Este 30 de enero se cumple un año del asesinato de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14), ocurrido en Florencio Varela, un hecho que conmocionó al sur del conurbano bonaerense y que, doce meses después, permanece sin responsables identificados ni avances determinantes.

Aquella tarde, ambos adolescentes salieron de sus casas con la excusa de ir al gimnasio, aunque en realidad planeaban verse a solas. Dos días más tarde, sus cuerpos fueron hallados en un descampado cercano al puente de Bosques, donde habían sido brutalmente asesinados a golpes. Desde entonces, la causa acumula hipótesis fallidas y ninguna prueba firme.

La principal línea de investigación sostiene que pudo tratarse de un ataque vinculado a un robo, aunque no se descarta que el crimen haya sido cometido para ocultar ese delito. Sin embargo, fuentes judiciales reconocen que no hay elementos concretos que permitan sostener una acusación: “No hay nada más que dos chicos muertos por una violencia desmesurada que no explica nada”, admitieron.

En los últimos meses, la pesquisa se concentró en dos vecinos mencionados en el expediente, que viven a unas cuadras del domicilio de las víctimas. No obstante, la prueba recolectada fue considerada endeble: una filmación solo los muestra regresando a su casa sin manchas ni objetos comprometidos, lo que no permite avanzar.

Otras líneas también quedaron descartadas. La investigación sobre personas en situación de calle que frecuentaban el predio no arrojó vínculos con el hecho, pese a que se analizaron antecedentes y movimientos. Tampoco aportó resultados el peritaje de un celular secuestrado tras el allanamiento a una iglesia evangelista ubicada a pocos metros del lugar del hallazgo.

Las pericias científicas tampoco ofrecieron pistas: las muestras de ADN no coincidieron con ningún sospechoso y el análisis de redes sociales solo permitió reconstruir los movimientos previos de Paloma y Josué. Además, ninguna cámara de seguridad logró captar el momento del ataque.

En paralelo, las diferencias entre los familiares de las víctimas sumaron tensión a la causa. Mientras el padre de Paloma sostuvo que el crimen podría estar vinculado a su actividad pastoral y denuncias contra el narcotráfico, la familia de Josué habló de un ataque premeditado y cuestionó esa hipótesis.

El expediente está a cargo del fiscal Darío Provisionato, de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, y cambió de fiscalía en las primeras semanas tras una denuncia por amenazas que derivó en una causa paralela. Hoy, la investigación se enfoca en sumar nuevos testimonios y reconstruir una línea de tiempo precisa, aunque sin plazos claros.

Lo cierto es que, a un año del doble crimen, no hay imputados ni sospechosos firmes, y la causa continúa abierta en un escenario que los propios investigadores describen como “muy difícil de esclarecer”.

Fuente: Infobae

La Justicia Federal procesó a Jesús Bernabé Mallón, conocido como “El Tío”, por su rol determinante en el triple crimen narco de Florencio Varela ocurrido el 19 de septiembre, donde fueron asesinadas Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). La misma resolución alcanzó a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta.

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien consideró acreditado que “los nombrados realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis”, actuando con conocimiento del plan común y bajo una división de tareas que abarcó la planificación, logística, captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el posterior homicidio.

Según la investigación, Mallón (42) cumplía funciones de logística y encubrimiento, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes de la banda. Bajo el alias “El Tío”, operaba como referente interno y habría disfrazado actividades vinculadas al narcotráfico bajo la fachada de un comercio aparentemente legal. Fue detenido en diciembre por personal de la DDI La Matanza cuando intentaba fugarse desde una vivienda en Berazategui.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que habría sido utilizado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa. Para el magistrado, su aporte a la estructura criminal fue decisivo para concretar el plan homicida, investigado desde el hallazgo de los cuerpos.

En cuanto a Mujica y Zavaleta, están acusados de colaborar en el encubrimiento, realizando maniobras para eliminar pruebas y entorpecer la labor judicial.

Por el mismo expediente permanecen detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” —aún en Perú, a la espera de extradición— y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. También fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron restos de las víctimas.

La lista de imputados se completa con Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría realizado los pozos para enterrarlas; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro. La causa continúa con nuevas medidas probatorias y no se descartan más imputaciones.

Fuente: NA

La Policía bonaerense detuvo a tres personas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, un hombre con antecedentes ligados a causas resonantes de narcotráfico y corrupción policial, asesinado de seis disparos y abandonado en un descampado de Florencio Varela.

Los procedimientos fueron realizados en las últimas horas bajo la dirección del fiscal Darío Provicionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, tras una investigación que permitió reconstruir un esquema previo al homicidio y una planificación logística detallada.

Según se desprende de la causa, imágenes de cámaras municipales registraron movimientos sincronizados de al menos dos vehículos, uno perteneciente a la víctima y otro vinculado a uno de los principales sospechosos. Los registros muestran ingresos y egresos coordinados en distintos puntos de la ciudad, incluso en las inmediaciones de una iglesia evangélica, dato clave para los investigadores.

Ese material fue cruzado con pericias de antenas de telefonía celular, lo que permitió ubicar a los implicados en el mismo tiempo y lugar que la data de muerte, reforzando la hipótesis de una ejecución previamente planificada.

