Después de más de quince años de trámite y dos causas acumuladas, el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata dictó este jueves una sentencia que cerró una red de prostíbulos, con estructuras que se aprovechaban de la vulnerabilidad de mujeres migrantes que necesitaban trabajar para mantener a sus hijos.

El juez Nelson Javier Jarazo homologó un juicio abreviado para ocho imputados que admitieron su responsabilidad en la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, una figura previa a la Ley de Trata y aplicable porque los hechos son anteriores a la reforma de 2012. Todos recibieron tres años de prisión en suspenso.

La investigación reconstruyó el funcionamiento de tres locales: “Papucho”, en Ituzaingó; “El Sol”, también conocido como “Picoleto”, ubicado sobre la Ruta 7 en Chacabuco; y “Marilyn”, otro establecimiento de esa misma ciudad.

Entre testimonios, allanamientos e informes oficiales, los investigadores confirmaron que se trataba de prostíbulos donde las mujeres cobraban la mitad de cada servicio, mientras que el resto quedaba para quienes administraban los lugares.

El origen del expediente principal fue un oficio del Poder Judicial de Paraguay, que en 2010 buscaba verificar si mujeres paraguayas estaban siendo explotadas en locales nocturnos del Conurbano. Desde esa consulta se desataron varios operativos de Gendarmería en Ituzaingó y Capital Federal, en un procedimiento que después abrió nuevas líneas de investigación en Chacabuco.

En paralelo, la Delegación de Drogas Ilícitas de Junín recibió una denuncia anónima que apuntaba a una serie de prostíbulos en la zona. Una recorrida inicial confirmó que en al menos seis locales había mujeres que alternaban con clientes y ofrecían “pases”, que eran de 20 minutos, entre ellos el cabaret “Marilyn”. Esa causa avanzó por carriles separados, pero terminó unificada al comprobarse que la lógica de funcionamiento era exactamente la misma.

Dentro de ese esquema, cada imputado tenía un rol definido. Por un lado, María Agueda Acevedo Almada era la dueña y madama de “Papucho”. En su casa, los investigadores secuestraron habilitaciones, recibos y documentación que la vinculaban directamente al negocio.

Su hijo, Juan Pablo Patiño, actuaba como encargado. Era quien estaba detrás de la barra al momento del allanamiento, manejaba la caja diaria y organizaba el movimiento del local. Las mujeres lo identificaban como la persona que se quedaba con el 50% de cada servicio.

En Chacabuco, el cabaret “El Sol/Picoleto” era propiedad de Leticia Mariel Deantoni, quien durante la investigación intentó sostener que allí solo se vendían copas. Sin embargo, los allanamientos y los testimonios demostraron que había servicios sexuales, cuadernos con precios, habitaciones que solo se usaban para anotar los pases y una estructura administrativa en pleno funcionamiento.

Leticia Deantoni junto a otros dos imputados. (Foto: Facebook)

Junto a ella operaba José Alberto Pereyra, su pareja, a quien testigos señalaron como coadministrador. Estaba presente en el salón, manejaba dinero y supervisaba la actividad cotidiana. En la misma línea aparecía Cristina Beatriz Tucuri, identificada por las mujeres como la encargada que cobraba, daba órdenes y se ocupaba del control interno. Durante el operativo fue detenida en el lugar.

Mario Daniel Barrio cumplía tareas de administración y tenía acceso directo a la caja fuerte del establecimiento. Aunque intentó justificar su presencia alegando que cuidaba animales, la evidencia lo ubicó como parte central del manejo económico.

La causa paralela de “Marilyn” también estableció la responsabilidad de Jorge Ariel Galíndez, remisero de confianza del local, que además servía copas, cobraba pases, anotaba movimientos en planillas y actuaba como enlace permanente entre la dueña, su hija y las trabajadoras. Su condena terminó unificada con una pena anterior por “tenencia simple de estupefacientes”.

