Una víctima cada 33 horas. Ese es el promedio que arrojó el Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" correspondiente al año 2025.

El relevamiento contabilizó 262 víctimas fatales por violencia de género. De ese total, 238 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, uno fue un lesbicidio, tres fueron trans/travesticidios y 20 fueron femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, 260 hijos quedaron sin madre.

El informe también registró que más del 83,5% de las víctimas tenían algún vínculo con el agresor y que más del 50% eran sus parejas o ex parejas. Más del 58% de los crímenes ocurrió en una vivienda propia o compartida.

Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, remarcó que elaborar el informe "implica mucho más que una estadística". "Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará", señaló.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon reveló que solo el 27% de la población alcanza niveles altos de conciencia sobre la violencia de género y que el 30% aún cree que lo que ocurre en la pareja debe quedar en la pareja.

Quienes sufran violencia doméstica pueden comunicarse con la Línea 144, disponible las 24 horas.

Fuente: NA

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) presentó su informe parcial sobre la situación en Argentina. El relevamiento, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año, confirmó un total de 211 víctimas de femicidio.

Del total de casos, 172 fueron femicidios directos (81,5%), 14 femicidios vinculados, 3 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 13 femicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque la cifra continúa siendo alarmante, el análisis interanual muestra una disminución significativa respecto al pico registrado en 2023, cuando se contabilizaron 282 víctimas. Las 211 muertes de 2025 representan una reducción del 25,2% y constituyen el valor más bajo de la serie histórica observada entre 2017 y 2025.

El estudio aporta datos críticos sobre las características de los hechos y el perfil de víctimas y victimarios. El 62% de los femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima (78 casos) o en la vivienda compartida con el agresor (53 casos). “Esto significa que en el entorno donde las mujeres deberían sentirse más seguras es donde más se vulneran sus derechos”, subrayó el informe.

Asimismo, se determinó que en el 85% de los casos existía una relación previa entre víctima y victimario. La mayoría de los femicidas eran parejas (69 casos) o ex parejas (50 casos). Sin embargo, solo el 16,6% de las víctimas (35 casos) había realizado denuncias previas por violencia de género.

Los métodos más utilizados fueron armas de fuego, golpes y apuñalamiento. Como consecuencia directa de esta violencia, 111 niños menores de edad quedaron sin madre.

En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran el mayor número absoluto de casos (84), seguidas por Santa Fe (25) y Misiones (13). No obstante, al analizar la tasa de femicidios en proporción a la población femenina, las provincias con mayor incidencia son: Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue creado en 2016 con el objetivo de generar estadísticas sobre femicidios en Argentina. Su finalidad es facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas efectivas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Además, la Defensoría asume el compromiso de comunicar estos datos a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó este miércoles el pedido de prisión preventiva para los implicados en el triple crimen de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas el 19 de septiembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Además, el magistrado aguarda una respuesta de los representantes de la justicia Federal para confirmar si la causa pasa a ese fuero, según NA.

En tanto, Pinos Guevara aceptó la solicitud de la fiscalía -a cargo de Adrián Arribas- para dictar la prisión preventiva de los involucrados en el asesinato de las tres adolescentes.

Asimismo, en las últimas horas fue detenido Joseph Freyser Zabaleta Cubas, quien ya está preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, debido a este nuevo pedido, su derivación está en pausa.

El sujeto, de nacionalidad peruana, y conocido como ‘Señor Jota’, fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, perpetrado el 20 de septiembre en una finca de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta está acusado de haber organizado el triple crimen de Florencio Varela desde la cárel. (Foto: DDI).

En el caso que investiga el triple crimen de las chicas, “Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Por lo tanto, ya son once los detenidos en el marco de esta causa, ya que también se sumó a la lista Mónica Mujica, de 37 años, esposa de Víctor Sotacuro (41)

En tanto, también permanecen detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29), mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- fue arrestado en Perú, su país natal.

Asimismo, “Señor Jota” ya estaba preso por otras causas vinculadas con el narcotráfico. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.

En el marco de un fuerte operativo de seguridad, declaró hoy en la fiscalía de Homicidios de La Matanza Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), conocido como “Señor Jota”, el narco peruano señalado como el presunto líder de la organización vinculada con los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Cerca de las 8, oficiales del Grupo Halcón y de la DDI La Matanza se presentaron en la sede de la calle Cavia al 3300 de la Policía Federal Argentina (PFA), donde “Señor Jota” se encuentra detenido desde fines de agosto por pedido de la Justicia de Perú por amenazar de muerte a una mujer para obligarla a transportar droga a España.

La comitiva de la Policía bonaerense estuvo custodiada por 12 miembros motorizados del Grupo Halcón. Recorrieron los casi 30 kilómetros hasta la fiscalía de La Matanza, ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen 2185, en San Justo.

Recién cerca del mediodía se sentó frente al fiscal Adrián Arribas y declaró cerca de dos horas. Luego, en un operativo similar, fue trasladado nuevamente hacia la alcaldía de la calle Cavia.

