El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que trabaja en un paquete de financiamiento para Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026, en lo que sería uno de los mayores apoyos recientes del organismo al país.

El programa incluye más de USD 5.000 millones destinados al sector público, con financiamiento para proyectos y una garantía de USD 550 millones que permitirá acceder a crédito en mejores condiciones. A su vez, el brazo privado del organismo prevé movilizar alrededor de USD 2.200 millones en inversiones.  

El plan representa un incremento respecto al año pasado y busca acompañar el proceso económico en marcha, con un esquema que combina financiamiento, respaldo a reformas estructurales y promoción de inversiones.  

Entre las áreas prioritarias aparecen el desarrollo de infraestructura, el fortalecimiento del sistema productivo, el acceso a servicios esenciales y el impulso a pequeñas y medianas empresas. También se contemplan proyectos vinculados a energía, economía digital y sectores exportadores.  

Además, el apoyo del BID se complementa con iniciativas de otros organismos internacionales, en una estrategia oficial orientada a conseguir financiamiento más accesible y reducir el costo de la deuda.

Aunque el anuncio ya fue realizado, las distintas líneas de financiamiento deberán ser aprobadas por los directorios del organismo antes de concretarse.

A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria manifestó que su preocupación por la posible inclusión, nuevamente, en el Proyecto de Presupuesto Nacional, de un artículo disponiendo la derogación de las leyes 27.793 y 27.795.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K se indicó que “el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, en tratamiento actualmente dentro del Congreso de la Nación Argentina, en su art.75 contiene una disposición según la cual: ‘Se derogan las leyes Nros. 27.793 y 27.795’”.

En ese sentido, los ediles kirchneristas afirmaron que “insólitamente el gobierno del presidente Milei incluyó dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026, en su artículo 75, la derogación de dos leyes nacionales que se resiste a aplicar luego de que fueran legalmente sancionadas por el Congreso de la Nación. Se trata, dado que el proyecto de ley no lo explicita, de las leyes 27.793 de Emergencia en Discapacidad y 27.795 de Financiamiento Universitario. La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene por objeto adoptar medidas para asegurar, entre otros, los derechos a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a la salud y al trabajo de las personas con discapacidad”.

“La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, busca declarar la emergencia presupuestaria, recomponer salarios de docentes y no docentes, según inflación, y actualizar gastos de funcionamiento, estableciendo una distribución del 85% para salarios y 15% para gastos generales, además de crear fondos para ciencia y becas. Esas dos leyes fueron objeto de sanción por ambas Cámaras del Congreso, de veto presidencial, de insistencia por el Congreso con las correspondientes mayorías agravadas, y finalmente, y porque así lo obliga la Constitución Nacional, promulgadas por el Presidente con el anuncio de que no las iba a implementar, como actualmente está ocurriendo”, se añadió.

Y se agregó: “El presidente Milei en su habitual displicente trato hacia el Congreso, no sólo se niega a aplicar las leyes vigentes sino que se anima a pretender derogarlas, escondiendo su derogación dentro del proyecto de ley de Presupuesto. Además, en su intento de forzar límites el Gobierno no teme caer en la ilegalidad, dado que esta pretendida derogación está expresamente prohibida por la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) que en su art. 20 y dentro de la Sección 1 del Capítulo 2 (Estructura del Presupuesto General) dispone que ‘Las disposiciones generales del presupuesto no podrán reformar o derogar leyes vigentes’”.

“Por todo este insólito y desprolijo intento de dejar de lado la voluntad popular expresada en esas leyes es que resulta importante que este Honorable Cuerpo, pueda expresar su máxima preocupación y rechazo a este peligroso accionar del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de haber sido votado negativamente el Capítulo 11 en la Cámara de Diputados se haría un nuevo intento por parte del Gobierno para incluir su tratamiento en la Cámara de Senadores, insistiendo con esta maniobra legislativa de cuestionable legitimidad”, finalizó el texto.

La Justicia Federal ordenó el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, mediante una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La resolución dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y del monto de las becas estudiantiles, conforme lo establece la normativa vigente.

La causa se inició a fines de octubre, cuando el CIN promovió un proceso colectivo para exigir la aplicación efectiva de la ley, luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su implementación mediante el Decreto 795/2025. El Gobierno había argumentado que la norma no definía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución.

