El Gobierno nacional busca modificar el régimen que regula la adquisición de tierras rurales con el objetivo de permitir una mayor participación de inversores del exterior. La iniciativa apunta a eliminar restricciones que actualmente condicionan este tipo de operaciones.

La normativa vigente establece topes claros: los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural total del país ni de cada provincia, además de existir límites por nacionalidad y por cantidad de hectáreas en zonas productivas.  

La propuesta oficial pretende avanzar sobre esas limitaciones, bajo el argumento de que representan un obstáculo para el ingreso de capitales y el desarrollo del sector agropecuario. En ese sentido, desde el Ejecutivo consideran que una mayor apertura podría dinamizar el mercado inmobiliario rural y fomentar inversiones.

El tema forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas que el Gobierno planea impulsar en el Congreso durante este año, donde también se incluyen cambios en otras leyes vinculadas a la producción y los recursos naturales.  

Sin embargo, la iniciativa genera debate. Mientras algunos sectores respaldan la flexibilización por su potencial impacto económico, otros advierten sobre los riesgos de avanzar hacia una mayor extranjerización de tierras, especialmente en áreas estratégicas con recursos hídricos o cercanas a zonas de frontera.

En este contexto, la discusión promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda legislativa, con posiciones enfrentadas sobre el equilibrio entre atraer inversiones y resguardar el control sobre el territorio.

El Departamento de Estado ordenó a todas sus misiones consulares en el extranjero que iniciaran una verificación adicional de antecedentes de los solicitantes de visa que deseen viajar a la Universidad de Harvard por cualquier motivo, según un cable interno visto por la agencia Reuters.

Esta medida amplía significativamente la ofensiva del presidente Donald Trump contra la institución académica, a la cual le retiró todos los fondos federales y contratos, y le vetó la matriculación de alumnos extranjeros. Esto último está en manos de la justicia.

En un cable fechado el 30 de mayo y enviado a todas las representaciones diplomáticas y consulares de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el inicio inmediato de una verificación adicional de antecedentes de cualquier solicitante de visa de no inmigrante que desee viajar a la Universidad de Harvard por cualquier motivo.

Dichos solicitantes incluyen, entre otros, futuros estudiantes, estudiantes, profesores, empleados, contratistas, oradores invitados y turistas, de acuerdo al cable.

La Universidad de Harvard no logró mantener un ambiente universitario libre de violencia y antisemitismo, según el cable, y las medidas de investigación reforzadas tenían como objetivo ayudar a los funcionarios consulares a identificar a los solicitantes de visa con antecedentes de acoso y violencia antisemita.

Si bien Estados Unidos exigió anteriormente una investigación adicional de los solicitantes de visa de ciertos países, aplicar estos procedimientos contra Harvard parece ser un uso sin precedentes del proceso de visa contra una universidad que cayó en desgracia ante la administración, dice Reuters.

Las medidas adicionales para los solicitantes vinculados a Harvard fueron reportadas inicialmente por Fox News, pero el cable en sí no había sido reportado previamente.

La universidad de Harvard tiene más de 6.000 estudiantes extranjeros de 140 países, incluidos 58 argentinos.

La administración Trump señaló que está castigando a Harvard porque no hizo lo suficiente para detener el antisemitismo y creó un ambiente hostil para los conservadores.Fuente: Clarín

El gobierno de Donald Trump continúa con su política de restricción de visas y hoy anunció que vetarán el ingreso a Estados Unidos a “funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura contra estadounidenses”, una iniciativa que se suma al congelamiento de permisos para estudiantes internacionales y la revisión exhaustiva de las redes sociales de los solicitantes.

En un tuit, el secretario de Estado Marco Rubio señaló: “Durante demasiado tiempo, los estadounidenses fueron multados, acosados e incluso acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas que se aplicará a funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura contra estadounidenses”, dijo.

Y continuó: “La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense: un derecho innato sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad”.

