Mar del Plata fue sede del Taller de Simulación de Investigación Criminal y Juicio de Tráfico Ilícito de Drogas y Crimen Organizado, una actividad organizada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La capacitación estuvo dirigida a 60 fiscales, auxiliares fiscales e investigadores de las fuerzas federales con actuación en la jurisdicción -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal- y se desarrolló durante dos jornadas en el Colegio de Abogados de Mar del Plata.

La apertura estuvo a cargo del fiscal general coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, y del vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones local, Eduardo Pablo Jiménez. También participaron el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional, Ignacio Cichello.

A lo largo de las jornadas se desarrollaron paneles dedicados a la investigación criminal en casos de narcotráfico y lavado de activos en el marco del sistema acusatorio, así como a las estrategias de persecución penal y a la articulación entre los fueros federal y provincial. También se abordaron aspectos vinculados a la planificación de la investigación, la construcción de la teoría del caso y el rol de las fuerzas de seguridad en la recolección y tratamiento de la evidencia.

El programa incluyó además un conversatorio sobre experiencias, prácticas y desafíos del sistema acusatorio, junto con exposiciones sobre el examen y contraexamen de peritos y testigos en audiencias de juicio. Como cierre práctico, se realizó una simulación de audiencia bajo el Código Procesal Penal Federal, utilizando un caso elaborado por la UNISA, con el objetivo de entrenar habilidades de litigación en la etapa de juicio.

La actividad concluyó con una mesa de cierre de la que participaron autoridades judiciales y representantes de los organismos organizadores, donde se compartieron las conclusiones del taller y se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación conjunta entre fiscales, jueces y fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

Con eje en los nuevos escenarios globales, el vínculo con el crimen organizado y el impacto de las tecnologías emergentes, se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) la jornada “Terrorismo internacional y su financiamiento”.

Del encuentro participaron los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación (PGN), Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez; el fiscal general con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler; y el docente Flavio Farinella, en representación de la unidad académica anfitriona.

Durante la presentación, Olima Espel expuso estadísticas oficiales que revelaron que en Argentina existen 65 causas vinculadas al terrorismo internacional y su financiamiento. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad (30), de las cuales 17 pertenecen a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 7 causas a Mar del Plata.

Este dato coloca a la ciudad como uno de los principales focos de investigación judicial del país. “La hipótesis terrorista es posible y la creación de la SAIT en 2018 buscó justamente concientizar sobre esa realidad”, subrayó Olima Espel.

Al dar la bienvenida, el docente Farinella señaló que el terrorismo constituye “uno de los desafíos más grandes de este siglo”, y resaltó su conexión con el crimen organizado. Por su parte, el fiscal Adler sostuvo: “La prevención implica llegar antes que el daño, que en estos casos es inconmensurable por sus consecuencias letales. Para esto, Naciones Unidas y la Argentina se han dado un plan de acción”.

Por otro lado, Olima Espel también analizó cómo la tecnología impacta en los mecanismos de financiamiento y reclutamiento. Mencionó el uso de criptoactivos, las redes sociales como canales de radicalización, los algoritmos que potencian discursos extremistas, los “deepfakes” y las campañas de desinformación. “Estos cambios nos obligan a pensar en una reforma legal”, advirtió.

En tanto, Armando Antao Cortez abordó el nexo entre crimen organizado y terrorismo, haciendo referencia a la Resolución 2195 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “El crimen organizado opera como modelo de negocios, mientras que la organización terrorista se estructura como agrupación política”, diferenció.

El último panel estuvo a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y del juez de Garantías Santiago Inchausti. Ambos repasaron la normativa nacional e internacional, las reformas introducidas por la ley 27.739 y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, analizaron la relación entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y coincidieron en que el desfinanciamiento constituye una herramienta clave de prevención.

Con la presencia de fiscales, funcionarios, empleados judiciales y representantes de distintas fuerzas de seguridad, se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados (Brown al 1900) una jornada de capacitación sobre investigación y persecución penal del tráfico ilícito de estupefacientes.

El eje de estos encuentros, organizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, estuvo centrado en las drogas sintéticas, en las nuevas sustancias psicoactivas -como los opioides sintéticos-, y en la importancia de la articulación entre los fueros federal y provincial en este tipo de investigaciones.

