El Gobierno bonaerense actualizó los cuadros tarifarios eléctricos que regirán en el territorio con los consumos de octubre, camino similar que siguió el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con los valores de Camuzzi Gas Pampeana. De esta manera, los usuarios lo verán impactado en las facturas de noviembre y diciembre.

Con respecto a la luz, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la Resolución Nº 1042 que actualiza los cuadros de octubre e introduce una nueva actualización a regir desde noviembre, en línea con los precios mayoristas definidos a nivel nacional y el esquema de reducción gradual de bonificaciones.

La resolución alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, así como a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Para este mes, se incorporan los Precios de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado de la Energía del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones.

En tanto, desde noviembre se aplica una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto de Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Los nuevos cuadros comprenden a usuarios residenciales, no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público hasta 10 kW, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas, clubes de barrio y pueblo, y la categoría sin subsidio del Estado nacional. Para el caso de EDELAP (aunque la suba es similar en todos los prestadores), el cargo fijo para el Tramo 1 pasó a $3960,47, es decir un ajuste de 1,7%.

Paralelamente, el Enargas aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A., que regirán a partir del 1 de noviembre, en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la actualización mensual prevista en las Reglas Básicas de la Licencia (RBL).

La medida que aprueba los valores correspondientes a la próxima cuota de la RQT, incorpora los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) definidos por la Secretaría de Energía, y el recargo que pagan los usuarios de todo el país para financiar el régimen de tarifas diferenciales, conocido como Zona Fría.

Si se toma como referencia la categoría R1, la suba del gas es del 4% mensual. En octubre, un usuario de ese grupo tenía un cargo fijo de $3210,44 y ahora pasará a $3.341,16. A esto se le suma otro 4% de aumento en el cargo variable que sube de 178,31 a 185,53 pesos por metro cúbico de consumo.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, aseguró que el Presupuesto 2026 busca modificar la ley de Zona Fría pero que algunos municipios, como Bahía Blanca, no se verían afectadas porque eso dependerá del análisis que haga el Gobierno. Sin embargo, la “ley de leyes” lo desmiente.

Santilli buscó llevar tranquilidad a varios municipios bonaerenses que, de acuerdo a lo que aseguró el Gobierno de Javier Milei, de aprobarse el Presupuesto 2026 se quedarán sin el beneficio de la Zona Fría, un descuento en el gas que abarca a más de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de General Pueyrredon.

"El Presupuesto dice que le da facultades al Gobierno nacional para definir, con estudios, cuáles son las Zonas Frías y cuáles no lo son. Porque Bahía Blanca es una Zona Fría, el problema es el abuso de la herramienta que llegó a distritos donde no hace frío”, explicó el ex vicejefe de Gobierno porteño en la administración de Larreta, en diálogo con La Nueva.

En ese sentido, aseguró que desde este espacio sostienen que Bahía Blanca debe continuar dentro de la Zona Fría. “Lo venimos planteando hace tiempo y tiene que quedar como está. Ahora, no para el resto cuando vos te vas más arriba en la latitud", agregó el cabeza de lista de LLA para esta elección, quien está de recorrida por el interior y este jueves habló con Ecos Diarios de Necochea.

Sin embargo, los dichos del diputado libertario no van en sintonía con lo que dice el Presupuesto 2026 y con lo que plantearon funcionarios de Milei. De hecho, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, reiteró en Diputados la intención del oficialismo de reducir el Régimen.

Es que cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó en 2002 de 850.000 hogares a 4 millones en 2021, en el Gobierno de Alberto Fernández. Esa ampliación, que sumó a 90 municipios bonaerenses que no estaban, garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

“El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso elimina totalmente los descuentos por Zona Fría para todas las zonas incorporadas en 2021. Así, todas las localidades de la provincia de Buenos Aires que hoy tienen el descuento, dejarían de tenerlo si se aprobara el artículo 72”, aseguró Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

Si bien Mar del Plata fue incluida en el régimen de zona fría durante ese año, otorgando descuentos en la tarifa de gas, lo mismo sucedió con Bahía Blanca, por lo que el ejemplo puesto por Santilli no es demasiado lógico. Si pensamos en el clima en invierno -julio-, el promedio de la temperatura mínima en la ciudad del sur bonaerense es de 4°, mientras que en General Pueyrredon es de 5°, casi sin variaciones, como sucede con la máxima, en ambas de 13°.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.

Fuente: DIB

Los concejos deliberantes de distintas ciudades bonaerenses abroquelan contra la intención del Gobierno nacional de eliminar el régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 27.637 en 2021. En municipios como General Pueyrredon, Tandil y Olavarría, los bloques opositores impulsaron resoluciones para exigir que el beneficio tarifario se mantenga, ante el impacto que tendría en miles de hogares la quita del descuento de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas.

