La investigación judicial por la tragedia sanitaria más grave de los últimos años en Argentina suma nuevos avances, con más pruebas que comprometen a los imputados.

El juez federal Ernesto Kreplak resolvió ampliar en abril las declaraciones indagatorias de los acusados en la causa por el fentanilo contaminado, un caso que ya acumula 111 fallecidos en distintos puntos del país.  

La medida alcanza a un total de 14 imputados, algunos de los cuales permanecen detenidos, y se basa en la incorporación de nuevas evidencias recolectadas en el expediente.  

En paralelo, el Cuerpo Médico Forense finalizó el análisis de 160 historias clínicas, correspondientes tanto a las víctimas fatales como a pacientes que sobrevivieron pero sufrieron secuelas.  

El caso es considerado uno de los mayores desastres sanitarios del país y se originó tras la detección de infecciones graves en pacientes que habían recibido este potente analgésico en hospitales, donde se comprobó que algunas partidas estaban contaminadas con bacterias.  

A medida que avanza la investigación, la Justicia busca determinar las responsabilidades en la producción, distribución y control del medicamento, en un expediente que continúa sumando pruebas y podría derivar en nuevas imputaciones.

La Justicia Federal confirmó que 111 personas murieron por la administración de fentanilo contaminado, tras finalizar el análisis de 159 casos evaluados durante la Feria Judicial. El informe fue elaborado por el Juzgado Federal a cargo de Ernesto Kreplak y enviado en las últimas horas al Cuerpo Médico Forense.

El relevamiento permitió establecer que, además de las 111 víctimas fatales, otras 48 personas sobrevivieron al consumo del opioide adulterado. El trabajo incluyó la revisión de historias clínicas y documentación médica recopilada en distintos puntos del país.

Desde el entorno de la causa indicaron que el personal del Cuerpo Médico Forense estudiará ahora las muestras recibidas y, en caso de ratificarse los resultados, podría agravarse la situación judicial de los 14 procesados y detenidos en el expediente, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada a la investigación judicial.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes de los laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

El expediente sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Además del dueño de HLB Pharma, también fueron procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, quienes se encuentran detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk, con prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia.

El juzgado prevé elevar la causa a juicio a mediados de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak en noviembre, durante su exposición ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, cuando explicó que el objetivo era consolidar un número definitivo de víctimas fatales y no fatales para avanzar con la instancia judicial correspondiente.

En paralelo, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y condenas para los responsables de lo que consideran la peor crisis sanitaria del país vinculada a la inoculación de un opioide adulterado con bacterias. En los más de seis meses de investigación, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para visibilizar el reclamo y mantener vigente la memoria de las víctimas.

Fuente: con información de DIB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, en una medida que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y que ya genera polémica por su alcance real y sus implicancias legales.

El anuncio se realizó en la Oficina Oval, donde Trump sostuvo que la orden ejecutiva es un paso “histórico” para proteger a los estadounidenses del impacto del opioide sintético. “Ninguna bomba hace lo que esta hace”, afirmó, al considerar al fentanilo como una amenaza directa para la seguridad nacional.

La decisión instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales por tráfico de fentanilo, y ordena al Departamento de Estado y al Tesoro avanzar con sanciones contra personas, activos e instituciones financieras vinculadas a su fabricación y distribución.

Según el decreto, la producción y venta de fentanilo por parte de cárteles y organizaciones criminales financia asesinatos, actos terroristas e insurgencias, lo que, a criterio de la Casa Blanca, justifica su equiparación con un arma química.

Sin embargo, especialistas en seguridad nacional cuestionaron la medida. Dennis Fitzpatrick, exfiscal federal, calificó la decisión como un “ejercicio político” y advirtió que Trump no puede modificar por decreto una ley que ya contempla severas penas para el tráfico de drogas, incluida la posibilidad de la pena de muerte en ciertos casos.

El anuncio se produce en un contexto en el que las muertes por sobredosis en Estados Unidos registraron una baja histórica el año pasado, aunque el fentanilo sigue siendo el principal factor en la mayoría de los fallecimientos, lo que mantiene al opioide en el centro del debate político y sanitario.

Fuente: CNN

Este miércoles la Comisión especial investigadora por el caso del fentanilo adulterado volverá a reunirse a las 9. Citó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades de la ANMAT. El titular de la cartera de Salud no concurrirá, pero sí lo harían funcionarios de la ANMAT.

La comisión es presidida por la diputada socialista Mónica Fein y secundada en las vicepresidencias por Silvana Giudici de La Libertad Avanza y Victoria Tolosa Paz (UxP). Las tres diputadas presentaron distintos proyectos para impulsar una investigación parlamentaria, con la finalidad de complementarse con la judicial que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata.

