Una alarma se disparó en el Hospital Interzonal General de Agudos cuando una mujer ingresó con varios traumatismos tras un impactante hecho vinculado a la violencia de género. 

La víctima se encontraba en el primer piso de un inmueble cuando fue amenazada y posteriormente agredida por su pareja con una pala. Ante la extrema situación de violencia, decidió tirarse por el balcón para evitar recibir más golpes. 

Como consecuencia, llegó al nosocomio con “una fractura expuesta de tibia y peroné y diversas lesiones cortantes en el cuero cabelludo y ambos brazos”. En diálogo con El Marplatense, desde el HIGA aseguraron que se encuentra estable y con una evolución positiva. 

Por otro lado, la fiscal Florencia Salas le indicó a este medio que al ser pareja, la causa se caratuló como “femicidio en tentativa agravado por el vínculo”, y que la hipótesis que maneja es “en base a las declaraciones de la víctima que se arrojó poniendo de esa manera en protección de su vida por las amenazas de muerte”. 

A partir de las lesiones registradas, la fiscalía trabaja en esclarecer el hecho y verificar si había antecedentes de violencia en el vínculo. El acusado se encuentra alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El viernes 3 de octubre Oscar González Orono se encontraba en su bicicletería, ubicada en avenida Luro al 10.000, cuando fue víctima de un violento robo. El deportista de 80 años fue salvajemente golpeado al punto de quedar inconsciente y así llegó al Hospital Interzonal. 

Aunque su cuadro era delicado, el sábado por la mañana recuperó la conciencia y decidió abandonar el centro de salud por sus propios medios, sin haber sido dado de alta. El domingo, Orono volvió a ingresar al HIGA, esta vez por una caída desde altura. Horas más tarde, falleció durante la madrugada del lunes.

La Policía no llegó a tomarle declaración,  aunque las imágenes y comentarios sobre el asalto circularon con fuerza en redes sociales.

El fiscal Walter Martínez Soto manifestó en diálogo con El Marplatense que “hemos hecho un cambio de calificación en el que se agrega al robo agravado en poblado y en banda por desapoderamiento de tres bicicleta, la cuestión del Homicidio Criminis Causa”. 

A partir de la recopilación de datos y los informe médicos logró esta modificación, ya que “la caída de la escalera hizo un adelantamiento de las consecuencias de las lesiones que había sufrido el señor Oscar Osorno por la forma en la que se le pegó”.

“Se lo golpeó en la cabeza, le provocaron unas lesiones que produjeron una hemorragia interna. Todo esto le provocó un daño a nivel neuronal que derivó en el desequilibrio que se materializó en la caída”, continuó. 

Asimismo, detalló que “durante las horas de sobrevida estuvo con dolores de cabeza, mareos, desequilibrio hacia el lado derecho, que son compatibles con las lesiones del lado izquierdo de la cabeza”. 

De modo que “entendemos que pretendían darle muerte para que no los delatara o reconociera a las personas que fueron autores del hecho de sustracción, porque precisamente había dos personas que conocía y sabía dónde ubicarlas. Todo tiende a tapar el robo para asegurar los fines del delito y lograr la impunidad”, concluyó.

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó excarcelar a Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.

Carrizo quedó libre al término de la audiencia del juicio oral en los tribunales federales de Retiro, tras estar preso durante casi tres años desde que fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en septiembre de 2022 y procesado como supuesto "partícipe secundario" del hecho, informaron fuentes judiciales.

En la etapa de alegatos finales del juicio, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenar a 19 años de prisión al principal acusado y autor del disparo fallido contra la entonces Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y a 14 años a Brenda Uliarte, pero no encontró pruebas para acusar a Carrizo, en similar postura a la que mantuvo la querella de la ex vicepresidenta en su alegato.

Ante ello el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió al Tribunal Oral Federal 6 la "inmediata soltura" desde la sede judicial ante la falta de acusación.

Carrizo estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz y los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari concedieron su excarcelación una vez terminada la audiencia.

La fiscalía pidió condenar a Sabag Montiel y Uliarte por intento de homicidio triplemente agravado por violencia de género en modalidad de violencia política y el debate se reanudará el 10 de septiembre próximo.

