El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón” y dar previsibilidad impositiva a los contribuyentes. 

La clave de la reglamentación es que los dólares solo podrán utilizarse si se bancarizan. Es decir, deberán depositarse en una cuenta o transferirse a través del sistema financiero. El objetivo es garantizar la trazabilidad del dinero y cumplir con estándares internacionales contra el lavado de activos.

La norma también precisó el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Podrán adherir quienes hayan tenido ingresos menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no sean grandes contribuyentes. El régimen otorga beneficios como la presunción de exactitud de lo declarado y limita futuras fiscalizaciones.

En el caso de los monotributistas, el decreto fue claro: si quieren usar los dólares que tenían fuera del sistema, deberán inscribirse en el RSG. De lo contrario, quedarán expuestos a controles fiscales.

Además, se actualizaron los umbrales penales por evasión, que pasan a $100 millones, y se estableció que las multas automáticas no se aplicarán de forma indiscriminada, especialmente a pymes, priorizando avisos previos antes de sanciones.

Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, sostienen que la medida apunta a que parte de esos dólares ingresen al circuito formal y ayuden a reactivar la economía.

Fuente: Infobae

El Gobierno puso en marcha el nuevo Régimen Penal Tributario, publicado en el Boletín Oficial, que actualiza los montos mínimos de punibilidad y modifica los procedimientos de fiscalización y sanción aplicables a contribuyentes. La medida, establecida en la Ley 27.799 -conocida como “Inocencia Fiscal”-, introduce cambios sustanciales en los umbrales para delitos e infracciones tributarias, informaron desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

La reforma eleva el monto mínimo para considerar la existencia de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones por cada tributo y ejercicio anual. En el caso de la evasión agravada, el piso se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. Asimismo, la evasión de recursos de la seguridad social tendrá un mínimo de $100 millones, mientras que su variante agravada se fija en $10 millones.

El aprovechamiento indebido de beneficios fiscales será sancionado a partir de los $7 millones, y la retención indebida de aportes de la seguridad social cuando supere los $20 millones. La norma también sustituye artículos del Régimen Penal Tributario establecido en la Ley 27.430, así como disposiciones de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y del Código Civil y Comercial de la Nación.

En relación con la extinción de la acción penal, la ley establece que la administración tributaria no formulará denuncia si el contribuyente cancela de forma total e incondicional la deuda y los intereses antes de la presentación de la denuncia. Este beneficio podrá utilizarse una única vez por cada persona física o jurídica.

Si la acción penal ya se hubiera iniciado, el imputado contará con 30 días hábiles desde la notificación para pagar la deuda más un 50% adicional, lo que permitirá extinguir el proceso judicial. En materia de prescripción, se reduce de cinco a tres años el plazo para que el Fisco exija impuestos a contribuyentes inscriptos que presentaron sus declaraciones en término.

Este beneficio se pierde si existe una “discrepancia significativa”, definida como una diferencia superior al 15% entre lo declarado y lo determinado por ARCA, o cuando la diferencia supere los $100 millones establecidos en el artículo 1 del régimen.

La ley crea además un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Quienes opten por esta modalidad y paguen en término la declaración propuesta por el organismo recaudador obtendrán un efecto liberatorio que impide futuras acciones civiles o penales por ese período fiscal, salvo en casos de facturas apócrifas o ingresos omitidos.

Finalmente, se dispone que todos los montos mencionados se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero de 2027 según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Para determinar si un hecho constituye delito, se tomará el monto vigente al momento de la comisión, mientras que para las multas se aplicará el valor vigente al momento del pago.

En el marco de la investigación por la muerte de Rosana Back, la paracaidista que falleció el domingo al arrojarse desde una aeronave durante una jornada organizada por la Asociación Civil Paracaidismo Mar del Plata, la Fiscalía de Delitos Culposos ordenó el allanamiento de la vivienda del instructor a cargo de la actividad.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI N°11, con el objetivo de recolectar elementos de interés para la causa, entre ellos los paracaídas utilizados, los sellos de control, teléfonos celulares y registros fílmicos del salto.

“No es una forma de imputación; lo que hicimos fue allanar su casa, entonces se le notificó la existencia de la causa y se le identificó la intervención judicial correspondiente. Pero no fue citado a declarar como imputado de homicidio ni nada por el estilo”, aclararon desde la Fiscalía.

“Lo allanamos para ver si encontrábamos el video, para secuestrar el celular, los paracaídas y verificar si estaban todos aptos para el salto. También buscamos documentación y sellos propios de la actividad que realiza el señor Pérez”, añadieron las fuentes.

Durante el operativo se secuestraron todos los elementos vinculados con la práctica del paracaidismo, que serán sometidos a peritajes técnicos con colaboración de la Fuerza Aérea Argentina, a fin de determinar si existió una falla mecánica, un error humano o alguna otra circunstancia que explique el accidente.