El magistrado recibió a los diputados integrantes de la comisión en su juzgado y la última semana fue al Parlamento y se presentó ante los legisladores y los familiares.

Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza. Foto Cámara de diputados.

En este sentido, Giudici dijo: “Escuchamos a familiares y recibimos respuesta a todos los requerimientos que hicimos a los organismos públicos: ANMAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y todos los ministerios de salud provinciales. El único que no envió respuesta fue el gobierno de Formosa. La conclusión a la que vamos arribando es que la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y todos los contactos políticos que lo mantuvieron protegido durante los gobiernos anteriores”.

Con relación a las reuniones con el juez a cargo de la causa, señaló: “La visita del juez Kreplak fue importante porque informó sobre las causas que se abrieron además de la principal por desvío de calidad. También se está investigando la vinculación con el contrabando o desvío de cantidad y la eventual cobertura política que pudo haber tenido para establecer el funcionamiento de tres laboratorios a lo largo de 10 años”.

Juez Ernesto Kreplak en la comisión investigadora de Diputados, por la causa fentanilo adulterado. Junto a él, las diputadas Mónica Fein y Silvana Giudici. Foto Cámara de Diputados.

En su visita a Diputados, Kreplak planteó que lo primero en la investigación fue conocer qué centros de salud habían adquirido el medicamento adulterado. “Así reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino. Se peritaron los siete lotes, se descartaron cinco y se confirmaron dos. Uno, entendemos, que no se llegó a aplicar a ningún paciente”, aclaró.

“Como funcionarios públicos debemos dar respuesta a los familiares. esto no debió haber ocurrido, estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas”, expuso. Y agregó que, “la idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene“.

Desde el primer momento la comisión invitó a los familiares de victimas a participar de las reuniones y realizar propuestas al Congreso.

En uno de los últimos encuentros, un grupo de familiares le propusieron a los diputados varios puntos a tener en cuenta: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; un registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violaciones dentro de los controles cruzados.

Además, buscan la digitalización y centralización de la información sanitaria, reemplazando el actual formulario físico provisto por la Ley 17.818 por registros electrónicos unificados en una plataforma interoperable; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; y establecer plazos y recursos para la digitalización obligatoria de los recursos en los hospitales públicos y en los sanatorios privados.

En paralelo con el trabajo del Congreso nacional, familiares de personas que murieron a causa del fentanilo adulterado convocaron a una audiencia con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de Santa Fe, este miércoles a las 11, impulsando la sanción de leyes más estrictas y protocolos claros para prevenir la adulteración de medicamentos de alto riesgo.

El fentanilo adulterado dejó, hasta el momento, 173 muertes tras la aplicación de ampollas contaminadas en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Los lotes provenían de Laboratorios HLB Pharma Group SA y fueron distribuidos a través de Droguería Ramallo SA.

Los responsables de estas empresas, Ariel García Fulfaro (HLB Pharma y Laboratorio Ramallo) y Javier Tchukran (director general), permanecen detenidos. El Ministerio de Salud se presentó como querellante en la causa, y la ANMAT dispuso el recupero de los lotes adulterados, exigiendo a droguerías y hospitales que informen cómo los habían adquirido.

Fuente: TN

La causa por las muertes provocadas por fentanilo contaminado sumó una nueva declaración que advirtió sobre una situación hasta ahora desconocida. Eduardo “Ruso” Darchuk, técnico químico y exjefe de producción de Soluciones Parentales de pequeño volumen en el laboratorio Ramallo S.A., aseguró ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal federal Laura Roteta que una de las jefas de control microbiológico de la planta había detectado irregularidades en una muestra de fentanilo contaminado, pero nunca lo informó: “Dijo que se olvidó”.

El episodio, según relató, ocurrió en mayo pasado, poco después de que la ANMAT prohibiera la circulación del lote 31202 de fentanilo. En una reunión en la planta, donde participaban autoridades de Ramallo y de HLB Pharma —, entre ellas Diego García, uno de los dueños y hermano de Ariel García Furfaro, la firma para la que el laboratorio fabricaba de forma exclusiva—, Darchuk afirmó que la técnica Adriana Iudica aceptó ante sus compañeros: “Me dio positivo”. La frase generó conmoción, según su relato.

“Ahí Tchukran empezó a los gritos, Diego (García) también empezó a las puteadas”, relató, en alusión a Javier Tchukran, entonces director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Ramallo, y a Diego García Furfaro, uno de los dueños del laboratorio. “Le dijimos: ‘¿Cómo no dijiste nada?’ Y respondió: ‘La verdad, me olvidé’”.

Esta declaración aportó hasta ahora datos desconocidos pero la Justicia la toma con cautela porque se trata de una indagatoria, que es el acto de defensa del imputado. Allí puede mentir o modificar los hechos.