El secretario de Estado agregó que “los extranjeros que trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses no deberían tener el privilegio de viajar a nuestro país. Ya sea en Latinoamérica, Europa o cualquier otro lugar, se acabaron los días de trato pasivo para quienes trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses”.

En un comunicado emitido poco después,  afirmó que "en algunos casos, funcionarios extranjeros tomaron medidas de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y ciudadanos y residentes estadounidenses cuando no tienen autoridad para hacerlo".

Y señaló que "es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con órdenes de arresto contra ciudadanos estadounidenses o residentes de EE. UU. por publicaciones en las redes sociales en plataformas estadounidenses mientras están físicamente presentes en suelo estadounidense".

"Del mismo modo, es inaceptable que funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenidos o participen en actividades de censura que vayan más allá de su autoridad y lleguen a Estados Unidos. No toleraremos usurpaciones de la soberanía estadounidense, especialmente cuando tales usurpaciones socavan el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión", agregó.

El anuncio de Rubio no dejaba en claro hacia dónde apuntaba exactamente, pero se interpreta como un nuevo paso en el uso de la prohibición de visas de ingreso al país como política de Estado del gobierno de Trump.

La nueva política parece estar en línea con la iniciativa republicana "Sin Censores en Nuestras Costas", que fue aprobada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes a principios de este año y establece que los funcionarios extranjeros que violen deliberadamente los derechos de la Primera Enmienda de ciudadanos de EEUU enfrentarán la denegación de visa.

Esta iniciativa fue impulsada después de una disputa entre el propietario de X, Elon Musk y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, después de que se ordenara a la plataforma de redes sociales eliminar publicaciones.

Además, en una fuerte ofensiva contra las universidades, especialmente la de Harvard, el martes Rubio le ordenó a las embajadas de EE.UU. en todo el mundo que suspendan las entrevistas para visas de estudiante, ya que el gobierno busca una revisión más estricta de los perfiles de redes sociales de los solicitantes.

La directiva, presentada en un cable enviado a diplomáticos de todo el mundo el martes, fue un nuevo esfuerzo del gobierno para restringir la entrada de estudiantes extranjeros a universidades estadounidenses, con el argumento de que los alumnos internacionales podrían amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos o promover el antisemitismo.

Este congelamiento busca intensificar las medidas de verificación actuales, dirigidas principalmente a los estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas en los campus, aunque se estima que puede afectar a muchos más.

Esta directiva exige a los funcionarios tomar capturas de pantalla de contenido "potencialmente despectivo" , incluso si las publicaciones se eliminaban posteriormente.

La nueva ampliación aplicaría la revisión de redes sociales a todos los solicitantes de visas de estudiante, no solo a aquellos marcados por activismo.

Bajo el proceso de revisión, los funcionarios consulares examinarían las publicaciones y comentarios de los solicitantes en plataformas como Instagram, X y TikTok en busca de contenido que consideren una amenaza para la seguridad nacional, lo cual desde entonces se vinculó a la postura de la administración Trump sobre la guerra en Gaza.

El martes, la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce había señalado: “Usamos todas las herramientas a nuestro alcance para examinar a cualquiera que quiera venir a este país, y para hacerlo tiene que solicitar una visa para obtener acceso a nuestra nación".

A ello, agregó: "Por lo tanto, todos los países soberanos tienen derecho a saber quién está tratando de entrar, por qué quieren entrar, quiénes son, qué han estado haciendo y, al menos, esperamos que dentro de ese marco determinemos lo que harán mientras estén aquí. Eso no es nada nuevo y continuaremos usando todas las herramientas que podamos para evaluar quiénes son los que vienen aquí, ya sean como estudiantes o de otra manera”.

Fuente: Clarín

La Universidad de Harvard es el mayor referente global en educación y la meca de la mayoría de los estudiantes del mundo y para los argentinos no es una excepción. En esa casa de estudios hay en este momento 58 alumnos e investigadores del país que transitan los antiguos edificios de Boston y que podrían ser afectados por las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump, al ser canceladas sus visas.

