El Gobierno nacional aprobó la nueva reglamentación de la Ley N°23.052, que regula el sistema de calificación de películas cinematográficas en la Argentina, a través del Decreto 50/2026. La medida actualiza un marco normativo vigente desde 1984 y lo adecúa a los cambios culturales, sociales y tecnológicos vinculados a la producción y el consumo de contenidos audiovisuales.

El nuevo esquema tiene como objetivo brindar información clara y suficiente al público, especialmente a padres, madres y tutores, para que puedan ejercer de manera responsable su rol de orientación respecto del acceso de niñas, niños y adolescentes a los contenidos audiovisuales.

En ese sentido, el decreto reafirma que la responsabilidad primaria en la supervisión de los consumos culturales de los menores corresponde a las familias, mientras que el Estado cumple un rol complementario de orientación y prevención.

La normativa asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la competencia exclusiva para otorgar las calificaciones cinematográficas, en reemplazo de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, cuya estructura y funcionamiento habían quedado desactualizados.

Según se informó oficialmente, esta centralización permitirá una mayor agilidad, coherencia y especialización técnica, reduciendo demoras burocráticas y facilitando el acceso oportuno del público a las obras cinematográficas.

Entre los principales cambios, se establece la posibilidad de homologar automáticamente las calificaciones otorgadas por organismos reconocidos en los países de origen de las películas, en especial en el caso de producciones extranjeras, que representan la mayor parte de la oferta en salas argentinas. Esta homologación se realizará sin perjuicio de la facultad del INCAA de adecuar las calificaciones por razones de orden público cuando corresponda.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó: “Durante décadas, el Estado argentino sostuvo estructuras pensadas para otra época, que no solo eran ineficientes sino que también partían de la desconfianza hacia las personas y las familias”.

Y agregó que con el Decreto 50/2026 “damos vuelta esa página: sacamos al Estado de donde no tiene nada que hacer, confiamos en la responsabilidad de los adultos y en la libertad de elección, y modernizamos un sistema de calificación cinematográfica alineándose con estándares internacionales. La cultura florece con libertad, no con tutelas”.

El Gobierno nacional trabaja en una reforma laboral que tenga el consenso de los gobernadores y genera cierto ruido entre los sindicatos. Y aunque la letra chica tiene algunos puntos polémicos, la administración libertaria negó que se vaya a extender la jornada diaria de trabajo, como aseguraban los rumores.

“Hace diez años que la Argentina no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, manifestó hoy el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, rechazó que la reforma piense en quitar derechos o avanzar sobre la jornada laboral, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.

Luego de destacar que las medidas tendrán como principal objetivo formalizar el 50% del empleo que se calcula que opera bajo la informalidad, el funcionario buscó llevar tranquilidad sobre uno de los puntos más polémicos que se conoció tras que trascendieran las primeras líneas del proyecto.

“Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero y es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”, señaló en diálogo con Radio Mitre. Y rechazó versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

Sin embargo, el proyecto de ley que presentó la diputada libertaria Romina Diez propone lo siguiente: incorporar cambios al artículo 197 bis de la Ley N° 20.744, sumando el siguiente texto: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”. 

El ministro, además, propuso reformular la negociación salarial colectiva. Detalló que en la Argentina los convenios por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, lo que según sus estimaciones eleva sustancialmente los costos en zonas menos productivas y limita la generación de empleo formal. “Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un 16%”, explicó.

También Sturzenegger se refirió al rol de los gremios y las cámaras empresariales, de quienes dijo que “muerden” del salario para cobrar la representación que les dan a los empleados. “A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Cuando dos personas contratan, arrancan 100 mil pesos abajo porque hay que pagar estos peajes. Eso no trae ningún beneficio directo para el trabajador”, sostuvo, al definir como central reducir estos sobrecostos estructurales. “Si sacáramos ese peaje, le devolveríamos al trabajador 100 luquitas ($100.000) por mes”, cerró.

Fuente: DIB

Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral. Ante unos 1000 hombres de negocios que lo escuchaban atentamente en el principal auditorio, sostuvo que el Gobierno otorga libertad para rediseñar contratos laborales, pero los empresarios no avanzan.

“El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, expresó, subrayando que la administración decidió delegar esa responsabilidad en el sector privado y, en su diagnóstico, este no adoptó ninguna medida concreta.

El ministro se refería puntualmente a los cambios impulsados desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Pero, como dijo el funcionario, hubo poco avances al respecto.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ‘definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador’”, afirmó el ministro. Y agregó: “No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes”.

Después de su panel, desde IDEA dejaron trascender una réplica. “La aplicación de este sistema (de cese laboral) requiere de un acuerdo explícito en cada convenio colectivo de trabajo. Esto significa que su implementación no es automática ni universal, sino que depende de la voluntad de las partes involucradas en cada sector. Puede funcionar en los sectores como la construcción, donde existe alta rotación de personal, pero no se adapta a todos los sectores. Además, la implementación de este sistema representaría un costo fijo mensual adicional para las empresas más pequeñas”, destacaron.

