La entrada en vigencia de la nueva ley que reduce la edad de imputabilidad, prevista para septiembre, ya comenzó a generar movimientos dentro del sistema judicial bonaerense. En Mar del Plata, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, explicó que el Poder Judicial se encuentra atravesando reuniones y capacitaciones para preparar la implementación del nuevo régimen.

"Hay un montón de reuniones y de capacitaciones en lo que hace a la interacción de las distintas agencias involucradas en esta reforma", señaló el fiscal en diálogo con El Marplatense, al referirse al trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y otros organismos que intervendrán en la aplicación de la ley.

Martínez Soto explicó que las tareas de investigación, como la determinación de autores, allanamientos y otras medidas, ya se realizan actualmente cuando un menor de 14 años comete un delito. Sin embargo, remarcó que la principal diferencia será que esos expedientes ya no finalizarán con un archivo, sino que podrán derivar en la imposición de una pena y en su posterior ejecución.

"Todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena se va a incrementar exponencialmente", afirmó.

Ante este escenario, indicó que el procurador general de la provincia de Buenos Aires ya dispuso ampliar la planta de personal y que también solicitaron más recursos humanos para afrontar la nueva carga de trabajo.

El fiscal consideró que la ampliación de la franja etaria obligará también a replantear la forma en que se investigan los delitos cometidos por adolescentes.

"Estamos hablando de jóvenes que se comunican por redes sociales y que muchas veces cometen delitos utilizando herramientas tecnológicas. La agencia policial va a tener que replantear la forma en que investiga", sostuvo.

En ese sentido, señaló que el avance de la tecnología y de herramientas como la inteligencia artificial ya comienza a modificar la dinámica de las investigaciones penales.

Martínez Soto explicó que la Provincia se comprometió a ampliar los dispositivos de alojamiento y acompañamiento para los jóvenes alcanzados por la nueva legislación, aunque advirtió que los recursos actuales resultan insuficientes.

Según indicó, además de la respuesta penal será necesario reforzar los equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que intervienen en el seguimiento de los adolescentes.

El fiscal recordó que el objetivo del Fuero Penal Juvenil no es únicamente aplicar una sanción, sino trabajar en la reinserción social de los jóvenes.

"La actividad diaria no tiene solo una faz técnico-penal. También implica analizar la situación familiar, educativa, social y sanitaria del adolescente. Lo que se busca es la reinserción del joven en la sociedad y que la pena no sea la única respuesta", explicó.

Finalmente, sostuvo que la intervención de la Justicia siempre llega cuando ya fracasaron otros mecanismos de contención y prevención.

"El Poder Judicial interviene al final de la cadena. Por eso resulta fundamental fortalecer el trabajo preventivo desde la escuela y desde el Estado, para evitar que los jóvenes lleguen a cometer delitos y dañen a otras personas", concluyó.