Fuente: NA

Un trabajador de la UTN Mar del Plata denunció penalmente al decano de la entidad, Fernando Scholtus, en el marco de una interna política entre las autoridades y el gremio de no docentes: aseguran que le cortaron dos neumático de su auto en la puerta de la mencionada facultad. La denuncia se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía Federal de Flagrancia.

Como se indicó, las diferencias entre las partes derivaron en el primer paro de la historia de la Regional por el despido injustificado de una empleada administrativa. Justamente, el director administrativo fue quien informó que se sorprendió hace pocos meses al terminar su jornada laboral y ver que le habían “tajeado” dos neumáticos de su vehículo personal.

Luego de radicar una primera denuncia en Prefectura, el trabajador logró acceder a las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en diagonal a la Universidad, donde “se vio a un empleado de confianza del decano llevar a cabo los daños”.

Al reclamar una respuesta, “Scholtus no accedió a brindar las filmaciones del hecho y decidió encubrir a quien lo cometió, despertando la sospecha de que fue enviado por él”, señala la denuncia.

En primera instancia la situación llegó al Consejo Directivo, “donde tanto el decano como sus colaboradores desestimaron el pedido de ver las cámaras y no aprobaron moción de repudio”. El pasado 16 de abril llegó al Consejo Superior, donde la máxima autoridad del gremio a nivel Nacional, Norberto Gutiérrez, expuso delante de los representantes de las 30 sedes que tiene UTN en todo el país.

Los denunciantes indicaron por otra parte que “no es el único hecho de esta índole que viene arrastrando la sede en los últimos tiempos, donde se reiteran actitudes de persecución política, problemas de agresión y violencia entre estudiantes, docentes y trabajadores, falsas denuncias en torno a cuestiones de género, entre otros problemas que recuerdan los tiempos más oscuros de dicha facultad”.

La causa en la que una abuela rescató a su nieta de 17 años de una red de trata de personas sumó en los últimos días un nuevo detenido y el pedido de ampliación de la imputación para uno de los principales acusados.

El caso había salido a la luz gracias a que Fabiana, una abuela de 58 años, quien rescató a su nieta en febrero de este año. Se hizo pasar por prostituta para salvarla del edificio de avenida Libertad, donde estuvo secuestrada durante 21 días.

La Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, logró identificar a un hombre mayor de edad que también habría participado en los hechos por los que ya se encuentra procesado otro imputado: Gabriel Sánchez, acusado de ser el cabecilla de la organización.

La fiscal dispuso el secreto de sumario del expediente para así avanzar en la investigación y en las últimas semanas solicitó la detención y el allanamiento del domicilio del nuevo sospechoso. El juez de actuación del Juzgado N°3, Santiago Inchausti, autorizó las medidas que se concretaron el 18 de diciembre.

El celular del hombre estaba registrado en el edificio donde ocurrió el calvario, pero se había mudado de ese lugar a mitad de año. Se sospecha que, tras la detención de Sánchez, trató de escapar de la Justicia y buscó refugio en otro punto de la ciudad para no ser encontrado. Pero las autoridades llegaron hasta él mediante escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de antenas.

Aunque en el lugar allanado no había mujeres ni menores de edad, la Fiscalía avanzó con su imputación. Es por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes”.

El 19 de diciembre, el hombre fue indagado en sede judicial y actualmente el juez Inchausti se encuentra evaluando su situación procesal. El magistrado debe analizar si las pruebas que tiene la Fiscalía son suficientes para dejarlo detenido.

En paralelo, Mazzaferri había solicitado la ampliación de la imputación contra Sánchez, sumando el delito de abuso sexual agravado en relación con otra menor que también estaba alojada en el edificio de Avenida Libertad. Sin embargo, el juez decidió no hacer lugar a este pedido.

Se recuerda que a principios de este año Fabiana logró rescatar a su nieta infiltrándose en una red de trata. La joven había sido secuestrada tras un engaño por redes sociales y retenida durante 21 días en un departamento de avenida Libertad. Allí fue drogada, golpeada y abusada, mientras sus captores la ofrecían a clientes por 20.000 pesos.

Hoy, la chica ya tiene 18 años e intenta reconstruir su vida bajo la protección de su familia, mientras sigue con miedo a que la vuelvan a buscar. Aunque el rescate marcó un punto de inflexión, la investigación sigue abierta. La Fiscalía avanza en cada pista para desarticular por completo la red y obtener justicia para las víctimas.