El delito que se le imputó es “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

"Yo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, no guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, fue la defensa de “Señor J” ante las acusaciones que lo vinculan con los otros 10 detenidos en la causa.

El hombre sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España, donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia. Aquí en el país tramitó su residencia en julio de este año. Además, expresó que no posee antecedentes y que fue detenido el 27 de agosto en Lanús por Interpol tras un pedido de captura por “rebeldía” al pedido del Juzgado Callao–Lima.

“No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen 'J´ (Jota), por la primera letra de mi nombre, pero nunca me han llamado por mi nombre”, dijo el imputado. Según aclaró, un detenido de nacionalidad brasileño con el que compartió celda le comenzó a llamar por ese apodo.

Con respecto a la organización narco “Los Pulpos”, con sede en Trujillo, de la que se los acusa formar parte, el imputado explicó que que es conocida en su país, que él nunca la integró y que cuando era policía quisieron vincularlo.

“Yo nunca he tenido ningún lazo con esta organización criminal, pero una vez se me quiso involucrar porque yo fui efectivo policial en mi país. Que en esa oportunidad quedó demostrado que yo nunca tuve nada que ver con esa organización. Que no tengo ninguna vinculación y antecedentes con la misma”, remarcó.

Y agregó que estando en la Argentina puntualmente no escuchó ninguna noticia de “Los Pulpos”, pero sí mencionó otras organizaciones criminales de Perú como “La Jauría”, “Destructores” y “La NJ”, entre otras. “Que puntualmente son como 13 organizaciones que solo trabajan en Trujillo”, afirmó.

En paralelo, Cubas Zavaleta contó sobre los detenidos con los que compartió celda en la Argentina y señaló que fue uno quien le obsequió un cuaderno de tapa verde, utilizado tipo libreta, que le fue secuestrada en el orden de allanamiento que se hizo en la alcaldía el pasado viernes por la noche. Además, incautaron una serie de papeles con números de teléfono y nombres que son analizados en busca de pistas.

Ante el fiscal Arribas declaró que llegó solo en “agosto o septiembre del 2024” a la Argentina desde España y que se radicó en Lanús, donde fijó su domicilio. En el país se dedicó “coser zapatos y venderlos en La Salada”, en referencia a la feria de Lomas de Zamora.

También dijo que se encuentra en pareja con una chica, por quien sus padres le hacen llegar dinero para vivir mientras está detenido. Antes había vivido un tiempo con una tía en Valencia. Según aseguró, sus padres le enviaban dinero, cerca de 780 euros por mes, para solventar los gastos de “habitación, movilidad y alimentación”.

En su país subrayó que fue subalterno en la Policía Nacional de Perú en Trujillo y que lo separaron de la fuerza “por una suspensión arbitraria”. Sin embargo, aclaró que no se reincorporó porque estab terminando la carrera de Ingeniería Civil.

Conocido como "El Señor Jota" o "Jota", está señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Estaba detenido en la Alcaldía de la PFA aguardando la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron el triple femicidio de Florencio Varela pidieron las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, según confirmaron altas fuentes del caso.

Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Los asesinos, por ejemplo, le cortaron a Lara las cinco falanges de la mano izquierda antes de matarla y Morena, que fue estrangulada, tenía lesiones post mortem en varias partes del cuerpo. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sospechan que el triple femicidio habría sido ordenados desde Perú.

En paralelo, en un movimiento altamente anticipado en el expediente, los fiscales pidieron al juzgado de garantías del caso “tenga a bien declinar su competencia al Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Morón que por turno corresponda”, plantearon los investigadores en un documento de 250 páginas al que accedió este medio.

Con un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas exhaustivas, Arribas, Fornaro, Rulli y Pecorelli consideran que el hecho se encuentra esclarecido a poco más de un mes de ser cometido.

Ahora, corresponde investigar a la estructura narco que lo ordenó, un planteo ya realizado en el caso por abogados querellantes de las familias, como Diego Storto y Fernando Burlando, que apunta, según los fiscales, a una “persecución penal estratégica”.

Finalmente, los investigadores requirieron que permanezcan o sean enviados a cárceles bonaerenses o federales los ocho imputados detenidos hasta el momento: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú y señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’. Justamente, este último espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Todos los imputados están acusados de delitos que van al desde el triple crimen agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento junto a la privación ilegal de la libertad de las víctimas hasta el encubrimiento agravado.

"Pequeño J" en su audiencia de prisión preventiva ante la Justicia peruana

Solo a las imputadas mujeres no les endilgaron la violencia de género que llevó a que el caso sea considerado femicidio. Por otra parte, todo se encuadra en un homicidio crimins causa: matar para ocultar otro delito.

En tanto, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, con circulares rojas de Interpol en su contra.

Los fiscales apuntaron en su planteo a “una convergencia intencional (delineada y planificada) previamente establecida”, donde los acusados “obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes” atacaron a Brenda, Morena y Lara “de forma deliberada, e inhumana” con actos de “indescriptible brutalidad física”.