En Mar del Plata, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por la concejal de Acción Marplatense, María Ayala, que contó con el acompañamiento de Unión por la Patria, el Frente Renovador y el radicalismo, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza se abstuvieron.

“Se trata de un régimen que involucra a 260 mil familias y que impacta directamente en jubilados, sectores de menores ingresos, personas con discapacidad y pymes locales”, sostuvo Ayala en diálogo con Diputados Bonaerenses.

En esa línea, la edil marplatense remarcó que el beneficio “no es un privilegio, sino un derecho” y advirtió que un aumento del 30% o 50% en la factura de gas “profundizaría la crisis que ya atraviesan los vecinos”. Por eso, Ayala insistió en que el intendente Guillermo Montenegro “lidere el reclamo” ante los reiterados embates del Ejecutivo nacional.

Su compañera de ciudad, la concejal electa, Melisa Centurión, celebró la aprobación del proyecto y apuntó contra el oficialismo por abstenerse: “Cuando había que defender a Mar del Plata, eligieron mirar para otro lado”. A su vez, destacó que la quita “golpea de lleno a jubilados, a los hogares que necesitan calefaccionar por cuestiones de salud y a las pymes que ya están complicadas por la recesión”.

En Tandil, el concejal del Movimiento Evita, Nicolás Carillo, valoró la aprobación por amplia mayoría de una resolución en defensa de la Zona Fría en el Deliberante local. “Tuvo 18 votos positivos sobre 20 concejales, con la abstención de los dos de La Libertad Avanza. Quedó claro que esta es una herramienta que debemos defender porque lo contrario implica otro triste avance sobre los salarios, los haberes jubilatorios y la economía regional”, explicó.

Carillo advirtió que la derogación del régimen implicaría “un mayor deterioro económico” en una ciudad que ya presenta temperaturas promedio mucho más bajas que la Capital Federal y otros distritos. “Es un servicio esencial para familias y empresas, y no puede estar en discusión. Este tipo de medidas solo buscan rascar la olla para sostener un tipo de cambio insostenible”, lanzó el edil.

En Olavarría, el Concejo Deliberante también aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación impulsado por Unión por la Patria, que finalmente fue consensuado por todos los bloques. El texto quedó redactado como una “manifestación de preocupación por la exclusión del Partido de Olavarría respecto de los beneficios de la ley de Zona Fría”.

“Exhortamos al Congreso de la Nación a mantener estos beneficios para los usuarios locales”, remarcaron en el recinto.

Sobre ello, el concejal de Juntos, Hilario Galli, expresó que si bien los cuerpos deliberativos municipales “no pueden modificar el presupuesto nacional, sí corresponde expresar el rechazo y dejar un mensaje claro a los legisladores nacionales”. En la misma línea, la concejal Liliana Schwindt aseguró que el reclamo debe ser “unánime y sin fisuras” porque “lo que está en juego es el bolsillo de los vecinos”.

La Ley 27.637 amplió en 2021 el régimen de Zona Fría que ya regía en la Patagonia, Malargüe y la Puna, al incorporar a municipios de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y otros distritos con climas hostiles. El beneficio alcanza a más de tres millones de hogares en todo el país, que reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas, financiados a través de un fondo fiduciario.

Fuente: Diútados Bonaerenses

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y decidió extender el esquema actual de subsidios a la electricidad y el gas natural por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

De esa forma, el Gobierno mantendrá hasta el próximo 31 de mayo el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y de gas. Desde 2022 está vigente la segmentación de subsidios por niveles de ingresos (altos, medios y bajos).

Si bien la gestión de Javier Milei avanzó en recortes parciales de esas subvenciones, la intención oficial es eliminarlos de manera completa en 2025, pero la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la Secretaría de Energía y la urgencia por minimizar posibles cortes masivos en el verano atrasaron el cronograma original.

“Lo venimos trabajando mucho. Nos hubiera gustado publicarlo esta semana, pero estábamos haciendo los últimos cálculos del impacto en las tarifas. Vamos a fijar un período de transición hasta abril y después ir a una tarifa focalizada”, planteó la secretaria de Energía, María Tettamanti, al participar del evento Energy Day que organizó el sitio especializado Econojournal.

Para tomar la decisión, la Secretaría realizó evaluaciones “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

A su vez, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Fuente: DIB 

Las facturas y comprobantes no podrán a partir de hoy incluir cargos ajenos a los bienes y servicios contratados, es decir que no se podrán incluir otros cargos como tasas e impuestos.

La resolución 267/24 de la Secretaría de Comercio publicada el 10 de septiembre otorgaba 30 días a las empresas para que se ajusten a la nueva norma que se cumplen este viernes.

La norma abarca a las empresas de servicios públicos de todo el país y a quienes comercializan bienes. De esta forma, solo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio.