Un punto central del fallo es el cambio de calificación legal. Aunque los expedientes habían llegado a juicio como causas de trata, el fiscal general Rodolfo Molina evaluó que no se acreditaron restricciones a la libertad de las mujeres. La mayoría tenía celular, podían entrar y salir, y no existían indicios de captación violenta, encierro o amenazas.

Por eso, el fiscal propuso recalificar los hechos bajo el artículo 127 del Código Penal —en su versión anterior—, que castiga la explotación económica de la prostitución mediante abuso de poder. La figura es más leve, pero determinó que hubo un negocio “apoyado en la vulnerabilidad económica de mujeres migrantes, sin coerción física pero con una lógica de explotación clara”. Los imputados aceptaron la nueva calificación y la pena, y el juez homologó el acuerdo.

Esto se basó en las declaraciones de las víctimas, tomadas bajo resguardo, que fueron consistentes entre sí. Varias contaron que llegaron desde Paraguay o República Dominicana por “situaciones económicas apremiantes”. Algunas tenían hijos en sus países de origen.

Todas coincidieron en que no estaban encerradas, pero que la necesidad de trabajar todos los días, vivir dentro del predio y entregar la mitad de lo que ganaban generaba un “sometimiento ligado a la dependencia económica”. También mencionaron que, cuando no cumplían con los horarios o reglas establecidas, podían ser sancionadas con multas internas.

La Oficina de Rescate, que entrevistó a las mujeres bajo protocolo, concluyó que todas atravesaban una “marcada vulnerabilidad migratoria” y que el esquema dependía de un “abuso de poder transversal”, centrado en la “desigualdad económica y la ausencia de alternativas laborales”.

Finalmente, después de 15 años del inicio de la causa, los ocho imputados recibieron penas de tres años de prisión en suspenso. El juez valoró “el tiempo transcurrido, la falta de antecedentes computables y la aceptación de responsabilidad manifestada durante las audiencias personales”.

“Queda formalmente acreditado un modelo de explotación que funcionó durante años, con locales habilitados, recaudaciones sistemáticas y una lógica empresarial que se repetía en cada cabaret”, expresaron en el fallo. El caso también muestra cómo operaban los prostíbulos antes de la reforma de la ley de trata, que determina que sin secuestro o encierro físico, pero con una dependencia económica que resultó suficiente para configurar el delito.

Fuente: TN

La Justicia de Garantías de Mar del Plata, a cargo de la jueza Graciela Trill, avaló un allanamiento en dos departamentos ubicados en el complejo habitacional del SOIP, en la zona de Avenida Antártida Argentina al 3500.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación por explotación económica de la prostitución de personas mayores de edad. Durante el operativo, una víctima fue rescatada y trasladada al Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

Desde el Nosocomio indicaron a El Marplatense que la joven de 20 años tiene problemas de consumo, pero que se encuentra estable y en breve tendrá el alta.

Según trascendió, solo uno de los departamentos reviste interés directo para la causa. En relación al caso, la Justicia confirmó que hay un imputado detenido, quien quedó a disposición de la jueza de Garantías.

La investigación se inició hace algunos días a partir de una denuncia realizada al 911, por lo que se encuentra en una etapa incipiente. Los investigadores adelantaron que todavía restan medidas de prueba por concretar y que trabajan en la búsqueda de más posibles víctimas.

Una denuncia anónima desató una investigación judicial que expuso una presunta red de explotación sexual que operaba en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Lanús, vinculada a ciudadanos paraguayos.

Según fuentes del caso, tres mujeres fueron detenidas por promoción y explotación sexual, entre ellas una madre que habría obligado a su hija de 19 años a trabajar en uno de los inmuebles.

El expediente, que se tramita en la UFI N°8 especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, a cargo del fiscal Oscar Maidana, tomó forma en mayo pasado tras una alerta anónima que advertía sobre la existencia de varias mujeres en situación de sometimiento en distintos puntos de la avenida Hipólito Yrigoyen, en Lomas, y en un domicilio sobre Vélez Sársfield, en Lanús.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la DDI de Lomas de Zamora, que realizó allanamientos simultáneos en tres “privados” identificados como “Egipto”, “Olympus” y “Las Reinas del Sur”.