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger abordó el problema de la informalidad y la falta de generación de empleo registrado durante la última década. Señaló: “La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Según su visión, el sistema actual impone una “alta carga impositiva sobre el trabajo” y agregó que existe una atención desproporcionada sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero escasa discusión sobre los impuestos laborales.

El funcionario también cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la aparición de lo que denominó “peajes”, es decir, costos compulsivos para trabajadores y empresas embebidos en las convenciones. Calificó estos cargos adicionales como “impuestos privados ilegales” y explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora.

“Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”, planteó, en referencia a la medida presentada por la Cámara Argentina de Comercio. A su criterio, estos peajes afectan el salario neto que percibe el trabajador y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y los precios al consumidor.

Para ilustrar el impacto de esos recargos, Sturzenegger se refirió a varios ejemplos sectoriales. En el caso del gremio de camioneros, los “peajes” equivalen prácticamente a $1 millón por año y por trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a un $1,3 millón. En comercio, $800.000. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el ministro.

Otro eje de la disertación giró en torno a las negociaciones salariales. Sturzenegger comparó el sistema argentino con el de países europeos y puntualizó que los esquemas sectoriales y nacionales que imperan en Argentina generan inequidades regionales, afectando la generación de empleo en las zonas menos desarrolladas del país. Usó los casos de Alemania e Italia como referencia para mostrar cómo la rigidez en la fijación de salarios nacionales perjudica el empleo en regiones con menor productividad. “Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos”, señaló ante los empresarios.

El funcionario recordó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, aunque actualmente enfrenta frenos judiciales. Rescató la inclusión de una cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que según su análisis posibilitaría la adecuación de los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas de cada región o sector.

Fuente: con información de Infobae

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió que las promesas de privatización de la infraestructura pública y la reactivación de obras bajo un nuevo esquema se han demorado.

Sturzenegger identificó el traspaso de las rutas nacionales al sector privado como el principal foco de retraso, aunque defendió la decisión de eliminar la obra pública tradicional para desterrar los altos niveles de corrupción adjudicados a la gestión anterior. Además, destacó que el ajuste del gasto y el achicamiento del Estado ya han generado un ahorro de US$2000 millones anuales.

El funcionario reconoció las demoras en los planes de transferencia, mencionando específicamente: “Las rutas las tenemos que pasar al sector privado, y la verdad que nos demoramos en eso”.

El ministro explicó que, si bien el Gobierno respaldó plenamente la decisión de no tener más obra pública debido a la corrupción, ahora debe asegurar que el sector privado se movilice para asumir esas responsabilidades, algo que, según él, "tendríamos que haber hecho más rápido". No obstante, consideró que "la rueda se puso a rodar" con la reciente apertura de sobres de la licitación de la primera etapa de las rutas del Mercosur, que recibió siete ofertas.

El titular de Desregulación confirmó que el "reordenamiento del Estado" y el ajuste de gastos se profundizarán. Subrayó el éxito de la política de achicamiento de la planta de empleados públicos, la cual permitió el ya mencionado ahorro de US$2000 millones por año, fondos que se devuelven a la población.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el funcionario arremetió contra la oposición, acusándola de "hacer daño en el Congreso" al "emitir leyes que generan gastos sin hacerse cargo de los recursos", criticando el intento de "debilitar el equilibrio" fiscal.

Previo a la reunión entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, Sturzenegger se refirió al encuentro. Destacó que, desde el punto de vista geopolítico, Argentina es un "socio interesante para Estados Unidos", debido a que Milei y Trump "comparten muchas visiones" y a que la alineación del país con EE.UU. e Israel es "única en Latinoamérica".

Fuente: TN

El senador radical Alejandro Cellillo cuestionó la medida oficializada a través de la Resolución 1196/2025 y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Es evidente que los funcionarios libertarios no transitan las rutas de la provincia. Nadie que conozca y circule por las rutas bonaerenses puede tomar este tipo de decisiones”.

En la misma línea, la diputada Silvina Vaccarezza aseguró que habilitar bitrenes “con rutas abandonadas es incomprensible” y reclamó una política de infraestructura que priorice la seguridad y el desarrollo productivo. “Se necesitan obras urgentes para potenciar la producción, no parches sobre parches”, enfatizó.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se sumó al rechazo. “Lo que faltaba era autorizar camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas”, reprochó. Según explicó, los bitrenes requieren mayor distancia de frenado y maniobras más complejas, lo que sumado al mal estado de las rutas “configura una bomba a punto de estallar”.

La normativa, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, eliminó el sistema previo de corredores restringidos y habilitó la circulación de vehículos de hasta 30,25 metros de largo en casi todo el país. Desde Nación defienden la medida como un paso hacia la reducción de costos logísticos y mayor productividad.