En su presentación, el CIN reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, con especial énfasis en la actualización salarial y de becas según el índice inflacionario. El organismo advirtió que la suspensión generaba una afectación colectiva y urgente, deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y vulneraba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

Al resolver, el juez Martín Cormick dispuso “admitir la cautelar solicitada por la actora, declarando inaplicable a su respecto lo dispuesto en el decreto 795/2023”, particularmente en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El magistrado sostuvo que en el caso “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, dado que la lesión de los derechos invocados surge de manera clara e inequívoca del accionar de la autoridad pública, sin requerir un análisis exhaustivo de los hechos.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitió un pronunciamiento durante la primera sesión de su nueva gestión, en el que celebró la decisión de la Cámara de Diputados de sostener la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, pero expresó una profunda preocupación por el rumbo de las políticas nacionales que afectan a la educación pública, la ciencia y los derechos laborales.

El comunicado planteó una mirada crítica sobre decisiones legislativas y políticas que, según advierte, comprometen los pilares fundamentales del sistema universitario y el entramado social. En ese marco, señaló que el proyecto de Presupuesto Nacional trasciende lo técnico y refleja una orientación que aplica recortes innecesarios a las políticas públicas, favorece a sectores económicos concentrados y traslada el costo del ajuste a la educación, la ciencia y la inclusión social.

Por esta razón, el Consejo exhortó al Senado de la Nación a ratificar lo resuelto por Diputados en materia presupuestaria, al considerar estas leyes como herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. Advirtió que su vaciamiento constituiría una decisión política que profundiza la exclusión.

El documento también subrayó que el desfinanciamiento de la ciencia tiene consecuencias concretas sobre las trayectorias de becarios, investigadores y jóvenes científicos, debilitando la soberanía cognitiva del país y desvalorizando el conocimiento. En paralelo, instó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento vigente para asegurar salarios, investigación e inclusión, y solicita al Poder Judicial un pronunciamiento urgente y favorable sobre el amparo presentado por el sistema universitario nacional para resguardar el derecho a la educación pública.

Asimismo, el Consejo Superior extendió su preocupación al proyecto de reforma laboral actualmente en debate, al que considera otra expresión del ajuste presupuestario. Cuestionó la falta de un debate democrático amplio y objetó el trámite parlamentario por considerarlo contrario a la Constitución, dado que la iniciativa corresponde a la Cámara de Diputados. Entre los aspectos más críticos, mencionó el cese del Convenio Colectivo de Trabajo, la eliminación de la negociación colectiva, la modificación del principio de ultractividad y un ataque al financiamiento sindical y al derecho a huelga. Advirtió que su aprobación afectaría gravemente los derechos laborales y el normal funcionamiento de las universidades.

Frente a este escenario, el Consejo planteó la necesidad de un debate nacional serio que permita incorporar al trabajo registrado a millones de personas en la informalidad, pero rechazó que la salida sea la supresión de derechos o la precarización. Finalmente, ratificó su compromiso con la Democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional, y convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad a visibilizar el papel crucial de la universidad en el desarrollo y el progreso del país.

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Montenegro brinde detalles sobre el convenio firmado con el Ministerio de Capital Humano de la Nación del programa de “vouchers” para la niñez, denominado “Centros de Familia”.

Desde el kirchnerismo afirmaron que “resulta preocupante que un programa anunciado como ejemplo de transparencia en la asignación de recursos públicos para un fin determinado se presente sorpresivamente, sin explicitar el mecanismo de reparto de beneficiarios y proveedores, contando con un alcance muy limitado a nuestra población”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la bancada opositora pide explicaciones sobre los siguientes puntos:

Cabe recordar que el intendente Guillermo Montenegro, la secretaria de Desarrollo Social Vilma Baragiola, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, se reunieron hace pocos días con la ministra nacional de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El motivo del encuentro fue la implementación del dispositivo Centros de Familia en Mar del Plata, que comenzará a funcionar el 15 de octubre. Se trata de una iniciativa que busca acompañar de manera integral y sin intermediarios a familias de la ciudad, a través de un voucher para que niños y adolescentes puedan elegir entre diferentes actividades deportivas, culturales y educativas.

Al respecto, desde el Municipio destacaron que “lo disruptivo del programa es que el voucher va directamente a los chicos para que elijan qué actividad quieren hacer sin ningún tipo de intermediarios”.

“Se rompe con la idea de que el dinero lo tiene que girar el estado a una institución, ONG o club. Ahora le llega a los chicos directamente para que puedan destinarlo a la actividad que más les guste dentro de las opciones disponibles en los 19 centros adheridos”, agregaron.