En esos lugares, los investigadores hallaron catálogos virtuales, sistemas de cobro, cámaras de vigilancia, dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa. También se secuestraron celulares, tarjetas SIM, computadoras, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo y elementos sexuales.

Según las fuentes, las mujeres eran ofrecidas a través de publicaciones activas en sitios web, que derivaban a aplicaciones de mensajería instantánea donde se compartían fotos, precios y disponibilidad. “Ahí aparecían todas las mujeres ofrecidas en dichos sitios. Detallaban quiénes estaban disponibles y los aranceles vigentes. Todas eran víctimas sometidas“, explicaron voceros judiciales.

Las principales sospechosas son I.C., de 39 años, y M.C., de 45, quienes serían familiares y parte de una familia de ciudadanos paraguayos que controlaría la estructura. En el caso de I.C., se la señala como administradora de los domicilios “Egipto” y “Olympus”. Además, su hija —una joven de 19 años— actuaba como recepcionista y asistente, encargada de la coordinación de mujeres y cobro de servicios.

En tanto, la tercera mujer notificada fue identificada como M.P., de 52 años, y habría tenido participación en el inmueble de Lanús, donde se identificaron siete mujeres menores de 30 años.

En los allanamientos también se hallaron tarjetas personales con leyendas como “Masoterapeuta profesional. ¡Con absoluta reserva de turnos!”, lo que según los investigadores funcionaba como pantalla para encubrir la actividad ilícita.

Fuente: TN

Carolina Juárez, una mujer trans, fue detenida este domingo en el partido de La Costa, acusada de explotar sexualmente a varias mujeres, incluida una menor de edad.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Walter Mercuri, quien trabajó infiltrado durante dos meses para recolectar pruebas sobre la denuncia de explotación sexual infantil. 

El bar clandestino en el que operaba la acusada estaba ubicado en la calle 76 al 838 de Mar del Tuyú. “La investigada explotaba sexualmente a varias mujeres, entre ellas una menor de edad”, reveló un vocero judicial.

Para sustentar el caso, los investigadores registraron filmaciones encubiertas, fotografías, testimonios y material obtenido de redes sociales. Con la autorización del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Diego Zapiola, oficiales de la DDI de Dolores allanaron el lugar. En el operativo participaron policías de la Estación de Policía de La Costa, la Patrulla Urbana de la Secretaría de Seguridad local y el Servicio Local de Protección de Derechos.

La menor de edad rescatada recibe contención psicológica, mientras que la acusada, investigada desde el 26 de octubre de 2024, fue detenida y será indagada por “Promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años”.

Además, se secuestró un celular, que será analizado en busca de más pruebas que fortalezcan la causa.

Fuente: Noticias Argentinas

Una mujer de Florencio Varela vivió un verdadero infierno en manos de un hombre que la encerró durante dos años en una casilla, la explotó sexualmente y la mantuvo amenazada con un arma, diciéndole que mataría a sus hijas si no cumplía sus órdenes. La víctima finalmente logró huir y, tras pedir ayuda a un vecino, la Policía Bonaerense detuvo al acusado, quien está preso en la alcaidía de esa localidad.

La semana pasada, el juez Diego Agüero, del Juzgado de Garantías N°6, le negó la excarcelación al imputado en un fallo con perspectiva de género. Argumentó que el acusado representaba un peligro tanto para la víctima como para los testigos del caso. Además, destacó la obligación judicial de garantizar los derechos de las mujeres y actuar de manera efectiva frente a los casos de violencia.

Todo comenzó hace tres años, cuando la mujer de 30 años conoció a H. D. E. y entablaron una relación de amistad. Ella, atravesando una separación, con dos hijas, y sin un lugar donde vivir, aceptó mudarse con él en una pequeña casilla en la localidad de Ingeniero Allan.