Una declaración considerada central para la causa, brindada por una mujer que estaba bajo investigación, aportó datos determinantes: señaló como autores a dos hermanos —uno de ellos pastor evangélico— y a una mujer joven como partícipe necesaria. En su testimonio indicó además que la mudanza de bienes de la víctima se realizó después del crimen, que el arma utilizada estaría en poder de uno de los sospechosos y que el hecho se dio en el marco de un ajuste de cuentas.

Los investigadores también establecieron que Viarnes vivía en un departamento alquilado junto a una mujer joven y que, en las horas previas al homicidio, se habría producido una “mudanza interna”, lo que despertó sospechas y fue incorporado a la línea investigativa.

Con estos elementos, la Superintendencia de Delitos Complejos realizó allanamientos de urgencia en la iglesia mencionada, en una vivienda lindante y en una quinta del barrio La Capilla, donde se ocultaría uno de los implicados. Para la Justicia, el caso presenta rasgos propios del crimen organizado, como división de roles, logística previa, uso de vehículos e inmuebles y eliminación de rastros posteriores.

Los operativos concluyeron con tres personas detenidas y un prófugo. Fueron arrestados M. H. G., conocido como “el pastor”, vinculado a la iglesia evangélica “Impacto”; D. A. M., quien alquilaba el departamento donde residía la víctima; y M. R. M., hermana de este último. En tanto, permanece prófugo el hermano de “el pastor”, sobre quien pesa una orden de captura.

La principal hipótesis del caso indica que Viarnes mantenía una deuda con los hermanos G., lo que habría derivado en un ajuste de cuentas ejecutado mediante una estructura coordinada, mientras la Justicia investiga si el prófugo se encuentra fuera del país.

La defensa de uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, también conocido como “Pequeño J”, busca contra reloj evitar la extradición del líder narco desde Perú a la Argentina.

“En caso de ser extraditado, corre riesgo su vida”, afirmó tajante Marcos Sandoval, su abogado.

Y subrayó: “En Argentina la situación está un poco candente por la imputación que hay en su contra. El Estado peruano debe proteger la vida de mi defendido”.

El caso estalló el 24 de septiembre, cuando los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez - tres amigas que llevaban cinco días desaparecidas - fueron encontrados en el fondo de un pozo hecho en el patio de una casa de Florencio Varela.

Con el correr de las horas y el avance de la causa, se supo que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas y “Pequeño J”, un joven peruano de apenas 20 años vinculado al narcotráfico, inicialmente fue señalado como el responsable de haber ordenado los asesinatos.

“Él no tuvo nada que ver, es inocente”, aseguró Sandoval, que en las próximas horas se reunirá con Valverde Victoriano en el penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, donde permanece alojado mientras la Corte Suprema resuelve su posible extradición para ser juzgado en la Argentina.

Valverde Victoriano fue considerado inicialmente como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, aunque no fue quien disparó.

Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. (Foto: TN).

La investigación señaló al comienzo a “Pequeño J” como el líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense.

Sin embargo, con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que ordenó el triple crimen.

Valverde fue capturado mientras intentaba escapar oculto en un camión de pescado en la Panamericana Sur en Perú, gracias al rastreo de su celular. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol.

Durante su traslado, se defendió: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.

Un audio enviado a su pareja terminó siendo el error fatal de Tony Janzen Valverde Victoriano. Ese mensaje, fue la pista clave que permitió a los investigadores dar con su paradero y detenerlo en Perú.

“Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, le confesó a su pareja en la grabación.

En el mismo audio, agregó: “Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste”.

Una cámara de seguridad captó a “Pequeño J” junto a Lara Gutiérrez, una de las víctimas, en un local de comidas rápidas el 6 de septiembre, apenas quince días antes de que la mataran junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La secuencia demuestra que el acusado tenía contacto directo con al menos una de las adolescentes asesinadas. El dato fue confirmado por Adrián Arribas, el primer fiscal que tuvo el caso, quien sostuvo: “Esa reunión existió”.

“Pequeño J” quedó alojado en el penal de Cañete, en la región de Lima, Perú.

El lugar, oficialmente llamado Penal de Nuevo Imperial, es uno de los más complicados del sistema penitenciario peruano.

La cárcel donde "Pequeño J" quedará alojado hasta que se resuelva su extradición. (Foto: X @INPEGob).

El hacinamiento es extremo: según el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la cárcel fue diseñada para alojar entre 768 y 1.021 internos, pero actualmente tiene entre 1.900 y 2.000 personas.

El penal está dividido en módulos que separan a condenados de procesados. Por estar detenido bajo proceso de extradición, “Pequeño J” quedó alojado en un sector preventivo hasta que la Justicia peruana resuelva su situación.

Fuente: TN

Mientras el país celebraba el pase de la Selección a la semifinal del Mundial, dos amigos atravesaron una noche de terror en una quinta de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Lautaro Morello y Lucas Escalante desaparecieron la noche del 9 de diciembre de 2022. La investigación estableció que ambos sufrieron torturas y luego fueron asesinados por una familia de policías.

El cuerpo de Morello fue encontrado semi calcinado en un descampado de la ciudad de Guernica. De Escalante no se sabe nada. La Justicia presume que también fue víctima de un crimen atroz. A tres años de esa noche, el dolor sigue intacto y sus familiares exigen justicia. “Nos falta uno”, reclaman en cada marcha que hacen frente a la fiscalía.

