Tras más de 50 días de acampe y múltiples instancias de negociación, los trabajadores de Caromar lograron finalmente cobrar las indemnizaciones correspondientes, poniendo fin a un prolongado conflicto laboral. La medida fue acompañada desde el inicio por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), junto al cuerpo de delegados y su comisión directiva.

Durante casi dos meses, los empleados sostuvieron el reclamo con medidas de fuerza permanentes, además de participar en audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la negativa reiterada de la empresa a abonar salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Tras varias instancias fallidas, el conflicto logró destrabarse y se alcanzó un acuerdo favorable para los trabajadores.

Desde el sindicato recordaron que, en los inicios del conflicto, la empresa interrumpió toda vía de diálogo, procedió al cambio de candados del establecimiento y sus propietarios habían renunciado al directorio meses antes, una situación que agravó la incertidumbre y el perjuicio económico para las familias afectadas.

Desde el SECZA, que conduce Guillermo Bianchi, destacaron la importancia de la organización, la unidad y la lucha colectiva como herramientas centrales para defender los derechos laborales y garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por ley.

Una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos cerró en forma repentina sus instalaciones y despidió a la totalidad de su personal, unos 40 operarios.

Se trata de la empresa Industrias del Fuego S.A. (IBF), dedicada a la fabricación de neumáticos, y está ubicada en la capital de la Docta.

Desde el sindicato advirtieron que la modalidad utilizada vulnera derechos laborales básicos, de acuerdo con la información recogida.

Los operarios denunciaron que la empresa avanzó con el cierre sin abrir instancias de diálogo ni negociación con el gremio.

Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza.

“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

El conflicto se agravó con un episodio judicial ocurrido durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la planta.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial.

“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.

La planta de neumáticos IBF comenzó a operar en Córdoba como un emprendimiento industrial de escala media, orientado a la producción y recapado de neumáticos, con foco en el mercado interno. 

Durante sus primeros años mantuvo una dotación estable de trabajadores y una actividad productiva regular, vinculada principalmente al abastecimiento regional.

Con el correr del tiempo, la empresa atravesó distintos períodos de inestabilidad, que incluyeron interrupciones en la producción, dificultades financieras y conflictos recurrentes con su plantel de trabajadores. 

Según denuncias sindicales, en esos años comenzaron a registrarse atrasos en el pago de salarios y problemas en el cumplimiento de obligaciones laborales.

En etapas posteriores, IBF aplicó suspensiones, reducciones de turnos y cambios en las condiciones de trabajo, lo que derivó en reclamos gremiales y en la intervención del Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad. 

Los delegados señalaron que nunca se presentó un plan de crisis formal ni se informó oficialmente un proceso de cierre o reconversión.

Durante el último período de funcionamiento, la planta operó de manera intermitente, con menor nivel de actividad y sin anuncios claros sobre su continuidad. 

Los trabajadores advirtieron sobre un proceso de vaciamiento progresivo, marcado por la falta de inversión y la incertidumbre permanente sobre el futuro de la fábrica.

El cierre repentino de la planta y el despido de los 40 operarios fue señalado por el sindicato como el desenlace de ese proceso, ejecutado sin cumplir los mecanismos legales previstos y sin instancias de negociación, lo que derivó en el conflicto laboral y judicial que actualmente permanece abierto.

Los despidos no se toman vacaciones en Argentina y muestran un diciembre que llega a las fiestas de fin de año con suspensiones, huelgas y cierre de fábricas y comercios en todo el país.

Casos como el de la industria del calzado registran en los últimos dos años más de 100 plantas productivas que bajaron sus persianas y cerca de 10.000 trabajadores perdieron su empleo, de acuerdo con datos del propio sector.

La apertura de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y el avance de plataformas digitales chinas como Shein y Temu aparecen entre los principales factores que explican el derrumbe de la actividad.

El inicio de 2025 ofreció una señal clara de la profundidad de la crisis. 

El 3 de enero, el Grupo Dass cerró su planta en Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y despidió a 360 trabajadores. 

La empresa, de capitales brasileños, producía zapatillas para marcas reconocidas como Adidas, Asics, Umbro y Fila, y justificó la decisión en la caída de las ventas y el impacto de la creciente ola importadora.

El cierre de Dass tuvo un fuerte impacto en la economía local. Hasta ese momento, la firma era una de las principales empleadoras de la ciudad. 

“Esto implica una debacle total para nuestra economía”, expresó el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, al conocerse la noticia, reflejando la preocupación social que generan estas decisiones industriales.

Los números de la producción confirman la tendencia negativa. En 2023, la industria del calzado alcanzó los 120 millones de pares producidos, cifra que descendió a 100 millones en 2024.

Para el cierre de 2025, incluso las proyecciones más optimistas estiman una caída hasta los 80 millones de pares. 

Frente a este panorama, muchas empresas recurrieron a adelantos de vacaciones, suspensiones, despidos y, en última instancia, al cierre definitivo de sus plantas.

Fuente: NA

Tal como se informó en El Marplatense, una familia marplatense vive un calvario desde el 7 de julio de 2021, cuando las calderas de una fábrica textil ubicada en Bolivia entre 25 de Mayo y Luro explotaron y por este motivo la casa de una familia se derrumbó, una mujer murió y Rocío, junto a su esposo e hija, quedaron en la calle.