Buena parte de ellos cursan maestrías en la facultad de Negocios, en la Kennedy de políticas públicas, otros en la Escuela de Artes y Ciencias, y algunos en la de Derecho. Y solo unos pocos (4) en Harvard College, que es para alumnos que comienzan su carrera universitaria.

Del total de 58 hay 34 alumnos de college y maestrías y 24 scholars, que son investigadores que residen por algún período en la universidad para hacer algún trabajo específico, según el sitio de Harvard.

Todos tuvieron que superar duros obstáculos para llegar a esas aulas: más allá de haber sido muy destacados alumnos en el país, debieron rendir exámenes específicos, de idioma y sortear un proceso de admisión muy exigente que incluye ensayos, cartas de recomendación y entrevistas en inglés.

El porcentaje de admisión de Harvard es el más bajo de todas las universidades de los Estados Unidos, y este año solo fue aceptado un 3,4% de los que se postularon.

Los alumnos vienen de 140 países de todo el planeta. Muchos de ellos reciben ayuda financiera para poder cursar. La diversidad geográfica y cultural es uno de los valores que defiende la Universidad, pero ahora los estudiantes internacionales sufren un período de incertidumbre.

Un ejemplo es la santiagueña Nayeli Cardozo, una joven de 18 que fue becada y que pudo cumplir su sueño de estudiar en Harvard. Hija de una maestra y un remisero, estudió en la secundaria Manuel Belgrano de Santiago del Estero y luego de aplicar a 13 universidades en Estados Unidos, fue aceptada en la que más quería para estudiar Psicología y Economía.

Otro es Federico Repetto, de San Justo, Santa Fe, que se recibió en la Universidad Favaloro con medalla de oro y fue aceptado el año pasado como residente en la red de hospitales de Harvard.

Se estima que son unos 700 los argentinos que pasaron por sus aulas, entre ellos el actual embajador en EE.UU. Alec Oxenford, que estudió un máster en administración de empresas, al igual que su antecesor Fernando Oris de Roa, que había cursado un master en políticas públicas.

También cursaron allí Horacio Rodríguez Larreta, Federico Sturzenegger, Juan Carlos De Pablo, Domingo Cavallo y su hija Sonia, entre otros. En Buenos Aires se fundó un Harvard Club of Argentina, que nuclea a buena parte de los egresados del país.

Pese a las amenazas, la Universidad promete defender a sus alumnos. El sitio de la casa de altos estudios informaba de las restricciones de visas y afirmaba que "Harvard se compromete a mantener nuestra capacidad de recibir a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen a la Universidad y a esta nación".

Fuente: Clarín

La Universidad de Harvard denunció como “ilegal” la medida del gobierno de Donald Trump que le revoca la autorización para inscribir a estudiantes extranjeros, una decisión que afecta directamente a unos 6.800 alumnos que actualmente cursan estudios en la institución y representa el 27% de su matrícula total.

“Esta decisión amenaza con causar un grave daño a la comunidad de Harvard y a nuestro país”, dijo Jason Newton, director de relaciones con los medios de la universidad, al confirmar la recepción de una carta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que anula la certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).

Harvard advirtió que la medida compromete su misión académica y científica, sostenida en parte por la presencia de estudiantes de más de 140 países, quienes contribuyen tanto a la diversidad cultural como a la sustentabilidad financiera de la universidad. Los estudiantes internacionales, que suelen pagar matrículas más elevadas, también sostienen líneas de investigación clave, particularmente en ciencias, ingeniería y salud pública.

“Continuaremos acogiendo a estudiantes y académicos internacionales. La diversidad de nuestra comunidad es esencial para nuestra excelencia académica”, agregó Newton, anticipando posibles acciones legales.

La universidad ya había entablado demandas previas contra la administración Trump por intentos de intervenir en su currículo y políticas internas. Ahora evalúa una nueva ofensiva judicial para restituir su capacidad de inscribir a estudiantes del exterior a partir del próximo ciclo académico.