Según el testimonio, García le recriminó con crudeza: “¿Por qué no dijiste, boluda? Lo levanto, lo tiro todo a la mierda, si nosotros levantamos lotes y listo”. Iudica habría respondido que había pedido una muestra, que no se la dieron en el momento, y que luego se olvidó. “Quedamos todos muy shockeados”, dijo Darchuk.

El técnico también señaló a los hermanos García Furfaro —Ariel, Diego y Damián— como propietarios de Ramallo, aunque aclaró que Ariel, principal imputado en la causa, “muy pocas veces” pasaba por producción y que su presencia se conocía solo “por radio pasillo”.

Darchuk negó haber participado en la adulteración del lote contaminado, pero su relato complica a otros actores de la cadena de responsabilidades. En especial, pone el foco sobre fallas internas en la detección y notificación del problema dentro del laboratorio donde se originó la tragedia.

Ariel García Furfaro es el imputado más complicado. (Foto: gentileza Clarín)

El escándalo por el fentanilo contaminado ya provocó 96 muertes y derivó en una investigación de alto voltaje político y judicial. Esta semana, el juez Kreplak ordenó allanamientos en la sede de la ANMAT, en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y en los domicilios de siete funcionarios actuales y pasados de esos organismos. Entre ellos se encuentra Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, desplazada de su cargo el 21 de agosto tras conocerse que un informe interno que alertaba sobre irregularidades en Ramallo fue ignorado durante semanas.

Ese documento, fechado el 26 de marzo, advertía sobre fallas graves en los procesos de producción, distribución y comercialización de medicamentos en el laboratorio. Sin embargo, la planta recién fue inhibida el 11 de mayo, cuando las muertes ya se contaban por decenas.

Además de Mantecón Fumadó, están bajo la lupa Agustina Bisio, administradora actual de la ANMAT; Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME; y Maximiliano Lalín, jefe del departamento de inspectorado. En todos los casos, la Justicia busca determinar si hubo “negligencia, connivencia o complicidad” en el incumplimiento de los controles que podrían haber evitado la tragedia.

El expediente acumula hasta ahora 17 imputados y 7 detenidos. El más complicado es Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable del laboratorio donde se fabricó el lote de fentanilo mortal. Los delitos que se le imputan podrían derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

Prefectura Naval Argentina asestó un importante golpe al narcotráfico al secuestrar más de 173 kilos de cocaína, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina en un patrullaje nocturno realizado en Corpus, Misiones, sobre la costa del río Paraná. El operativo, llevado a cabo por efectivos de la fuerza, permitió desarticular un intento de ingreso ilegal de drogas desde Paraguay.

El procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron el cruce irregular de un bote a motor desde Paraguay, a la altura del kilómetro 1674 del río Paraná, en la zona conocida como Puerto Menocchio. Según el reporte, la embarcación llegó a territorio argentino, descargó bultos y regresó rápidamente a su país de origen. Al inspeccionar el lugar, los efectivos hallaron doce bultos abandonados en la costa.

Tras la requisa, se confirmó que los bultos contenían 255 paquetes de cocaína, con un peso total superior a los 173 kilos, además de 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, ambas de 0,05 miligramos, de la marca Prinosil, producida por el laboratorio Quimfa en Asunción, Paraguay. El cargamento fue valuado en casi 500 millones de pesos, según fuentes oficiales.

La Justicia Federal de Oberá, a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Federal, ordenó el secuestro inmediato del material incautado. Las pericias, encomendadas a la Policía de Misiones, buscan determinar el destino final de la droga y si se trata de un producto falsificado o proveniente del laboratorio paraguayo. En 2021, Quimfa había denunciado ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) la circulación de un medicamento clonado con su marca.

Este descubrimiento se da en el marco de una crisis con el fentanilo, un opioide relacionado con 96 muertes en Argentina por contaminación.

Fuente: con información de TN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este lunes una alerta sanitaria global por la circulación en Argentina de fentanilo inyectable contaminado. La advertencia se centra en productos elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados a Ariel García Furfaro.

Según la alerta 4/2025, al menos un lote de Fentanilo HLB inyectable (31202) está contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias resistentes a antimicrobianos, y se relaciona con un brote mortal de infecciones en el país.

La OMS advirtió que todo producto inyectable o parenteral fabricado por estas compañías desde febrero de 2022 debe ser retirado de circulación. “Su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes y causar infecciones graves o mortales”, señalaron.

El comunicado también alertó que los fármacos podrían haber llegado a otros mercados y recomendó redoblar la vigilancia en la cadena de suministro, especialmente en el circuito informal. Además, instó a los organismos nacionales de salud a informar de inmediato cualquier detección a la OMS.