Fuente: TN

El fiscal federal Ramiro González busca que Fabiola Yáñez aporte su teléfono celular en el marco de la causa que investiga por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. El trámite no es sencillo porque la ex primera dama se encuentra viviendo en España, por lo tanto se está avanzando en los pasos para poder instrumentarlo, previa autorización del juez Julián Ercolini.

Es que el fiscal dispuso dejar sin efecto el exhorto enviado a España para poder tomarle declaración a la madre de Fabiola. La declaración se tomará en base a los acuerdos celebrados entre Ministerios Públicos en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Pero allí también se le solicitó a esos fiscales una serie de medidas.

“Teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whatsapp con Alberto Ángel Fernández, requiérase que en el mismo marco de cooperación entre Ministerios Públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez con el objeto de obtener la prueba mencionada”, dice el el escrito.

La fiscalía subrayó que “debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes de Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez una vez finalizado el procedimiento”.

El trámite necesita de la autorización del “juez federal delegante la autorización para llevar adelante la medida”. En ese contexto, se le enviaron las actuaciones al juez federal Julián Ercolini.

Los celulares son claves en esta investigación. Fue precisamente en el celular de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, en donde aparecieron los indicios de los golpes que habría recibido Fabiola Yáñez siendo primera dama. Ese teléfono fue secuestrado en la causa de los seguros, en donde aparecieron los diálogos y las fotos de Fabiola con un ojo en compota y moretones en los brazos.

Fue entonces cuando Ercolini citó a Yáñez para ver si quería declarar, pero en ese momento la ex primera dama desistió de la invitación. Cuando trascendió la noticia del contenido de esos diálogos, Fabiola Yáñez se comunicó con el juzgado y dijo que quería impulsar la investigación. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”.

Y en ese contexto, el juez Ercolini decidió varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

Tres días después, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó secuestrarle el teléfono a Alberto Fernández porque se habría comunicado con su ex pareja después de la orden de prohibición de contacto. Sin embargo, la semana pasada, los abogados de Fabiola se presentaron a través de un escrito en donde hacía saber que la ex primera dama “no había recibidos mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10.09 PM de España)”.

La notificación de prohibición de contacto, firmada por el juez tras oir la denuncia de Yáñez, se había concretado a las 19.47 de ese día. Es decir que el ex jefe de Estado no habría violado la orden dada por el juzgado. Frente a ello, la defensa de Fernández reclamó que se declare abstracto el allanamiento y que se le devuelvan los celulares y dispositivos que se le secuestraron. No hubo ninguna respuesta al respecto aún.

En tanto, también la semana pasada trascendió que Fabiola Yáñez habría perdido su teléfono. Tanto la abogada querellante Mariana Gallego -en tribunales- como su pareja, el penalista Mauricio D’Alessandro, desmintieron esa información. “Tiene la nube, tiene todo”, dijo D’Alessandro en declaraciones radiales. “No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta. No es cierto de que Fabiola Yáñez perdió el celular”, manifestó.

Incluso detalló que el ex mandatario “tenía una persona, de nombre Cristian, que se encargaba de sus cuestiones tecnológicas, y varias veces le pidió el teléfono a Fabiola”. “Puede ser que el propio Alberto haya pensado que podía garantizar que Fabiola había perdido el teléfono, sino no hay razón alguna para semejante afirmación. Ella tiene el teléfono, tiene la nube, tiene todo”, aclaró.

Fuente: Infobae

En el marco de la investigación que se lleva adelante por una Asociación ilícita mixta y que tiene detenido con prisión preventiva al ex jefe departamental Jose Luis Segovia, la Justicia local realizó un allanamiento en el edificio de Entre Ríos y Gascón.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que tuvo acceso El Marplatense, el fiscal general Marcos Pagella llegó a la Departamental luego de recibir la autorización de la Justicia de Garantías para poder avanzar con algunas cuestiones pendientes administrativas de la causa. 

La línea que sigue Pagella y los integrantes del CATI dan cuenta de un sumario que “se le había hecho a Segovia por un mal funcionamiento en las patrullas de la ciudad”, adelantaron a este medio fuentes consultadas.