Sin embargo, poco después el hombre mostró su verdadera personalidad: comenzó a intimidarla y la obligó a mantener relaciones sexuales sin protección a cambio de dinero o droga, aprovechándose de su situación de consumo problemático.

La situación escaló rápidamente. H. D. E. la amenazaba con matar a sus hijas, de apenas un año y tres meses, cuando la mujer se negaba, y llegó al extremo de despertarlas para que presenciaran los abusos.

En 2020, según fuentes judiciales, ella pudo escapar y buscó refugio en la casa del papá de sus nenas, pero el acusado supo dónde vivía y la fue a buscar. Armado con un revólver, la hizo salir de la casa, le apuntó en la cabeza y la subió a un auto. La película de terror volvió a comenzar para ella.

Desde ese momento, la mujer quedó completamente sometida, ya que el hombre la obligaba a prostituirse en una habitación preparada para eso, donde recibía hasta cinco “clientes” por noche y cobraba 50 mil pesos cada uno. Los atendía de 23 a 6 de la mañana.

El imputado controlaba cada aspecto de la vida de la víctima. La mujer no podía salir de un cuarto pequeño de madera, con techo de chapa, donde además de una cama había una entrada a un sótano. La mantenía encerrada bajo llave, la privaba de elementos básicos de higiene durante su menstruación y la dejaba desangrarse y ella tenía que ponerse una sábana o algodones si encontraba.

En este cuarto la mantuvo cautiva durante dos años. (Foto: TN)

También la amenazaba constantemente con matarla si pedía ayuda. En este sentido, ella denunció que los vecinos del barrio sabían lo que pasaba adentro de esa casilla, pero no intervenían por temor a que el acusado les haga algo. Hasta que un día, finalmente, pudo escapar.

Aprovechando que el hombre olvidó cerrar un candado, la víctima logró escapar. Sin embargo, el acusado la descubrió mientras salía de la casa, tomó un arma y le disparó por la espalda. La mujer corrió desesperadamente, pudo esquivar las balas y se refugió en la vivienda de un vecino, desde donde llamó a la policía.

Al día siguiente, el 19 de noviembre, el fiscal Daniel Ichazo ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del imputado. Allí, los oficiales secuestraron un revólver calibre .32 con dos balas en el tambor y detuvieron al agresor.

El revólver y la cámara que se secuestraron al acusado. (Foto: TN)

En la casilla se secuestraron también dispositivos móviles, como un celular y una cámara de fotos, y también memorias, que están siendo peritadas por la Gendarmería.

La semana pasada, el hombre intentó obtener la excarcelación y presentó un pedido ante el Juzgado de Garantías N°6, firmado por su abogada defensora. Pero el juez Diego Agüero se la denegó, al considerar el riesgo que representaba para la víctima y los testigos, y subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género.

En su fallo, el juez citó precedentes como el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Afirmó que garantizar los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género no solo es un mandato legal, sino “un imperativo constitucional”.

“La experiencia en mi función y la denominada experiencia común, me indican en casos como el presente en el cual nos encontramos ante una mujer víctima de violencia en razón de su género, la necesidad de asegurar de un modo efectivo la libertad de vivir en un mundo sin violencia de las mujeres como así también actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género”, señaló Agüero.

Ahora, el acusado enfrenta cargos por promoción o facilitación de la prostitución de mayores, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Mientras tanto, la víctima intenta reconstruir su vida tras sobrevivir a un verdadero infierno.

Fuente: TN

En la última audiencia de incorporación de prueba en juicio, declaró Isaías Néstor Hurtado, el apóstol que está acusado (junto a su ex pareja Patricia Soledad Padilla Coronado) de haber captado con mensajes religiosos a “fieles” para que se congregaran en el Ministerio que dirigían en Mar del Plata, sacando provecho de la situación de vulnerabilidad económica y emocional que atravesaban, para reducirlos a la servidumbre, explotarlos laboralmente y desapoderarlos de sus bienes. El hombre además llega a juicio por haber utilizado tal discurso para abusar sexualmente de mujeres que allí concurrían. A la causa donde se investigó el delito de trata de personas se le sumó otra para Hurtado, por amenazas coactivas reiteradas presuntamente cometidas telefónicamente desde la unidad penitenciaria de Ezeiza, donde cumple arresto