La causa ya tuvo una primera condena contra un policía por haber encubierto a los presuntos asesinos: el clan Centurión. El juicio contra los principales acusados será el año próximo, entre el 13 y el 17 de abril, en los tribunales de Varela.

Francisco Centurión, un excomisario mayor con vínculos con la Interpol, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, se sentarán frente a los jueces y serán juzgados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida por violencia”.

El 9 de diciembre del 2022, los amigos salieron de sus casas en Bosques rumbo a una casa quinta ubicada en La Capilla, una localidad de Florencio Varela que queda a varios kilómetros del centro y en el medio del campo.

“Hay un chabón que me da nafta gratis”, le dijo Escalante a su amigo en un audio que fue clave para la causa. Su idea era salir a festejar el triunfo de la Selección argentina, que había pasado a la semifinal del Mundial, pero antes tenían que pasar a buscar el combustible.

Lucas Escalante desapareció el 9 de diciembre en Florencio Varela. (Foto: Instagram).

Esa casa era de Francisco Centurión, un excomisario que era conocido en su barrio, pero que además tenía mucho poder dentro de la Policía bonaerense. Adentro lo estaba esperando su hijo Cristian, también efectivo de la fuerza. Después de ese encuentro, las víctimas no respondieron más mensajes ni llamados.

Al día siguiente, el BMW de Escalante apareció incendiado en Abasto, al costado de la ruta que va hacia La Plata. Días más tarde, hallaron el cuerpo de Morello en un descampado de Guernica, con signos de violencia y parcialmente calcinado. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica.

Desde entonces, la búsqueda de Escalante no arrojó ninguna pista firme. Se hicieron innumerables rastrillajes, que todavía siguen activos, y se dispuso una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos concretos. Pero el misterio sobre su paradero persiste.

Entre las pruebas más firmes contra los Centurión, especialmente contra Cristian y Maximiliano, son las cámaras de seguridad que los captaron mientras compraban un bidón de nafta en una estación de servicio esa misma noche de la desaparición de los jóvenes.

Además, Maximiliano presentaba signos de haber estado involucrado en actos violentos, ya que tenía golpes en el rostro, las cejas cortadas, las pestañas quemadas y se había rapado el pelo.

Los detenidos en la causa son Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino de un comisario de la Bonaerense. (Foto: SIFCOP).

Francisco Centurión está acusado de participar en el encubrimiento del homicidio y haber permitido que los jóvenes fueran retenidos contra su voluntad en su casa.

También lo señalan como parte clave de los momentos posteriores a los asesinatos. La Justicia sostiene que hubo una demora en hacer el allanamiento en su quinta. Si bien ya había indicios contra Cristian y Francisco Centurión, el operativo recién se realizó varios días después. Las familias de las víctimas creen que así pudieron haber permitido que se ocultaran o alteraran pruebas importantes.

Durante el procedimiento, encontraron rastros de sangre en ropa y otros objetos que no fueron analizados rápidamente. Fue necesario que la fiscalía y los abogados insistieran para que hagan las pericias.

Algunos elementos en la casa también habrían sido manipulados sin el cuidado necesario, lo que complicó la investigación porque se comprometió la cadena de custodia.

El alto mando de la Bonaerense fue desafectado de la fuerza después de un sumario de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue herido de un tiro en un tobillo cuando intentó fugarse de los policías federales que fueron a detenerlo.

De los allanamientos lograron obtener un cuaderno clave. Centurión recopiló información detallada sobre la vida privada de Escalante: desde los lugares que frecuentaba hasta su salud mental y relaciones personales.

En sus anotaciones, trazó un perfil minucioso de la víctima, entre los que incluyó datos sobre su medicación, problemas con el alcohol y su comportamiento al volante.

El excomisario Francisco Centurión es uno de los imputados. (Foto: Romina Escalante).

En principio, a Centurión padre se le imputaban los delitos de “sustracción de caudales públicos en concurso real, con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”. Pero el fiscal apeló y pidió que también sea juzgado por el homicidio.

Sobre la mecánica del crimen, el fiscal Daniel Ichazo detalló Cristian y Maximiliano “estrangularon y propinaron golpes a Lautaro Morello con claras intenciones de darle muerte, provocándole múltiples heridas en el cráneo y mandíbula, y finalmente causando su óbito por estrangulamiento”. Luego, intentaron deshacerse del cuerpo, quemándolo en una zona rural.

En cuanto a Escalante, creen que fue retenido contra su voluntad durante al menos un mes en la casa de los Centurión, bajo la vigilancia del excomisario mayor. Si bien no se tienen detalles precisos sobre su destino, las autoridades están convencidas de que fue asesinado poco después de su desaparición.

El caso fue elevado a juicio y está previsto que el Tribunal Oral Criminal N° 2 empiece con las audiencias el 13 de abril del 2026. Los jueces serán Natalia González Aguirre, Fabio Ariel Stremel y Santiago Zurzolo Suárez.

La acusación estará a cargo del fiscal Marcelo Seller, quien buscará probar la responsabilidad de los imputados en uno de los crímenes más escalofriantes del último tiempo en Florencio Varela.

La investigación también reveló maniobras de encubrimiento atribuidas a personal policial. En octubre, el excomisario Sergio Enrique Argañaraz fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión por encubrimiento agravado.