Finalmente, aconsejaron a quienes tengan en su poder estos productos que no los utilicen y, en caso de haberlo hecho, acudir de inmediato a un médico o centro de toxicología ante cualquier efecto adverso.

Fuente: Noticias Argentinas

El Laboratorio Ramallo, ubicado en el Parque Industrial Comirsa de la localidad bonaerense de Ramallo y perteneciente a los hermanos García Furfaro, detenidos en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que desencadenó la muerte de unas 96 personas, mostró en las últimas horas una cara oculta y alarmante: montañas de ampollas de diversos medicamentos están acumuladas en un predio al aire libre, sin respetar protocolo alguno de descarte de residuos de este tipo.

El espacio está rodeado de distintos edificios donde se producen fármacos y contiene una cantidad incalculable de ampollas rotas o abiertas de fentanilo (color ámbar y etiqueta con letras azules), ranitidina, diclofenac y otras drogas, sin ningún tipo de precaución ni resguardo.

Al parecer, estos envases serían descarte del proceso de producción. No obstante, lo que impacta es que esté suelto, sin ningún tratamiento y generando contaminación en napas y en el propio predio. Además, la zona tiene libre acceso, ya que hay una pared completamente caída que permite que ingrese cualquier persona que circule por los alrededores.

En tanto, el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal N°3 de La Plata, pidió la intervención urgente en el lugar del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, cuya titular es Daniela Vilar. Esta cartera tiene injerencia en los protocolos de descarte de este tipo de desechos y puede calcular los daños que conlleva la situación descubierta en el lugar.

Cabe señalar que por orden de la Justicia, desde que comenzó la investigación en mayo pasado, el lugar se encuentra inhabilitado, con una clausura municipal y consigna policial de Prefectura y la Policía Federal.Los hechos investigados

La causa se inició el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.

Los expertos explicaron que las dos bacterias encontradas en las ampollas de fentanilo que fueron "nexo concausal" en los decesos de al menos 96 personas tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que se encuentran internados en terapia intensiva.

La Ralstonia mannitolilytica es un germen de baja patogenicidad en condiciones normales, pero “capaz de sobrevivir en soluciones hospitalarias y formar biopelículas resistentes”. En pacientes inmunocomprometidos puede provocar sepsis graves y hasta la muerte.

Por otro lado, la Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales, tiene la capacidad de producir enzimas (MBL) que lo vuelven multirresistente a los antibióticos más potentes. En pacientes críticos, su presencia es mortal.

La partida de fentanilo secuestrada por la Policía Federal en el Hospital Italiano de La Plata. (PFA)

Entre los imputados, cuyas detenciones fueron concretadas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Según el dictamen fiscal, "las graves falencias estructurales que se verificaron en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo N° 31.202 y 31.244 salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto".

Fuente: DIB

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este lunes la desaparición de 68 ampollas de fentanilo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe, en la ciudad capital. 

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar quiénes fueron los responsables del faltante y recuperar la medicación.

Las autoridades aclararon que estas dosis no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación detectado en otro distrito, ya que esos lotes fueron retirados de circulación en mayo. Sin embargo, advirtieron sobre el grave riesgo que implica la manipulación del fármaco fuera de un entorno hospitalario.

Las autoridades aclararon que estas dosis no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación detectado en otro distrito, ya que esos lotes fueron retirados de circulación en mayo. Sin embargo, advirtieron sobre el grave riesgo que implica la manipulación del fármaco fuera de un entorno hospitalario.

En el comunicado oficial, se subrayó que la sustracción podría encuadrarse dentro del delito de hurto y que se “llegará hasta las últimas consecuencias” tanto en la vía judicial como en la administrativa, sancionando a los responsables.

Fuente: TN

Un informe del Instituto Malbrán fue clave para acelerar la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otros responsables, por la producción de fentanilo contaminado que provocó -hasta el momento- más de 90 muertes. Las detenciones, ordenadas por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo este miércoles en el marco de una investigación liderada por la fiscal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El informe del Instituto Malbrán señaló graves irregularidades en la producción de los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244, destacando “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Los científicos identificaron un proceso de producción “poco robusto e inconsistente”, con fallas en el sellado de las ampollas que aumentaban progresivamente.

“La práctica de someter las unidades a múltiples inspecciones para rescatar las rechazadas inicialmente demuestra que la calidad del proceso de llenado y cierre fue deficiente”, explicaron, advirtiendo que “un defecto de mal cierre compromete la esterilidad del producto, representando un peligro directo para el paciente”.

Además, el informe reveló problemas en las condiciones de trabajo, como turnos de casi ocho horas continuas del personal en áreas asépticas, una práctica cuestionable según estándares farmacéuticos. También se detectaron fallas en el control de calidad, con ensayos de esterilidad que analizaban múltiples lotes simultáneamente, lo que “invalida el ensayo, ya que impide la trazabilidad e introduce un alto riesgo de resultados falsos negativos”.