La Justicia, de ese modo, busca con el allanamiento en Mar del Plata y otro en Puente 12 “determinar quiénes participaron del ocultamiento de la sanción que no fue efectiva en su momento en Asuntos Internos", dijeron a este medio fuentes de la investigación consultadas. 

El ex titular de la Departamental fue detenido el pasado 8 de mayo en su lugar de trabajo, y junto a el varios ex policías y un comerciante, además de un abogado. Al paso de la investigación, la Justicia de Garantías confirmó la prisión preventiva para Segovia y para el oficial Gastón Moraña, el ex policía Javier González -estos dos acusados de ser sus recaudadores-, el ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti.

En tanto, el abogado Lautaro Resúa logró recuperar la libertad luego de dar su declaración ante la Fiscalía.  

La detención de un menor de edad por el presunto asesinato de un playero de una estación de servicio de Rosario puso el foco, una vez más, sobre a posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. 

El debate ya había surgido en enero cuando el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley vigente en la Argentina, para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundó la idea propuesta a través de sus redes sociales donde días atrás aseguró que "ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Este hecho enfrentó opiniones sobre cómo deben ser tratados los menores de edad que incurren en el delito. Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que esta medida lejos de disminuir la inseguridad, "profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez".

En Mar del Plata se ha registrado un aumento de los delitos cometidos por menores de edad en los últimos meses. Principalmente, los hechos de público conocimiento refieren a robos o daños de propiedades privadas. Sin embargo, no son los únicos casos. 

El fiscal Walter Martínez Soto, de la UFI Penal Juvenil, manifestó que "los delitos que más comenten suelen ser contra la propiedad, desde robos simples, a veces acompañados, pero es el mismo porcentaje que los delitos por encubrimiento de motos".

Principalmente "los robos de motocicletas dejadas en la vía pública y cosas que se dejan dentro de los autos, son los que encabezan la lista. Lo del encubrimiento, si bien es un delito menor, tiene que ver con esto porque generalmente la policía no los agarra con las manos en la masa, como generalmente dicen en Flagrancia, sino que tiempo después cuando el ladrón se la dio a otro para que cometa algún delito". 

Por otro lado, "hay un porcentaje realmente alto que se relacionan con los abusos con y sin acceso carnal, se incrementó el número en el último tiempo y son por parte de los jóvenes", apuntó. 

En un balance, Martínez Soto declaró que "hemos notado que del año pasado a este hubo alrededor de un 25% de incremento de delitos, y en particular en los últimos años, relacionados con el abuso con acceso carnal o simple hacia mujeres". 

La pregunta sobre qué lleva a un niño a cometer un delito es la que resuena es distintos análisis sobre la baja de edad de imputabilidad en Argentina. Los contextos sociales y económicos juegan un rol fundamental en la construcción de la niñez. 

En este sentido, el fiscal Walter Martínez Soto, señaló que "las edades han ido bajando considerablemente, el porecentaje la estadística no lo muestra, pero por lo que hemos podido recabar desde la fiscalía estamos en un 15% fácil de menores de 16 años que han cometido delitos". 

Al analizar la situación actual y la postura del gobierno, anticipó que "nos estamos preparando porque entendemos que hay un acuerdo a nivel del Congreso donde va a haber una reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que se verá reflejado en el incremento de nuestro trabajo". 

El trabajo de la fiscalía se realiza en conjunto con el Centro Especializado de Atención o el CAD, "espacios donde debe haber una derivación directa de todo joven que sea encontrado en el marco de un delito penal", explicó. 

"La convención de la ley penal juvenil habla que la policía que interviene en primera instancia, debe tener el mínimo e indispensable contacto como para chequear el delito y después haya un grupo especializado", continuó. 

Razón por la cual, "el lugar de detención no es como algo especializado de tratamiento, sino que deriva para un conocimiento de la situación y a partir de ahí se hacen ciertos abordajes, ya sea desde el servicio local 102 o el servicio zonal donde se amplía el tipo de tratamientos", determinó. 

En la discusión, toma un papel relevante el rol del Estado en el acompañamiento de los jóvenes y el actuar judicial ante la aparición de delitos cometidos por menores de edad. Muchas veces las instituciones implicada no logran establecer un trabajo en conjunto para evitar la reincidencia. 