Además, aclararon que “ese voucher se va a poder utilizar solamente en los centros adheridos, por lo que si alguien quisiera realizar cualquier otro tipo de compra con ese dinero, no va a poder porque la operación va a aparecer como rechazada. Eso garantiza el correcto uso de los beneficios del programa”.

En esta primera instancia se trabajará con mil familias de la zona norte de la ciudad, que fueron seleccionadas integrando bases de datos de centros de salud, sociedades de fomento, polideportivos barriales y áreas del Municipio.

También informaron que Centros de Familia tuvo su primer dispositivo en la localidad entrerriana de Concordia y, luego de esa exitosa experiencia, llega a Mar del Plata con un sistema de vouchers que alcanzará directamente a chicos de entre 6 y 17 años.

A su vez, los adolescentes de entre 13 y 17 años podrán recibir el dinero directamente para destinarlo a las actividades que elijan, mientras que, en el caso de los niños de entre 6 y 12, el voucher será destinado a sus padres para que ellos lo administren.

Cada voucher es una tarjeta donde se le depositarán $24.000 durante 3 meses, y la transferencia se realizará de forma directa por medio del plástico personalizado e intransferible.Cabe destacar que los espacios entre los que se podrán elegir las distintas actividades son las sociedades de fomento de López de Gomara, Jardín de Alto Camet, Malvinas Argentinas, Barrio Libertad y Barrio Parque Las Dalias, el Centro Cultural Casa Williams, y entre los clubes River, El Cañón, Juventus, Once Unidos, Deportivo Norte, Social y Deportivo 2 de Mayo, Fútbol Barrial San Francisco de Asis, Biguá Rugby, Apand Deportes, Banco Provincia, Unión, Pueyrredon Rugby Club y la escuelita Alto Camet.Como componente adicional, los beneficiarios del dispositivo y sus familias deberán asistir al Centro Faro, un espacio que ofrece una serie de encuentros, charlas y talleres que tienen como objetivo el fortalecimiento del entramado familiar.

En este sentido, explicaron que “otro de los pilares fundamentales de esta iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, a través de talleres que se van a brindar desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Capital Humano, en este espacio que depende del Municipio”.“Esta instancia de formación obligatoria tiene como propósito el intercambio de experiencias y resaltar la importancia del juego, la lectura y la nutrición adecuada, potenciando el desarrollo emocional del hogar y previniendo además situaciones de violencia doméstica”, concluyeron.

Con 132 diputados presentes, arrancó el debate por el tratamiento del rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, pero apareció una llamativa maniobra de último momento de La Libertad Avanza para cancelar el debate.

Iba poco más de media hora de sesión, pidió la palabra el presidente del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, para hacer una curiosa propuesta. "El Ejecutivo envió el Presupuesto (2026), ya tenemos comisión para el miércoles que viene en donde se va a tratar la actualización de educación y también... de educación. Razón por la cual, lo que nosotros le venimos a decir ahora es que lo mismo que se va a tratar en el Presupuesto de 2026 traerlo para octubre, noviembre y diciembre".

"Las actualizaciones del Presupuesto 2026 que se hagan ahora, inmediatamente en el plano de educación universitaria", señaló el presidente del bloque libertario.

Mientras hablaba, la diputada radical Danya Tavela, pidió interrumpir. "Solo a los efectos de aclarar para los que están siguiendo la sesión. La discusión de hoy va mucho más allá de la discusión que empieza la semana que viene respecto del Presupuesto 2026", expresó.

"No hay una discusión retroactiva de Presupuesto, el que ingresó es para 2026, está transcurriendo el año 2025, y estamos reclamando actualizaciones presupuestarias para el Garrahan y las universidades desde el año 2024, que se olvidó el Gobierno de hacer. Así que nada más que discutir", remarcó la diputada radical.

Ante la negativa, Bornoroni intentó ser más claro, e incluso demostró cierto apuro del Gobierno por clausurar el tema: "Justamente es actualizar ahora, inmediatamente, octubre, noviembre y diciembre. No es para 2026, es para ahora 2025".

Por si quedaba alguna duda de que pretendía que no se hiciera el debate en la sesión especial de Diputados, Bornoroni leyó la propuesta escrita: "No habilitar el tema y convocar a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el próximo martes y tratarlo en comisión al tema universitario".

Mientras de fondo se escuchaba un abucheo de los diputados opositores y algunas risas por la inesperada oferta, Bornoroni resaltó: "De esta forma garantizamos el efectivo tiempo y la propuesta razonable y lograríamos un acuerdo con todos los bloques que nosotros acompañaríamos".