Por su parte, el fiscal Vera Tapia explicó que la autopsia, a cargo de la médica forense doctora Suárez, confirmó que la víctima falleció a causa de un fuerte traumatismo craneano, además de presentar múltiples fracturas y lesiones internas compatibles con la caída libre.

También se halló un sensor de glucemia en el cuerpo de la mujer, ya que era diabética. El dispositivo fue secuestrado para analizar si puede aportar información sobre su estado de salud previo al salto, aunque sufrió daños por el impacto.

“La investigación continúa abierta. No se descarta ninguna hipótesis”, concluyó el fiscal.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de un paciente en el Hospital Subzonal Felipe Fossati de Balcarce tras recibir una dosis de fentanilo, el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación en primera instancia, señaló que ya se realizó un primer análisis y se detectó la presencia de una bacteria, lo que motivó la intervención del fuero federal.

“Ya se hizo un primer análisis y el fentanilo tendría una de las bacterias que lo ha contaminado, y justamente el director del hospital, el Dr. Ángel Reino, hizo la denuncia que cayó en la Fiscalía N° 11 de Delitos Culposos”, informó Moure en diálogo con El Marplatense. 

Asimismo, el fiscal explicó que hoy se contactó con el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que actualmente concentra todas las causas abiertas por fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires. “Me solicitaron que la causa tramite allá para que un solo juez intervenga en los casos”, indicó.

Por ese motivo, Moure planteó la incompetencia del fuero ordinario ante el juez de garantías marplatense Gabriel Adrián Bombini, con el objetivo de que se remita el expediente a la órbita federal.

Respecto a la víctima, el fiscal detalló: “Era un hombre mayor que tenía una patología grave. El fentanilo contribuyó a la muerte, pero era un paciente mayor con una infección generalizada”.

Esta información confirma la sospecha del titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 3 de La Plata: las víctimas fatales atendidas en hospitales públicos y privados, a las que se les suministró el medicamento contaminado, eran más de las 33 previamente registradas hasta el 23 de mayo por Claudia Perandones, titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS).

En esa fecha, la funcionaria comunicó al magistrado que “hasta el momento en todo el país existen 69 casos sospechosos” de pacientes contaminados con el fentanilo de HLB Pharma “y 33 personas fallecidas”. Ahora, la cifra asciende a 34 y sigue en aumento. Así, en territorio bonaerense los fallecidos son 16.

La provincia de Santa Fe, con 17 casos, es donde más víctimas fatales se registraron. La actualización es la siguiente:

El viernes, el juez Ernesto Kreplak ordenó a los ministerios de Salud de todo el país informar los nombres de “todos” los pacientes fallecidos o infectados con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae detectadas en la partida contaminada de fentanilo de HLB Pharma desde el 1 de abril.

Al menos dos ministros y un secretario de Salud consultados sobre la medida reconocieron que la tarea será “ardua para el sistema”. Los funcionarios deberán extender la directiva a los efectores públicos y también al sector privado. De hecho, los primeros 18 casos, 15 de los cuales resultaron mortales, se dieron en el Hospital Italiano de La Plata. Hasta ahora, el Instituto Malbrán informó que ya son 34 los fallecidos en el país, pero se estima que la cifra es mayor.

En este contexto, Kreplak considera que no todas las clínicas y hospitales públicos denunciaron o registraron muertes por las bacterias mencionadas, que no suelen ser contraídas durante internaciones y producen, entre otras enfermedades, neumonía y resistencia a los antibióticos.

Mientras los legisladores discuten la baja de la edad e imputabilidad, y el proyecto (que definió en 14 y no en 13 la edad, como se proponía en un comienzo) ya cuenta con media sanción de Diputados, desde aquellos sectores que tienen que impartir justicia surge una mirada de cierta inquietud: “Si bien esto refleja un intento de abordar la problemática de la delincuencia juvenil, me preocupa profundamente la capacidad del sistema para implementarlo”, consideró al respecto el fiscal Walter Martínez Soto, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el fiscal señaló que “hemos tenido serios inconvenientes en los lugares de alojamiento y en la infraestructura destinada a brindar respuestas positivas para la resocialización de los jóvenes”, por lo que aseguró que “no contamos con los medios suficientes para solventar la ejecución de eventuales penas, incluso para los mayores de 16 años”. 

Esta realidad impacta fuertemente en Mar del Plata, donde según testimonio del fiscal hay “índices delictivos de menores similares a los de Avellaneda, Lanús, San Isidro o San Martín”, aunque ligeramente por debajo de los grandes departamentos del AMBA: “Esto nos lleva a preguntarnos si no estamos trasladando una ‘cultura del delito’ dentro de la provincia. La forma en que se cometen los delitos en Mar del Plata está empezando a replicar dinámicas que antes veíamos solo en áreas metropolitanas, lo cual es una señal de alerta”.

