La suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó un duro capítulo cruzado entre el Poder Judicial y los representantes del Ministerio Público Fiscal. 

Luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, hiciera lugar a un habeas corpus colectivo alegando posturas garantistas y la inconstitucionalidad de encerrar a menores, desde las fiscalías salieron a ratificar la validez de la norma.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, sostuvo que para la parte acusadora la norma se encuentra "en plena vigencia" desde su puesta en marcha el pasado 5 de septiembre. 

Desde el Ministerio Público argumentaron que la resolución dictada en primera instancia no posee autoridad de cosa juzgada, se encuentra sujeta a apelación y no fue notificada de manera formal a la Corte provincial ni a la Procuración.

Asimismo, Martínez Soto, en diálogo con El Marplatense advirtió un "exceso en las competencias" por parte de la magistrada de Lomas de Zamora. 

Según el análisis de los fiscales bonaerenses, un juez de grado tiene la facultad de no aplicar una norma para un caso concreto, pero suspender la vigencia de una ley general implica atribuirse facultades propias del Poder Legislativo o del Ejecutivo. Por tales motivos, la corporación fiscal confirmó que continuará aplicando la baja de la edad de imputabilidad en todo el territorio provincial.

El 5 de septiembre entró en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para juzgar delitos, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata comenzó a dirimir los primeros contrapuntos sobre la detención de menores. 

La reforma, impulsada para dar respuesta a la demanda de seguridad, encuentra su primer cuello de botella en la interpretación de los jueces de garantías frente a las aprehensiones de los fiscales y en la capacidad de infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social para albergar a los jóvenes procesados.

En este marco, el fiscal Walter Martínez Soto ofreció una primera radiografía sobre la aplicación práctica de la ley en la ciudad. "Por el momento los índices de criminalidad siguen siendo los mismos", aseguró el funcionario, bajando el tono a las especulaciones sobre un salto cuantitativo inmediato en los arrestos. 

"Hay una expectativa de un sector de la sociedad que pretende ver a todos presos, pero nosotros aplicamos el derecho y la Constitución", aclaró en diálogo con El Marplatense.

Al analizar las primeras intervenciones policiales con adolescentes de entre 14 y 15 años, Martínez Soto confirmó que la fiscalía solicitó la detención de menores involucrados en hechos delictivos, pero el juzgado de garantías dispuso sus inmediatas libertades. "A nuestro criterio, la aprehensión estaba dentro de los parámetros legales para pedir la convalidación y recién después resolver una excarcelación. Sin embargo, la jueza entendió que correspondía la libertad directa. Es una postura enmarcada dentro del ámbito legal y convencional; no es una resolución ilegal, aunque no la compartamos", explicó.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a la logística de alojamiento para este rango etario, aclarando que no depende del Servicio Penitenciario Bonaerense sino de los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. "Están tratando de adecuar los espacios y garantizar los lugares necesarios, algo que lleva su tiempo de adaptación, pero por el momento el esquema de contención está funcionando dentro de lo aceptable", concluyó.

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos durante la noche del sábado tras ingresar con fines delictivos a una propiedad ubicada en la calle Gianelli al 2700, en la zona sur de la ciudad.

El operativo se desplegó pasadas las 21:20 a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de sospechosos dentro del terreno de un vecino de 67 años. 

Con la autorización del propietario, personal del Comando de Patrullas Sur inspeccionó el inmueble e ingresó a un sector de garaje, donde halló a los dos jóvenes ocultos detrás de una caja.

En el mismo lugar donde estaban escondidos, los efectivos policiales incautaron un revólver calibre .32 con tres municiones en su tambor.

El fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso la formación de una causa por Robo calificado por efracción en grado de tentativa y portación de arma de guerra. Ambos menores fueron notificados del proceso e ingresados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

La entrada en vigencia de la nueva ley que reduce la edad de imputabilidad, prevista para septiembre, ya comenzó a generar movimientos dentro del sistema judicial bonaerense. En Mar del Plata, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, explicó que el Poder Judicial se encuentra atravesando reuniones y capacitaciones para preparar la implementación del nuevo régimen.

"Hay un montón de reuniones y de capacitaciones en lo que hace a la interacción de las distintas agencias involucradas en esta reforma", señaló el fiscal en diálogo con El Marplatense, al referirse al trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y otros organismos que intervendrán en la aplicación de la ley.

Martínez Soto explicó que las tareas de investigación, como la determinación de autores, allanamientos y otras medidas, ya se realizan actualmente cuando un menor de 14 años comete un delito. Sin embargo, remarcó que la principal diferencia será que esos expedientes ya no finalizarán con un archivo, sino que podrán derivar en la imposición de una pena y en su posterior ejecución.

"Todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena se va a incrementar exponencialmente", afirmó.

Ante este escenario, indicó que el procurador general de la provincia de Buenos Aires ya dispuso ampliar la planta de personal y que también solicitaron más recursos humanos para afrontar la nueva carga de trabajo.

El fiscal consideró que la ampliación de la franja etaria obligará también a replantear la forma en que se investigan los delitos cometidos por adolescentes.

"Estamos hablando de jóvenes que se comunican por redes sociales y que muchas veces cometen delitos utilizando herramientas tecnológicas. La agencia policial va a tener que replantear la forma en que investiga", sostuvo.

En ese sentido, señaló que el avance de la tecnología y de herramientas como la inteligencia artificial ya comienza a modificar la dinámica de las investigaciones penales.

Martínez Soto explicó que la Provincia se comprometió a ampliar los dispositivos de alojamiento y acompañamiento para los jóvenes alcanzados por la nueva legislación, aunque advirtió que los recursos actuales resultan insuficientes.

Según indicó, además de la respuesta penal será necesario reforzar los equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que intervienen en el seguimiento de los adolescentes.

El fiscal recordó que el objetivo del Fuero Penal Juvenil no es únicamente aplicar una sanción, sino trabajar en la reinserción social de los jóvenes.

"La actividad diaria no tiene solo una faz técnico-penal. También implica analizar la situación familiar, educativa, social y sanitaria del adolescente. Lo que se busca es la reinserción del joven en la sociedad y que la pena no sea la única respuesta", explicó.

Finalmente, sostuvo que la intervención de la Justicia siempre llega cuando ya fracasaron otros mecanismos de contención y prevención.

"El Poder Judicial interviene al final de la cadena. Por eso resulta fundamental fortalecer el trabajo preventivo desde la escuela y desde el Estado, para evitar que los jóvenes lleguen a cometer delitos y dañen a otras personas", concluyó.