El cruce expone una nueva tensión entre la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y los reclamos de la Provincia, que exige obras en rutas y red ferroviaria antes de habilitar el tránsito de camiones de gran porte.

Fuente: Diputados bonaerenses

La Secretaría de Transporte señaló que  la normativa unifica criterios para todas las categorías de bitrenes y permitirá que estas unidades de gran porte circulen por el 100% de la red vial, con excepción de curvas montañosas o puentes con restricciones técnicas específicas.

 “Se trata de un esquema más simple y flexible, que mejora la previsibilidad normativa y reduce costos innecesarios para las empresas”, explicó el comunicado oficial.

Sin embargo, la decisión generó fuertes críticas desde la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la medida “pone en riesgo a quienes circulan por rutas nacionales que están completamente abandonadas”. 

Además, señaló que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes necesitan mayor distancia de frenado y no doblan igual que un camión convencional. Es una bomba a punto de estallar”.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa y afirmó que el régimen anterior era “incomprensible”. “A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente, sin permisos innecesarios, salvo en unos pocos tramos con curvas muy pronunciadas. Esto permitirá bajar los costos de la logística y mejorar la competitividad”, aseguró.

La discusión sobre la circulación de bitrenes reabre un debate recurrente: mientras Nación prioriza la desregulación para favorecer la productividad, la Provincia insiste en que la falta de mantenimiento de la red vial convierte esta decisión en un riesgo para la seguridad vial.

Fuente: Dib

Este lunes desde las 9, el Consejo de Mayo se reunirá por segunda vez en la Casa Rosada para avanzar en uno de los objetivos centrales del Gobierno: la reforma laboral. 

La agenda apunta a profundizar el debate sobre cambios en las leyes laborales, previsionales y tributarias, tal como establece el Pacto de Mayo firmado semanas atrás. Según confirmaron desde el Ejecutivo, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, ya comenzó a delinear un proyecto con foco en reducir la informalidad.

El Gobierno plantea que una reforma laboral es indispensable para luego discutir el sistema previsional. Entre los ejes centrales del nuevo esquema figuran la descentralización de la negociación colectiva y la eliminación de las cuotas solidarias, medidas que generaron resistencia sindical en el pasado.

Pese a las discusiones técnicas, en Balcarce 50 ya decidieron que la presentación formal del proyecto en el Congreso se postergará hasta después de las elecciones legislativas. En el entorno de Javier Milei apuestan a que un nuevo equilibrio parlamentario facilite la aprobación de propuestas que hoy no contarían con los votos necesarios.

En esta etapa participarán activamente Guillermo Francos, Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el titular de la UOCRA Gerardo Martínez y el presidente de la UIA Martín Rappallini.

La cita también se da tras el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y en medio de nuevas tensiones con las provincias por la distribución de fondos.

Fuente: TN

Tras el vencimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo, el ministro Federico Sturzenegger aseguró que el Gobierno encara una nueva etapa en el plan de reformas del Estado, y adelantó que aún resta revisar más de 700 mil decretos.

“El 5% del trabajo se hizo con facultades delegadas. Lo más grande empieza ahora”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. El funcionario explicó que estas atribuciones solo abarcaron 2 mil leyes y que el plan de desregulación continúa con el foco puesto en la reestructuración de organismos públicos, la simplificación de trámites y la eliminación de fondos fiduciarios.

Entre los cambios recientes, mencionó la división de Vialidad Nacional para evitar que “se controle a sí misma”, tras las denuncias por corrupción en el área. Y recordó que el proceso de ajuste arrancó con la disolución del INADI: “Era el emblema del uso político del Estado”.

Además, Sturzenegger confirmó que el presidente Javier Milei impulsará una nueva etapa de reformas a partir del 10 de diciembre, con el Congreso como eje clave para avanzar con medidas pendientes del Pacto de Mayo.

También criticó el manejo de fondos fiduciarios en gestiones anteriores: “No encontramos uno que no haya sido saqueado”. Y denunció que el dinero del Fondo Nacional del Manejo del Fuego “fue gastado en sueldos en Télam”.

Al hablar de los organismos descentralizados, cuestionó que cobren por trámites que podrían ser gratuitos: “Hay un incentivo a inflar los trámites para autofinanciarse. La regulación es anti Pyme”.

Frente a las críticas por el ajuste, fue tajante: “La crueldad es un Estado grande. La gente está podrida de pagar tantos años por un Estado que no le da nada. Por eso se fueron 2,5 millones de argentinos en 10 años”.

Por último, destacó avances en tránsito, registro automotor y reformas laborales, y anticipó que sectores como el rural, gastronómico y de seguridad ya trabajan en acuerdos para reducir el costo del juicio laboral.