Del panel de apertura participaron el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el fiscal federal Diego Iglesias; el titular de la Oficina de Narcocriminalidad del Área Investigación y Litigio Casos Complejos de la Fiscalía de Distrito de Mar del Plata -y fiscal de distrito con funciones de coordinación subrogante-, Santiago Eyherabide, y el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman.

Iglesias remarcó la importancia de estudiar la temática y expresó: “Son fenómenos criminales que si bien comparten características con el resto de las maniobras de tráfico que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, presentan características especiales que necesitamos tener presentes al momento no sólo de investigar sino también de presentar el caso en términos judiciales”.

Más adelante, destacó la relevancia e impulso que le viene dando la PROCUNAR al trabajo en conjunto: “Necesitamos aliarnos, formar equipos de trabajo, alianzas estratégicas, que nos permitan mejorar nuestra eficacia y eficiencia en la investigación”. También hizo hincapié en la relevancia de que los fueros penales tanto federal como provincial se articulen de manera adecuada en la persecución de este tipo de actividades ilícitas.

Entre los expositores, estuvieron el químico especialista en drogas ilícitas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Patricio Navarro, el mencionado García Sigman y el fiscal Eyherabide junto a la fiscal coadyuvante y coordinadora de la Región Provincia de Buenos Aires de PROCUNAR, Patricia Cisnero.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El fiscal federal Nicolás Czizik pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para 20 de los acusados, al concluir, tras seis horas de exposición, su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con un perjuicio millonario al Estado, a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.

Caso por caso y de manera detallada, el representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de las responsabilidades de las personas acusadas. También requirió la absolución de 19 imputados: 17 de ellos beneficiarios y dos mujeres -una abogada y una psicóloga- por no determinarse en instancia de juicio sus responsabilidades en las maniobras. Además, solicitó la absolución parcial de un ex funcionario de la ANSES por falta de evidencia, pero requirió pena por la tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Por otro lado, abordó los acuerdos de juicio abreviado donde reconocieron su responsabilidad cuatro médicos, dos empleados, otra persona con vínculos en el estudio y una contadora, y pidió su homologación.

Como la semana pasada, la audiencia de este juicio que comenzó hace casi un año, tuvo 34 audiencias y por el que cual declararon 117 testigos, volvió a conjugar la presencialidad y la virtualidad.

Czizik -quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa-, alegó de manera remota ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor.

En la sala de audiencias del TOCF, estuvieron presentes algunos de sus empleados; algunos imputados con sus abogados; y la secretaria de la fiscalía, Guillermina Jiménez.

LAS PENAS

Las penas más altas fueron solicitadas para los cuatro principales imputados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se realizaban las defraudaciones. Para el abogado Luis Miguel Iros, pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión; para el también abogado Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena, el pedido fue de 8 años y 3 meses de prisión y para el letrado Luciano Conrado Diez Suárez el requerimiento fue de 7 años y medio.

Los cuatro están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, además de 97 casos de defraudación contra la administración pública, más 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. El primero, además, fue acusado por dos casos de cohecho.

El fiscal pidió, para los cuatro, absoluciones por 15 casos de defraudación, uno de alteración dolosa de registro y otro de utilización de documento privado falso, además de siete tenencias ilegítimas de DNI ajenos.

Además, requirió el decomiso de los inmuebles ubicados en la esquina de avenida Paso 2880 y 2890, además el dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización. El juicio se reanudará en dos semanas, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Mientras la presidente del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, culpó a la oposición y dentro de ella “fundamentalmente a la UCR” por la demora en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y advirtió que el problema es más intenso en el interior bonaerense, se conformaron los 129 pliegos para designar jueces, fiscales y defensores que el Ejecutivo envió a la Legislatura. De esos, 14 corresponden al departamento judicial de Mar del Plata.

La lista de los pliegos relacionados con la ciudad está integrada por los fiscales María Constanza Mandagarán, Luis Alberto Ferreyra, Eduardo Layús, Germán Vera Tapia y Joaquín Morán; los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Guillermo Francisco Drees, Patricio Gustavo Groppo, Martín Zambecchi y Nancy Micaela Bessone; los jueces de Tribunal Carlos María Cordero, José Alberto Mereb, María José Beldarrain; y los jueces de Tribunal en lo Criminal Federico Cecchi y Paula Soule.