Con respecto al pase al fuero federal, “la muerte de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional", marcó la UFI de Homicidios de La Matanza.

Matías Ozorio, uno de los principales acusados, al ser extraditado desde Perú

Apuntaron a “tres vectores: privación de libertad con resultado mortal, narcotráfico organizado y multiterritorialidad”, con una “proyección internacional” y la “comunicación en tiempo real hacia niveles superiores de la empresa criminal durante las agresiones y mutilaciones perpetradas” mediante las videollamadas a una serie de desconocidos de nacionalidad peruana, apodados “Papa” y “Lima”, según declaró Celeste González Guerrero.

Un nuevo cruce de información entre los fiscales del caso y la Policía de Perú les permitió a los investigadores llegar a los alias de dos presuntos traficantes que habrían ordenado el triple femicidio. La directiva para matar a Brenda, Morena y Lara no habría ocurrido en Argentina, sino en la zona de Trujillo, de donde es oriunda la familia de “Pequeño J” y donde nació Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados del caso.

Fuente: Infobae.

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, fueron las palabras de Pablo Laurta sobre el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba el pasado sábado. Mientras tanto, la madre del acusado sostuvo: “No puedo creer que haya parido a un asesino".

La declaración fue cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios. Cerca de la zona donde fue visto por última vez, la Justicia encontró un cuerpo y aún intentan determinar si es él.

La medida de la prisión preventiva la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y a otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Ahora, el imputado será trasladado a Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), será indagado en el marco de esa causa.

Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

Esta no se trata de la primera declaración de Laurta a la prensa. Ayer, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, había emitido unas palabras a los periodistas. Su discurso fue en la misma línea de lo que dijo ahora: “Todo fue por justicia”, había declarado a Canal 9 Litoral.

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, la madre del presunto femicida, Estrella Laurta Varela, se refirió a los crímenes y expresó: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Y agregó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia".

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Fuente: Infobae

La localidad cordobesa de Villa Rivera Indarte no sale de la conmoción tras el doble femicidio de Luna Giardina, de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio. Las dos mujeres fueron asesinadas a balazos en su casa. El principal acusado, Pablo Laurta, fue detenido ayer en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel de Bouwer.

Tras una intensa búsqueda, ya que Laurta se había llevado al hijo de cinco años que tenía en común con Giardina, dos policías de civil lo sorprendieron en un hotel de Gualeguaychú, frustrando sus planes de huir a Uruguay. El nene fue rescatado sano y salvo.

El caso destapó una historia de violencia y acoso que, según los vecinos, venía desde hace mucho tiempo. “El año pasado se escondió durante tres días en el tanque de agua de la casa de la chica. Cuando Mariel lo vio empezó a gritar y llegó la Policía. Ahí lo arrestaron por un tiempo”, contó un vecino, todavía conmocionado.

La situación de violencia de género era conocida en el barrio. Luna había vivido un tiempo en Uruguay con su expareja y su hijo, pero decidió volver a Córdoba buscando protección. “Tenía un botón antipánico. Sufría violencia desde hace rato. El hombre andaba dando vueltas por el barrio. Trató de treparse varias veces por las paredes”, relató una vecina cuya casa es lindera a la de las víctimas.

Otra vecina recordó: “Luna nos pedía siempre las cámaras, estaba alerta”. El miedo era constante y la sensación de peligro, permanente.

Laurta, de nacionalidad uruguaya y con antecedentes de ideas antifeministas, fue capturado por una comisión policial mientras intentaba escapar con su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras el crimen. El niño, que habría estado presente durante el ataque, fue rescatado en buen estado de salud y ahora la Justicia deberá definir quién quedará a cargo de su tutela.

La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestrado a su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

Por el momento, Laurta no enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad calificada, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

Por otro lado, Laurta también está bajo la lupa por la desaparición de Martín Palacios, un chofer de Uber que lo habría trasladado desde Entre Ríos a Córdoba días antes del doble femicidio.

Palacios está desaparecido y su familia exige respuestas. Su auto, un Toyota, apareció calcinado el jueves 9 de octubre en barrio Villa Retiro.

Además, fuentes judiciales indicaron a La Voz que buscan determinar si Laurta tuvo alguna relación con el incendio trágico ocurrido el sábado en un predio de una iglesia evangélica de Villa Serrana, donde murieron dos nenas. En ese lugar, familias uruguayas realizaban actividades religiosas.

El fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar de Córdoba, está al frente de la investigación por el doble femicidio. En las últimas horas, ordenó una serie de medidas: análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad, toma de testimonios y búsqueda de testigos.

También está previsto que se realicen peritajes psiquiátricos a Laurta para determinar si padece algún trastorno mental o alteración de sus facultades. Ese estudio será clave para definir si es imputable y cómo seguirá la causa.