En diálogo con el diario The New York Times, uno de los estudiantes afectados, Leo Gerden, sueco y activista por los derechos de estudiantes internacionales, lamentó la decisión. “Una Harvard sin su diversidad internacional no será la misma”, dijo.

En ese sentido, también advirtió: “La administración Trump nos está usando como fichas de póker. Es extremadamente peligroso”.

La medida, notificada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta formal enviada a la universidad, se basa en acusaciones del gobierno sobre un supuesto “entorno inseguro” en el campus, vinculando a Harvard con manifestaciones antisemitas y presuntos contactos con el Partido Comunista Chino.

Un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU confirmó la acción y envió mensaje claro a los estudiantes internacionales de la universidad: “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros existentes deben transferirse o perder su estatus legal”.

Desde la comunidad académica, la respuesta fue un rechazo generalizado, en defensa de la autonomía universitaria y del principio de acceso global a la educación. Organizaciones civiles y líderes educativos alertaron que esta decisión podría sentar un precedente peligroso y afectar la reputación internacional del sistema universitario estadounidense.

Fuente: Infobae

El gobierno de Donald Trump anuló la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales. La decisión fue comunicada a la institución tras un intercambio reciente sobre la legalidad de una solicitud de registros extensa para una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, envió una carta a la universidad en la que se indicaba: “Le escribo para informarle que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard”.

Esta decisión se produce en un momento de grave escalada entre Harvard y el Gobierno en Washington por las acusaciones de este último de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar lugar a discursos “alternativos” y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas.

La medida genera un impacto considerable, ya que afecta directamente a la capacidad de Harvard para atraer talento internacional, un componente esencial de su comunidad académica. También podría desencadenar una nueva batalla legal, ya que la universidad ya había demandado al gobierno el mes pasado por intentar imponer cambios en su currículo, políticas de admisión y prácticas de contratación.

Actualmente, alrededor de 6.800 estudiantes internacionales forman parte del alumnado de Harvard, lo que representa aproximadamente el 27% del total de alumnos, un aumento significativo desde el 19,7% registrado en 2010. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países.

Además, esta decisión podría tener un impacto considerable en las finanzas de la universidad, ya que la matrícula para el próximo año académico es de 59.320 dólares, y los costos totales, incluyendo alojamiento y comida, pueden alcanzar casi 87.000 dólares. Los estudiantes internacionales suelen cubrir una mayor proporción de estos costos en comparación con otros estudiantes.

Un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU confirmó la acción y envió mensaje claro a los estudiantes internacionales de la universidad: “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros existentes deben transferirse o perder su estatus legal”.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Harvard generó un entorno inseguro en el campus al permitir que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” ataquen a estudiantes judíos. Sin ofrecer evidencia, también acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista chino.

“Esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, expresó Noem en un comunicado.

La administración revocó la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que le da a la escuela la capacidad de patrocinar a estudiantes internacionales para obtener sus visas y asistir a la escuela en Estados Unidos.

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó”, anotó.

La secretaria justificó la pérdida de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio “por incumplimiento de la ley”. Y al mismo tiempo, añadió: “Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”.

Fuente: Infobae

La secretaria general adjunta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) en General Pueyrredon, Micaela D´Ambra, cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de incluir el arancelamiento de la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes, en el marco de las modificaciones al régimen migratorio que impulsa para este año.

“Nos parece que son medidas regresivas, que no ayudan al cuidado de la salud de absolutamente toda la población, más allá de que estén dirigidas a los migrantes no residentes”, expresó D´Ambra en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

La dirigente local alertó que esta política no solo vulnera el derecho a la salud, sino que también puede generar consecuencias epidemiológicas negativas para el conjunto de la sociedad.

Durante 2024, al menos cuatro provincias comenzaron a aplicar restricciones al acceso de personas extranjeras no residentes en el sistema público de salud. En marzo, la Ciudad de Buenos Aires se sumó a esta tendencia y ahora, la intención del Gobierno nacional es avanzar con una normativa que habilite ese modelo en todo el país.