Sergio Argañaráz es uno de los policías detenidos por el caso de Lucas Escalante y Lautaro Morello. (Foto: Renaper).

El fallo señaló que Argañaraz no tomó la denuncia de la familia de Escalante el 10 de diciembre, retuvo información clave sobre la quinta de los Centurión y demoró un allanamiento fundamental para preservar pruebas.

También llegarán a juicio otros policías acusados de encubrimiento y falso testimonio. Son Luis Zaracho, Juan Manuel Brito, Agustín Alejandro Antonio y Ramiro Yair Forchinito, excompañeros del acusado. Llegan en libertad al debate.

A tres años del horror, las familias no solo reclaman justicia, sino que además insisten en que los rastrillajes no se detengan hasta saber qué pasó con Escalante. “Nos falta uno”, repiten en cada marcha que hacen frente a la fiscalía.

Fuente: TN

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó este miércoles el pedido de prisión preventiva para los implicados en el triple crimen de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas el 19 de septiembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Además, el magistrado aguarda una respuesta de los representantes de la justicia Federal para confirmar si la causa pasa a ese fuero, según NA.

En tanto, Pinos Guevara aceptó la solicitud de la fiscalía -a cargo de Adrián Arribas- para dictar la prisión preventiva de los involucrados en el asesinato de las tres adolescentes.

Asimismo, en las últimas horas fue detenido Joseph Freyser Zabaleta Cubas, quien ya está preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, debido a este nuevo pedido, su derivación está en pausa.

El sujeto, de nacionalidad peruana, y conocido como ‘Señor Jota’, fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, perpetrado el 20 de septiembre en una finca de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta está acusado de haber organizado el triple crimen de Florencio Varela desde la cárel. (Foto: DDI).

En el caso que investiga el triple crimen de las chicas, “Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Por lo tanto, ya son once los detenidos en el marco de esta causa, ya que también se sumó a la lista Mónica Mujica, de 37 años, esposa de Víctor Sotacuro (41)

En tanto, también permanecen detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29), mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- fue arrestado en Perú, su país natal.

Asimismo, “Señor Jota” ya estaba preso por otras causas vinculadas con el narcotráfico. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.

En el marco de un fuerte operativo de seguridad, declaró hoy en la fiscalía de Homicidios de La Matanza Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), conocido como “Señor Jota”, el narco peruano señalado como el presunto líder de la organización vinculada con los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Cerca de las 8, oficiales del Grupo Halcón y de la DDI La Matanza se presentaron en la sede de la calle Cavia al 3300 de la Policía Federal Argentina (PFA), donde “Señor Jota” se encuentra detenido desde fines de agosto por pedido de la Justicia de Perú por amenazar de muerte a una mujer para obligarla a transportar droga a España.

La comitiva de la Policía bonaerense estuvo custodiada por 12 miembros motorizados del Grupo Halcón. Recorrieron los casi 30 kilómetros hasta la fiscalía de La Matanza, ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen 2185, en San Justo.

Recién cerca del mediodía se sentó frente al fiscal Adrián Arribas y declaró cerca de dos horas. Luego, en un operativo similar, fue trasladado nuevamente hacia la alcaldía de la calle Cavia.

El delito que se le imputó es “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

"Yo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, no guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, fue la defensa de “Señor J” ante las acusaciones que lo vinculan con los otros 10 detenidos en la causa.

El hombre sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España, donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia. Aquí en el país tramitó su residencia en julio de este año. Además, expresó que no posee antecedentes y que fue detenido el 27 de agosto en Lanús por Interpol tras un pedido de captura por “rebeldía” al pedido del Juzgado Callao–Lima.

“No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen 'J´ (Jota), por la primera letra de mi nombre, pero nunca me han llamado por mi nombre”, dijo el imputado. Según aclaró, un detenido de nacionalidad brasileño con el que compartió celda le comenzó a llamar por ese apodo.

Con respecto a la organización narco “Los Pulpos”, con sede en Trujillo, de la que se los acusa formar parte, el imputado explicó que que es conocida en su país, que él nunca la integró y que cuando era policía quisieron vincularlo.

“Yo nunca he tenido ningún lazo con esta organización criminal, pero una vez se me quiso involucrar porque yo fui efectivo policial en mi país. Que en esa oportunidad quedó demostrado que yo nunca tuve nada que ver con esa organización. Que no tengo ninguna vinculación y antecedentes con la misma”, remarcó.

Y agregó que estando en la Argentina puntualmente no escuchó ninguna noticia de “Los Pulpos”, pero sí mencionó otras organizaciones criminales de Perú como “La Jauría”, “Destructores” y “La NJ”, entre otras. “Que puntualmente son como 13 organizaciones que solo trabajan en Trujillo”, afirmó.

En paralelo, Cubas Zavaleta contó sobre los detenidos con los que compartió celda en la Argentina y señaló que fue uno quien le obsequió un cuaderno de tapa verde, utilizado tipo libreta, que le fue secuestrada en el orden de allanamiento que se hizo en la alcaldía el pasado viernes por la noche. Además, incautaron una serie de papeles con números de teléfono y nombres que son analizados en busca de pistas.

Ante el fiscal Arribas declaró que llegó solo en “agosto o septiembre del 2024” a la Argentina desde España y que se radicó en Lanús, donde fijó su domicilio. En el país se dedicó “coser zapatos y venderlos en La Salada”, en referencia a la feria de Lomas de Zamora.