El estudio identificó la presencia de bacterias peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, esta última multirresistente a antibióticos y capaz de causar infecciones mortales en pacientes críticos. Las bacterias halladas en las ampollas coincidían genómicamente con las detectadas en pacientes infectados, confirmando la relación directa con los decesos.

Entre los detenidos, además de García Furfaro, se encuentran Diego y Damián García, Olga Luisa Arena, Nilda Furfaro, Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Mairorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano, vinculados a la dirección y operación de HLB Pharma y el laboratorio Ramallo. El abogado de García Furfaro, Gastón Marano, trasladó a su cliente a Ezeiza tras enterarse de la orden de detención mientras asistía a los tribunales de Comodoro Py por otra causa.

Fuente: con información de TN

Familiares de pacientes que fallecieron o resultaron afectados por la aplicación en las distintas Unidades de Terapia Intensiva, Unidades coronarias, y Quirófanos de fentanilo adulterado elaborado por los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso de la Nación la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización.

La iniciativa surge en el marco de la Emergencia Sanitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que ya ocasionó casi un centenar de víctimas. El fentanilo adulterado generó complicaciones severas en pacientes que llegaron de la mano de sus familiares a distintas instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, con un cuadro clínico independiente.

“Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud. A los que les fue destruido su entorno, su realidad social y las distintas generaciones su citadas al mismo. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar este ‘masacre evitable’”, señalaron los familiares.

La propuesta legislativa busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y, rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares destacan la labor del juez federal Ernesto Kreplak, y aseguran que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa.

La petición advierte que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización “pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intra provincialmente de generación en generación”.

Los familiares llaman a la ciudadanía a sumar su apoyo, la petición ya está disponible en Change.org y puede firmarse acá: https://www.change.org/LeyTrazabilidad.

El empresario Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, está bajo investigación judicial por contrabando agravado y operaciones comerciales fraudulentas con China, así como por su presunta implicación en la distribución de un lote de fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 96 personas. La causa, tramitada por el juez Pablo Yadarola del Juzgado en lo Penal Económico N°2, se centra en actividades ilícitas realizadas a través de HLB Pharma y la firma Alpharma, según informó la Justicia.

La investigación por contrabando agravado reveló que García Furfaro, a través de HLB Pharma y Alpharma, importó maquinaria desde China declarando un valor falso de US$5 millones, cuando el monto real de la operación fue de US$500.000. “Utilizó documentación falsa ante la Aduana en, al menos, cinco operaciones”, determinó la Justicia, lo que derivó en un embargo de $25.000 millones para García Furfaro y otro de igual monto para HLB Pharma.

Paralelamente, avanza la investigación por la distribución de un lote de fentanilo contaminado, identificado con el número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A. Este lote, según un informe del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, desencadenó la muerte de al menos 12 de 20 pacientes analizados, al actuar como “nexo concausal” en decesos de personas en estado crítico. El fiscal federal Ernesto Kreplak no descarta que el número de víctimas fatales pueda incrementarse.

Los análisis realizados por el Instituto Malbrán detectaron en el lote contaminado la presencia de Ralstonia mannitolilytica, un germen de baja patogenicidad en condiciones normales, pero capaz de provocar sepsis graves en pacientes inmunocomprometidos. También se halló Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, “un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales”, con capacidad de resistir a los antibióticos más potentes, lo que lo vuelve letal en pacientes críticos.

La investigación comenzó en mayo de 2025 tras denuncias presentadas ante la ANMAT por muertes sospechosas asociadas al uso del fármaco en hospitales de varias provincias, siendo el Hospital Italiano de La Plata el epicentro de la mayoría de los casos. La partida de fentanilo contaminado fue secuestrada por la Policía Federal en dicho establecimiento. El fentanilo, según la Organización Mundial de la Salud, es un analgésico entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que agrava las consecuencias de su contaminación.

Fuente: con información de DIB

El laboratorio implicado en la intoxicación que provocó cerca de 90 muertes en el país, también había comercializado meses atrás dopamina y propofol inyectables sin los controles de trazabilidad exigidos por la ANMAT.

En febrero, el organismo prohibió la distribución y uso de los productos al detectar que no estaban inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y podían ser “ilegítimos o falsificados”. Entre ellos se encontraban ampollas de Propofol HLB inyectable de 10, 20 y 5 ml, además de dos lotes de Dopamina HLB de 40 y 100 mg.

La falta de etiquetas de trazabilidad impide reconstruir la cadena de distribución y confirmar la legitimidad de los medicamentos. Según el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el episodio fue categorizado con nivel “crítico” y prioridad “alta” en el tratamiento.