"Es verdad que hay una disociación en cuanto a los abordajes, que desde la óptica del poder judicial implica que no alcance lo que uno pretende. La reiteración es un ejemplo, no todos tienen sentencias condenatorias para hablar de reincidencia, pero se repiten las conductas", señaló el fiscal. 

El segmento del que se encarga el poder Ejecutivo "resulta muy complejo, por más que haya buena voluntad de todos los operadores. No es que se le da un abordaje y el joven está completamente ajeno, sino que vuelve al lugar de su familia, al barrio y a veces no son los mejores espacios", indicó. 

"Obviamente, y con esto no hay que ser ingenuo, la droga ha entrado de semejante manera que realmente atenta contra la salud de los jóvenes y estos, muchas veces, por decir el 90%, están movidos a la comisión del delito, ya sea por compromiso de pertenencia o querer pertenecer a una banda para pasarla mejor en el barrio, o tener la retribución de quienes se encargan de la comercialización de estupefacientes para tener el dinero para comprarlo o hace el favor necesario", agregó. 

No obstante, "el acompañamiento es por demás comprometido por parte de los operadores, pero escasea personal y al ser una actividad tan compleja, con tantas arista y desviaciones que se producen en la vida diaria, que afecta a una porción muy importante de la sociedad".

Desde su perspectiva, "es una tarea realmente titánica, requiere mucha coordinación y obviamente que todos hablen un mismo lenguaje en cuanto a lo que se pretende. A veces las distintas condiciones políticas no nos ayudan", reflexionó. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo N°3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En el mismo apartado, declara que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Con estos lineamientos, “el poder Judicial cambia la posibilidad de juzgamiento, antes era una situación donde había un juez omnipotente que también tenía competencia civil y aquello que arrancaba por lo penal, quizás terminaba con lo civil”, afirmó. 

Sin embargo, “hoy no es así, en el Fuero Penal Juvenil, solo se tratan temas de derecho penal bajo la teoría general del delito, en cuanto que sigue el hecho que se le atribuye implica ciertas consecuencias, se aplica una sanción que se traduce en pena. Muchas veces acompañadas de tratamiento, reinserciones sociales y demás”. 

Estas circunstancias “hacen que el Poder Judicial tenga acotada la función porque de hacer algo más implicaría violar la Constitución. Es un proceso penal como el de adultos reducido en cuanto a los años y las expectativas de la pena”, pronunció. 

Por eso “resulta muy difícil a la luz de la Convención de los Derechos del Niños considerar penas muy largas, de hecho están prohibidas las penas de perpetuidad, y que esta cuestión sea la única solución”. 

Sin dudas, “debería haber una coordinación entre la función de jurisdiccional y de prevención social, por parte del poder ejecutivo, para evitar que aquello que está en órbita de derecho penal sea la primera alarma para el abordaje de los jóvenes con derechos vulnerados”, advirtió. 

“La mayoría obviamente tienen los derechos vulnerados a la salud, a la educación. Hemos detectado en un principio, cuando comenzó el fuero en el 2008 que generalmente eran jóvenes que tenía serios problemas de contención familiar por los padres, tenían una representación parental vinculada a delito o que estaban presos”, aclaró. 

Por lo que hoy se ve en una medida bastante importante “en comparación a quien tiene una buena contención en el grupo familiar, lo que pasa es que muchas veces están envueltos en el marco de barrios donde asola el delito” destacó. 

“No es por estigmatizar, pero es sabido que hay determinados barrios donde todas las semanas hay noticias de que desbarataron un point de droga, lugares muy complejos donde el Estado está ausente por la poco organización y la falta de servicios básicos”, concluyó. 

El fiscal Leandro Arévalo tiene la labor de investigar el intento de toma en la sede local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el que se provocaron destrozos y al menos dos personas resultaron heridas.

"La situación se dio de modo similar a lo que sucedió en Buenos Aires. Un grupo de personas que se identificaron como miembros del Sindicato, ingresaron por la fuerza de manera violenta y presionando a algunos efectivos policiales que estaban a resguardo del lugar. Permanecieron en el interior de la sede en un lapso de tres horas, hasta que tras realizarse una serie de diálogos, lograron desalojar el lugar y dejaron un resultado no tan grave como en Capital, pero sí tuvo roturas menores y restos de haber sesionado de manera poco ortodoxa", explicó Arévalo en diálogo con El Marplatense.