También dijo que se encuentra en pareja con una chica, por quien sus padres le hacen llegar dinero para vivir mientras está detenido. Antes había vivido un tiempo con una tía en Valencia. Según aseguró, sus padres le enviaban dinero, cerca de 780 euros por mes, para solventar los gastos de “habitación, movilidad y alimentación”.

En su país subrayó que fue subalterno en la Policía Nacional de Perú en Trujillo y que lo separaron de la fuerza “por una suspensión arbitraria”. Sin embargo, aclaró que no se reincorporó porque estab terminando la carrera de Ingeniería Civil.

Conocido como "El Señor Jota" o "Jota", está señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Estaba detenido en la Alcaldía de la PFA aguardando la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron el triple femicidio de Florencio Varela pidieron las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, según confirmaron altas fuentes del caso.

Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Los asesinos, por ejemplo, le cortaron a Lara las cinco falanges de la mano izquierda antes de matarla y Morena, que fue estrangulada, tenía lesiones post mortem en varias partes del cuerpo. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sospechan que el triple femicidio habría sido ordenados desde Perú.

En paralelo, en un movimiento altamente anticipado en el expediente, los fiscales pidieron al juzgado de garantías del caso “tenga a bien declinar su competencia al Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Morón que por turno corresponda”, plantearon los investigadores en un documento de 250 páginas al que accedió este medio.

Con un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas exhaustivas, Arribas, Fornaro, Rulli y Pecorelli consideran que el hecho se encuentra esclarecido a poco más de un mes de ser cometido.

Ahora, corresponde investigar a la estructura narco que lo ordenó, un planteo ya realizado en el caso por abogados querellantes de las familias, como Diego Storto y Fernando Burlando, que apunta, según los fiscales, a una “persecución penal estratégica”.

Finalmente, los investigadores requirieron que permanezcan o sean enviados a cárceles bonaerenses o federales los ocho imputados detenidos hasta el momento: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú y señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’. Justamente, este último espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Todos los imputados están acusados de delitos que van al desde el triple crimen agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento junto a la privación ilegal de la libertad de las víctimas hasta el encubrimiento agravado.

"Pequeño J" en su audiencia de prisión preventiva ante la Justicia peruana

Solo a las imputadas mujeres no les endilgaron la violencia de género que llevó a que el caso sea considerado femicidio. Por otra parte, todo se encuadra en un homicidio crimins causa: matar para ocultar otro delito.

En tanto, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, con circulares rojas de Interpol en su contra.

Los fiscales apuntaron en su planteo a “una convergencia intencional (delineada y planificada) previamente establecida”, donde los acusados “obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes” atacaron a Brenda, Morena y Lara “de forma deliberada, e inhumana” con actos de “indescriptible brutalidad física”.

Con respecto al pase al fuero federal, “la muerte de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional", marcó la UFI de Homicidios de La Matanza.

Matías Ozorio, uno de los principales acusados, al ser extraditado desde Perú

Apuntaron a “tres vectores: privación de libertad con resultado mortal, narcotráfico organizado y multiterritorialidad”, con una “proyección internacional” y la “comunicación en tiempo real hacia niveles superiores de la empresa criminal durante las agresiones y mutilaciones perpetradas” mediante las videollamadas a una serie de desconocidos de nacionalidad peruana, apodados “Papa” y “Lima”, según declaró Celeste González Guerrero.

Un nuevo cruce de información entre los fiscales del caso y la Policía de Perú les permitió a los investigadores llegar a los alias de dos presuntos traficantes que habrían ordenado el triple femicidio. La directiva para matar a Brenda, Morena y Lara no habría ocurrido en Argentina, sino en la zona de Trujillo, de donde es oriunda la familia de “Pequeño J” y donde nació Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados del caso.

Fuente: Infobae.

Ocho de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco cometido en Florencio Varela prestan declaración indagatoria hoy ante el fiscal Adrián Arribas, quien confirmó que será ante "nuevas interpretaciones en el caso". Hay un amplio operativo desde la madrugada en la Fiscalía de San Justo.

El funcionario judicial confirmó que las comparecencias comenzarán a las 6:00 en la Fiscalía de San Justo.

Lázaro Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Matías Agustín Ozorio; Celeste Magalí Guerrero; Ariel Giménez; Miguel Silva; Maximiliano Parra y Daniela Ibarra serán trasladados desde la medianoche de este jueves.

En la resolución sobre las indagatorias, Arribas también informó que se reformularon algunas de las imputaciones como, por ejemplo, la de Giménez, quien habría hecho los pozos para enterrar los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, quien fue sindicado como supuesto coautor de los tres crímenes.

"El procedimiento de seguridad comenzaría a las 00:00", había precisado Arribas sobre el operativo para derivar a los detenidos hasta el partido bonaerense de La Matanza.

El fiscal había remarcado que "vamos hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos"

Además, la semana próxima se dictaminarán las prisiones preventivas, a la vez que continuaba la búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias "El Loco David" o "Tarta", y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J".

Fuente: NA

Celeste Magalí González Guerrero, la mujer detenida por el triple femicidio de Florencio Varela y dueña de la casa del horror, amplió su indagatoria y aportó datos claves sobre la noche del crimen al ser indagada por el fiscal Carlos Arribas.

