La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) expresó su rechazo al proyecto en debate en el Consejo Federal Pesquero que promueve la transferencia definitiva de merluza común desde buques fresqueros hacia buques congeladores, al considerar que la medida afectaría el abastecimiento industrial, el empleo y las exportaciones.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa “promueve y facilita la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros en beneficio de buques congeladores” y advirtieron que “su instrumentación limitará en gran medida el abastecimiento de las industrias marplatenses, afectando los procesos productivos, las fuentes de empleo y las exportaciones”.

En ese sentido, destacaron que se trata de un sector compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra, con capacidad para generar valor agregado a través del procesamiento en plantas en tierra. “El proceso industrial en plantas en tierra puede representar una importante fuente de empleo y valor de nuestros productos exportables”, indicaron, aunque remarcaron que su desarrollo depende de políticas públicas adecuadas.

Asimismo, cuestionaron que las decisiones de manejo del recurso pesquero no contemplen a la cadena productiva: “En forma reiterada las medidas de manejo del recurso pesquero no toman en cuenta a la cadena de producción que se desarrolla en las distintas ciudades costeras”.

CAFREXPORT advirtió además que la iniciativa podría consolidar una redistribución “permanente” de cuotas hasta 2039 en favor de buques congeladores, lo que implicaría una pérdida irreversible de materia prima para la industria en tierra. “Al consolidar esta pérdida de forma irreversible, el Estado destruye la capacidad instalada de las plantas en tierra”, afirmaron, y alertaron sobre el riesgo de cierre definitivo de establecimientos.

El documento también señala que el sector atraviesa un contexto adverso, con aumento de costos logísticos y demoras en la devolución de créditos por parte del Estado. “De esta manera es imposible ser competitivos en el mercado internacional”, sostuvieron, y calificaron la situación como “asfixiante”.

Finalmente, la cámara manifestó su apoyo a las entidades que representan a la flota fresquera y reiteró su postura: “Reiteramos nuestro rechazo al proyecto que promueve la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros a buques congeladores”, al tiempo que instaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a desarrollar políticas que acompañen al sector.

Las autoridades de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) recibieron al subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, en Mar del Plata. El encuentro, que reunió a representantes de las principales empresas del sector, fue celebrado como una señal de apertura y diálogo por parte del Gobierno, lo que “hacía tiempo no se daba con esta fluidez”, según señalaron los empresarios.

Durante la reunión, se analizó la situación actual de las pequeñas y medianas empresas industriales dedicadas al procesamiento y exportación de productos pesqueros, y los empresarios destacaron las “oportunidades” que ofrece el contexto, pero remarcaron la necesidad de que el Estado reconozca las particularidades de la cadena productiva y genere condiciones que acompañen su desarrollo.

En ese sentido, Cafrexport puso el foco en tres ejes: la presión impositiva, la necesidad de una reforma laboral adaptada a la realidad productiva y la simplificación de los trámites ante los organismos estatales. “Parte de la mejora en la calidad y diversificación de los productos depende de entender la dinámica de la actividad y de los distintos mercados”, expresaron desde la entidad.

Por su lado, los representantes del sector valoraron la “estabilidad macroeconómica alcanzada”, que permite volver a planificar inversiones, aunque advirtieron que “todavía no hay respuestas concretas” a las demandas específicas de las pymes. También mencionaron los encuentros mantenidos con funcionarios de la Secretaría de Trabajo, donde coincidieron en los diagnósticos, si bien no hubo avances sustanciales.

El reclamo principal giró en torno a la carga impositiva. Según Cafrexport, los derechos de exportación, los impuestos a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos y otros gravámenes provinciales y municipales restan competitividad frente a una competencia internacional cada vez más fuerte. A eso se suman los costos derivados de juicios laborales y superposiciones administrativas.

Otro punto crítico fue la demora en la devolución de créditos fiscales por parte de ARCA, que en algunos casos supera los ocho meses y representa cientos de millones de pesos inmovilizados. “Es un tema que necesita solución urgente”, advirtieron los empresarios, quienes sostuvieron que esa situación limita el capital de trabajo y el acceso a financiamiento.