Fuente: TN

Este jueves un hombre fue aprehendido en Bahía Blanca, en el marco de la investigación por los las muertes de Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Bustos (25), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en su casa, luego de que fuera sofocado un incendio en la madrugada del miércoles.

El sujeto detenido en el marco de un allanamiento por razones de necesidad y urgencia es Maximiliano Velázquez, primo de Miriam. La captura, de acuerdo a una publicación de La Nueva, se llevó a cabo en una vivienda de un barrio de las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón. La medida se habría tomado por temor a que el hombre pudiera escapar. Además, en el lugar se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos vieron irse de la casa incendiada.

Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en las primeras horas del miércoles, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban. Las autopsias arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego. Se espera que la semana próxima se agreguen estudios complementarios para determinar cómo fallecieron.

La causa, a cargo del fiscal Jorge Viego, presenta ciertos datos y pistas que podrían conducir a una resolución:

Fuente: DIB

El barrio Thompson de Bahía Blanca sigue conmocionado tras el hallazgo de los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos, quienes fueron encontradas calcinadas dentro de su casa en la calle Santa Fe al 2300. La Justicia ya investiga el caso como un doble femicidio.

En medio de la conmoción, Leandro, hijo y hermano de las víctimas, rompió el silencio y compartió su dolor. “En este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto”, expresó.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia y las pericias oficiales, los investigadores manejan dos hipótesis principales y buscan el celular de Velázquez, un elemento que podría ser clave para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas y acercarse al responsable del brutal ataque.

La primera teoría apunta a que alguien con un vínculo afectivo con Adriana Velázquez habría tenido una fuerte discusión con ella. Según esta línea, el agresor la mató y, poco después, cuando llegó Mariana, también la atacó y la asesinó. Luego, prendió fuego la casa para intentar borrar la evidencia.

La segunda hipótesis sostiene que las dos mujeres estaban en la casa cuando llegó el agresor. Se habría producido una discusión entre los tres y, tras el ataque, el sospechoso huyó. De acuerdo con la declaración de testigos, se escapó del lugar en una moto roja.

Los peritos que trabajaron en la escena encontraron detalles que podrían ser decisivos. Faltaba la tapa del tanque de combustible de la moto de Mariana y las mangueras estaban cortadas.

Para los investigadores, todo indica que el atacante usó la nafta de ese vehículo para iniciar el incendio en el dormitorio.

Leandro contó que una mujer conocida de su mamá lo llamó instantes antes de cenar para avisarle del incendio. Cuando llegó al lugar, los bomberos ya habían sofocado el fuego. “Esa cuadra tiene vecinos muy unidos, donde todos son muy amigos. Cuando vieron que la casa se prendía fuego, trataron de entrar pero no pudieron por el humo”, relató.

Sin dudarlo, Leandro fue contundente: “Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha”. Y agregó: “Mi familia siempre fue tranquila, nunca tuvimos problemas con nadie, eso es lo más llamativo”.

Durante las pericias en la casa, los investigadores no encontraron el celular de la madre. Ese teléfono podría contener mensajes, llamadas o datos que ayuden a identificar al asesino o reconstruir las horas previas al doble crimen.

Por eso, el fiscal Jorge Viego ordenó rastrear el dispositivo y analizar todas las comunicaciones recientes. Además, el equipo judicial toma declaraciones a testigos y revisa las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, en busca de imágenes que aporten pistas sobre el autor del hecho.

Fuente: TN

Celeste Magalí González Guerrero, la mujer detenida por el triple femicidio de Florencio Varela y dueña de la casa del horror, amplió su indagatoria y aportó datos claves sobre la noche del crimen al ser indagada por el fiscal Carlos Arribas.

Según se pudo saber, aseguró que el motivo del triple femicidio fue un robo de droga: “Les robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”, al que identificó como Víctor Sotacuro, otro de los detenidos. Y dijo que, al menos, dos de las víctimas estaban señaladas como participantes en ese robo.

“Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue“, sostuvo. Y agregó: ”Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver”.

Luego, se refirió a la estructura interna de la organización criminal. Explicó que Sotacuro era quien daba órdenes a Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, desde una posición superior, y que Miguel Villanueva, su pareja, otro de los detenidos, era parte del eslabón inferior, debiendo responderle al joven peruano detenido.

“Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Respecto a su rol en la banda, la mujer dijo que, al igual que su pareja, se dedicaba a vender cocaína. Contó que la droga era traída desde un domicilio en el barrio porteño de Nueva Pompeya donde residía “Pequeño J”. “Casi siempre era Ozorio quien me traía el producto, entre 100 o 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, detalló.

En otro tramo, sobre la noche del crimen, contó que cuando regresó a su casa tras un par de horas en la calle vendiendo droga, vio a Ozorio y a otros dos hombres cavando el pozo donde luego fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo a su relato, también estaba presente al momento de la llegada de Brenda, Morena y Lara en la Chevrolet Tracker blanca. Aseguró que las chicas estaban acompañadas en el vehículo por Sotacuro “Pequeño J” y un tercer hombre desconocido. Ellas, según remarcó, “bajaron sonrientes, como engañadas que venían a una fiesta”.