Estos nombres figuran en la segunda tanda de nombramientos en la justicia en la era Kicillof -la primera fue durante su primer mandato-, cuando el Ejecutivo envió un borrador con los pliegos a la Legislatura para terminar de negociar con la oposición y con sectores del UxP como La Cámpora, las designaciones.

La semana pasada los pliegos con las ternas se oficializaron (luego de las entrevistas de rigor por parte del Consejo de la Magistratura) y ahora el trámite seguirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá entrevistar también a los candidatos a ocupar los cargos, aunque aún no hay fecha para ese trámite.

García afirmó en ese marco que “en la Provincia la justicia viene con un atraso muy grande en materia de nombramiento de jueces desde la época de Vidal”. Y señaló que “durante nuestra gestión tuvimos una etapa de demoras por los obstáculos de la oposición”, fundamente de la UCR. En ese marco, advirtió que se trata de “un tema delicado porque tenemos una justicia desabastecida”.

La legisladora provincial indicó que “hay una justicia Laboral retrasada, al igual que la Civil”, salvo la Penal, que “es la que más sostenida estuvo”. En este punto, García dijo que las designaciones “tendrán un impacto positivo” debido a que “vamos va a atender el reclamo que tiene la sociedad bonaerense”, porque “es una vieja deuda que está siendo saldada”. Y enfatizó que los nombramientos “tienen un mayor impacto en el interior provincial” porque “cuando no están abiertos los juzgados es toda una peripecia”.

La legisladora de Unión por la Patria aclaró que la “postulación no depende del Senado”, al tiempo que mencionó que “hoy tenemos una Suprema Corte que tiene problemas de funcionamiento”. A su vez, volvió a cuestionar al Procurador General, Julio Conte Grand, quien “había sido funcionario de Vidal” y continuó en el cargo pese a que “ya tenía un alineamiento político”. Por tal motivo, consideró que “ese cargo debe ser lo más equidistante posible” y por esto es “oportuno que se discuta el funcionamiento de la justicia en general”.

Fuente: DIB

En el undécimo día de búsqueda de Loan Danilo Peña (5) la investigación pasó a la Justicia Federal, ante las sospechas de un caso de trata de personas. Para los fiscales que investigaron hasta hoy, al chico lo secuestraron con fines de explotación y hubo "pruebas plantadas" durante la búsqueda.

Juan Carlos Castillo es el primer fiscal que tuvo el caso y quien durante más de una semana insistió con la hipótesis de que Loan se había perdido al ir a buscar naranjas a un campo. Guillermo Barry se le sumó sobre el final del día 8 de la investigación y el día 9 la Justicia reconoció que a Loan también se lo podrían haber "llevado".

Ahora Castillo y Barry emitieron un dictamen en el que dieron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron a la detención de seis sospechosos. En base a esos argumentos, es que se declararon incompetentes ante el juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, que remitió la causa a la Justicia Federal.

"El día 13 de junio del 2024 a las 15 horas aproximadamente los imputados Pérez y Caillava captaron al menor Loan de 5 años, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación, la captación tuvo lugar en mediaciones de la casa de Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicada en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes", sostienen los fiscales en el planteo al juez Ortíz.

Los fiscales recordaron el almuerzo en el que estuvieron Loan, su papá José, su tía Laudelina Peña y la abuela. "Para lograr el objetivo, Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez, Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi, ellos llevaron a cabo una manera consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor, con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito".

Y hablaron del accionar del comisario Walter Maciel, detenido y echado de la Policía sospechado de desviar la investigación. "Alteró rastros y pruebas del hecho que descubrí, entorpeciendo de esta manera el curso de la investigación al sacar del barrio una zapatilla que luego se confirmó que era de Loan, simulando además que él mismo la había hallado. Cuestión que existe evidencia de que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña, determinándose a posteriori por el informe del subdirector de Defensa Civil que la evidencia había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa y que Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla".

"Asimismo, Maciel liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese que este ministerio público no había ordenado la medida. Atentando esta conducta con el normal y eficaz funcionamiento de la administración de justicia y la búsqueda de Loan. En los primeros pasos de la investigación ha intervenido la procuraduría de trata y protección de personas, la Protex, en el expediente FCT 2157/24 y también el Juzgado Federal abrió un expediente", agregaron.