Asimismo, reclamaron políticas públicas orientadas a reducir costos internos y promover la producción con valor agregado, que hoy representa apenas el 15% de las exportaciones totales del sector. Según datos de la cámara, el 51% de las ventas externas se concentra en solo 20 empresas, sobre un total de 228 registradas oficialmente.

Antes de finalizar el encuentro, los representantes de Cafrexport le solicitaron al subsecretario López Cazorla que articule acciones con otras áreas del Gobierno -como ARCA, Industria, Comercio, Trabajo y Agricultura, Ganadería y Pesca- para avanzar en soluciones concretas. “El sector pesquero no es solo extractivo, también es parte esencial de la industria alimenticia argentina”, concluyeron.

Fuente: DIB

Raúl “Tato” Cereseto, empresario y especialista en pesca, analizó la fuerte caída del precio internacional del langostino, los altos costos internos y el conflicto entre las flotas fresquera y congeladora. Advirtió que la falta de medidas podría agravar el deterioro del sector.

“El langostino representa aproximadamente el 60% de las exportaciones pesqueras del país, así que imaginate la importancia que tiene dentro del octavo complejo exportador de Argentina”, introdujo Raúl “Tato” Cereseto, contador público, empresario del sector e integrante de la Cámara de la Flota Amarilla.

Actualmente, según explicó en diálogo con Los datos del día (Radio Mitre Mar del Plata), el sector enfrenta un conflicto entre la flota congeladora -que procesa el pescado a bordo- y la fresquera -que encajona el producto y lo lleva a tierra-. “El negocio está roto, eso está fuera de discusión. Y desde hace dos años hay un nivel de agresión entre las partes que se expresa incluso en redes sociales”, planteó.

Para el especialista, las causas son múltiples, pero el punto de quiebre fue la caída del precio internacional: “El langostino perdió mercado, sobre todo frente al Vannamei, un camarón de criadero que compite con el salvaje. Esto debilitó el interés de los mercados por nuestros productos”.

“El precio internacional del langostino cayó un 40% en los últimos tres años y más del 100% en la última década. Mientras tanto, los costos subieron más del 120% por inflación. Esa brecha, entre precios que bajan y costos que suben, se llama pérdida de competitividad, y hoy supera el 100%. Cuando tus costos van en pesos, tu venta en dólares y el precio se desploma, tenés un flor de problema estructural”, sintetizó.

A eso se le suma, indicó, un “contexto internacional adverso, una matriz fiscal no competitiva por la presión impositiva y una estructura de costos absolutamente desnaturalizada”.

Respecto a la coyuntura política, tras varias reuniones en la Secretaría de Trabajo, Cereseto recordó el cambio de postura oficial: “Pasamos de un discurso donde nos acusaban de ‘pescar gratis’, a otro donde buscan cómo generar alivios fiscales. Es una brecha discursiva enorme en menos de un año. Alguien se estaba equivocando, y todo indica que no éramos nosotros”.

Si bien reconoció que la parte salarial es clave, pidió revisar toda la estructura de costos de la industria: “No alcanza con discutir lo gremial: hay que revisar el modelo completo”.

El experto en acuicultura también puso el foco en la dimensión social del conflicto: “El langostino genera entre 1200 y 3000 millones de dólares anuales en exportaciones, representa el 60% de la actividad pesquera y da empleo a más de 40.000 personas. Cuando esta industria se frena, se estancan las economías regionales de las provincias con litoral marítimo”.

Por último, sostuvo que el Estado debe involucrarse de manera integral: “Tiene que ordenar la actividad, no sólo desde lo fiscal o gremial, sino también desde lo productivo y biológico. La pesca es una de las actividades más federales y generadoras de empleo en zonas sin otras industrias. Si no se toman decisiones estructurales, lo que hoy parece una disputa entre flotas va a convertirse en una crisis regional”.