Fuente: Radio Mitre/ Infobae

En el tramo final de la vigencia de las facultades delegadas por la Ley Bases, el presidente Javier Milei firmará un decreto para derogar más de 40 leyes que considera innecesarias u obsoletas. La medida, bautizada como "decreto hojarasca", fue diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

Entre las normas que se eliminarán figura la Ley 20.843, que instituye el padrinazgo presidencial de los séptimos hijos y otorga beneficios simbólicos como una medalla y una carta del presidente. También se eliminará la Ley 20.120, que exige notificar con antelación reuniones en lugares cerrados, permitiendo al Ejecutivo limitar eventos por razones de seguridad.

Otras leyes que serán derogadas incluyen:

El carnet de mochilero (Ley 20.802), obligatorio para quienes viajen pidiendo ayuda para acampar.

Leyes que establecen el uso obligatorio de microfilm para conservar documentos oficiales en organismos como el Ejército, ANSES y Banco Nación.

La Ley 23.634, que promovía la cría de conejos (cunicultura) con beneficios fiscales y creación de bancos genéticos.

La Ley 27.652, que proponía una estrategia nacional para apoyar a estudiantes afectados por el aislamiento educativo tras la pandemia.

Normas sanitarias vinculadas a la prevención de la viruela y medidas de aislamiento sanitario dictadas en 1960 y 1979.

El Gobierno argumenta que estas leyes “ya no cumplen ningún objetivo concreto” o son “resabios de otro tiempo”. Sturzenegger defendió la medida como parte de una modernización normativa del Estado, y destacó que se eliminarán leyes que representan trabas burocráticas, gasto innecesario o que ya no tienen aplicación práctica.

El decreto llega en un momento de alta tensión política y económica para el oficialismo, en plena disputa con gobernadores por fondos, con la suba del dólar y en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

Fuente: TN

Se conocieron los primeros resultados de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias aplicada a empleados de la Administración Pública Nacional. De las 45.889 pruebas realizadas, solo el 6% fue desaprobado, según datos oficiales.

La iniciativa está a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y tiene como meta medir la idoneidad de los trabajadores para avanzar en la formalización de sus vínculos laborales.

Del total de exámenes tomados, 43.047 fueron aprobados y 2842 no alcanzaron el puntaje mínimo. Sin embargo, desde el ministerio aclararon que cada agente tiene hasta tres oportunidades para rendir, por lo que los datos reflejan evaluaciones y no necesariamente personas únicas.

Las pruebas se distribuyeron en más de 100 organismos, incluyendo ministerios, entes descentralizados, empresas públicas y otros organismos del Estado. Entre las áreas con mayor participación se destacaron:

Ministerio de Salud: 12.357 evaluaciones, con una tasa de aprobación del 93,5%.

Ministerio de Economía: 10.504 exámenes, con el 95,3% de aprobados.

Ministerio de Capital Humano: 6094 pruebas, con 93% de aprobación.

Jefatura de Gabinete: 6607 evaluaciones, con 94% de aprobados.

Ministerio de Defensa: 2209 exámenes, con una de las tasas más bajas: 89% de aprobaciones.

En el extremo opuesto, algunas dependencias lograron resultados perfectos, como la Secretaría de Cultura, la Agencia de Seguridad Nuclear, el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros institutos de baja dotación.

Entre los organismos con mayor cantidad de exámenes desaprobados figuran:

Hospital Nacional Posadas: 324 desaprobados sobre 3900 pruebas.

Ministerio de Defensa: 246 exámenes reprobados.

Ministerio de Salud: 805 desaprobaciones.

Desde el Ministerio de Desregulación destacaron que el objetivo de las evaluaciones no es “recortar por recortar”, sino “jerarquizar la función pública y reducir la discrecionalidad en las designaciones”. Según fuentes oficiales, se busca garantizar que “quienes ocupan cargos lo hagan por mérito y capacidad, no por vínculos políticos ni acomodos heredados”.

Fuente: TN

El Gobierno nacional anunció que los empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre del 2025. Se trató de una medida relacionada con la búsqueda de aumentar la eficiencia en las contrataciones del personal estatal.

El nuevo requisito para ocupar un cargo dentro del Estado fue oficializado en el Boletín Oficial, luego de que se publicara la Resolución 48/2025. Según lo dispuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva normativa estará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

“Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24″, establecieron en el artículo 1° del documento.

En este sentido, la modificación afectaría a todo el Sector Público Nacional, entre ellos, los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados; las empresas, sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta; los entes públicos que cuenten con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y los fondos fiduciarios.

De esta manera, los empleados que no hayan superado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias ya no podrán ser contratados como funcionarios y/o colaboradores, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo a partir del segundo semestre de 2025. En caso de que tuvieran un documento vigente posterior al 30 de junio, precisaron que será anulado producto de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Fuente: Infobae

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que en las próximas elecciones legislativas se pondrá en juego el modelo del presidente Javier Milei o el del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Lo dijo en comparación con la baja de impuesto que promueve el oficialismo desde el Estado nacional y en contraposición a Kicillof: “Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones y en las elecciones legislativas, son esos dos modelos”.