El propofol es un anestésico de uso extendido en quirófanos y terapias intensivas por su rápida acción, mientras que la dopamina es utilizada para funciones neurológicas y motrices. Su circulación en condiciones irregulares representa un riesgo directo para los pacientes.

Las autoridades investigan además si la ausencia de controles permitió el desvío de ampollas al mercado negro. Desde ANMAT señalaron que el laboratorio deberá presentar documentación respaldatoria de toda la distribución realizada.

La crisis sanitaria derivada del fentanilo contaminado expone la vulnerabilidad en los mecanismos de control de medicamentos y pone bajo la lupa a la cadena farmacéutica, con posibles consecuencias judiciales y políticas de gran alcance.

Fuente: TN

Mientras continúa en ascenso el número de muertes por  la administración de fentanilo contaminado, el especialista en Seguridad y Antiterrorismo Urbano, Daniel Adler, se refirió al peligro que representa esta droga, el crítico panorama en Argentina y aseguró que el laboratorio HLB Pharma  “estaba haciendo los trámites para abrir una subsidiaria y una sucursal en la triple frontera”.

En principio, señaló en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que las víctimas del fentanilo adulterado “ni siquiera eran consumidores de drogas, sino que fueron personas que iban curarse alguna dolencia y se encontraron con la muerte”. 

 Pero antes de avanzar en su análisis, explicó que el fentanilo se trata de “un opioide sintético, que es 50 veces más potente que la heroína y 125 veces más adictivo que la morfina, utilizado para estirar la cocaína”, y aseguró que "al ser tan adictivo, barato y fácil de conseguir, cualquier laboratorio puede generar cantidades abismales hasta el punto en que se filtra con drogas que se utilizan en el quirófano".

“Y por eso se la conoce como una droga que pasó del quirófano a las calle. Para tener un  poco de noción de qué tan dañina es, en Estados Unidos asesina a 300 personas por día y a nivel mundial, el 70% de las sobredosis tiene relación con el fentanilo.  Ya evidenció su accionar en febrero del 2022 con 24  muertes producto de esta droga y ahora ya son 76 argentinos muertos producto de esta droga contaminada”, añadió el especialista en Antiterrorismo Urbano.

Asimismo, afirmó que “este laboratorio estaba haciendo los trámites para abrir una subsidiaria y una sucursal en la triple frontera”, al mismo tiempo que remarcó que “la droga es infectada con fentanilo para aumentar su volumen, es decir tener más kilaje y utilidad, y también para convertir a sus víctimas en esclavos” .

En la misma línea, el experto en seguridad subrayó que tan solo “basta con ver algún que otro posteo de los Estados Unidos para ver cómo esta droga zombie provoca disquinesia, que es una condición involuntaria de los músculos, y eso es algo terrible y letal”.

En otro punto, cuando fue consultado por los principales peligros a los que está sometida la seguridad nacional, detalló: “En primer lugar, el narcotráfico y el narcomenudeo, en segundo se encuentra el tráfico humano, debido a que el narcotráfico tiene allanadas las rutas logísticas, y el tercer punto es el tráfico de armas. Estos tres delitos conforman el mayor rango económico a nivel planetario y por supuesto, latinoamericano y argentino.  El narcotráfico, el tráfico humano y el tráfico de  armas tienen un impacto directo sobre la seguridad, y recordemos que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia”.

Además, Adler advirtió que “el narcotráfico corrompe lo que toca”, y que por ese motivo “hay cada vez hay más criminalidad pero menos denuncias”. Y concluyó: “De hecho, en la Argentina tenemos las cifras negras de la inseguridad. Hoy, el 80% de las víctimas de delitos opta por no denunciar, es decir que ocho de cada diez víctimas nunca va a poner la denuncia porque descreé de la Policía, la Justicia o el Municipio, o de todos ellos”.

El Gobierno Nacional solicitó este miércoles la recusación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales públicos, que ya dejó un saldo de 96 personas fallecidas.

La decisión responde a que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aunque las compras de fentanilo alcanzaron a varias provincias.

Pese a esta medida, el Ejecutivo no dirigió acusaciones directas contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud nacional, que tiene a su cargo el control de calidad de los fármacos. 

Este silencio llama la atención, ya que funcionarios como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntaron a la ANMAT y a presuntos vínculos entre el organismo y Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, productores de las ampollas adulteradas.

La investigación judicial estableció que el lote de fentanilo estaba contaminado con dos bacterias, detectadas en todos los pacientes que desarrollaron graves cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.

 En las últimas horas se sumaron 14 muertes en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, y la justicia halló 232 ampollas adulteradas que no habían sido consignadas previamente.