Fuente: Clarín

Luego de la reunión entre el intendente Guillermo Montenegro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el anuncio de un nuevo sistema de financiamiento de actividades deportivas, desde el Municipio comunicaron de qué se trata la iniciativa y cuándo comenzará a funcionar.

Según informaron, el motivo del encuentro fue la implementación del dispositivo Centros de Familia en Mar del Plata, que regirá a partir del 15 de octubre. Asimismo, explicaron que esta modificación busca acompañar de manera integral y sin intermediarios a familias de la ciudad, a través de un voucher para que niños y adolescentes puedan elegir entre diferentes actividades deportivas, culturales y educativas.

Al respecto, desde el Municipio destacaron que “lo disruptivo del programa es que el voucher va directamente a los chicos para que elijan qué actividad quieren hacer sin ningún tipo de intermediarios”.

“Se rompe con la idea de que el dinero lo tiene que girar el Estado a una institución, ONG o club. Ahora le llega a los chicos directamente para que puedan destinarlo a la actividad que más les guste dentro de las opciones disponibles en los 19 centros adheridos”, agregaron.

Además, aclararon que “ese voucher se va a poder utilizar solamente en los centros adheridos, por lo que si alguien quisiera realizar cualquier otro tipo de compra con ese dinero, no va a poder porque la operación va a aparecer como rechazada, garantizando el correcto uso de los beneficios del programa”.

En esta primera instancia, trabajarán con mil familias de la zona norte de la ciudad, quienes fueron seleccionadas integrando bases de datos de centros de salud, sociedades de fomento, polideportivos barriales y áreas del Municipio.

Centros de Familia tuvo su primer dispositivo en la localidad entrerriana de Concordia y, luego de esa experiencia, llega a Mar del Plata con un sistema de vouchers que alcanzará directamente a chicos de entre 6 y 17 años.

Los adolescentes de entre 13 y 17 años podrán recibir el dinero directamente para destinarlo a las actividades que elijan, mientras que en el caso de los niños de entre 6 y 12 será administrado por sus padres. Cada voucher es una tarjeta donde se le depositarán $24.000 durante tres meses, y la transferencia se realizará de forma directa por medio del plástico personalizado e intransferible.

Al mismo tiempo, indicaron que los espacios entre los que se podrán elegir las distintas actividades son las sociedades de fomento de López de Gomara, Jardín de Alto Camet, Malvinas Argentinas, Barrio Libertad y Barrio Parque Las Dalias, el Centro Cultural Casa Williams, y entre los clubes River, El Cañón, Juventus, Once Unidos, Deportivo Norte, Social y Deportivo 2 de Mayo, Fútbol Barrial San Francisco de Asis, Biguá Rugby, Apand Deportes, Banco Provincia, Unión, Pueyrredon Rugby Club y la escuelita Alto Camet.

Como componente adicional, los beneficiarios del dispositivo y sus familias deberán asistir al Centro Faro, un espacio que ofrece una serie de encuentros, charlas y talleres que tienen como objetivo el fortalecimiento del entramado familiar.

En este sentido, explicaron que “otro de los pilares fundamentales de esta iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, a través de talleres que se van a brindar desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Capital Humano, en este espacio que depende del Municipio”.

“Esta instancia de formación obligatoria tiene como propósito el intercambio de experiencias y resaltar la importancia del juego, la lectura y la nutrición adecuada, potenciando el desarrollo emocional del hogar y previniendo además situaciones de violencia doméstica”, concluyeron.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, comunicó en sus redes sociales que mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el fin de implementar un nuevo sistema para el financiamiento de actividades deportivas en Mar del Plata.

Si bien el jefe comunal no brindó demasiado detalles del proyecto, aseguró que “se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones”. 

Nos reunimos con @SPettovelloOK porque en Mar del Plata se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones. Con este sistema el dinero va directo a los niños o… pic.twitter.com/OyTTFhEdbs

Además, el senador provincial electo señaló que mediante este sistema “el dinero va directo a los niños o adolescentes", por lo que "solo se puede usar para este fin específico y son ellos los que eligen qué hacer y dónde”.

Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social municipal, Vilma Baragiola.

Investigadores del CONICET Mar del Plata lograron financiamiento internacional para llevar adelante un innovador proyecto que busca transformar el bagazo de cerveza, uno de los principales residuos de la industria cervecera, en un bioestimulante que mejore la tolerancia de la cebada al estrés climático y permita producir cervezas con propiedades benéficas para la salud.