A su vez, González Guerrero mencionó que, además de quienes llegaron en la camioneta y de los tres que cavaron el pozo, en la casa había tres hombres más, desconocidos para ella, que le llamaron la atención por tener guantes de látex.

Tras ello, la mujer se retiró a vender la droga que le quedaba y afirmó que regresó al domicilio cerca de las 4 de la madrugada, cuando ya se habían cometido los crímenes. También dijo que apenas se asomó por la puerta vio “el piso todo sucio, lleno de barro” y a “Pequeño J”, Ozorio y otros dos hombres.

Siguiendo el relato, junto a su pareja fueron a comprar botellas de lavandina y otros artículos de limpieza, al igual que dos bidones de nafta que se utilizaron para incendiar la camioneta. Ella misma los guió hasta el descampado donde la prendieron fuego. Luego, la mujer caminó unas cuadras hasta el punto de encuentro con un delivery, donde recibió unas hamburguesas que había encargado.

“Cuando llego a mi casa con las hamburguesas no vi sangre, nada. Ya lo habían limpiado con los productos que compramos. En ese momento solo estaban Matías y Miguel. Matías se pidió un remís y se fue con las hamburguesas”, relató.

Durante la indagatoria, a la acusada le mostraron varias fotografías de sospechosos y pudo reconocer a algunos, como a “Pequeño J”, sobre quien además dijo que llamaba “tío” a Sotacuro.

A otros no pudo identificarlos. “Pueden ser familiares. Pueden ser su ‘papá’ y su ‘abuelo’. En la jerga, ‘abuelo’ es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y ‘papá’ es quien baja en toneladas la droga. Luego están los ‘tíos’ y después los ‘pequeños’, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que les dicen ‘los bebés’ o ‘mulo’. Sé que Matías Ozorio, quien es ‘mulo’ de Julio, conocía a ‘papá’ y ‘abuelo’, y sabía dónde vivían, mientras que en cambio, yo no. A Julio solo lo vi dos o tres veces en mi vida”, explicó.

Fuente: Infobae

Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó a una audiencia ante la Justicia de Perú, donde le dictaron la prisión preventiva por un plazo máximo de 9 meses con fines de extradición pasiva a Argentina.

La medida fue ordenada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien estuvo a cargo de la jornada en la que Tony Janzen Valverde Victoriano fue notificado de su imputación y le leyeron sus derechos. Además, le dieron la posibilidad de elegir si quería una “extradición simplificada” a Argentina, que demoraría menos de lo previsto, aunque decidió rechazarla.

Antes de tomar la decisión, el acusado de ordenar el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela pidió unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la audiencia.

Tras responder negativamente a la posibilidad de una inmediata vuelta a Argentina, su defensor se explayó sobre la postura elegida. A su turno, sostuvo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque, al ver las noticias argentinas, se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido aparecían en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Se preguntaba: ‘En Argentina no tengo familia y si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel?, ¿quién me va a poner un abogado?’ Por eso decidió regresar al Perú”, expresó.

En este contexto, pidió que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva por un plazo de 9 meses.

Después de escuchar a todas las partes, los jueces deliberaron y decidieron que están cumplidos los “presupuestos procesales para la detención preventiva, con fines de extradición del reclamado Tony Janzen Valverde Victoriano”. En este sentido, valoraron que Pequeño J “podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se tiene instaurando y que le sigue la República de Argentina”.

“Se ordena el internamiento en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete por el plazo de los 9 meses descrito ya con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiempo en el cual el Estado o el país requiriente, en este caso la República de Argentina, deberá alcanzar por la vía diplomática todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva”, dijo el juez en su resolución.

Asimismo, especificó que esta detención preventiva empezará a computarse a partir de la aprehensión de Pequeño J, el 30 de septiembre. El abogado de Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, adelantó que apelará la resolución.

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición), cosa que enfríe las cosas y se puedan llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “Se han presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

Fuente: Infobae

El Gobierno coordina el traslado a la Argentina de Matías Ozorio, el narco detenido por el triple crimen de Florencio Varela e identificado como la mano derecha de “Pequeño J”.

Ozorio ya fue expulsado de Perú y llegará al país en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ahora solo resta que vayan a buscarlo.

Una vez que pise suelo argentino, será puesto a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Interpol y la Policía de la provincia de Buenos Aires participan del operativo. En tanto, “Pequeño J” tiene que ser sometido a un juicio de extradición y podría tardar hasta dos meses en ser trasladado a la Argentina.

Este martes, “Pequeño J” fue encontrado escondido dentro de un camión en Perú. Las autoridades lograron capturarlo mientras circulaba por el kilómetro 70 de la ciudad de Pucusana, ubicada al sur de Lima.