Según se pudo saber, aseguró que el motivo del triple femicidio fue un robo de droga: “Les robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”, al que identificó como Víctor Sotacuro, otro de los detenidos. Y dijo que, al menos, dos de las víctimas estaban señaladas como participantes en ese robo.

“Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue“, sostuvo. Y agregó: ”Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver”.

Luego, se refirió a la estructura interna de la organización criminal. Explicó que Sotacuro era quien daba órdenes a Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, desde una posición superior, y que Miguel Villanueva, su pareja, otro de los detenidos, era parte del eslabón inferior, debiendo responderle al joven peruano detenido.

“Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Respecto a su rol en la banda, la mujer dijo que, al igual que su pareja, se dedicaba a vender cocaína. Contó que la droga era traída desde un domicilio en el barrio porteño de Nueva Pompeya donde residía “Pequeño J”. “Casi siempre era Ozorio quien me traía el producto, entre 100 o 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, detalló.

En otro tramo, sobre la noche del crimen, contó que cuando regresó a su casa tras un par de horas en la calle vendiendo droga, vio a Ozorio y a otros dos hombres cavando el pozo donde luego fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo a su relato, también estaba presente al momento de la llegada de Brenda, Morena y Lara en la Chevrolet Tracker blanca. Aseguró que las chicas estaban acompañadas en el vehículo por Sotacuro “Pequeño J” y un tercer hombre desconocido. Ellas, según remarcó, “bajaron sonrientes, como engañadas que venían a una fiesta”.

A su vez, González Guerrero mencionó que, además de quienes llegaron en la camioneta y de los tres que cavaron el pozo, en la casa había tres hombres más, desconocidos para ella, que le llamaron la atención por tener guantes de látex.

Tras ello, la mujer se retiró a vender la droga que le quedaba y afirmó que regresó al domicilio cerca de las 4 de la madrugada, cuando ya se habían cometido los crímenes. También dijo que apenas se asomó por la puerta vio “el piso todo sucio, lleno de barro” y a “Pequeño J”, Ozorio y otros dos hombres.

Siguiendo el relato, junto a su pareja fueron a comprar botellas de lavandina y otros artículos de limpieza, al igual que dos bidones de nafta que se utilizaron para incendiar la camioneta. Ella misma los guió hasta el descampado donde la prendieron fuego. Luego, la mujer caminó unas cuadras hasta el punto de encuentro con un delivery, donde recibió unas hamburguesas que había encargado.

“Cuando llego a mi casa con las hamburguesas no vi sangre, nada. Ya lo habían limpiado con los productos que compramos. En ese momento solo estaban Matías y Miguel. Matías se pidió un remís y se fue con las hamburguesas”, relató.

Durante la indagatoria, a la acusada le mostraron varias fotografías de sospechosos y pudo reconocer a algunos, como a “Pequeño J”, sobre quien además dijo que llamaba “tío” a Sotacuro.

A otros no pudo identificarlos. “Pueden ser familiares. Pueden ser su ‘papá’ y su ‘abuelo’. En la jerga, ‘abuelo’ es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y ‘papá’ es quien baja en toneladas la droga. Luego están los ‘tíos’ y después los ‘pequeños’, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que les dicen ‘los bebés’ o ‘mulo’. Sé que Matías Ozorio, quien es ‘mulo’ de Julio, conocía a ‘papá’ y ‘abuelo’, y sabía dónde vivían, mientras que en cambio, yo no. A Julio solo lo vi dos o tres veces en mi vida”, explicó.

Fuente: Infobae

Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó a una audiencia ante la Justicia de Perú, donde le dictaron la prisión preventiva por un plazo máximo de 9 meses con fines de extradición pasiva a Argentina.

La medida fue ordenada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien estuvo a cargo de la jornada en la que Tony Janzen Valverde Victoriano fue notificado de su imputación y le leyeron sus derechos. Además, le dieron la posibilidad de elegir si quería una “extradición simplificada” a Argentina, que demoraría menos de lo previsto, aunque decidió rechazarla.

Antes de tomar la decisión, el acusado de ordenar el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela pidió unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la audiencia.

Tras responder negativamente a la posibilidad de una inmediata vuelta a Argentina, su defensor se explayó sobre la postura elegida. A su turno, sostuvo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque, al ver las noticias argentinas, se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido aparecían en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Se preguntaba: ‘En Argentina no tengo familia y si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel?, ¿quién me va a poner un abogado?’ Por eso decidió regresar al Perú”, expresó.

En este contexto, pidió que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva por un plazo de 9 meses.

Después de escuchar a todas las partes, los jueces deliberaron y decidieron que están cumplidos los “presupuestos procesales para la detención preventiva, con fines de extradición del reclamado Tony Janzen Valverde Victoriano”. En este sentido, valoraron que Pequeño J “podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se tiene instaurando y que le sigue la República de Argentina”.

“Se ordena el internamiento en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete por el plazo de los 9 meses descrito ya con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiempo en el cual el Estado o el país requiriente, en este caso la República de Argentina, deberá alcanzar por la vía diplomática todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva”, dijo el juez en su resolución.

Asimismo, especificó que esta detención preventiva empezará a computarse a partir de la aprehensión de Pequeño J, el 30 de septiembre. El abogado de Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, adelantó que apelará la resolución.