La iniciativa, denominada BrewSelBar, está liderada por la científica María Gabriela Guevara, del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET-UNMDP). “Queremos generar un estimulante biológico de semillas enriquecido con selenio que incremente la tolerancia de las plantas de cebada a la sequía y las altas temperaturas”, explicó.

El proyecto fue seleccionado por la Comunidad Europea dentro del programa Horizonte 2024: Marie Skłodowska-Curie, tendrá una duración de cinco años y combina el trabajo de instituciones académicas y empresas de Argentina y Europa. Entre ellas participan la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cervecería Antares, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad Técnica de Berlín y empresas de España e Italia.

Además de reducir residuos industriales, la propuesta apunta a impulsar una agricultura más sostenible y a la vez valorizar un subproducto que hoy se destina principalmente a alimento animal o a la producción de bioetanol. Con la aplicación del bioestimulante, se obtendrán granos de cebada biofortificados con selenio, a partir de los cuales se elaborarán cervezas funcionales, inicialmente sin alcohol.

“Es muy importante para nosotros poder, a partir de una idea que surgió en el laboratorio, llegar a un producto final que se produzca en una empresa argentina y le dé un plus en sustentabilidad”, destacó Guevara.

El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, remitió hoy al Congreso de la Nación el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto. La oposición analiza convocar una sesión especial el próximo miércoles para intentar revertir esta decisión, que requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

La ley vetada, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, ordena la convocatoria a paritarias dentro de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, así como incrementar las becas estudiantiles.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde su presentación, argumentando que su costo fiscal, estimado en $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, comprometería el superávit fiscal, pilar clave de su plan económico. El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N°24.156, que exige especificar fuentes de financiamiento concretas, actuales y suficientes para gastos no previstos.

En la misma sesión especial de agosto, el Congreso aprobó la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también serán vetados por el Ejecutivo, aunque los vetos aún no fueron remitidos y el plazo vence este jueves.

La oposición enfrenta el desafío de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley original, dado que la votación en Diputados alcanzó 158 votos afirmativos, insuficientes para esa mayoría especial. Mientras tanto, el presidente Milei busca fortalecer el Ministerio del Interior para acercarse a los gobernadores, en un contexto de crecientes tensiones internas por la campaña electoral de octubre.

Fuente: con información de Infobae

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), mediante su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves una serie de actividades en todo el país con el objetivo de exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.

La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, expresaron una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y le solicitaron al Congreso que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.

En tanto, el presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/.

El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT) y a los gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.

En palabras finales, Alpa concluyó: “Los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; los estudiantes, la actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.

El proyecto  busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1%-1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.

Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial del INDEC desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.

El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento, incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia y extensión, se actualizarán anualmente según el IPC. Al mismo tiempo, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustentaría con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.

En este sentido, el proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.

El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, participó activamente en la presentación del Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación. Lo hizo junto a representantes de universidades públicas de todo el país, en un acto que reunió a autoridades universitarias, docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y a toda la comunidad académica.

La iniciativa, construida de manera integral y colectiva por integrantes del sistema universitario público argentino, busca dar respuesta al histórico problema del financiamiento universitario mediante una norma que garantice una asignación presupuestaria justa, clara y sostenida en el tiempo.

“La universidad pública necesita certezas. Este proyecto de ley representa un paso fundamental para asegurar el funcionamiento regular de nuestras instituciones, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas y sostener los programas que hacen posible que miles de estudiantes accedan, permanezcan y egresen de la universidad”, expresó Lazzeretti acerca del encuentro en el Congreso.

La propuesta también contempla el fortalecimiento de la actividad científica, tecnológica y de extensión, pilares del modelo universitario público, gratuito y de calidad que caracteriza a la Argentina. En este sentido, el rector destacó el rol activo de la casa de altos estudios marplatense en cada una de las instancias de elaboración del proyecto. “Hemos participado desde el primer momento, convencidos de que no se trata solo de una discusión presupuestaria, sino de una definición sobre el país que queremos construir”, afirmó.

Durante la jornada, se expresó un amplio respaldo al proyecto por parte del cuerpo legislativo, especialmente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, cuya presencia fue valorada por los asistentes como una señal clara del compromiso institucional con la universidad pública.

“Seguimos firmes en la lucha y en la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Esta ley es una herramienta imprescindible para que ese compromiso se traduzca en políticas concretas y sostenibles”, concluyó Lazzeretti.