Desde la oposición, la diputada del PRO Silvana Giudici volvió a pedir la creación de una comisión investigadora en el Congreso y cuestionó la lentitud del proceso judicial. “Nos preocupa que la causa esté en manos del juez que es hermano del ministro de Kicillof. Necesitamos rapidez y contundencia para eliminar cualquier sospecha”, advirtió.

Hasta el momento, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no se pronunció públicamente sobre el caso, aunque pasó la tarde reunido con otros funcionarios en Casa Rosada para evaluar el impacto político y sanitario del escándalo, que sigue escalando a medida que surgen nuevas pruebas.

Fuente: Dib

Las muertes por fentanilo contaminado ya alcanzan las 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente de manera exponencial con el curso de la investigación. En las últimas horas circularon diversos números, debido a las dudas con alguno de los casos registrados.

Conforme a la información que constató la agencia Noticias Argentinas, la cifra actual de pacientes fallecidos que fueron inoculados con el opioide adulterado son 96 y siguen las dudas por las muertes en negro.

De igual modo, las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que se reduzca.

En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país.

Se tratan de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

Fuente: NA

Un fuerte despliegue policial tuvo lugar hoy en las instalaciones de HLB Pharma Group S.A., ubicadas en Beccar. La intervención, ordenada por la Justicia Federal a través del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº7, buscó recolectar pruebas clave en una investigación por la presunta falsificación de documentos oficiales para importar fentanilo y otros precursores químicos.

El procedimiento contó con la presencia de personal especializado de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, junto a agentes de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad. Estos últimos se encargaron de secuestrar documentación física y digital relacionada con la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). 

El operativo, que se extendió por varias horas, permitió recolectar actas administrativas, certificados apócrifos y archivos digitales de diferentes sectores de la planta.

La denuncia fue presentada por Walter Federico Klix, director nacional de la Dirección Nacional de Precursores Químicos, quien acusó a HLB Pharma Group S.A. de delitos tipificados en los artículos 44 y 44 bis del Código Penal, relacionados con tentativa de falsificación de datos. 

La investigación reveló que la empresa habría presentado un certificado de habilitación municipal de diciembre de 2023, desmentido oficialmente por la Municipalidad de San Isidro, que afirmó no tener registro de dicho documento.

Como consecuencia, la solicitud de inscripción de HLB Pharma Group S.A. ante el RENPRE fue rechazada formalmente. Esta decisión se enmarca en una serie de irregularidades detectadas, incluyendo la posible existencia de otros documentos apócrifos. 

Además, el expediente se vincula a una prohibición de la ANMAT, emitida el 22 de mayo, que suspendió el uso, distribución y comercialización del producto “Fentanilo HLB/Citrato de Fentanilo” tras reportes de 90 casos de infección y 51 muertes asociadas a lotes contaminados, fabricados por la empresa y Laboratorios Ramallo S.A.

Fuente: con información de Infobae

La investigación judicial por el uso de fentanilo contaminado sumó más testimonios que aportan nuevas dimensiones a la tragedia. Uno de ellos es el de Giovanni Benavídez, un bebé de apenas tres meses que está grave desde el día que nació en la clínica Vélez Sarsfield de Córdoba.

Su mamá Sol Basualdo contó que el bebé fue sedado con fentanilo desde las primeras horas de vida, ya que tuvo que ser intubado por complicaciones respiratorias. Se enteró de la causa recién cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la alerta.

“Nació sano, por cesárea, el 26 de abril. A las dos horas empezó con un quejido, lo bajaron a neonatología y nos dijeron que saturaba en 86”, relató. Los médicos decidieron intubarlo y, para evitar que luchara contra el respirador, lo sedaron.

“El 9 de mayo se enteran de la alerta de ANMAT y ese mismo día sufre una descompensación. Ahí le cambian a morfina”, agregó. Pero ya era tarde.

Días después, el bebé fue diagnosticado con Klebsiella, una bacteria intrahospitalaria multirresistente. Este tipo de infecciones son comunes en internaciones prolongadas, y no necesariamente están vinculadas al medicamento.

Sin embargo, la familia sostiene con firmeza que la infección se habría producido por el fentanilo contaminado, uno de los lotes distribuidos por HLB Pharma y Ramallo S.A.

“La jefa de neonatología nos confirmó que la Klebsiella venía del fentanilo. Nosotros ya sabíamos que tenía la bacteria, pero no sabíamos cómo se la había contagiado hasta que vimos el comunicado de ANMAT que prohibió el uso”, explicó la madre del chico.

El niño sigue grave, y su familia también denuncia la falta de acceso a la historia clínica completa: “No me aparece nada en el portal, ni estudios del embarazo ni del nacimiento, informes infectológicos, placas ni laboratorio”.