Con la posibilidad de la baja de imputabilidad, Martínez Soto consideró que según “los índices de criminalidad que manejamos, esta medida podría incrementar el grado de criminalización en un 20 o 30%, lo cual agrava la situación. Con los recursos actuales, ya no podemos dar una respuesta adecuada. Si esto se incrementa, será aún más complicado. Nuestro objetivo es evitar que los institutos para menores se conviertan en una suerte de ‘precárcel’ o en un espacio que reproduzca las dinámicas del régimen carcelario, con sus formas de vida y comunicación”.

En cuanto a la situación de los menores, Martínez Soto detalló que los que tiene menos de 16 no son punibles, mientras que los mayores de 16 y hasta 18 años sí pueden recibir una sanción penal, aunque la jurisprudencia establece que debe tratarse como un delito en grado de tentativa, lo que reduce la pena final en dos tercios. “Sin embargo, más allá de la respuesta penal, lo que me parece crucial es la actividad preventiva y la realidad que observamos en los menores”, señaló. 

El fiscal se refirió de esta manera a la actitud que encuentra en los menores que delinquen: “Los más jóvenes, particularmente los de 13 o 14 años, exhiben un discurso que glorifica lo delictivo, con la certeza de que no enfrentarán medidas ejecutivas que restrinjan su libertad. Parecen percibir su condición de menores como un ‘plus’ que los ampara para cometer cualquier tipo de delito, incluso desafiando a las autoridades”.

“Esto me lleva a reflexionar sobre si la ley por sí sola puede establecer los límites de nuestro comportamiento. Los verdaderos límites son de índole cultural, están arraigados en lo que absorbemos en nuestras familias, en cómo nos relacionamos con los demás en el barrio o con los amigos, y en el respeto que tenemos por el otro. En ese sentido, creo que estamos perdiendo una batalla cultural muy importante, que va de la mano del aumento del delito”, aseguró.

En el análisis del agente fiscal se observa cierta frustración. Y bajo su punto de vista “no se centra tanto en la percepción de la sociedad” sino “en el sistema judicial mismo, que no realiza una autocrítica sobre su función pública. El Poder Judicial no parece tomar dimensión de las decisiones que adopta ni de los efectos que estas generan en la sociedad. A veces, da la impresión de que solo se preocupa por sus propias responsabilidades, mirando su propio ombligo”.

Martínez Soto señaló que si bien el sistema es uno solo, más allá de sus competencias, no hay una conexión efectiva entre el fuero penal, el de familia y otras ramas de la justicia. “Esto genera una crítica constante y justificada por parte de la sociedad, porque las respuestas que damos no son justas. Uno puede estar de acuerdo o no con la ley, pero el juez o el funcionario público encargado de administrar justicia no puede limitarse a dar respuestas meramente legales. Deben ser respuestas jurídicamente válidas, pero también justas. Si esto persiste, la gente comenzará a preguntarse para qué existe el Poder Judicial, si sus resoluciones, aunque legales, no generan una sensación de justicia para todos”, reflexionó.

La identidad del hombre que apareció muerto de un paro cardíaco en Plaza Pueyrredon el lunes por la noche logró ser identificada: se trata de Darío Ezequiel Avalos de 57 años, un ex árbitro de rugby sin familiares en la ciudad, según indicó la fiscal Florencia Salas.

Se recuerda que un “paro cardíaco por insuficiencia cardíaca aguda” fue la causa de muerte del hombre. La fiscal Florencia Salas había señalado a El Marplatense que su identificación se demoró porque “no tiene antecedentes, por lo tanto no aparece en los registros”.

“La causa de muerte fue un paro cardíaco por insuficiencia cardíaca aguda, igual a los resultados de tóxicos y otros estudios que se hacen con la toma de muestras”, había agregado la agente de la Fiscalía.

El cuerpo de Avalos fue encontrado el lunes por la noche, sobre la calle, en 20 de Septiembre entre Maipú y Chacabuco, tras un llamado al 911. Al lugar llegó una ambulancia, cuyo personal determinó que no había signos de violencia.

Un hombre de 24 años quedó imputado hoy por conducir una moto con pedido de secuestro por hurto, la cual era buscada por la Justicia desde enero de este año.

Personal del Grupo Patrulla Motorizada fue quien detectó al conductor, quien circulaba por el barrio General Pueyrredon con la moto Honda Twister 250cc color roja.

El rodado no tenía dominio colocado, lo que llamó la atención de los agentes, quienes lograron interceptar al motociclista en Calabria y Rateriy.

Una vez que se verificaron todos los datos, se pudo comprobar que tanto el número de chasis como el de motor no eran los originales, además de que existía un pedido de secuestro sobre la moto por un hurto.