El debate parlamentario que se inicia será clave para el futuro del sistema universitario nacional, que reclama una mirada estratégica y de largo plazo que garantice su desarrollo pleno en todo el país.

El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) emitió un pronunciamiento firme en respaldo al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que será presentado el próximo miércoles en el Congreso Nacional. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones gremiales docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En ese sentido, desde la UNMdP advirtieron: “La ausencia de un presupuesto nacional afecta el desarrollo de nuestras funciones y obstaculiza el control democrático que debería ejercer el Parlamento”.

El Superior subrayó que, por segundo año consecutivo, el sistema universitario opera sin una herramienta clave como el presupuesto nacional, lo cual “no solo obstaculiza la planificación y ejecución de políticas educativas, sino que abre la puerta a una administración discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo”. Y añadió que “esta situación afecta a toda la comunidad universitaria: trabajadores, docentes, investigadores y estudiantes”.

En este contexto, el proyecto de ley busca trazar una hoja de ruta clara para lo que resta del año 2025, en tanto se reclama la sanción de un Presupuesto 2026 acorde con las necesidades de una sociedad que valora la educación superior como un derecho y una inversión estratégica.

El Honorable Consejo Superior también convocó a la ciudadanía a acompañar el acto público frente al Congreso de la Nación, en la Plaza de los Dos Congresos (CABA) desde las 11, cuando se realizarán actividades públicas en defensa del sistema educativo.

“Convencidos de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, invitamos a todos los argentinos a participar de esta jornada”, expresa el texto. Además, la casa de altos estudios local ratificó su vocación de diálogo y su compromiso institucional para colaborar en la elaboración de políticas que fortalezcan a las universidades públicas y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a que el Congreso asuma también ese compromiso democrático: el de escuchar, debatir y legislar en favor del conocimiento, la equidad y el futuro del país.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof envió un proyecto de ley al Senado provincial para que se lo habilite a tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares, con el objetivo de garantizar el financiamiento de la Provincia y los municipios hasta fin de año. 

El pedido de endeudamiento en pesos, equivalente a la cifra mencionada en dólares, había sido adelantado semanas atrás y tiene como propósito afrontar compromisos financieros, renegociar pasivos, financiar programas sociales y de inversión, y regularizar atrasos de Tesorería.  Además, la propuesta incluye la posibilidad de emitir letras del Tesoro por hasta US$ 250 millones durante 2025.

Dentro del proyecto, se prevé la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, equivalente al 8% de los fondos obtenidos por el endeudamiento, a ser distribuido entre los municipios que adhieran, según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Ese dinero no podrá destinarse a gastos corrientes.

En paralelo, la iniciativa también busca neutralizar un proyecto en Diputados que apunta a condonar las deudas municipales por los fondos especiales de la pandemia. En cambio, la propuesta oficial plantea suspender los pagos hasta diciembre y devolver las cuotas ya abonadas este año, una respuesta a la interna con sectores del oficialismo que impulsaron la condonación sin consultar al Ejecutivo.

Fuente: Dib

El Gobierno salió al cruce tras el rechazo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a las auditorías. “Violan los derechos de los estudiantes”, afirmó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

“Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN de algunas auditorías. En la Universidad Nacional de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades”, dijo el funcionario.

Alvarez defendió la intervención del Poder Ejecutivo en la educación superior, criticada por la casa de estudios. “Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió. Se dan clases”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario abundó: “Todo lo financiero está ejecutado en las universidades públicas. La recomposición salarial no está en el presupuesto. No entiendo dónde recortamos fondos”.

La UBA rechazó las auditorías impulsadas por el Gobierno al argumentar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) busca ejercer un control que excede sus competencias. En respuesta, Javier Milei lanzó una frase tajante: “Están sucias”.

“La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, explicaron desde la institución a través de un comunicado.

También indicaron que la iniciativa de la SIGEN pone en riesgo la libertad de cátedra, un principio fundamental de la educación universitaria, y representa una interferencia que podría limitar el contenido de lo que se enseña y aprende en las universidades públicas.

En ese sentido, para garantizar la transparencia de sus procesos, la UBA anunció una convocatoria a nivel nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.

En el documento titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la institución destaca que “ya cumple con las auditorías establecidas en la legislación vigente”, y que es “una de las entidades públicas más fiscalizadas de la Argentina”.

Además, explicaron que se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría de 2025, en continuidad con los procesos de revisión.