En cuanto a los imputados, detallaron que Carlos Guido Pérez y Maria Victoria Caillava están procesados como coautores materiales por el delito de "captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años".

Para Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramirez y Mónica del Carmen Millapi, configura el delito de "captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años" en carácter de participes primarios.

Al ex comisario Walter Adrián Maciel lo imputan del delito de "encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor".

"Un niño de esa edad que no conoce el campo hubiese pedido ayuda, gritado o regresado, ya que la dirección donde iba no solamente era en dirección a la casa de su abuela sino en dirección a un alambrado que impedía ir hacia la izquierda, encontrándose con un monte de frente. Por lo que, se replica luego con una reconstrucción del hecho con los imputados, la cual tampoco se pudo extraer conclusiones distintas a la que nos expresaron los menores respecto al lugar, con la particularidad de que ellos sí señalizaron por donde había salido", sostuvo Barry al descartar la hipótesis del extravío.

"Entonces, de la reconstrucción de los mayores tampoco teníamos la posibilidad de sostener la hipótesis de que se haya perdido, pero más aún, tenemos un resultado de un rastrillaje y no se lo encontró al menor, que fue buscado inmediatamente con las personas con las que estuvo", agregó.

"También el informe al hallazgo de la zapatilla, alrededor de 3 kilómetros de la casa de la abuela, donde se trabajó con los perros y no marcaron rastros de que parta del lugar donde se encontró hacia ningún lado. Esa son algunas de las cosas que se tuvieron en cuenta, además del resultado del informe de la prueba realizada en los vehículos de los imputados Pérez y Caillava, que fue positivo en ambos, la camioneta que estuvo en el lugar del hecho y el Ford ka Rojo", finalizó.

Cicinio Cardozo Benítez, el líder de una organización que la justicia federal demostró que se dedicaba al contrabando de marihuana mediante la utilización de una avioneta que se apartó de las rutas autorizadas y realizó el aterrizaje en espacios clandestinos, fue condenado hoy por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a 14 años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de pesos. A su vez, en la lectura del fallo, se ratificaron las condenas acordadas en instancia de juicio abreviado para el resto de la banda, que van desde los 3 a los 7 años de prisión; y se ordenó el decomiso de cuatro vehículos, una avioneta y el dinero secuestrado al momento de los allanamientos.

Desde la sala del TOF escucharon la lectura del fallo el fiscal general Juan Manuel Pettigiani y el auxiliar fiscal Carlos Fioriti, mientras que el resto de las partes siguieron la audiencia por videoconferencia. El tribunal estuvo integrado por los magistrados Roberto Falcone, Héctor Omar Sagretti y Fernando Machado Pelloni.

De esta manera, se condenó a 7 años de prisión y al pago de una multa de 300 mil pesos a Javier Anastasio Cardozo Argüello, como partícipe secundario del delito de contrabando agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada; la misma pena se impuso a Rafael Carvallo Ferrari, por resultar autor de contrabando de estupefacientes agravado, en tanto que Altinier Cabral Ibarra fue condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento como partícipe secundario del mismo delito.

Por otro lado, Arnaldo Rojas, Celvio Venialgo y Vicenta Zagaz Carvallo fueron condenados a 6 años de prisión y al pago de una multa de 225 mil pesos por resultar coautores del delito de transporte de estupefacientes calificado.

El hecho por el cual llegaron a juicio se desarrolló el 24 de marzo de 2017, que no casualmente se trató de un día feriado. Una vez que estuvieron ultimados los detalles, que incluyeron desde conseguir una avioneta y generarle una falsa patente hasta asegurarse que el clima no complicara el aterrizaje, la aeronave aterrizó en un camino rural del partido de General Belgrano, en cercanías de la ruta provincial 29, con 444,570 kilogramos de marihuana compactada que venía desde Paraguay.

Un posible eslabón suelto

Entre los puntos del fallo, el tribunal dispuso el envío de copias certificadas de la causa al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, para continuar la investigación en relación al ciudadano paraguayo Néstor Acuña Duarte, cuya situación procesal no fue definida en la investigación, por la participación que pudiera tener en los hechos juzgados.