Hurtado se sentó frente a los jueces del Tribunal, Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz, e hizo uso a su derecho de prestar declaración. Empezó pidiendo perdón, “al señor Jesucristo”, a quien fuera su esposa por ocho años, y a sus ocho hijos. “Quiero aprovechar todos estos minutos para poder salvar el nombre de Jesucristo, creo se ha puesto en juego el evangelio del señor Jesucristo”, planteó más adelante y fue interrumpido por el presidente del TOF, quien le aclaró que debía circunscribirse a los hechos imputados: “No es pertinente la invocación a Dios, ni siquiera en este acto, esto es una cuestión terrenal”.

El acusado hizo un recorrido de sus últimos años, cómo llegó a Argentina desde Chile y dio cuenta de las ciudades en las que vivió hasta llegar a Mar del Plata a fines de 2004. Un pastor amigo de Estados Unidos dijo que le dio el dinero para comprar los equipamientos de la radio e hizo mención al “respaldo” del extranjero para comprar luego el terreno donde se montó el templo.

“La gente nos escuchaba en la radio y empezó a llamar para ser parte”, sostuvo y desechó cualquier tipo de captación con finalidad de explotación económica. “No hacían nada para querer irse de mi lado”, mencionó en un pasaje de su relato.

Una gran parte de su exposición (que se extendió por más de una hora y no admitía preguntas de jueces, fiscal ni querellas) estuvo destinada a desestimar los abusos sexuales al referir que fueron relaciones supuestamente consentidas. “Yo sembré mentiras y estoy cosechando mentiras”, apuntó en relación al ocultamiento de estas situaciones a su grupo familiar (“cometí un error humano”, refirió) y a los relatos de las víctimas. Incluso deslizó que podía tratarse de una cuestión de “despecho” alguna acusación en su contra.

Sobre el final de su declaración, Hurtado marcó varias veces que “la única familia dividida es la mía”, en relación a la separación de hecho con su coimputada, y a una de sus hijas que se fue del país.

“VIDA TOMADA”

En el inicio de la audiencia prestó testimonio la psicóloga Daniela Iozza del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien intervino -junto a una trabajadora social- al momento de los allanamientos de julio de 2016. En primer lugar, brindó detalles de los lugares donde se realizaron los operativos -la vivienda de Hurtado, el terreno donde se alzaba el Templo que contaba con una vivienda precaria y otra vivienda ubicada enfrente- y de las entrevistas que mantuvieron con las personas halladas en cada sitio.

Por otro lado, refirió que notó un discurso “inquebrantable” por parte de los jóvenes entrevistados, cuyos relatos estaban atravesados por citas religiosas, códigos y hasta un lenguaje determinado, como por ejemplo al hablar de dinero mencionaban el término sembrar. Mencionó también que los vínculos de intimidad / familiares que se forjaron no eran casuales: “convivir con las personas promueve un mayor control”. Y como contrapunto, apuntó que había un aislamiento de los y las “fieles” de sus grupos familiares.

A su vez, sostuvo que las personas que llegaban al lugar estaban atravesadas por distintas problemáticas, como pérdidas afectivas muy importantes, consumo problemático de alguna droga o conflictos con la ley penal.

Cuando el fiscal general Juan Manuel Pettigiani le preguntó si las personas entrevistadas tenían autonomía, la profesional explicó que “por el relato, ellos decían que elegían, pero creemos que estas prácticas tomaban todas las áreas de sus vidas”. “Autonomía era elegir siempre lo mismo, lo que mandaba el pastor, o Dios”, añadió. Y en este sentido marcó el lazo de poder que regía hacia el interior de la organización: “generar esperanza, que es una necesidad humana muy importante y generar confianza, puede ser usado con fines no tan buenos”. Y fue a un punto más concreto aún: había una pareja dentro de la “congregación” que no podía casarse hasta que Hurtado no lo determine: “había un control sobre sus vidas y hasta sobre su sexualidad”.