“Queremos devolverle recursos y capacidad de gasto al sector privado o seguimos pensando que la mejor manera es hacerlo a través del Estado”, añadió Sturzenegger, encargado de conducir una cartera apuntada a desregular la economía y la burocracia estatal. 

“Nos preguntamos quiénes fueron los beneficiarios de ese 8%… ¿Quién lo está gastando? ¿Cómo se produjo ese aumento del 8% del gasto privado en 2024? Bajamos el gasto para bajar impuestos. Kicillof quiere subir el gasto, va a tener que subir impuestos”, remató. 

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco de la implementación de políticas dirigidas a la reducción de restricciones comerciales y la desburocratización en el sector privado y público, el Gobierno nacional anunció que derogó 43 normas “restrictivas” que tenían que ver con el comercio.

A través de las Resoluciones 433 y 434/24 publicadas y firmadas por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en el Boletín Oficial, la administración libertaria derogó normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información que consideran innecesaria. También, se eliminó una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de homologación de neumáticos.

“Permite dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente Javier Milei. Vean las locuras que habíamos normalizado”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y destacó: “Todos estos programas sólo metían confusión en el sistema de precios e implicaban gastos que pagábamos todos. Son un nuevo paso que da el Ministerio de Economía de Luis Caputo en el área supervisada por Juan Pazo para tratar de construir una Argentina más libre todos los días”.

En concreto, las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. Asimismo, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

A su vez, se derogó una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos, al tiempo que se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.

En los considerandos de la resolución se indica que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así también diversos programas que, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.

Y agrega: “En consecuencia, resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que sólo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.

Asimismo, se destacó que las medidas se suman a las anteriores 107 derogaciones que ya fueron realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía con el objetivo de “disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”. Entre ellas se encuentran las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP; la baja del programa de control Precios Cuidados; y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.

Fuente: DIB

Desde el 1 de noviembre rige en el país la figura del “silencio positivo”, que busca agilizar gran cantidad de trámites que realiza el Estado. Para el especialista Marcelo Corbalán, se trata de un “cambio paradigmático” y señaló que habrá que estar atentos a que se pueden agregar nuevos trámites a la lista de habilitaciones.

El contador recordó que la Ley Bases “tiene un montón de modificaciones, no sólo impositivas” y que esta medida va “de la mano de la modernización del Estado, buscando darle al ciudadano una respuesta más rápida de parte de la administración”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, para explicar la medida, Corbalán recordó que “cuando interactuabas con el Estado y el Estado no contestaba, esa inacción se tomaba como un silencio negativo. Esto no es que se cambió, se modificó. Para muchos trámites esto sigue de la misma manera, pero para un montón cambia y el silencio pasa a ser positivo”.

En ese sentido, el contador señaló que este tema del silencio positivo “no se aplica a gran parte de la administración pública, sólo en la medida que cuadre con el listado que sacó el poder Ejecutivo” y detalló que por ejemplo “no se aplica para salud pública, para servicios públicos, bienes del estado, ni cuestiones de medioambiente”.

Para el resto de las cuestiones hay un decreto con dos anexos, donde se puede chequear si procede o no procede la figura del silencio positivo: “Tenés que ir a ver el trámite que se trate porque si entrás a los anexos está toda la administración pública. Y esto es a nivel nacional, pero no a nivel provincial o municipal”.

Por eso, Corbalán consideró que “acá hay que ver cada trámite en particular, revisarlo en el anexo correspondiente y si está, y no te contestan, se toma como un silencio positivo”. No obstante, para el contador esta medida es “un cambio paradigmático, impensado hace un tiempo atrás”.

“Lo que hay que estar atento es que el Estado tiene la facultad de seguir agregando trámites. Es algo dinámico. Va a ir aumentando la cantidad, lo que se busca con esto es que el Estado se mueva. Ojo que te pueden contestar por la negativa, pero por lo menos te pueden contestar. A partir de ahí la actividad del Estado va a tener otra agilidad”, concluyó el especialista.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA) recibieron de manera positiva la decisión del Gobierno argentino de desregular el servicio de rampa en todos los aeropuertos del país.

En un comunicado conjunto señalaron que esta medida que, entre otras cosas, habilita la entrada de nuevos actores para realizar tareas fundamentales en la operación de aeronaves en tierra, acompañada por la facultad otorgada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otras fuerzas especiales para intervenir en situaciones excepcionales, atiende a un persistente pedido de la industria.

“Esta norma es un paso más en la desregulación del transporte aéreo en Argentina, que busca asegurar el buen funcionamiento de un sector fundamental para la conectividad, la movilidad de las personas, el turismo y el comercio”, sostuvo Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Agregó que “los avances que se vienen realizando potencian un entorno transparente y equitativo para la industria y promueven los valores que facilitan la libre competencia y la eficiencia operacional en un mercado tan relevante como el argentino”.