En este marco, Arévalo destacó que hubo roturas, pero había mas elementos para destrozar que no fueron tocados. "Fueron destrozos menores, pero visibles. Rompieron la ventana pero no la fotocopiadora, por ejemplo, las pantallas de computadora o televisores no fueron tocados. Eran más roturas para visualizar la situación", detalló.

Al noticiarse sobre la situación ocurrida en Buenos Aires, se asignaron efectivos policiales para custodiar la sede. "Cuando llegaron estas personas, lo hicieron en un número que impidió una efectiva respuesta. En ese intento de ingreso se produjo la lesión de un balazo de goma y a la par hubo efectivos policiales lesionados. El titular de la seccional cuarta recibió un “barretazo” en la parte superior de la cabeza", aseveró Arévalo y concluyó: "Fue violento el ingreso. En el resultado, la ecuación pudo haber sido claramente muchísimo más grave".

El fiscal Leandro Arévalo brindó detalles de la investigación por el crimen de Ana Laura Díaz, la mujer que fue encontrada asesinada en un descampado. Aclaró que ahora no hay fundamentos suficientes para catalogarlo de femicidio y que el detenido se negó a declarar.

"La persona detenida fue imputada y no prestó declaración. Esta persona en principio declaró como testigo, dando cuenta del conocimiento que tenía de la víctima dando datos que no se acontecían con el resto de la información y con el vínculo que mantenían. La existencia de prendas que podrían llegar a vincularlo, un testigo que nos habla que la última persona que había estado con ella es quien hoy tenemos detenido, la existencia de heridas de tipo defensivo que se notaron en el examen medico que se le hace al imputado, llegamos a la conclusión de que es la persona apuntada y se le pidió la detención", señaló Arévalo.

El fiscal está intentando "armar el rompecabezas" de cómo era la vida de la mujer, lo cual se dificulta "por la situación de marginalidad" en la que se encontraba. "Se dedicaba a la prostitución, consumo de estupefacientes y se la habría vinculado en una cadena de comercialización, y el vinculo con el autor del hecho no se gestó hace mucho", añadió.

"Se habló en un principio de femicidio, pero no tenemos algún dato certificado que hablase de algún antecedente de violencia para con la víctima", sintetizó Arévalo.

En tanto, con respecto a las pruebas para recolectar, indicó que "las condiciones de intemperie y los cuatro días que se estiman que lleva la victima en el lugar dificultan la obtención de huellas". Asimismo, el cadáver también tenia unas huellas por arrastre, por lo que "muy probablemente el cuerpo haya sido trasladado".

Los robos armados en el centro aumentaron considerablemente según señaló el fiscal Fernando Berlingeri, quien consideró que en los últimos meses las estadísticas han ido en ascenso. En uno de sus últimos casos, la misma persona estuvo involucrada en más de un hecho.

"Tuvimos un incremento importante en los últimos meses de hechos, los robos calificados con el uso de arma  aumentaron casi en un 50%", señaló Berlingeri en diálogo con El Marplatense.

Uno de los últimos hechos corresponde a un delincuente que intentó robar en un comercio con un cuchilló. La empleada se resistió, quedó herida levemente, pero el delincuente no pudo concluir con su accionar delictivo.

"Tenemos una misma persona vinculada a dos hechos. Uno en La Rioja y Falucho. Las imágenes son claras y gracias a eso, la víctima de otro robo anterior lo pudo reconocer como el autor del robo a un local de ropa en calle Colón que ella atendía", agregó el fiscal.

El delincuente ya tiene imputado los dos hechos y se encuentra alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. Ya está con prisión preventiva en uno de los hechos y se hizo la elevación a juicio. "Tenia varias causas anteriores, condenas importantes, por robo, encubrimiento. Se ve que es su conducta habitual. Es un agravante la reiteración delictiva, estar mucho detenido y no haber dado un mínimo de resocialización", concluyó Berlingeri.