El fiscal Guillermo Nicora, de la Unidad de Flagrancia, dispuso la notificación del imputado por “encubrimiento” y ordenó el secuestro del rodado, sin tomar acción sobre la libertad del detenido.

A diez días del brutal crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes que fueron encontrados muertos en un descampado de Florencio Varela, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N° 5, pidió apartarse de la investigación y aseguró que sufrió “intimidación y amenazas” por parte de los abogados de los familiares de las víctimas.

En el documento de siete carillas, el titular del Ministerio Público Fiscal de esa localidad requirió excusarse de la causa. Lo hizo ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, basándose en distintos fundamentos.

Por un lado, sostuvo que tomó la decisión debido a la “intimidación y amenazas” que habría sufrido por parte del abogado de la madre de Josué, Carlos Diéguez. Según su pedido, el letrado lo presionó para aceptar su hipótesis delictiva y amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática.

El fiscal argumentó que estas acciones generaron una "violencia moral" que compromete su capacidad de mantener la "objetividad e imparcialidad" necesarias para la investigación, afectando su “equilibrio espiritual y generando temor por su función y carrera judicial”.

“Nunca vi algo igual en mis 42 años en el sistema penal. El abogado se presentó en mi despacho a amenazarme con consecuencias laborales si no aceptaba su hipótesis delictiva, si no separaba a la policía bonaerense de la investigación y que tenía como aval los medios, el Senado, la Procuración y demás actores del ‘poder’ para finalmente lograr su objetivo”, aseguró.

Para Diéguez, los asesinatos no se basaban en cuestiones de inseguridad, sino que eran puntualmente una cuestión derivada de “narcomenudeo”, según detalló el fiscal entre los fundamentos. “Podría haberlo incluido en una nueva línea investigativa sin problemas. Sin embargo, el letrado comenzó a realizar manifestaciones respecto a mi función”, agregó.

“Reitero mi total asombro, sorpresa y también temor ante el accionar del mencionado letrado, más aún cuando resulto ser un magistrado de la Provincia de Buenos Aires con 42 años de trabajo, de los cuales los últimos 18 años he sido fiscal de intachable trayectoria”, manifestó.

En consecuencia, el funcionario se amparó en el artículo 47, inciso 13, del Código Penal, para solicitar su apartamiento del caso. En las próximas horas se deberá sortear una nueva fiscalía.

Fuente: TN

A 18 años del homicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, el giro que dio la causa sorprende. Y no sólo porque hay un nuevo protagonista al que señalan como culpable, sino porque aparecen detalles ignorados durante tantos años de búsqueda. Ahora, el fiscal Pablo Jávega confirmó que los dos cotejos de ADN "complican a Roberto Bárzola" y sumó un dato sorpresivo: "Hoy se erige un escenario de un abordaje sorpresivo".

"Hay dos elementos importantes que aportaron al avance de la causa. Una compatibilidad genética con el señor Bárzola. Tenemos una huella compatible con el elemento que le da muerte a la víctima, que muere por una asfixia mecánica con el cinto de la bata, y la compatibilidad con un vello, que fue encontrado en la zona de la ingle. Ambos elementos refuerzan la sospecha reciente sobre esta persona", explicó el sexto fiscal que tiene la causa.

En charla con radio la Red, Jávega dijo que la principal hipótesis de asesinato es que la víctima sufrió "un abordaje sorpresivo".

"La víctima muere de una asfixia mecánica (fue ahorcada). De eso no hay duda. Confiamos en el trabajo científico y en la responsabilidad de nuestro equipo para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible", precisó.

Y agregó: "Hay otros elementos que no permiten a prima facie sostener que la víctima estaba esperando visitas, conforme a lo que tenía que ver con rutinas domésticas, propias de ella; no resulta compatible. Hoy se erige más un escenario de un abordaje sorpresivo, que no estaba pautado”.

Roberto Bárzola, el nuevo implicado en el asesinato de Dalmasso, era uno de los pulidores de pisos que estaba trabajando en la casa del matrimonio. "La persona sospechada estaba trabajando en ese domicilio, por lo que conocía la distribución del inmueble", justificó Jávega.

Por entonces, Bárzola tenía 27 años al momento del hecho y es de Rio Cuarto, donde ocurrió el crimen. En 2007, la familia de la víctima había pedido que se lo incluyera en la lista de personas a cotejar su ADN, pero el entonces fiscal del caso no lo contempló.

“Esto fue de madrugada -puntualizó el fiscal-. El dictamen de autopsia estipula que la muerte de Dalmasso ocurrió a 36 horas de su hallazgo, por lo que se ubica en las primeras horas de la mañana”, confirmó. Por ese dato, se supone que Bárzola "no podría alegar que estaba en el lugar por un tema laboral".