En caso de incumplimiento, los consumidores podrán denunciar las irregularidades a través de la casilla de correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar. Las empresas que no cumplan con la normativa podrán ser multadas.

La resolución  Comercio se complementa con las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas esta semana, en las que se prohíbe incluir en las facturas conceptos ajenos a los servicios prestados.

La decisión de la Secretaría de Industria y Comercio surge como respuesta a las reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales.

La medida fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país que manifestaron la necesidad de terminar con estos cobros indebidos, que encarecen el valor total de la factura.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que le impide a los municipios incluir tasas municipales en las boletas de luz o gas.

La causa que derivó en esta resolución la inició el alcalde de Pilar, Federico Achával, y por el momento la suspensión regirá solo en ese distrito y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto es: si una decisión del Ministerio de Economía puede estar por encima de una norma de la Legislatura bonaerense, que había habilitado este mecanismo de recaudación.

El expediente que ingresó en los tribunales federales de Campana se tramitó en la secretaría Civil de ese fuero. Según argumentó la comuna, la acción judicial busca "garantizar la capacidad recaudatoria de la comuna, y con ello la viabilidad del sistema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar".

Los abogados de la intendencia consideraron que la resolución impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación causaba un "gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio".

La reacción ante los tribunales por parte de los intendentes del Conurbano era una acción esperable. En una reunión que mantuvieron hace una semana, plantearon que la imposibilidad de incluir la tasa de alumbrado en la factura de la prestadora del servicio dejaría a las ciudades del Gran Buenos Aires como "una boca de lobo". Y que podría generar más inseguridad.

Caputo mantiene una disputa con las administraciones comunales porque asegura que la inclusión de ítems "no específicos" al servicio que se cobra encarece las boletas, que ya vienen con altísimos aumentos por la quita paulatina de los subsidios que aplica el Gobierno.

El fallo de la justicia Federal de Campana sostiene que la resolución de Economía "no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física". La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también se considera una intromisión en el ámbito local, violando la autonomía del municipio en su capacidad recaudatoria, un eje que podría ser clave en la disputa legal entre Nación y los municipios.

El juez González Charvay, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que "la medida cautelar no afecta al erario público nacional" y que la suspensión de la normativa garantizaría la capacidad recaudatoria del municipio, permitiendo así el mantenimiento de servicios vitales como el alumbrado público y la seguridad.

La resolución cautelar interina será efectiva hasta que se resuelva el fondo del debate jurídico. El Ministerio de Economía deberá presentar un informe en el plazo de tres días, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio tendrá cinco días para proporcionar un estudio detallado sobre la cuestión. El fallo también exige a la parte actora prestar caución juratoria antes del libramiento del oficio ordenado.

El magistrado describe en el escrito las normas provinciales (Ley 10.740) y las ordenanzas municipales que avalan la incorporación de la tasa por "servicios de alumbrado" público en la boleta de Edenor. Y un aporte por mantenimiento de los sistemas de conexión de gas que figura en la factura de la distribuidora NaturgyGas, que opera en el distrito.

El juez evaluó que Pilar realiza -a partir de esa recaudación- una prestación puntual, que uno de los requisitos que exige la instauración de una "tasa municipal".

"La Constitución de la provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo", observa la resolución que firmó el juez González Charvay.

Caputo apeló a un capítulo de la Ley de Defensa del Consumidor para imponer la restricción. “Queremos que quede claro a los vecinos que estas subas de los servicios no son provocadas por el Gobierno nacional, sino por los intendentes”, argumentó el ministro. Aunque las boletas lleguen con montos de $80; $100 o $150 mil pesos y la “carga” comunal sea de $2 o $3 mil. El ministro mostró una liquidación del municipio de la Costa para poner como ejemplo.

La decisión de Caputo tuvo otra observación administrativa. El Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) había anticipado que en la Provincia las empresas distribuidoras estaban habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

La Provincia regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Además, hay unas 200 cooperativas eléctricas que operan en ciudades y pueblos del interior bonaerense. En todas el cobro de tasas quedaba permitido. La aclaración también resulta una pulseada de Axel Kicillof con el Gobierno de Javier Milei.

"Además, existe una ley de la Legislatura provincial que habilita el cobro de la tasa de alumbrado a través de las compañías de distribución. Una resolución ministerial no puede estar por encima de una Ley", dijo Diego Rozengardt, presidente del Oceba.

Si Oceba permite cobrar tasas en las empresas concesionadas por la Provincia y la Justicia frena la resolución en la firmas de jurisdicción nacional (Edenor y Edesur), entonces la medida de Caputo queda abstracta.

Fuente: Clarín

El Gobierno volverá a aumentar en todo el país las tarifas de luz y gas en septiembre, mes en el que anticipan una continuidad en la baja de la inflación por la reducción del Impuesto PAIS. El incremento será del 4% promedio en las facturas de los hogares, industrias y comercios.