Este paso, según argumenta, busca brindar transparencia y acceso público a toda la ciudadanía, en un contexto en el que el respeto a la autonomía universitaria se vuelve fundamental frente a las acusaciones de falta de claridad en el uso de los recursos económicos.

A su vez, la institución también señaló que, conforme al artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, “la SIGEN solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”.

Desde la UBA también plantean que las acusaciones de falta de transparencia esconden un “ataque ideológico contra la naturaleza de la universidad pública y gratuita en el país”.

Fuente: TN

Con el objetivo de presentar líneas de crédito y servicios financieros vigentes, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad junto a la Delegación Local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia organizaron el primer encuentro destinado a pequeñas y medianas empresas locales, del que participaron más de un centenar de productores además de entidades bancarias y sociedades de garantía recíproca.

Durante la jornada, representantes de las entidades financieras expusieron propuestas y oportunidades de financiamiento. Posteriormente, los participantes agendaron reuniones individuales con las instituciones de interés, “lo que facilitó un acercamiento directo y personalizado para conocer las opciones de crédito disponibles según sus necesidades”, indicaron desde la secretaría comunal.

Además, se habilitó un espacio de networking para que los empresarios locales pudieran generar vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

“Seguimos apoyando el desarrollo de las PyMEs locales, generando espacios clave para su fortalecimiento y expansión. Estos encuentros son fundamentales para que las empresas accedan a información directa sobre financiamiento y aprovechen las oportunidades disponibles”, destacó Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local.

Y agregó: “Desde el municipio, continuaremos colaborando y articulando con el sector privado para que las empresas de la región sigan creciendo”.

Por su parte, Diego Vega, representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, agradeció a las entidades presentes y destacó la gran convocatoria de inscriptos. También subrayó la importancia de seguir colaborando con el municipio para fomentar este tipo de encuentros, que permiten a las empresas locales acceder a herramientas que impulsan el crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo productivo.

Entre las entidades presentes se destacaron el Banco Nación Argentina, Banco Provincia de Buenos Aires, BBVA, Banco Galicia, ICBC, Supervielle, Macro, Santander, Credicoop, Patagonia, Hipotecario, Garantizar y Comafi. Cada institución presentó productos y servicios financieros diseñados específicamente para las necesidades de las PyMEs y su crecimiento comercial.

El conflicto entre el Gobierno y el ámbito universitario continúa, con declaraciones cruzadas y definiciones del propio presidente Javier Milei sobre que sólo buscan “auditar las universidades”. Ese contexto un informe con datos de la Secretaría de Políticas Universitarias desmiente uno de los principales argumentos del Ejecutivo: que los sectores más pobres no acceden a estudios superiores.

En el informe presentado por el ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, Giuliano Falconnat, se hace referencia a frase dicha por Milei respecto de que “los pobres no acceden a la Universidad”. Y se aportaron datos estadísticos en al anuario 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias donde se muestra el porcentaje de estudiantes que son primera generación universitaria, con “valores que van desde el 49% para la Facultad de Artes hasta el 87% para la Universidad de José C Paz”.

Esto refleja “un claro aporte a la movilidad social” indicó el ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica.

Por otro lado se refirió a una propuesta que difundió la Fundación Libertad y Progreso en medio del debate por la Ley Presupuestaria, sobre el arancelamiento selectivo de las universidades según el nivel de ingresos de los estudiantes.

Para Falconnat esto pone en evidencia el “profundo desconocimiento sobre el estudiantado, ya que muchos jóvenes se mudan de sus ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, debiendo contar con el apoyo económico de sus familias lo cual en este contexto haría imposible que deban también afrontar una cuota”.

Además, “deja de lado que por más que el acceso a la Educación Superior sea gratuito deben afrontarse los costos de transporte, material de estudio, útiles, refrigerio y en muchos casos alquiler, los cuales además sufrieron severos aumentos en los 10 meses que lleva el Gobierno, por lo cual al cobrar una cuota disminuye el poder adquisitivo para afrontar el resto de los gastos, que también contribuyen a la recaudación del Estado y por ende al financiamiento del sistema”.

“Este cúmulo de errores, algunos malintencionados y otros propios de la ignorancia y el desconocimiento, ponen de manifiesto un estado de alerta permanente, pero a la par presentan la oportunidad de llevar a cabo un nuevo hito universitario. Hoy nos toca el desafío de poner en valor al sistema de Educación Superior, motivo de orgullo y pilar del desarrollo nacional, para que el Gobierno comprenda de una vez y para siempre, que la educación no es déficit”, concluyó Falconnat.