En la entrevista, el fiscal indicó que la autopsia certificó que la víctima tenía signos compatibles con "violencia", y que presentó "golpes en la cabeza" que se podrían asociar a "un abuso sexual".

El cuerpo sin vida de Dalmasso fue encontrado el 26 noviembre de 2006 en su casa ubicada en el country de Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, y según las pericias murió asfixiada mediante estrangulamiento.

Durante la investigación fueron imputados el pintor Gastón Zárate; el hijo de la víctima Facundo Macarrón; el abogado Rafael Magnasco; quienes progresivamente fueron sobreseídos de las acusaciones; y finalmente el viudo Macarrón cómo el único que llegó como acusado al juicio en calidad de instigador del crimen, pero terminó absuelto.

Fuente: Clarín

En el marco de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006, la Unidad Fiscal Especial actuante en la ciudad de Río Cuarto informó que se hallaron huellas genéticas de una persona de sexo masculino compatibles con pruebas colectadas en la bata y en el cuerpo de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba anunciaron que se continúa trabajando en el análisis del “resto del cuadro de pruebas disponible para la composición de hipótesis en función del aporte de dicho material”.

“También se trabaja en aspectos relevantes al análisis de la acción penal derivada del hecho señalado. Tales conclusiones fueron comunicadas a la familia querellante y a la persona sindicada, quien concurrió a la sede de la Unidad Fiscal para ejercer, con la debida asistencia letrada, su defensa material y técnica”, detallaron.

De este modo, a las 11:00 el fiscal Pablo Javega brindará una conferencia de prensa sobre los avances en la causa.

Fuente: Noticias Argentinas

El oficialismo de la provincia de Buenos Aires logró avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2025 propuesto por el gobernador Axel Kicillof y la Ley Fiscal, temas que buscará aprobar antes de fin de año.

El peronismo provincial -con todas sus vertientes- consiguió ayer sumar la firma del diputado Pablo Domenichini, del radicalismo que responde al presidente del partido nacional, Martín Lousteau, para acceder al dictamen de comisión.

Domenechini, de Acuerdo Cívico-GEN, se diferenció de su bancada para acompañar la propuesta de la administración de Kicillof.

La idea del oficialismo es llevar los proyectos al recinto antes de fin de año y una fecha posible es el próximo jueves, de acuerdo a fuentes parlamentarias.

Para lograr la aprobación, Unión por la Patria deberá lograr más que el respaldo del radical y los legisladores que tienen la misma orientación -suman siete en total-.

En el Presupuesto 2025, el Gobierno de Buenos Aires planteó un endeudamiento de $1,16 billones, lo que representa el 0,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

Además, en el cálculo anual se estima un déficit financiero del 0,5% del PBG, menor al de este año.

En tanto, la Ley Fiscal tiene un punto resistido por la oposición que otorga una suerte de “facultades delegadas” a la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA). 

De acuerdo al proyecto, en impuestos inmobiliarios y automotores la agencia podrá determinarlos al momento de emitir cada cuota.

Fuente: Noticias Argentinas

El fiscal Pablo Cistoldi ordenó que investiguen la muerte de un hombre de 67 años que el sábado se cayó desde un molino en la zona del Cementerio Parque y falleció a las dos horas de su ingreso al nosocomio. 

El sujeto mayor ingresó por su cuenta el sábado al mediodía al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de haber caído desde un molino de ocho metros en la estancia rural Laguna de Ponce.

Según las primeras precisiones, el individuo se habría resbalado con una escalera.

A pesar de ser atendido por los profesionales del nosocomio, la víctima murió a las dos horas de su ingreso y el fiscal Pablo Cistoldi de la Ufi N° 11 ordenó que se inicien actuaciones en el marco de la carátula averiguación de causales de muerte.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el beneficio para contribuyentes comprendido en la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. De esta manera, el organismo conducido por Florencia Misrahi instrumentó la rebaja en el impuesto a los bienes personales para quienes cumplieron con la totalidad de sus obligaciones en los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022 y responsables sustitutos que se encuadren en la categoría de pymes.

La Resolución General 5535/2024 estableció para las personas obligadas a presentar las declaraciones juradas determinativas del impuesto a los bienes personales una reducción en las alícuotas por los próximos tres períodos, siempre que no hayan exteriorizado activos en el régimen de regularización vigente.

De acuerdo con un comunicado de la AFIP, “para calificar como contribuyente cumplidor deberá haber presentado y cancelado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado, las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022”. Quienes cumplan con estos requisitos “tendrán una reducción en sus alícuotas de 0,5 punto porcentual respecto al esquema vigente durante 2023, 2024 y 2025. Para los responsables sustitutos, la alícuota será del 0,375%”.