De hecho, durante el alegato, Pettigiani reparó en que Cardozo Benítez y Acuña Duarte vivían en villas aledañas, uno en Villa Soldati y el otro en la 1.11.14, del Bajo Flores de la CABA, y que eran socios en la banda delictiva que transportaba material estupefaciente a gran escala, desde Paraguay hasta la provincia de Buenos Aires, para luego fraccionar y comercializar la droga. Incluso consta en la pesquisa que estuvieron, junto a un tercer hombre, en el hangar del Aeroclub de Navarro, donde guardaban la avioneta para su puesta a punto para la maniobra delictiva.

El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio a una banda que contrabandeaba desde Mar del Plata drogas, dólares falsos y lavado de dinero.

El pedido alcanza a diez personas con lazos familiares y de amistad, que fueron mutando su actividad desde el 2009. La investigación empezó tras la detención de un hombre en el aeropuerto de Ezeiza, cuando intentaba sacar del país más de 6 kilos de cocaína en sus bolsos de mano. La pesquisa llevó hasta la ciudad y en 2018 se logró desbaratar la organización.

El hallazgo de 6,5 kilos de cocaína en una mochila y un bolso de notebook acondicionados especialmente para la ocasión, cuando estaba por abordar un avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, abrió una investigación que permitió desbaratar una organización criminal –integrada por al menos 10 personas con distintos grados de parentesco y amistad- que se dedicó durante casi diez años a cometer distintos delitos: el contrabando de estupefacientes, la introducción de dólares apócrifos en Estados Unidos, el comercio de drogas en Mar del Plata, y el lavado del dinero reunido a través de estos ilícitos previos.

Si bien la causa se inició en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires -Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5- con la detención del sujeto dispuesto a viajar a Europa con la droga, las tareas investigativas llegaron hasta Mar del Plata, donde la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad desarrolló una pesquisa que permitió dar con los distintos eslabones de la organización, que al menos desde el 2009 habría realizado distintas maniobras destinadas al envío de cocaína a España.

En paralelo, se orientó la investigación hacía el aspecto patrimonial, lo cual permitió conocer información que vinculaba a los imputados con el tráfico de dólares falsos a Estados Unidos. Tras los allanamientos realizados en junio de 2018 y las indagatorias recibidas en el Juzgado Federal N°3, se dispuso el procesamiento de diez personas y el secuestro con fines de decomiso de seis automóviles, más de 145 mil pesos y 5.300 dólares.

La nutrida prueba que consta en el expediente, y que fue reunida por el Ministerio Público Fiscal, permitió determinar la conformación de una organización delictiva que estaría integrada en principio por los hermanos Gastón Maximiliano y Walter Luis Russo, la pareja de uno de ellos, Cintia Patri Guerrero, y otros familiares y allegados: María Lucía Milano, Cristian Ricardo Palomeque, Pablo Castagnino, Carmen Haydee Guerrero, Héctor Luis Patri, Noemí Gallo y Fernando Dodero.

La acusación es por el delito de asociación ilícita y, en algunos casos, también por contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, por comercio de estupefacientes y/o por lavado de activos; en tanto que una de las mujeres también está acusada por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Para el MPF, las personas imputadas no registran ingresos lícitos que justifiquen su desarrollo patrimonial.

El lavado del dinero proveniente de delitos

En términos generales, señala el requerimiento de elevación a juicio, las personas imputadas no registran actividad comercial o profesional, ni acreditan ante los organismos tributarios una actividad laboral o un origen patrimonial lícito que justifique su desarrollo patrimonial.

“La metodología para disimular el origen ilícito de esa conformación patrimonial fue introducir al mercado tales ganancias adquiriendo mayoritariamente rodados, realizando remesas de dinero, manejando cifras de dinero en efectivo en las operaciones no bancarizadas, y utilizando testaferros o prestanombres que aparecían como titulares de rodados sin ningún antecedente de solvencia económica”, apunta más adelante el escrito.

