombre, quien fue acusado por el delito de “trata de personas”.

El departamento Judicial de Mar del Plata encabeza el ránking nacional de las jurisdicciones con más condenas por trata de personas en la última década, según un informe difundido en los últimos días de diciembre por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).