Para solicitar la adhesión al beneficio, el contribuyente o responsable deberá acceder al servicio “Sistema Registral/Beneficio a Cumplidores” disponible en el sitio web de la AFIP, mediante la utilización de la clave fiscal con nivel de seguridad 3, como mínimo. Luego se deberá seleccionar la opción “Beneficio Impuesto sobre los Bienes Personales art. 64”, en el caso de que se trate de persona humana o sucesión indivisa, o “Beneficio de Responsables Sustitutos art. 65”, en caso de que se trate de los responsables sustitutos con categoría pyme.

Fuente: DIB

Se cumplió un año de la desaparición y muerte de Iara Nardelli, un hecho que envuelto en incógnitas tuvo el peor desenlace: hallaron sus restos incompletos en un descampado en el barrio Virgen de Luján de Mar del Plata. 

En esta fecha tan dolorosa para la familia, recibieron la noticia de que la fiscal cerró la causa por falta de pruebas contundentes. Por este motivo, su madre y allegados se acercaron a tribunales para manifestar que la muerte de Iara no debe quedar en el olvido. 

En diálogo con El Marplatense, Mariela, la mamá de Iara, contó que la causa fue archivada porque “no hay elementos suficientes para probar si fue un suicidio, la desgarraron los perros o si hubo un tercero”. 

Sin embargo, consideran que “acá estuvo la intervención de un tercero, el suicidio lo descartamos a simple vista por las pruebas de caligrafía que leyó su escrito, por mensajes que mandó a varias personas, cómo la vimos en último tiempo”. 

Además, “esos huesos no pueden haber aparecido en tres o cuatro lugares a los 10 días de su desaparición”. 

De modo que “si bien aporté muchísimas pruebas, elementos, todos quedaron en la nada misma. No se investigaron en profundidad como deberían”, declaró. 

Por este motivo presentó un pedido formal mediante su abogado y aseguró que “vamos a seguir acá manifestándonos para que se reabra la causa. Mi idea es que se designe un nuevo fiscal y se investigue como corresponde”. 

Según le aseguraron autoridades a este medio, la mujer encontrada sin vida en una playa del sur fue apuñalada y luego arrojada desde el acantilado, lo que produjo su muerte. Aunque hubiese resbalado tras el ataque, la carátula cambió a homicidio debido a que presumen que participó un tercero.

La mujer fue hallada el miércoles por la mañana en la zona de acantilados de Ruta 11 y Circunvalación (Las Macetas). No llevaba documentación, pero mediante las huellas dactilares pudieron identificarla.

En ese sentido, el fiscal Fernando Berlingeri le contó a El Marplatense: “Recibimos un llamado del 911 ayer a las 11.30 por el hallazgo de un cadaver. Personal policial se presentó en el lugar, hicieron las tareas de rescate y pudimos observar el cuerpo a las 18, donde advertimos la posibilidad de que tuviera alguna herida ajena a la caída desde el acantilado. Hicimos la autopsia en horas de la noche y efectivamente constatamos que tenía un lesión producida por un arma blanca en el tórax derecho, una lesión importante pero que no es la causa del fallecimiento, por lo menos en principio”.

“El motivo de la muerte es la caída desde el acantilado, aunque inmediatamente antes de ello hubo una agresión por parte de un tercero. Entonces, trabajamos con la hipótesis de un homicidio y lo que trataremos de determinar es si fue lanzada desde el acantilado o si estaba herida y resbaló. En definitiva, no deja de ser la misma situación, hay un tercero que provoca la muerte de la persona”, añadió Berlingeri.

Además, informó que pudieron dar con su identidad y aseguró que la víctima era una marplatense de 27 años. mediante el sistema de AFIS fue identificada como Talía Abigail Aragón.  

El Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se refirió al incremento de la circulación de bicicletas en la ciudad y mostró su preocupación por un posible aumento de siniestros viales. "Deberiamos estar atentos al aumento del transporte ciclomotor", sentenció.

"Se incrementó en un 22% la venta de bicicletas. Es una cuestión que también nos genera una preocupación a futuro. Si bien es cierto que es uno de los mejores transportes a nivel individual, más en pandemia para evitar el transporte público, es el más desvalido de los vehículos locomotores,  y suelen ocurrir colisiones entre autos y bicicletas", señaló Fernández Garello en diálogo con el programa Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En este contexto, el fiscal general remarcó que "este necesario y saludable incremento del uso de la bicicleta, es posible que incremente el número de siniestros". En Mar del Plata, el uso de este tipo de transporte es favorecido por las distancias más "cortas" a diferencia del área metropolitana de Buenos Aires, pero falta la aplicación de bicisendas. "Hemos tenido una comunicación muy fluida en esta situación, no es un tema exclusivamente que debamos resolver del poder judicial", aclaró el fiscal.