IATA y JURCA destacaron la importancia de que la implementación de esta norma se realice atendiendo a las necesidades de la industria para garantizar que los cambios introducidos permitan a las líneas aéreas operar de manera libre y eficiente en Argentina.

Para ello, solicitaron se tengan en consideración la participación consultiva de líneas aéreas, aeropuertos y demás actores de la industria en la implementación de la normativa, según indicaron en el comunicado.

“Reiteramos nuestra disposición e interés en trabajar coordinadamente con el gobierno y los demás actores involucrados para discutir los detalles sobre la implementación de esta nueva norma”, enfatizó Cerdá.

“Queremos brindar nuestra experiencia para que Argentina pueda alinearse con las mejores prácticas mundiales en ground handling y con las Directrices Mundiales de Slots Aeroportuarios (WASG), que son la base del proceso mundial de coordinación de slots, todo en pro del crecimiento de la aviación, considerando la importante contribución al desarrollo social y económico del país y sobre todo en el beneficio a los ciudadanos”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que se prohibieron los “cargos hereditarios” en la administración pública.

Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en conferencia de prensa.

La resolución firmada apunta a impedir que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo que regía en organismos como ANSES, Aduana, AFIP, Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos. 

Según argumentan desde el Poder Ejecutivo, la decisión “profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado”.

Al respecto, el ministro planteó: “En Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice que luego del fallecimiento del agente se procedía a la incorporación de familiares, como el hijo o el cónyuge”.

En una especie de racconto histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el presidente Milei ha decidido eliminar”. 

“Si se revisan los años de las cláusulas se puede ver que, en el BNA y el BCRA, son de 1973, en ANSES de 1998, en Aduana de 2008, en YPF de 2012 y Ferrocarriles, 2015. Todos son gobiernos peronistas. Se perfila entonces que en Argentina hay dos versiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y acá está tipificado quiénes son”, sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas 

A partir de la publicación de dos nuevas resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Gobierno argentino avanza con la desregulación del comercio exterior. Estas disposiciones, anunciadas en el Boletín Oficial de hoy, derogan el uso de valores de referencia para exportaciones y eliminan la participación de veedores sectoriales en el proceso de verificación aduanera, ambos mecanismos que habían sido implementados para garantizar mayores controles en las operaciones comerciales internacionales.

El anuncio fue realizado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de dos tuits, en los que detalló las implicancias de las resoluciones. En el primero, Sturzenegger explicó que con la publicación de la Resolución General AFIP 5587/24, “damos por finalizado el uso de los ‘valores de referencia’ para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción”. Según el ministro, esta medida busca facilitar el comercio exterior y eliminar una fuente de sobrecostos que afectaba a ciertos sectores productivos.

Los valores de referencia fueron establecidos como una herramienta para prevenir la subfacturación de exportaciones. En este sistema, los exportadores debían aportar una garantía si el valor de venta declarado era inferior al valor referencial determinado por la AFIP. Este esquema fue criticado por generar un impacto negativo en la rentabilidad de los exportadores, ya que obligaba a cubrir la diferencia entre el valor declarado y el valor referencial, lo que implicaba costos adicionales.

“A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público”, sostuvo Sturzenegger en su tuit, destacando que estas medidas responden a los objetivos del presidente Javier Milei de reducir los niveles de intervención estatal en la economía.

La Resolución General 5587/24 no solo elimina los valores de referencia, sino también el Canal Rojo Valor, un mecanismo que imponía controles adicionales en las exportaciones con precios por debajo del valor referencial. De acuerdo con el texto de la resolución, las destinaciones definitivas de exportación seguirán cursando por los canales de selectividad habituales, aunque podrán ser sometidas a un control posterior, según lo establecido en la Resolución General AFIP 5002/21. Esta disposición permite a la AFIP realizar controles ex post para evaluar la correcta valuación de las mercaderías exportadas, lo que, según la administración tributaria, asegura que los controles sigan vigentes de manera más eficiente.

El segundo cambio significativo anunciado por Sturzenegger está relacionado con la publicación de la Resolución General AFIP 5586/24, que derogó las Resoluciones Generales 701 y 799, normas que obligaban la participación de veedores sectoriales en la verificación de mercadería cuando esta ingresaba al país por el canal rojo. Estas normativas permitían a representantes de distintas cámaras industriales supervisar los procesos de importación en sectores específicos, como el calzado, el acero o los caños para la industria petrolera. Sturzenegger explicó en su tuit que estas normativas formaban parte del control que “las castas ejercieron sobre la política económica del país” y celebró su eliminación como un avance hacia la desregulación.

La participación de veedores había sido implementada en 1999 y extendida en 2000, como parte de una serie de medidas destinadas a proteger a las industrias nacionales frente a la importación. Según explicó Sturzenegger en su tuit, “si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar”. Este proceso, criticado por su lentitud y por los sobrecostos que generaba, será completamente desmantelado a partir de la nueva resolución.