“El 7 de julio de 2021 fue la explosión "Tejiendo Arte" a las 5:30 de la madrugada. Estábamos durmiendo en nuestra casa, el techo de la casa colapsó porque se desmoronó la pared medianera de esta fábrica textil. Actualmente estamos en la calle con mi familia, los dos somos discapacitados y yo estoy a cargo de una menor de edad. El dueño de la fábrica, Pablo Amado Gurban, sigue construyendo, realicé las denuncias al 147, no hay nada que lo pare, la fábrica sigue trabajando y no sabemos ni en qué condiciones tiene a sus empleados. Las máquinas se salvaron”, explicó Rocío a el programa “Primera Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

El caso tomó connotación pública por haber sido de importante magnitud y, además, cobrarse una víctima. A la hora de un repaso por este hecho, se pueden destacar varias situaciones.

En el momento de la explosión había dos empleados en la fabrica textil que esta emplazada en una terreno que tiene salida por la avenida Luro y la calle Bolivia al 1500 de esta ciudad, que salieron por sus propios medios y dieron aviso al 911 del hecho, lo que derivó en la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

"Como producto de la explosión de una caldera que funcionaba en un sector de la fábrica, la medianera cayó sobre una casa lindera generando destrozos y a pesar del intenso trabajo por parte de los bomberos y rescatistas falleció una mujer, en tanto que otra fue rescatada y trasladada al Interzonal", dijo el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Rodrigo Goncalvez.

El siniestro fue investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo del doctor Pablo Cistoldi, en una causa caratulada "homicidio culposo y lesiones graves" para determinar las causas de la explosión de la caldera de la fábrica textil.

Rocío Regalía quedó con muchas secuelas e inició una demanda, luego de quedar en la calle con su familia. Tuvo que someterse a varias operaciones y presenta dificultades. Claro que este fallo le da un poco de respiro y le permite pensar que se hará Justicia.

En diálogo con Radio Mitre Rocío dijo con respecto a la ayuda del Estado declaró que “intenté contactarme con el intendente, pero me bloqueó el teléfono. La ayuda que recibí fue gracias a toda la comunidad marplatense nos ayudó muchísimo, con donaciones de ropa y calzado, perdimos todo. En esa oportunidad perdió la vida mi amiga que era enfermera y estaba prestando servicio por mi condición de salud, ella vivía con nosotros, su pareja y sus hijas”.

Este miércoles, El Marplatense accedió a un documento judicial que le dibujó una sonrisa a la familia Regalía: a través de una medida cautelar, ordenan a la empresa Tejiendo Arte SA, "a que de forma inmediata asuman el costo que demande el alquiler mensual de una vivienda para que puedan habitar Rocío, su esposo y su hija, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la demanda iniciada por cobro de indemnización de daños y perjuicios".

Los trabajadores de la empresa Textilana realizan una nueva medida de fuerza ante el despido de una empleada que consideran injustificado por el nuevo sistema de producción que implementaron las autoridades, que actuaron de forma "prepotente".

Al notar la situación, alrededor de las 6, la Comisión Interna convocó a una asamblea y está resolvió comenzar un quite de colaboración de todo el personal,sin realizar actividades de producción, hasta que se revierte el despido y se reincorpore a la trabajadora. "Ninguna persona quiere perder su trabajo, pero tampoco pretendemos que nos esclavicen, porque exigen una cantidad muy alta de producción", apuntaron.

"La fábrica ha ido paulatinamente exigiendo a la trabajadora mayor cantidad de producción y le ha ido descontando el tema del premio que por esa producción recibía. Hoy empezaron con la represalia a aquellas personas que no llegan a la cantidad que la empresa le exige en este nuevo sistema, se despidió a una compañera que viene reclamando desde hace mucho tiempo la rebaja salarial en los premios de producción porque 'no sirve para trabajar', pero sí lo hizo durante once años. El tema que ahora no se llega a la cantidad que piden, son muchísimas prendas", explicó la delegada María Demateis en diálogo con El Marplatense.

Demateis anticipó que es el primer caso de una "gran cantidad de compañeras que pretenden despedir que no se adapten al nuevo sistema de producción". Lo que solicitan inmediatamente, es que "se reincorpore  a la compañera y volvemos a trabajar".

Por último, señaló que las autoridades de la empresa llegaron con malos tratos para forzarlos a que vuelvan a realizar sus tareas. "El dueño vino muy prepotente a mandarnos a trabajar, dice que no somos conscientes de la situación del país y que tiene la fábrica abierta para que nosotros tengamos trabajos. Somos conscientes de eso, por eso defendemos nuestros puestos de trabajo viendo a trabajar todos los días. Muchos tenemos problemas de salud por la cantidad de producción que pide esta empresa. Todo el mundo tiene un límite", concluyó

El Departamento Pesca Municipal dependiente de la Delegación Puerto clausuró una vieja planta de pescado ubicada en Gianelli al 1000 en la que se desarrollaban actividades ilegales de corte de pescado, sin contar con la correspondiente habilitación municipal.

En el procedimiento, se realizó el decomiso por falta de garantías de inocuidad sanitaria de 30 cajones por 35 kg (aproximadamente 1000 kg) de pescado procesado y sin procesar. Las actuaciones se giraron al juzgado municipal de faltas y se dio cuenta de lo actuado a OSSE para el corte del suministro de agua y sellado de las cloacas.

“Se procedió a clausurar principalmente por la falta total de higiene y condiciones sanitarias aceptables para la elaboración de alimentos para consumo humano. En estos lugares no se cubren tampoco los requerimientos mínimos exigidos para proteger la integridad de los trabajadores, las instalaciones eléctricas y sanitarias prácticamente no existen, no hay cobertura social ni aportes y las condiciones laborales son infrahumanas ya que en algunos lugares ni techo tenía el lugar”, explicaron desde el área.

Asimismo, advirtieron "que la falta de higiene y condiciones de seguridad generarán la inmediata clausura del lugar, ya que al ser el pescado un alimento altamente sensible a un manipuleo incorrecto y a una falta de mantenimiento de la cadena de frió, puede acarrear intoxicaciones graves en la población en general”.