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición), cosa que enfríe las cosas y se puedan llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “Se han presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

Fuente: Infobae

Un viernes como hoy, pero dos semanas atrás, tres jóvenes de La Matanza salieron de sus casas sin saber que ya no volverían. A partir de ese momento comenzó una de las búsquedas más intensas de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, que terminó de la peor manera y reveló una trama narco y el triple crimen que se cometió con una brutalidad extrema, poco veces vista en nuestro país.

Era de noche en La Tablada -alrededor de las 21.30- cuando Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y su prima Morena Verdi, ambas de 20, subieron a una Chevrolet Tracker blanca en la esquina de Crovara y Lino Lagos. Iban a una supuesta fiesta. Todo era un engaño.

Los investigadores siguieron el camino de la camioneta hasta que llegaron a Florencio Varela. (Foto: TN)

En la madrugada del sábado 20 las familias denunciaron la desaparición. Ninguna de las chicas había regresado a dormir. La Justicia activó las primeras medidas para dar con su paradero, como la intervención de líneas, el rastreo de antenas para localizar sus celulares y el pedido de cámaras de seguridad.

En medio de la búsqueda, las historias de Instagram de Morena daban cuenta de que esa noche había estado con Lara. Así lo dejó ver en una foto que publicó a las 23 de ese viernes. La joven mostró dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, suyo, y otro de “Luigi”, el personaje de “Mario Bros”, que pertenecía a su amiga.

La última historia de Morena Verdi, tomada desde el auto en el que viajaban las víctimas. (Foto: gentileza C5N)

Ese posteo se convirtió en el último rastro digital de Morena. Después de subir la historia, el contacto con el exterior se fue apagando. Los familiares intentaron comunicarse con ella cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes ya no llegaban.

El seguimiento marcó un dato clave. La última señal de los celulares se registró en Florencio Varela, a unos 30 kilómetros de donde vivían. Poco después, en esa misma zona apareció la camioneta blanca con la patente adulterada. Estaba completamente incendiada, una señal clara de que se intentaba borrar huellas.

Cinco días después de aquella noche, el miércoles 24, la búsqueda terminó de la peor manera. En una casa del barrio Villa Vatteone, en la esquina de Río Jáchal y Chañar, los investigadores encontraron un pozo cubierto con mantas, piedras y cemento. Allí estaban enterrados los cuerpos de Lara, Brenda y Morena.

El crimen se produjo en una casa de Florencio Varela. (Foto: captura de TN)

Los informes forenses determinaron que las jóvenes fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado. Las autopsias revelaron un nivel de violencia inusual: fracturas de cráneo, puñaladas, cortes profundos, lesiones post mortem, un intento de incineración parcial y luxación cervical.

Los peritos concluyeron que hubo torturas previas a la muerte y todo habría sido transmitido en vivo en una red social, para un grupo cerrado. Ese dato reforzó la hipótesis de que se trató de un ajuste narco “aleccionador” y no de un ataque aislado.

En paralelo al hallazgo de los cuerpos, la policía bonaerense desplegó un operativo inmediato en la casa de Villa Vatteone. Allí fueron detenidas cuatro personas. Una pareja que residía en la casa, identificados como Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27); y Andrés Maximiliano Parra (18) y Iara Daniela Ibarra (19), que estaban en el lugar realizando tareas de limpieza.

Según los investigadores, estas personas eran las encargadas de intentar borrar rastros de sangre y otros indicios de los crímenes, utilizando lavandina y elementos de limpieza que fueron secuestrados como prueba.

Los primeros detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela. (Foto: NA)

La pareja que vive en la casa fue señalada como responsable de proveer el lugar donde se ocultaron los cuerpos. Según el abogado de Guerrero, Daniel Giaquinta, la mujer ocupa ese lugar desde al menos seis años, pero en los últimos meses comenzó una relación con Villanueva Silva, de nacionalidad peruana. “Él se adueñó de la propiedad”, aseguró el letrado.

De acuerdo a lo que pudo consultar con su clienta, el hombre sería el vínculo directo con los líderes de la banda narco. “El día de la desaparición a Guerrero le pidieron la casa: le dieron mil dólares y le dijeron que se la alquilaban. A esta gente no le pueden decir que no y tampoco preguntar para qué, pero ella jamás imaginó este escenario”, confió Giaquinta.

También contó que Guerrero “sufre problemas de consumo desde hace al menos dos años”, y que se vio manipulada por Villanueva Silva. “La manejaba a su antojo, porque era él el que le habría provisto la droga en el último tiempo”, dijo. Además, adelantó que Guerrero va a hablar cuando las garantías estén dadas. “Hoy está presa y a resguardo porque entendemos que está en peligro. Pero cuando pueda va a declarar y contar todo lo que sabe”, sostuvo su abogado.

“Ella no estaba cuando las mataron, no vio nada y no sabía lo que estaba pasando en su casa. Cuando llegó se encontró con todo esto y dio aviso a su mamá. No sabía qué hacer”, dijo, siempre siguiendo la versión de Guerrero.

Por su parte, los hombres que ayudaban en la limpieza fueron imputados por encubrimiento agravado, ya que -según la investigación- habrían colaborado activamente en la manipulación de los cadáveres y en el intento de eliminar evidencias. Pero la casa era un desastre y había manchas de sangre por todos lados.