De acuerdo con la Resolución General 5586/24, la eliminación de este sistema responde a la necesidad de agilizar los procesos aduaneros y reducir los costos asociados a la importación. La norma también deja sin efecto los usuarios otorgados a las entidades sectoriales para acceder al Sistema Informático MALVINA (SIM), utilizado para monitorear los avisos de carga y verificar las importaciones.

Según el texto de la resolución, la participación de las cámaras sectoriales resultaba en dilaciones innecesarias en el trámite de las mercaderías. Las entidades industriales tenían que coordinar con la aduana su presencia como observadoras en los actos de verificación física de los bienes importados, lo que, en la práctica, generaba retrasos en la liberación de los productos. En muchos casos, la presencia de estas entidades no se concretaba, pero los tiempos de espera seguían afectando la fluidez del comercio exterior.

La implementación de estas medidas fue parte de una serie de regulaciones anticipadas días atrás en una nota periodística, que ya preveía la eliminación de las barreras aduaneras para ciertos sectores. Las normativas derogadas, como los valores de referencia y los veedores, estaban orientadas a mantener un control estatal sobre la valorización de bienes y evitar prácticas como la subfacturación de exportaciones o la sobrevaloración de importaciones.

Sin embargo, las resoluciones han generado críticas desde distintos sectores, que ven en estas medidas un debilitamiento de los controles estatales. Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, advirtió que estos cambios podrían favorecer la evasión fiscal y reducir la capacidad del Estado para monitorear correctamente las operaciones comerciales. Michel señaló que “los sistemas de control de valor de AFIP -valores criterio y valores de referencia- tienen origen en la resolución general 1.907 del año 2005 firmada por Alberto Abad” y calificó la eliminación de estas normativas como un intento de “hacerle más fácil el trabajo a los estudios de abogados”.

Por otro lado, desde el Gobierno se insiste en que los controles seguirán vigentes, aunque de manera más eficiente, y que la eliminación de estos mecanismos contribuirá a mejorar la competitividad y la rentabilidad de los exportadores e importadores.

Fuente: Infobae

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) dará inicio mañana a su 60° Coloquio, el tradicional encuentro empresario que reúne a la dirigencia argentina en Mar del Plata, para debatir propuestas concretas para el desarrollo del país.

Esta edición se extenderá desde el miércoles hasta el viernes en el Hotel Sheraton bajo el título "Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener". De acuerdo a la cantidad de inscriptos, se espera que más de 1000 personas participen del evento.

"Nos encontramos frente a una oportunidad histórica para realizar las transformaciones estructurales que requieren los problemas que arrastramos hace años: la falta de crecimiento económico, el estancamiento en la generación de empleo privado formal, la pobreza y la inflación. Creemos que estamos en condiciones de crear las bases para alentar la inversión y ser más competitivos a la hora de ofrecer al mundo los bienes y servicios que hoy demanda", explicó Gabriela Renaudo, presidente del 60° Coloquio y country manager de Visa Argentina y Cono Sur.

"Esperamos que nuestras 14 propuestas sean escuchadas. En los años previos, hemos insistido sobre la necesidad del equilibrio fiscal, de un marco legal propicio para la generación de empleo y en el entramado tributario que genera pérdida de competitividad. Hoy vemos que varias de estas ideas que pasaron por nuestros coloquios se comienzan a plasmar en medidas concretas", dijo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC.

En la agenda de este año, se destaca la presencia del presidente Javier Milei, y de funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformacion del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

También habrá un espacio de debate entre los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Ignacio Torres, de Chubut, y Gustavo Valdés, de Corrientes.

Durante los tres días del 60° Coloquio, diez empresarios que invierten en la Argentina compartirán su mirada sobre el futuro del país.

Entre ellos:

La visión de la economía global y las oportunidades y desafíos que representa para la Argentina estará a cargo de Andrés Velasco Brañes, ex ministro de Hacienda de Chile y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Fuente: El Economista

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto, nombrado como la “Ley Hojarasca”, que busca derogar alrededor de 70 leyes que el Ejecutivo considera como “obsoletas”.

La presentación está vinculada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y sostiene que las normativas a derogar “representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”.

Según un gráfico que compartió Sturzenegger en su cuenta de X, la iniciativa busca derogar normativas impuestas por las dictaduras y leyes sancionadas en el periodo democrático. Incluyen leyes de las presidencias de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone, Héctor Cámpora, Juan Carlos Onganía, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Jorge Rafael Videla y Néstor Kirchner.

En el comunicado dado a conocer este viernes por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, se señaló que “el Gobierno del presidente Javier Milei realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas”.

Según se informó, las normas a derogar están vinculadas al derecho a la propiedad, a trámites, a cuestiones que quedaron obsoletas por cambios tecnológicos o que fueron mejoradas por leyes posteriores, entre otros temas.

Entre estas cuestiones, se enumeró: leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, que eliminan trámites inútiles y sin sentido, que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores, que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos, que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir y que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

“En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”, indicaron desde el Gobierno.