"Son vehículos que no tienen una defensa como tiene un automóvil. Lo ideal sería poner el foco estas cuestiones, en una ciudad como esta que por las distancias se presta al uso de bicicletas… Por ejemplo, hay tres clínicas muy importantes de la ciudad casi sobre el mismo eje, aunque sea para trabajadores de salud sería interesante pensar en una situación de esta naturaleza para que eviten subirse al colectivo", destacó Garello.

Durante el 2019, según detalló el fiscal general, hubo 1500 accidentes que se transformaron en causas penales. "Muchos de estos son episodios entre motos y vehículos, y en una menor medida bicicletas. Muchos de los accidentes en Mar del Plata no se producen en avenidas, si no sobre las bocacalles. Porque el marplatense no aguanta los semáforos descoordinados y se larga por transversales, no frena en las bocacalles y ocurren estos accidentes", concluyó al respecto.

Tras el episodio ocurrido la semana pasada en Matheu y La Rioja, en el que un joven de 28 años mató a tiros a un delincuente que intentaba asaltar a su padre al llegar a su estudio contable, fueron varios los comentarios sobre el hecho. Sobre todo cuando la autopsia reveló al fiscal Fernando Castro que los tiros efectuados al hombre fueron uno en la cabeza, otro en el pecho, y dos en un brazo. Además, el hijo contaba con tenencia legal de arma de fuego, pero no portación.

Castro, inicialmente, le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego. Según lo que pudo reconstruir El Marplatense en el lugar, por lo menos tres delincuentes intentaron sorprender al contador. A los pocos segundos, su hijo que venía en otro auto advirtió la maniobra de estos delincuentes y se produjo un enfrentamiento a tiros.

Florencia Arietto, la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad que encabezaba Patricia Bulrrich y abogada penalista, se expresó en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido, y sostuvo que "hay legítima defensa de un tercero", y apuntó: "Que el fiscal ponga los huevos".

Los elementos de la legítima defensa son: agresión ilegítima, proporcionalidad del medio utilizado y que no haya agresión previa. Que el delincuente haya disparado o no es irrelevante. Que el fiscal ponga los huevos. Hay legítima defensa de un tercero.- https://t.co/UzZDZqmkiC

— María Florencia Arietto ?? (@Florenciarietto) June 20, 2020

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, Arietto expresó que "los fiscales hacen como un paquetito y lo entregan al juicio oral para que el jurado popular tome el veredicto", dijo apoyándose en "los últimos casos", y agregó que "ese no es el rol de un fiscal, es aplicar la ley e investigar un delito".

"Lo que tienen que hacer, ya que son los representantes de la sociedad en una situación delictiva, es aplicar la ley. Lo que sucede en estos últimos años con la idea de construir una interpretación de centroizquierda de la ley es suponer que cualquier defensa de la vida de una persona que elige no delinquir está enmarcada en analizar la historia sufrida del delincuente", indicó.

Y opinó puntualmente sobre este caso que "hay que aplicar la legítima defensa, que tiene elementos concretos". "El disparo del agresor no es parte del análisis, que el fiscal supedite la caratula del expediente al disparo del delincuente es un error. O por lo menos es una situación cómoda para sacarse la causa de encima", manifestó Arietto.

"No tengo la información oficial, hablo sobre lo que leí, ojalá no sea así. Pero no hay homicidio agravado por el uso de armas. Es un homicidio simple, el agravado tiene por el vínculo, por alevosía, entre otros", señaló.

La abogada, justificó su análisis con el video que se conoció del hecho delictivo, e indicó que "lo que vimos es que al padre le están robando con un arma, si yo soy fiscal, la ley de la legítima defensa me invita a analizar que hay una agresión ilegítima, una proporcionalidad en la defensa ante eso, y una falta de provocación suficiente", expuso.

"Si después se descubre que el arma del agresor era de juguete me nefrega. Al momento de la amenaza si al que se defiende lo están apuntando con un arma, no es un experto en explosivos que se puede dar cuenta, porque si no tenes que esperar que te tire un arma en el pecho para defenderte", apuntó Arietto.

Y reiteró que "el hijo está dentro de las circunstancias de la legítima defensa, porque puede ser personal o de un tercero". "Al padre le están robando, el hijo ve la situación, sale y dispara. Eso es lo que vimos. Se confirmó que el agresor tenía un arma de fuego", señaló.

"Lo que podría subsistir eventualmente es que al hijo le hagan una causa por portación ilegal de arma. El tenedor legítimo puede tener el arma en su casa. Para trasladarla, que en este caso sería a la oficina del papá, tiene que tener la portación, que es la posibilidad de llevar el arma cargada apta para el disparo", explicó la ex funcionaria macrista.