Será un nuevo impacto al bolsillo de los consumidores, pero en particular para los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se actualizarán un 4,48%, además del efecto que puede tener la quita de subsidios al colectivo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En el caso de las boletas de energía, el ministro de Economía Luis Caputo analiza junto a su equipo cuál será la magnitud de la suba que aplicará desde el mes próximo. La pauta con la que trabajan las empresas es de entre el 2% y el 4% en el precio de la electricidad y el gas, pero también en el sector de transporte y distribución. Fuentes oficiales confirmaron que será del 4% promedio.

La visión en el equipo económico del gobierno es que la continuidad de la desaceleración en la inflación permitirá continuar con la senda del ajuste en las tarifas y el ordenamiento de algunos precios relativos que se había retomado en agosto. La reducción del impuesto PAIS en septiembre permitirá que la inflación “baje otro escalón”, según la visión de Caputo.

En tanto, las tarifas de energía están compuestas por el precio de la luz o el gas, Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), respectivamente, la tarifa de transporte, la de distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Es sobre el PEST y el PIST donde se aplica una “bonificación” que es subsidiada por el Tesoro, mientras que en transporte y distribución se encuentra la remuneración de las empresas.

Fuente: Infobae

Las tarifas de gas registrarán un aumento a partir del consumo de este miércoles, con un impacto que comenzará a reflejarse en las facturas de mayo. Se espera un incremento de al menos el 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tiene preparada la resolución con los nuevos cuadros tarifarios, que se publicarán en el Boletín Oficial. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud.

La secretaría de Energía reveló la semana pasada los nuevos valores que los usuarios deberán abonar por el costo de producción del gas a partir de este mes. Según la información proporcionada, en promedio, los hogares de ingresos altos verán aumentar su factura de $2961 a $9271; los de bajos ingresos, de $838 a $2462; y los de ingresos medios, de $1975 a $6375. Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas.

Enargas publicará mañana los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas. Estas tarifas se aplican a las empresas responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares. Este aumento será uniforme para todos los usuarios, ya que no hay segmentación en estos componentes de las facturas.

Si se materializan todos estos aumentos, las tarifas en el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían aumentar en promedio $8000 en un mes, sin tener en cuenta la reducción de subsidios establecida por la secretaría de Energía.

Aunque los pedidos de ajuste realizados por las empresas no son vinculantes, se anticipa algún tipo de incremento, dado que la mayoría de las empresas reportaron pérdidas el año pasado debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Se espera que el ente que regula el gas apruebe un aumento del 350%, lo que implicaría un incremento en la tarifa final de al menos el 70%.

Fuente: Noticias Argentinas.

El Gobierno de Mauricio Macri consensuó este lunes una propuesta "alternativa" para el pago de las facturas de gas, cuyo valor será "aplanado" para que la mayor carga no recaiga sobre los contribuyentes en los meses de invierno.

Durante la reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, el jefe de gabinete Marcos Peña dio detalles de la propuesta, que será anunciada en los próximos días por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Según La Nación, el "prorrateo" de las tarifas a lo largo del año dará como resultado que los usuarios de gas paguen "la misma tarifa de gas del año pasado" en los meses más críticos.

Minutos después, Hacienda confirmó que la factura de gas tendrá un descuento del 20% en los meses de invierno. "Entre mayo y septiembre la factura de gas tendrá un descuento del 20 por ciento. La diferencia se cobrará luego en los meses de verano, a partir de diciembre, cuando el consumo es sensiblemente menor. De esta manera podremos dar previsibilidad a las familias sobre sus gastos mensuales. Los intereses por este diferimiento en el cobro quedarán a cargo del Estado nacional", detallaron.

En el mismo comunicado posterior a la reunión, desde el Gobierno dejaron en claro que el pedido de "revisar" las tarifas, explicitado por los tres gobernadores radicales la semana pasada en Corrientes, había sido escuchado.

"Ante el planteo que realizara la Unión Cívica Radical la semana pasada, se conformó una mesa técnica de trabajo entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía y los de Cambiemos. Como conclusión se acordó disponer un aplanamiento de las facturas de gas para los meses de mayor consumo. Los detalles serán oportunamente comunicados por el Ministerio de Hacienda", afirmó el comunicado oficial.

En Corrientes, la cúpula radical, encabezada por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), había sido directa en el pedido de cambios que aligeren la carga de los usuarios en pleno año electoral. "La consolidación macroeconómica debe sustentar un modelo social distinto, con centralidad en el empleo y en el hábitat de calidad, basado en una ética del ciudadano. En ese sentido, creemos necesario revisar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos", afirmó entonces la UCR a través de un comunicado.