Las prácticas que las personas entrevistadas refirieron hablan de tener que participar de la radio y concurrir a las reuniones religiosas. “Se invocaban pasajes sagrados, donde se obligaba o exigía hacer determinadas cosas. Era una práctica instituida que después era un ritual, y después se hacía natural”, sostuvo Iozza, quien refirió que primero se “inculcan formas de pensar o de creer” y después “toda tu vida está tomada”.

Al momento de las preguntas de las defensas, se centraron en la trayectoria de la profesional y en cuestiones que hacen a la libertad ambulatoria de las víctimas, como si había candados en las habitaciones, si contaban con su DNI, si tenían posibilidad de ir y venir a su trabajo. ¿Ha visto explotados con esta libertad?, le preguntó un abogado de la defensa oficial. La respuesta fue que sí, y explicó: “Los mecanismos que funcionan en el sometimiento no solo se ejercen con un candado, las puertas cerradas con llave o restricciones físicas, hay mecanismos más sutiles, más sofisticados, para que las personas accedan a hacer lo que otro dice. Es más efectivo en el tiempo”, sostuvo.

“La coerción es una forma de restringir, de condicionar, las formas de actuar. Al invocar la palabra o un mandato sagrado, cierra perfecto”, apuntó más adelante ante la consulta del Tribunal.

La Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas conmemora este 23 de septiembre de 2019 con la satisfacción de que el pasado martes 17 de septiembre, el Juez en lo contencioso administrativo, Simón F. Isacch, falló a favor de la expropiación del inmueble de calle 20 de septiembre N°57 de Mar del Plata. Además anunció la realización de un debate de candidatos a intendentes con el objeto de que expongan sus propuestas respecto al futuro del espacio.

Luego de más de cinco años en busca de expropiar el inmueble abandonado y donde funcionara el prostíbulo Casita Azul, en el que una decena de mujeres fueran explotadas sexualmente y así se tuviera por probado en el marco de la causa que tramitara en la Justicia Federal y que en el año 2011 condenara a sus responsables por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, la Mesa recuerda este día internacional contra la explotación sexual con esta gratificante noticia.

Tras presentarse el proyecto de ley en el año 2013, habiendo sesionado las comisiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. en el Honorable Consejo Deliberante de esta ciudad, de aprobada la ley de expropiación N° 14.592 en el mes de abril de 2014, de numerosas reuniones con distintas áreas de los gobiernos provincial y municipal, de la realización de actos y jornadas frente al inmueble, en especial la entrega de premios del III Concurso Intercolegial contra la Trata 2018 bajo el lema “Expropiemos Casita Azul”, la Mesa celebra la concreción de la expropiación.

“Queremos compartir este logro con todas y todos aquellos que apoyaron esta iniciativa, desde los legisladores provinciales que votaron la ley, hasta la gestión de la Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires que durante los últimos dos años consiguió la concreción del trámite, pero por sobre todas las cosas con los vecinos del barrio La Perla que siempre estuvieron dispuestos a colaborar y las y los jóvenes que participaron del Concurso intercolegial y, a través de sus trabajos artísticos, le dijeron No a la Trata de Personas y reclamaron junto a nosotros la creación de este ´Centro marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas´…”, señalaron desde la Mesa.

Asimismo, se anunció la realización, el próximo lunes 30 de septiembre a las 11hs. en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata, de un debate de candidatos/as a intendente de la ciudad, con el objeto de que expongan sus propuestas relativas al proyecto de reconstrucción y puesta en valor del inmueble expropiado que se convertirá en la nueva “Casa Arza”, en honor  a la ex Defensora del Pueblo de la ciudad, Dra. Beatriz Arza, fundadora de la Mesa y luchadora por los derechos de las mujeres víctimas de explotación, lugar en el que se deberán realizar políticas de prevención de la trata, como así también de asistencia a las víctimas de explotación.