Asimismo, Arietto quiso aclarar que "quienes creen que una agresión ilegítima tiene derecho a ser defendida o repelida, no avalamos la muerte a delincuentes". "Nos hubiera gustado que termine preso, pero cuando estás en un peligro inminente y tenés un arma de igual daño que la que te está agrediendo, la ley justifica que lo hagas", expresó.

Además, indicó que "la Justicia tiene que saber que la mayoría de la población respalda la aplicación de la ley de legítima defensa". "La cantidad de disparos, o si entró en la cabeza o a la pierna, no es parte de las condiciones que pone la ley argentina para que sea legítima defensa", subrayó.

Por último, ejemplificó con otro caso como el "del ingeniero Santos", que se cumplieron 30 años este mes, y dijo que "en ese caso no hay legítima defensa, porque le robaron el pasacasette, que es una agresión, pero los ladrones estaban desarmados, y aún a sabiendas que no tenían armas los persiguió y les pego un tiro en la cabeza a cada uno".

"Lo que pido es que no mezclemos todo, ni forzar legítima defensa cuando no lo es, ni tampoco imputar homicidio agravado a gente que actuó en defensa como el hijo del contador", concluyó.

Un hombre de 35 años fue asesinado de un balazo en el pecho en el barrio 2 de Abril, durante la noche del domingo.  Por el hecho, detuvieron a cuatro personas, todas pertenecientes al mismo grupo familiar "padre y tres hijos", según detalló el Fiscal a cargo de la investigación, Fernando Castro.

El hecho ocurrió la plaza ubicada en Cisneros al 500. La víctima fue primero golpeada y luego uno de los hombres le disparó en el pecho. Los mismos atacantes lo llevaron al Hospital Interzonal de Agudos, pero los profesionales no lograron salvarle la vida.

"En el lugar hubo un testigo presencial que indicó que lo lleven al hospital", explicó Castro y agregó: "Estas personas tomaron conciencia, aparentemente, de los sucedido y ahí decidieron no esperar a la ambulancia, levantar ellos mismos a la victima y llevarla al hospital".

La discusión que finalizó con una persona muerta de un disparo, se habría originado "por un problema de uno de los menores que habría arrojado piedras a la casa de la víctima. La victima salió, agredió a los menores y los familiares de los menores lo fueron a buscar a él", detalló el Fiscal.

Castro detalló que el arma utilizada para el crimen sería de un "posible calibre 22", pero lo determinarán luego del resultado de la autopsia de la víctima.

Llegando a la época de exámenes, parciales y evaluaciones en los colegios es habitual que comiencen a registrarse llamados por amenaza de bomba. En ese marco, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yañez Urrutia, destacó que la amenaza de bomba es un delito y contiene "una pena considerable".

"Las causas por amenaza de bomba ingresan al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil una vez que se comprueba que el autor del hecho fue justamente un menor", comenzó a detallar el fiscal que agregó: "El delito es intimidación pública".

Entre las variables de los llamados, el fiscal explicó que "los hechos han sido normalmente realizados por menores inimputables. Se les forma la causa, declaran y se ponen a disposición del ejecutivo con el servicio social". "Si tienen 16 o 17, y como sucede generalmente, no tienen problemas de conductas graves y solo lo han hecho por chistosos o por safar de un examen, se lleva la causa a mediación para llegar a un acuerdo con los padres para cubrir los daños que ocasionan", continuó.

Los daños ocasionados se relacionan con todos los recursos que se diponen para sofocar la supuesta  colocación de la bomba. Bomberos, policía comando antibombas, ambulancias y demás. "Un trabajo que ocasiona un perjuicio que se ha valuado entre 50 mil y 70 mil pesos", aseveró Yañez urrutia..

Sobre la prevención y concientización del tema, expresó: "Hemos dado charlas en escuelas y demás para dejar en claro que no es una broma, sino un delito. Se trata también de que los padres expliquen que estas cosas no se deben hacer".

"En el 2017 hubo 80 investigaciones por amenazas de bomba de las cuales 20 fueron de menores. En 2018 se registraron 40 ingresos de las cuales 10 eran de menores y este año hay 11 que todavía no se han identificado los autores", cerró el fiscal demostrando las estadísticas de los últimos años.

Organismos de Derechos Humanos pidieron la destitución del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, tras el procesamiento de la Justicia ante el funcionario por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El pedido estuvo encabezado por La Comisión Provincial por la Memoria, la AJB (Asociación Judicial Bonaerense), la Federación Judicial Argentina, entre otros, basándose en la medida judicial del pasado lunes.

El Juzgado en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, dictó el procesamiento del actual fiscal general de Mar del Plata por su participación en crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Fernández Garello está imputado, junto a otros ex agentes de la DIPPBA, por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres militantes comunistas. La CPM reitera al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires y a la Suprema Corte provincial el pedido de inmediata suspensión en su cargo.