Según indicaron, los investigadores ya tenían bajo custodia a su mano derecha, Matías Ozorio, detenido en la mañana de ese mismo día. Fue a partir de la intervención de su celular que supieron que esa noche, cerca de las 22, planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.

La información fue reservada durante todo el día para poder concretar el operativo. Finalmente, agentes de la Policía bonaerense y de la Policía Nacional de Perú (PNP) coordinaron un seguimiento, que incluyó controles en la ruta y vigilancias en puntos estratégicos.

El despliegue concluyó con éxito en horas de la noche: "Pequeño J” fue arrestado en plena calle, tras un operativo en la ruta que se diseñó precisamente para interceptarlo en el momento en que tenía pensado encontrarse con Ozorio.

"Me echaron la culpa, nada más. Yo no maté a nadie“, expresó el narco al ser consultado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri. ”Hay que encontrar al culpable. Yo no tuve nada que ver“, amplió.

“El móvil del asesinato de las tres chicas ha sido el robo de tres kilos de cocaína”, expresó en conferencia de prensa el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Loayza.

Fuente: TN

“Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, fue la definición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el macabro triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela.

La casa fue allanada por personal de la DDI de La Matanza durante esta madrugada, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso.

El lugar marcado fue una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde las autoridades encontraron a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa.

Los primeros capturados fueron un hombre y una mujer, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

"Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro", detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según se pudo saber a través de fuentes judiciales.

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona. Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

Fuente: Infobae

Según el último informe del Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer, entre mayo y agosto se registraron 57 femicidios y 7 femicidios vinculados, además de 69 intentos. En lo que va del año, la cifra asciende a 153 mujeres asesinadas, lo que equivale a una muerte cada 30 horas en la Argentina.

Laura Hochberg, referente de la Multisectorial, dialogó con El Marplatense:  “El 73% de los femicidios ocurrieron en la vivienda familiar, lo que sigue indicando que es el lugar más inseguro para las víctimas que sufren violencia de género”. También señaló que las políticas públicas de protección “fueron eliminadas, desfinanciadas o modificadas” desde el inicio del actual gobierno.

Entre las medidas que se discontinuaron, Hochberg mencionó la eliminación de las jornadas Educar en Igualdad en todos los niveles educativos, la suspensión del plan de prevención del embarazo infantil, el recorte del 87% de los fondos para asistencia a víctimas de trata, y la reducción del 61% en la planta de la línea 144. “Los números no bajan; al contrario, aumentan mes a mes, día a día, a veces hora por hora”, sostuvo.

El informe también denuncia la creación de un Observatorio de Falsas Denuncias de violencia de género, impulsado a nivel nacional, lo que la organización interpreta como “un intento de restaurar una justicia patriarcal que no reconoce la existencia de la violencia machista”.

La situación es crítica: las oficinas descentralizadas de violencia de género en los barrios funcionan con personal reducido y en horarios irregulares. Según el Centro Municipal de Análisis del Delito, en el primer trimestre de 2025 hubo 1.847 denuncias por violencia doméstica, casi el doble que en el mismo período de 2024.

“Estamos hablando de 22 denuncias diarias, casi una por hora, y sin embargo los dispositivos de asistencia no funcionan como deberían. Esto deja a muchas mujeres y diversidades literalmente a la deriva”, concluyó Hochberg.

El 3 de junio de 2015, una multitud tomó las calles de Argentina bajo una consigna que se convirtió en bandera mundial: Ni Una Menos. 

Lo que comenzó como un tuit de la periodista Marcela Ojeda, "Nos están matando. ¿No vamos a hacer nada?", derivó en una masiva movilización que cambió para siempre la forma en que se habla de la violencia de género. Aquel día, 200 mil personas se concentraron frente al Congreso en Buenos Aires. Era el inicio de una nueva era: la liberación de la palabra.

A una década, las cifras siguen siendo alarmantes, en Argentina hay un femicidio cada 35 horas, pero el impacto cultural y político del movimiento es innegable. Las periodistas feministas jugaron un rol clave tanto en la denuncia como en la organización de esa primera marcha. No sólo informaron: generaron el movimiento.

El impulso nacido en América Latina antecedió incluso al Me Too, que se globalizó en 2017 tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein. Sin embargo, como suele ocurrir, la narrativa internacional tiende a poner el foco en los países del norte y a ignorar el origen latino de esta revuelta. Ya en 2016, Michelle Obama destacaba en un discurso en Buenos Aires el valor de Ni Una Menos y el coraje de quienes lo impulsaron. Pero con el tiempo, el crédito simbólico se desplazó.

El concepto de Me Too fue creado en 2006 por la activista afroamericana Tarana Burke, pero recién ganó visibilidad global una década después. Las expresiones locales se multiplicaron con hashtags como #MiPrimerAsedio en Brasil, #Cuéntalo en España o #UnVioladorEnTuCamino en Chile, pero la chispa inicial había surgido en las calles argentinas y en las denuncias persistentes de mujeres como Susana Chávez en Ciudad Juárez.