Desde la Fiscalía de Usurpaciones aseguraron a El Marplatense que actualmente se registra un aumento en los casos de usurpaciones. Sin embargo, destacaron que este aumento es paralelo al aumento de la población. Por lo tanto, "no es una situación crítica, sino que está dentro de los parametros".

Lorena Hirigoyen, a cargo de la fiscalía aseguró que estos casos “se dan en toda la ciudad. Normalmente en el centro lo que más hay son usurpaciones de casas ya construidas, y en la periferia los terrenos que están desocupados, sin cercar”. “En lo que va del tiempo ha crecido igual que otros tipos de delitos, tiene que ver con la mayor cantidad de población, no tiene un índice específico”, reiteró para dejar en claro que no hay un avance peligroso de estos casos.

“Dentro de las usurpaciones de propiedad lo que tenemos que saber es que hay delito de usurpación solamente si se cumplen determinados medios comisivos para todas las ocupaciones ilegales, ya sea de terrenos o de casas, y con determinados medios comisivos que nos marca la misma ley penal, que son las de amenazas, las de violencia, clandestinidad, abuso de confianza”, comenzó Irigoyen en su desarrollo y a su vez, dejó en claro que “hay ocupaciones que son ilegales pero que no configuran el delito de usurpación de propiedad”, aunque también remarcó que “sus propietarios tienen todas las acciones civiles que les da el derecho para recuperar su inmueble si hay una ocupación ilegal”.

“La otra cuestión que hay que saber es que el delito de usurpación protege al poseedor del lugar”, subrayó la fiscal. “El poseedor es la persona que está durante muchos años en forma pacífica dentro de un inmueble, terreno o casa. La ley protege a esas personas para que no puedan ser sacadas de ese lugar mediante violencia”, agregó.

Además, la fiscal explicó que "el dueño de una propiedad no tiene el derecho de sacar mediante la violencia a los inquilinos que no pagan. “Si el dueño del lugar saca al inquilino mediante la violencia, el que está cometiendo el delito de usurpación de propiedad es el propietario del inmueble, porque el propietario tiene todo el derecho civil a su favor para recuperarlo a través de la ley”, destacó comentando una situación habitual al momento de alquilar un inmueble y que el inquilino se atrasa con el pago.

En su explicación, Hirigoyen también contó lo que ocurre frecuentemente ante casos de usurpación, donde “los títulos de propiedad” están en poder de más de una persona: “Muchas veces tenemos dos partes que tienen documentación diferente de un mismo inmueble, y ahí el problema también lo tienen que solucionar a través de la vía civil. Este tipo de casos se da porque la mayoría de las ventas de inmuebles en Mar del Plata, lamentablemente, se hacen de manera informal, no por escritura pública. Se hacen o por boleto de compra venta, o por sesión de derechos, todo por títulos precarios que no tienen firma certificada, ni sellado, ni fecha cierta. Ese tipo de documentación hace que mucha gente sea engañada por otra”.

“La única forma de transmitir un inmueble formalmente es a través de una escritura pública de dominio”.

“En Mar del Plata hay muchos casos de usurpación pero más son las cuestiones civiles que las que realmente son delito”, continuó la fiscal Hirigoyen. “Cuando se inicia una usurpación que hay delito, que se puede probar que se ha ingresado por alguno de los medios comisivos y que la persona que está en el lugar no tiene derecho a estarlo, lo que se hace normalmente es, en el menor tiempo posible, pedir una medida cautelar que se llama 'Restitución del inmueble' o 'Restitución y lanzamiento' y si el juez de garantías nos da esa orden se hace el desalojo y se entrega la casa al verdadero poseedor o propietario”, especificó.

“Muchas veces, cuando hay imputados que ingresan a casas en forma violenta, tienen la creencia de que si las personas que ocupan ilegalmente un inmueble tienen hijos menores no se los puede sacar, y eso es un mito. Lo que se hace es tener mucho más recaudos para que los menores no sufran ningún tipo de violencia y se solicita al Estado que ese menor no quede en la calle”, cerró desterrando así otro gran mito.

El asesinato de Carlos Bustamante en la misma vivienda de Miramar en la que ocurrió el homicidio de su hijo Gastón volvió a poner las miradas del crimen ocurrido en 2011 en Verónica González, esposa y madre de las víctimas, quien fue aprehendida por este último caso.