Mientras se mantienen las tomas en cuatro unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se confirmó un paro universitario para el próximo jueves 17 y se estudian medidas para la semana del 21 de octubre, desde la Asociación del Personal Universitario (APU) reconocieron que deben analizar la situación y “recrudecer la forma en que venimos llevando adelante el conflicto”.

Tras una jornada de paro realizada este jueves luego de la confirmación del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes mantienen tomas en Exactas, Psicología, Humanidades y Trabajo social, acción que es respaldad desde el gremio como lo indicó la secretaria general Victoria Schadwill.

“Bancamos las tomas, pero tenemos que coordinar una serie de cuestiones, como por ejemplo qué hacemos en Mar del Plata y cómo visibilizamos esa semana de lucha”, señaló la gremialista universitaria en diálogo con El Marplatense a la vez que destacó: “Es muy importante remarcar que ayer estuvieron cerradas todas las universidades nacionales”.

Al respecto, Schadwill indicó que “entendemos como trabajadores que hay que recrudecer el formato en que venimos llevando adelante el conflicto. Por eso es importante coordinar y amalgamar las diferentes estrategias, gremialmente los docentes y no docentes, y los estudiantes, que son las tres patas fundamentales”.

Sobre los pasos a seguir, señaló que esperan por una reunión de comisión directiva del gremio, además de otras acciones como reuniones de cuerpos de delegados, con integrantes de ADUM y de los centros de estudiantes.

Una publicación compartida por MEPs Psicología (@mepsmdp)

TOMA EN PSICOLOGÍA 

En cuanto a Piscología, una de las cuatro unidades académicas que permanecen tomadas por los alumnos, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Piscología, su presidente, Delfina, explicó que la misma continuará hasta el lunes a las 17:00 y que luego habrá otra asamblea para definir cómo se continuará.

Sobre el impacto que tiene en los estudiantes el veto de Milei, para Delfina hay un lado concreto que “nos deja en una situación incierta acerca de cómo vamos a terminar este año, en qué condiciones. No sólo en lo que respecta a las becas estudiantes, que vienen desactualizadas y que suelen ser un gran aporte al sostenimiento de los compañeros en la carrera, y que hoy no están alcanzando en un contexto donde es cada vez más difícil sostenernos como estudiantes”.

Esto, señaló la dirigente estudiantil, “además de entender el contexto y el desfinanciamiento que está sufriendo la universidad, hace cada vez más difícil su funcionamiento, ya que los salarios del personal están por debajo de la línea de pobreza y esto no sólo implica la precarización de los trabajadores, sino también ir vaciando esos espacios porque pone en riesgo la continuidad de los puestos de trabajos de muchas personas”.

Pero además, para Delfina, hay un costado subjetivo porque “haber vetado la ley después de la enorme marcha educativa impacta de una forma discursiva y simbólica en esta lucha. Es reafirmar el ataque que se está haciendo desde el Ejecutivo a las universidades nacionales”.

Ante esto, la dirigente estudiantil de Psicología aseguró que “la toma era una medida de fuerza que correspondía a esta altura, en primer lugar porque ya hemos agotados estas instancias y en segundo porque desde comienzo de años nos hemos manifestado por mayor presupuesto, para no quedarnos pasivos ante este conflicto y porque las universidades son de los estudiantes”.

A través de un comunicado, el Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mar del Plata expresó su “profunda preocupación” ante el “continuo desfinanciamiento que afecta al sistema universitario público argentino”.

“Este proceso ha alcanzado un nuevo punto crítico con el respaldo legislativo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales, previamente aprobada por ambas cámaras”, señala el texto.

Desde el organismo recordaron que trabajan y coexisten “en estrecha colaboración con el sistema universitario público nacional, especialmente con la Universidad Nacional de Mar del Plata. La mayoría de sus institutos se gestionan bajo un esquema de dependencia compartida con esta universidad y la mayoría de sus agentes fueron y son parte de sus claustros como estudiantes, docentes y no docentes”.

El comunicado resalta que “el sistema universitario público nacional es una estructura institucional sólida y prestigiosa, fundamental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento y el crecimiento social y económico que el país requiere para enfrentar los desafíos del presente y el futuro. La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de argentinos, su desfinanciamiento constituye, sin duda, una amenaza para el progreso de nuestra sociedad”.

Finalmente concluye que “la Universidad Pública y la Ciencia Nacional son partes indispensables para construir un país más justo y equitativo, defenderlas es hoy nuestro compromiso inclaudicable”.