A diez años, el movimiento enfrenta el riesgo de ser silenciado o apropiado. La historia suele ser contada por quienes ostentan el poder narrativo. Por eso, este aniversario no sólo es una conmemoración: es una batalla por la memoria. 

Fuente: Infobae

La Municipalidad de Mar Chiquita llevará adelante una jornada de reflexión el próximo 3 de junio a partir de las 18:00 en el Centro Cultural de Coronel Vidal, en el marco del 10° aniversario del movimiento Ni una menos. La jornada incluirá presentaciones artísticas y de emprendedoras locales.

En colaboración con la Secretaría de Prensa y Comunicación y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, junto con la Agrupación Centenario, se estrenará Ausencias, una pieza audiovisual que aborda, a través de la danza, las múltiples formas de violencia hacia las mujeres.

Ausencia de Agrupación Centenario, fue creada para honrar la memoria de las víctimas de femicidios. La obra nace del dolor colectivo tras el femicidio de Nicole Peña en General Pirán en diciembre de 2021, un hecho que marcó un punto de inflexión. 

Ante la tragedia, el grupo femenino de la Agrupación Centenario decidió transformar el sufrimiento en arte, utilizando el folklore como lenguaje para gritar, sanar y exigir justicia. Gracias al trabajo conjunto con el municipio, la pieza se estrenará en formato de vídeo danza.

El proyecto, inspirado inicialmente por la historia de Nicole, se expandió para incluir los nombres de Eliana, Nadia, Gisel, María Soledad, Candela, Ángeles, Micaela, María, entre tantas más.

En 2024, Argentina registró la tasa de homicidios más baja de América Latina, con 3,8 por cada 100.000 habitantes, según datos estadísticos presentados hoy por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Además se ofrecieron datos del primer trimestre de este año en el país.

La presentación destacó una reducción significativa en diversos delitos, reflejando los avances en las políticas de seguridad implementadas. Bullrich resaltó además que en el primer trimestre de 2025, los homicidios disminuyeron un 9,6%, pasando de 561 a 507 casos respecto al trimestre anterior. 

Por otra parte, los homicidios de mujeres cayeron un 14,3%, de 362 en 2023 a 313 en 2024, con un 56% vinculados a relaciones de pareja, ex pareja o familiares. Los delitos sexuales también se redujeron un 12,8%, mientras que los casos de trata disminuyeron un 35,9%, beneficiando principalmente a mujeres y niños.

En el ámbito del narcotráfico, se reportó una baja del 14% en actividades relacionadas con la producción, organización y financiación de estas redes. El contrabando, por su parte, se redujo un 7% en todas sus formas. Sin embargo, el delito de robo mostró un leve aumento del 0,5%, un aspecto que la ministra aseguró será abordado con las policías y ministerios de seguridad provinciales, especialmente en relación con robos de celulares y delitos digitales.

Bullrich destacó que estos resultados se lograron sin la estructura del extinto Ministerio de la Mujer, que entre 2020 y 2023 tuvo un presupuesto de 848 mil millones de pesos, pero no logró reducir los delitos contra mujeres. “Con decisión y sin esa estructura, hemos alcanzado una baja histórica en homicidios y delitos sexuales”, afirmó. 

La ministra subrayó el compromiso del Gobierno del presidente Javier Milei y la colaboración con las provincias para seguir reduciendo la criminalidad, con el objetivo de acercarse a un ideal de cero homicidios.

De la presentación participaron además la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el director nacional de Inteligencia Criminal, Marco Antonio González.

La Multisectorial de la Mujer “María Eva Vaisinger” presentó un informe alarmante: 89 mujeres fueron asesinadas por motivos de género entre enero y abril de este año en Argentina. La estadística equivale a un femicidio cada 32 horas, una cifra que representa un aumento respecto al mismo período de 2024, con 22 casos más.

Los datos surgen del relevamiento que la Multisectorial realiza desde hace más de una década. Entre los puntos más destacados, se señala que el 95% de los femicidios fueron cometidos por parejas, ex parejas o familiares cercanos de las víctimas. Según el informe, el 85% de los crímenes ocurrió dentro del hogar de la víctima, lo que refuerza la idea de que la vivienda continúa siendo el espacio de mayor vulnerabilidad.

“Para nosotras hay un aumento muy considerable de la violencia de género, que lleva tanto a los intentos como a los femicidios consumados. Esto no es nuevo, pero se agrava”, sostuvo Laura Hochberg, referente de la Multisectorial, en diálogo con Los datos del día (FM 103.7).

“La mayoría suceden dentro del entorno familiar, y no por desconocidos. El hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las víctimas”, afirmó.

Otro dato que encendió las alertas es que nueve de los femicidios fueron cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad. Desde la organización remarcaron el riesgo que implica que los agresores tengan acceso a armas y respaldo institucional. En este punto, Hochberg reclamó: “Tendríamos que volver a exigir que se aparte de la fuerza a quienes están denunciados por violencia de género, como establece la Ley Micaela”.