El de Giovanni sería el primer caso confirmado en un paciente neonatal en Córdoba, una provincia donde se distribuyeron más de 15.000 ampollas del fentanilo investigado. La clínica Vélez Sarsfield ya entregó al juzgado federal al menos cuatro historias clínicas de posibles casos vinculados. Una de las personas falleció.

A nivel nacional, la Justicia federal ya investiga 68 muertes por presunta contaminación bacteriana en ampollas de fentanilo. En todos los casos, las infecciones -especialmente por Klebsiella y Ralstonia- surgieron tras la administración del medicamento en entornos hospitalarios.

El juez Ernesto Kreplak espera los informes definitivos del Instituto Malbrán para confirmar la trazabilidad bacteriana en cada caso.

Por el momento, 24 personas están imputadas, entre directivos de laboratorios y distribuidoras. Los familiares de las víctimas, tanto fallecidas como internadas, insisten en que “no fue un accidente, fue un abandono”, y reclaman justicia.

Fuente: TN

La sospecha se vincula con la causa que investiga la contaminación con fentanilo que provocó la muerte de 52 personas y dejó a otras 90 intoxicadas en distintos puntos del país.

Según registros incorporados a la causa, Furfaro realizó más de 30 viajes a Paraguay entre 2013 y 2025. Diez de ellos fueron en el último año y medio, justo en el período en que estalló el escándalo sanitario. Muchos de esos traslados se hicieron en jets privados, como un Lear Jet 31 matrícula LV-BFE, propiedad de una empresa audiovisual vinculada a su familia.

El último viaje se registró el 15 de marzo pasado. En esa oportunidad, el vuelo despegó de San Fernando y regresó el mismo día. A bordo viajaban también su hermano Damián, el contador de ambos, un técnico del laboratorio y un empresario español. Otro vuelo, en agosto de 2024, incluyó a un empresario guatemalteco relacionado con un proyecto de planta farmacéutica en la zona de la Triple Frontera, que quedó en suspenso tras el escándalo.

El laboratorio que estaban montando, según fuentes del expediente, iba a contar con unos 200 empleados y una superficie de 6.000 metros cuadrados. Parte del equipamiento habría sido importado desde China y trasladado por tierra desde Argentina a Paraguay.

La investigación, que encabeza el juez federal Ernesto Kreplak, también apunta a la desaparición de cinco kilos de citrato de fentanilo, sustancia que permite fabricar hasta 10 millones de ampollas. La ANMAT había constatado esa cantidad en marzo, pero en los allanamientos de mayo el stock ya no estaba. La empresa sostiene que fue destruido por estar vencido.

El caso activó las alarmas de varios organismos oficiales. Ya se sumaron pruebas de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, la Justicia busca determinar cómo se produjo la contaminación y quiénes fueron los responsables. Hasta el momento no hay detenidos.

Fuente: Infobae

Se presentó un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof para que detalle las medidas de prevención implementadas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tras las infecciones por fentanilo contaminado que han causado el fallecimiento de 34 pacientes en La Plata, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La solicitud, presentada en las últimas horas, busca esclarecer la magnitud de la crisis sanitaria y las acciones adoptadas para su control.

En su proyecto, la diputada provincial del bloque UCR + Cambio Federal, Anahí Bilbao, solicitó al Ejecutivo bonaerense información precisa sobre la cantidad de casos registrados de fallecimientos por fentanilo contaminado en establecimientos de salud provinciales, acompañada de los informes de autopsia y las conclusiones de los exámenes toxicológicos.

Asimismo, requiere detalles sobre los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud bonaerense, liderado por Nicolás Kreplak, y las autoridades sanitarias nacionales y de otras provincias para abordar integralmente esta problemática, originada por la distribución de fentanilo contaminado de uso clínico.

Bilbao destacó que el objetivo del pedido es “dimensionar los alcances de la problemática en el sistema de salud, identificar posibles falencias y realizar un seguimiento de las acciones para evaluar propuestas legislativas que eviten la propagación de este brote infeccioso”. En este sentido, instó al Gobierno provincial a presentar mensualmente un informe a la Cámara de Diputados con el registro de casos y los avances relacionados con los puntos solicitados.

La crisis sanitaria, denunciada el 2 de mayo ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por la jefa de microbiología del Hospital Italiano de La Plata, María Virginia González, estaría vinculada a la contaminación por las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Como consecuencia, la ANMAT prohibió las actividades productivas de la compañía HLB Pharma Group S.A., ubicada en San Isidro, debido a “graves y reiteradas irregularidades”.

En el marco de la investigación, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó el allanamiento simultáneo de tres droguerías que comercializaron fentanilo contaminado, elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ambos en la provincia de Buenos Aires. Las inspecciones realizadas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectaron que al menos 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, estudios de estabilidad ni documentación de producción.

Fuente: con información de Diputadsbsas.com.ar