Fuente: DIB

La agenda de medidas de desregulación continuaría esta semana ya que el Gobierno apunta a poder enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley con un paquete de artículos para derogar unas 75 leyes que consideran vetustas pero que no tendrán impacto significativo en el funcionamiento de los sectores productivos. En paralelo, el Poder Ejecutivo avanza en otros frentes, entre ellos, en el de facilitar eventuales procesos de privatización de empresas públicas.

La cuestión de la desregulación y la derogación de normas formó parte de la agenda del primer día de la Semana Mundial del Inversor que organiza la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que contó este lunes con la presencia de funcionarios del equipo económico y referentes del mercado de capitales.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Sueño que las pymes emitan acciones, que no se financien con deuda”, destacó en el marco del acto promovido por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco). “Creo que vamos a defender mucho más un régimen de libertad económica cuando todos, de alguna manera, seamos parte de esas empresas y de la efervescencia productiva que puede tener Argentina en sus distintos sectores”, afirmó el ministro.

El Gobierno apunta a enviar esta semana al Congreso un nuevo paquete de desregulación a través de la Ley de Hojarascas, que buscará derogar 75 normas que el equipo económico considera vetustas

Por otro lado, Sturzenegger aseguró que “no hay que tenerle miedo al exceso de desregulación, siempre se puede corregir”, si surgieran errores, planteó al defender la medida de la CNV que permitirá que los adolescentes desde los 13 años puedan tener a su nombre una cuenta comitente y hacer operaciones en el mercado de capitales.

“Una regulación en el buen sentido trata de minimizar los riesgos, pero hay que ponderar el riesgo que minimiza con los costos que genera esa regulación. Cuando estamos en este proceso de diseñar las regulaciones, tenemos que estar permanentemente preguntándonos no sobre lo que la regulación hace, sino sobre lo que la regulación destruye. Porque quizás estamos destruyendo todo un mercado por esa regulación para proteger un riesgo a un costo muy alto”, razonó el funcionario.

En una exposición que incluyó un repaso rápido por las últimas medidas del ministerio que encabeza y lo que planea concretar en lo sucesivo, Sturzenegger anticipó que lo que viene es una flexibilización en el uso de pagarés, hoy permitidos en monedas como pesos o dólares, hacia variantes como los pagarés en mercancía (como el pago en soja) o atados a un indicador como el Badlar, que es la tasa de interés de los depósitos superiores al millón de pesos.

El equipo económico asistió a la primera jornada de la Semana Mundial del Inversor que organizó la CNV

“Hay un libro que escribió un economista de la Universidad de Berkeley, George Akerlof, que se llama The Market for Lemons, referido al mercado de autos usados en Estados Unidos; él dijo que es un mercado donde hay asimetría de información, porque el que vende el auto sabe más del auto que el que lo compra. Es un trabajo muy sencillo, pero que le permitió obtener el Nobel de Economía. Esa asimetría no debe llevarnos en forma inexorable a generar una regulación; si algo falla, se corrige, pero no significa que siempre se necesite regular todo”, explicó.

Una de las líneas de trabajo del ministerio desregulador de los últimos meses tras la aprobación de la Ley de Bases fue la elaboración de un nuevo paquete de derogación de normas que en el equipo económico consideran vetustas. Esa medida se verá corporizada en la nueva “ley Hojarasca”, con la que el Gobierno buscará derogar unas 75 leyes y que sería presentado, estiman, esta semana en el parlamento.

La CNV lleva en paralelo otra agenda desreguladora. Una de las que fue anticipada por el titular del organismo Roberto Silva en el mismo evento este lunes en la sede de la Bolsa de Comercio en el centro porteño tiene que ver con dos medidas para facilitar eventuales procesos de privatización de empresas públicas.

Sturzenegger anticipó que lo que viene es una flexibilización en el uso de pagarés, hoy permitidos en monedas como pesos o dólares, hacia variantes como los pagarés en mercancía (como el pago en soja) o atados a un indicador como el Badlar

En ese sentido, Silva explicó que en primer lugar buscarán dejar de hacer mandatorio la realización de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) porque un requerimiento de esa naturaleza, por el cual para ofertar por una parte del paquete accionario debería extenderse esa propuesta para todo el resto, dejaría en los papeles a esa operación fuera del mercado de capitales.

“Hay sociedades por privatizarse y hay una idea de hacerlo vía mercado de capitales. Buscamos flexibilizar la parte de la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado”, dijo Silva respecto al segundo aspecto, que implica que los balances de esas empresas públicas puedan ser presentados pro forma.

“Si vamos a traer una compañía para ver si podemos fijar precio de esa manera, (la norma actual) dispara que tenga que ofertar por todo el paquete, eso la saca del mercado de capitales. Sobre los balances buscamos igualar la vieja norma de los ‘90. Cuando una mira a las empresas públicas, no cumple balances como cualquier empresa privada”, concluyó Silva.

Fuente: Infobae.