Además, el informe contextualiza los crímenes en un marco nacional adverso: denuncian desmantelamiento de políticas públicas y un fuerte retroceso institucional en materia de género. A esto se suman las cifras de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que en enero atendió a 1.761 personas, un 8% más que en el mismo mes de 2024. Para la psicóloga, esto muestra una tendencia sostenida: “Nunca va a la baja, siempre para arriba”.

Pese al panorama crítico, destacó que hay más víctimas que se animan a denunciar. “Desde el primer ‘Ni una menos’, en 2015, y gracias a la visibilización constante en las calles y en los medios, muchas más víctimas se animan. Pero aún falta muchísimo. Muchas no denuncian por miedo o porque no pueden”, concluyó.

Un segundo femicidio se registró en Córdoba en tan solo 48 horas y es el cuarto en lo que va del año. Este caso ocurrió el miércoles a la madrugada en la localidad de La Granja, en Sierras Chicas, donde una joven de 29 años fue asesinada por su exnovio, quien luego se quitó la vida.

El cuerpo de la víctima, identificada como Verónica Zorman Torres, fue encontrado por sus padres en la casa del homicida, Porfilo Romero, de 57 años y nacido en Paraguay.

Verónica trabajaba en la estancia La Querencia y, según los testimonios de los propietarios del lugar, se retiró a las 15:30 del martes, después de terminar con sus tareas laborales.

Sin embargo, la madre de la joven empezó a preocuparse porque durante varias horas su hija no le respondía los mensajes y no había vuelto a su casa. Ella vivía con sus padres desde hacía un tiempo, luego de haberse separado de su expareja.

Ante la falta de respuesta por parte de Verónica, sus papás decidieron ir a la estancia ya siendo el miércoles a la madrugada. Allí, hablaron con el propietario del lugar, y juntos llegaron hasta la casa del casero, que era Romero.

Al ingresar, se encontraron con el horror: la joven había sido asesinada y su cuerpo semidesnudo estaba en el piso, mientras que el cadáver de su ex también fue hallado en otra habitación.

Según la hipótesis del fiscal de Jesús María, Guillermo Monti, Romero habría apuñalado a Verónica con un cuchillo o un elemento punzante y luego la golpeó. Después, se dirigió a otro cuarto y se ahorcó, según informó La Voz.

Por el momento, la participación de terceros está descartada y la causa fue caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.

Si bien la autopsia determinará la causa de muerte de la joven de 29 años, los forenses indicaron que su cuerpo presentaba una herida cortopunzante en una de las zonas intercostales y un fuerte golpe en la cabeza.

Durante esas 48 horas, se registró un femicidio previo, aunque este caso fue en la localidad de Río Ceballos.

El brutal ataque fue informado por el propio femicida, de 30 años, que se presentó en una comisaría local este lunes por la tarde, cerca de las 19.00. Allí, aseguró que había discutido con su novia, de 50, y que al parecer estaba muerta.

Los oficiales fueron hasta el lugar y encontraron el cadáver tirado en el piso de una habitación. Un servicio de emergencias fue el encargado de confirmar la muerte de la víctima, identificada como Valeria Laviani, según indicó el portal La Voz.

Fuentes policiales señalaron que el cuerpo tenía signos de violencia y manchas de sangre. El presunto femicida, Walter Bogado, también estaba herido, en lo que se cree fue un intento de defensa de la víctima.

De inmediato se ordenó la detención de Bogado, que fue imputado por “homicidio calificado por el vínculo”. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar del Tercer Turno, a cargo de la fiscal Natalia Aguirre.

Fuente: TN. 

En el marco del 8M, el Sindicato de Empleados de Comercios se ha lanzado una campaña de recolección de firmas en Mar del Plata para impedir la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. La iniciativa responde a la preocupación por la naturalización del discurso violento por parte de las autoridades nacionales, que afecta a diversos ámbitos, incluyendo el laboral, y a grupos vulnerables como jubilados y mujeres.

La campaña, que se extenderá durante todo el mes de marzo, busca visibilizar la postura de los ciudadanos y generar una respuesta contundente desde la paz y el diálogo. Las firmas se están recolectando tanto en lugares de trabajo como en la Plaza San Martín, y también de forma virtual a través de redes sociales. Además, se planea extender la recolección a otras esquinas importantes de la ciudad, como las zonas de Güemes y el puerto.

El Sindicato de Empleados de Comercio destaca la positiva repercusión de la campaña, ya que la ciudadanía ha mostrado su deseo de vivir en paz y rechazar la violencia como medio para establecer un país justo. También han señalado que, aunque las políticas públicas como el programa Previaje han contribuido a la llegada de turistas, la situación económica de la clase trabajadora ha afectado negativamente el consumo y la duración de las estadías.

Finalmente, los organizadores hacen un llamado a la sociedad para que continúe apoyando la campaña y así proteger los derechos de las mujeres y enfrentar la violencia en todas sus formas.