"Desde un primer momento una de las líneas investigativas abiertas era de la madre, siempre sospechamos del entorno familiar hasta que apareció esa huella en el televisor. Se abrió esa hipótesis y sigue abierta porque hay una causa paralela donde se investigan otras hipótesis. Más allá que nosotros avanzamos por las huellas, el entorno familiar fue investigado desde el primer momento, no solo la madre. Porque no nos cerraba que el homicidio haya sido en ocasión de robo. La única hipótesis que avanzó fue la otra y después fue cerrada", destacó el fiscal Rodolfo Moure.

Moure tuvo la causa de Gastón, mientras que la fiscal Florencia Sala lleva adelante el caso de Carlos.  En estos casos, "lo importante no es lo que uno piense, si no lo que se pueda probar". Uno de los motivos que llevaron a investigar a la madre fue un teléfono que entregó la hija, que contenía mensajes como "cuidá a tu hermanito".

"En su momento, investigamos a la madre, se hicieron todas las medidas investigativas, las primeras mil fojas son para investigar toda lo que hizo la madre ese día. La propia hija había aportado un teléfono que nos hacía ver que tenía algunos problemas de personalidad. Eso hizo que se investigue a la madre por completo, hubo más de 200 policías trabajando en la causa en ese momento. No se pudo avanzar en una hipótesis concreta y allí apareció la huella del televisor y se avanzó en esa hipótesis. Hoy la causa está en la Corte Suprema", detalló Moure.

En cuanto a las similitudes entre los casos, el fiscal señaló que "hay puntos en común, sobre todo horarios, la forma que se encuentra el cuerpo, el lugar, la forma de matarlo, se usaron herramientas de la casa ningún objeto extraño, arma blanca o de fuego"

"Carlos confiaba a muerte en su mujer. Fue un defensor de ella durante toda la vida. Teníamos una relación estrecha con él porque concurría a la fiscalía. Él la defendía, en medios de prensa, en cualquier ataque contra ella. Si se determina que la señora Bustamante tiene un trastorno de personalidad, podría ser ese el móvil, una enfermedad mental", agregó el fiscal.

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires formalizó en los últimos días la entrega de un nuevo inmueble al Ministerio Público Fiscal para que pueda disponer de su uso y funcionamiento en los próximos meses, sin tener que abonar un alquiler o afrontar otro tipo de costo.

El acto para la firma del acuerdo con la presencia del delegado del organismo provincial, Luciano Ricci, y Fabián Fernandez, Garello, el titular de la Fiscalía General de Mar del Plata, quienes celebraron la concesión de las instalaciones que están en el séptimo piso de un edificio ubicado en  San Martín y Córdoba.

"Nosotros tenemos la función de tramitar sucesiones vacantes, que son bienes o inmuebles dejados por personas sin herederos. Entonces quedan desocupados o se intenta su desocupación cuando existen casos de usurpación. En este caso está desocupado y se entrega, en el marco de convenios y relaciones inconstitucionales con el Ministerio Público Fiscal", explicó Ricci a El Marplatense.

En este sentido, el representante de la Fiscalía de Estado detalló que con esta clase de acciones "el mismo Estado se evita comprometerse con gastos innecesarios". "Esto no implica ningún gasto ni alquiler", remarcó, y recordó que gestiones similares ya tuvieron lugar con las municipalidades de General Pueyrredon, de  Mar Chiquita, de General Alvarado, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), entre otras instituciones.

Por su parte, Fernández Garello destacó la "proactividad" de Ricci para materializar el acuerdo y recordó que "desde siempre hay un panorama de alquileres en lugares que a veces están muy distantes unos de otros". "Entonces, hasta tanto pueda resolverse de una manera más razonable la funcionalidad del Ministerio Público en un edificio único a través del desarrollo del Polo Judicial que está previsto, la gran ventaja que nos da esto es no abonar alquileres", afirmó a este medio.

Según confió el máximo responsable de la Fiscalía General, lo que se analiza es instalar en el nuevo lugar la Fiscalía temática de Estupefacientes. "Esto le sacaría una presión laboral por la cantidad de gente que trabaja ahí y también se lograría una menor afluencia de público", resaltó, y aclaró: "Una vez que recibamos el inmueble, veremos si se puede readecuar para estos fines".