Concretamente, la hipótesis acusatoria es que los miembros de la organización realizaban principalmente dos modalidades de lavado de activos: la primera consistía en mandar las ganancias del ilícito a través del sistema de envíos de dinero de empresas de correo; y la segunda, en la adquisición de bienes registrables, en particular automóviles costosos, los cuales eran colocados a nombre de miembros de la organización y/o de terceras personas que actuaban como testaferros, y en muchos casos autorizaban a conducir esos vehículos a otras de las personas imputadas, como mecanismo para simular o dar apariencia a bienes provenientes de actividades prohibidas.

En el marco de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), llegarán a juicio a partir del 11 de septiembre Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa. El Ministerio Público Fiscal señaló que está acreditado con las constancias colectadas en la instrucción que la organización sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa, que estuvo casi diez años prófugo, está procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Los "miembros" habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

El tribunal que juzgará los hechos está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Delitos en la previa del Golpe e imprescriptibles

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto”, citó el fiscal a cargo de la instrucción.

De acuerdo a la investigación desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A. “El accionar de este grupo era conocido incluso por los servicios de inteligencia estatales al mismo momento de los hechos (…) a lo que debe sumarse el resultado casi nulo de las investigaciones judiciales abiertas en relación a los mismos, todo lo cual acredita como mínimo la aquiescencia estatal prestada a la comisión de los hechos investigados”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio interpuesto por el MPF.

Modus operandi de la banda

Entre las características de la forma de actuar de la organización delictiva, el fiscal destacó el uso de armas, la ilegítima identificación  como fuerzas armadas o de seguridad en el marco de su accionar, además de la utilización de vehículos robados para cometer los delitos. Incluso, se detectó la utilización de credenciales presuntamente falsas por parte de los miembros del grupo, sobre todo en oportunidad de realizar los “operativos” domiciliarios que terminaban con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de las víctimas.

Como parte de la modalidad de actuación, llegaban a los hogares de las víctimas, montaban un operativo cortando calles y amedrentando a los vecinos, contando para ello con la certeza de que no serían reprimidos por las fuerzas de seguridad en lo que hoy podría llamarse una “zona liberada”. Posteriormente golpeaban o ingresaban por la fuerza a las viviendas identificándose a los gritos como policías o mostrando identificaciones apócrifas. Revolvían el lugar, secuestraban a sus víctimas y antes de irse se llevaban los objetos de valor que les interesaban como botín de guerra. Luego trasladaban a las víctimas a zonas alejadas de la ciudad y descargaban sus armas sobre los cuerpos maniatados y golpeados. Posiblemente disparaban todos como una forma de sellar un pacto entre ellos, por la cantidad de proyectiles de distinto calibre que constan en las autopsias realizadas sobre los cuerpos y en las pericias balísticas.

“Llamativamente -reparó la Fiscalía al requerir la elevación a juicio de las causas- la policía no se enteraba de estas tropelías a pesar de que se hacían llamados a la comisarías luego de los secuestros, andaban por la calle vehículos robados, llenos de hombres fuertemente armados y atravesando la ciudad desde zonas céntricas a zonas despobladas de Mar del Plata. Pero luego ante un llamado anónimo se apersonaban en el lugar donde estaba el cadáver acribillado o incinerado, según el caso”.

Fuente: fiscales.gob

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata informaron que ya se incorporó el software de actualización del soporte UFED (Universal Forensic Extraction Device), una importante herramienta tecnológica que permite extraer información de todo tipo de celulares, tarjetas de memoria, chips, GPS, tablets y drones a los fines de una investigación judicial.

La llegada de la actualización que facilita la extracción de datos de celulares de última generación para su respectivo análisis se da a partir de la disposición que fijó el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y los resultados obtenidos en los últimos 7 años en materia de investigación que permitieron, con el aporte tecnológico de UFED y el trabajo mancomunado con el Laboratorio de Informática Forense de la Universidad FASTA (Info-Lab) desarticular organizaciones criminales y asociaciones ilícitas.

Fuentes judiciales detallaron que la nueva herramienta permite obtener datos de llamadas, mensajes, emails, imágenes, videos listados de contactos, además de archivos y otros datos que puedan ser relevantes para el trabajo investigativo.

Cabe señalar que en el marco de la tarea que viene realizando la Fiscalía General de Mar del Plata conjuntamente con el Info-Lab para el desarrollo de tecnologías aplicables a la investigación penal, resulta un elemento fundamental la incorporación de este software de actualización del dispositivo UFED.