“Hoy está en discusión la salud como derecho. El gobierno nacional la pone en el lugar de un bien de mercado, y no como un derecho que está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales”, cuestionó la referente del gremio a nivel local.

Desde CICOP advirtieron que restringir el acceso de un grupo poblacional -como los migrantes sin residencia- no solo implica una exclusión injusta, sino que compromete políticas sanitarias fundamentales, como el control de enfermedades infecciosas o los planes de vacunación. “El impacto no es solo hacia esa población migrante, sino que es general”, afirmó.

En ese sentido D´Ambra sostuvo que impedir el acceso a la salud “no solo repercute en el proyecto de vida y en la salud de una persona, sino también en su entorno, como su familia o sus compañeros de trabajo, escuela o club. Vivimos en comunidad, y cuando un grupo queda segregado y no accede a cuestiones básicas de la salud, el impacto es hacia la población general”.

Aunque en los distritos donde se aplica este tipo de cobro se garantiza la atención en situaciones de emergencia, la sindicalista consideró que eso no alcanza. “El problema está en todo el otro cuidado de la salud, en los controles y la prevención. Si una persona no accede por cuestiones económicas, es probable que no se atienda”, advirtió.

Finalmente, planteó que una política migratoria sanitaria debería orientarse hacia la normalización documental, en lugar de profundizar barreras. “La salud no puede pensarse como algo individual. Los programas de vacunación o de control de enfermedades deben cuidar a toda la comunidad”, concluyó.

El anuncio del portavoz presidencial, Manuel Adorni, acerca de la decisión del Gobierno de impulsar una reforma del régimen migratorio, que comprenderá el arancelamiento de la educación superior y la atención sanitaria, entre otros aspectos, ya recibió un rápido rechazo desde la provincia de Buenos Aires.

Esta tarde, apenas horas después del anuncio de la Casa Rosada, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el gobierno bonaerense no adherirá a la propuesta y sostuvo: "Sólo buscan provocar, generar odio y resentimiento".

El líder de la cartera de Salud de la Provincia cruzó Ejecutivo en su cuenta oficial de X, donde sostuvo: "Las 'medidas' que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema".

"Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. No cuentan con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio. La salud de la gente es un tema serio", remató el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

Las “medidas” que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la… https://t.co/6x9uPLrrWC

El vocero presidencial había declarado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que "los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país".

"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos", aseguró Adorni. Y luego arengó: "Se terminan los tours sanitarios".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno Nacional dispondrá “el fin de la gratuidad a los extranjeros en el sistema de salud pública”.

En esta serie de modificaciones del régimen migratorio, también se determinó que las universidades nacionales podrán “cobrar aranceles” a todos aquellos que no tengan nacionalidad argentina.

“El objetivo de las medidas es avanzar por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, aseguró. 

Por otra parte, indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, como mejor consideren.

“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, desde ya, no sólo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno anuncia este jueves que los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de antecedentes donde acrediten no haber cometido delitos en los últimos 10 años.

De este modo, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre los inmigrantes.

Según publica hoy La Nación, es una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y un paso para ordenar lo que el Gobierno de Mauricio Macri considera un "descontrol migratorio".

Desde ahora, sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio y por ende, no ingresar al país.

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana.

"El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", dijo García.

La presentación de este jueves será por parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Horacio García.

El Gobierno sigue así adelante con la instalación de la agenda de seguridad incluyendo la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos.

Y tambipén, la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada para la búsqueda de inmigrantes ilegales. Todo esto, con la la campaña electoral en marcha.

El Gobierno parece estar decidido a encarar de lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad. La implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que se propone la Casa Rosada para los próximos meses.

Otra medida apunta a los controles migratorios: mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

Avanzada parece estar la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.

Por lo pronto, según informó Clarín, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.

Pero algunas de las iniciativas ya están en marcha: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos. Ya cuenta con el aval judicial. A esto se suma la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para su posterior expulsión. Serían casi 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.