La policía encontró tres cuerpos en una casa de Florencio Varela. (Foto: captura TN)

Ariel Giménez, uno de los nombres clave en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, fue el sexto detenido en la causa. Tras varios allanamientos sin resultados en su casa, el hombre de 29 años se contactó espontáneamente con la Policía para entregarse y brindar su versión sobre los hechos.

Giménez explicó que fue contactado por unos conocidos para alquilar un equipo de música con la excusa de organizar una fiesta en la casa de Chañar y Río Jáchal, y que luego recibió 30 mil pesos y drogas a cambio de su colaboración.

De acuerdo a su relato, al día siguiente fue nuevamente convocado por las mismas personas para trasladar y rellenar un pozo en el patio trasero de la propiedad, sin saber inicialmente de qué se trataba. Por realizar el trabajo con pala y pico, recibió un pago adicional de 45 mil pesos y herramientas que luego vendió.

Tras declarar ante la Policía, la Justicia ordenó su detención por encubrimiento agravado. Durante su traslado para indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, Giménez se negó a declarar, por lo que la información que había dado a la Policía no tiene validez judicial hasta que la ratifique formalmente.

Ariel Giménez es el sexto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. Habría sido contratado para cavar el pozo donde enterraron a las víctimas. (Foto: Policía bonaerense)

Con el avance de la investigación, surgieron nuevos arrestos vinculados a la logística del crimen, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, ciudadano boliviano, detenido en Villazón. Según la fiscalía, condujo uno de los autos de apoyo que trasladó a las víctimas hacia Florencio Varela, y habría participado en la planificación del movimiento de los cuerpos.

También fue detenida su sobrina, Florencia Ibáñez, quien viajaba en el auto manejado por su tío la noche de los asesinatos. La acusación formal contra ella se centra en su presunta colaboración con la fuga y el ocultamiento de Sotacuro.

Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez. (Foto: TN)

Después cayó Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, quien fue capturado en Lima, Perú, el lunes 30 de septiembre, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Justicia argentina.

Ozorio fue señalado como el coordinador de operaciones de la banda, supervisando a los cómplices y controlando la logística del traslado y ocultamiento de las víctimas. Su detención fue clave para confirmar la identidad del presunto autor intelectual del triple homicidio.

Ozorio fue trasladado a la Argentina en avión. (Foto: REUTERS/Gerardo Marin)

Ayer, un avión de la Fuerza Aérea Argentina, con agentes de la DDI de la bonaerense y la Policía Federal, lo trajo al país y quedó a disposición de la Justicia. Este viernes, Ozorio será indagado por el fiscal Arribas.

Días después del crimen comenzaron a circular rumores sobre un joven de apenas 20 años que habría planificado la masacre. Se trataba de Tony Janzen Valverde Victoriano, nacido en Perú y conocido como “Pequeño J”, integrante de una nueva generación de narcotraficantes que opera en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ese momento solo se conocía su nombre. Su cara no figuraba en ningún registro oficial y no tenía antecedentes en comisarías argentinas. Sin embargo, días más tarde, la investigación logró dar con la primera imagen de su rostro, extraída de su pasaporte, la cual fue mejorada mediante inteligencia artificial.

"Pequeño J", el principal sospecho del triple crimen de Florencio Varela.

El operativo internacional que terminó con su detención fue televisado en simultáneo en distintos países por lo insólito de su intento de fuga. Según se pudo reconstruir, “Pequeño J” emprendió una huida contrarreloj que lo llevó desde Argentina a Bolivia y finalmente a Perú, pero dejó varios cabos sueltos.

Durante su escape mantuvo activa su línea de celular, lo que permitió a las autoridades rastrear su ubicación. Según fuentes oficiales, el uso continuo de su número -sin cambiar el chip- facilitó su localización, una estrategia bastante rudimentaria para un narcotraficante de su perfil, o lo que se pensaba que era.

"Pequeño J" está detenido en Perú; en los próximos días sería extraditado para ser juzgado en Argentina. (Foto: AP)

La captura se produjo cuando “Pequeño J” intentaba llegar a su ciudad natal en Perú. Estaba oculto en el interior de un camión de pescados que circulaba por la Carretera Panamericana Sur, una vía clave que conecta Lima con el sur del país.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, con colaboración de la Policía bonaerense y de Interpol. La detención se facilitó por un corte de ruta realizado por pescadores de la zona. Fue entonces que las fuerzas de seguridad interceptaron el camión y lo llevaron esposado.

“Pequeño J” es hijo de un exlíder criminal peruano asesinado, lo que lo vincula a una familia con antecedentes en el narcotráfico. Se estima que llegó a Argentina en 2020 y estableció operaciones en el Conurbano bonaerense, particularmente en barrios como Villa Zavaleta y 21-24, en la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de la investigación y el secreto de sumario decretado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, surgió una hipótesis planteada por la defensa de Sotacuro e Ibáñez. Según el abogado Guillermo Endi, Lara Gutiérrez y su novio habrían robado 400 kilos de droga de una casa vinculada a la banda de narcotraficantes vinculados a “Pequeño J”. El crimen habría sido una represalia.

Lara Guitierrez habría sido el blanco principal del ensañamiento de los criminales. (Foto: AP / Gustavo Garello)

La fiscalía, en cambio, sigue sosteniendo que las jóvenes fueron víctimas de un homicidio vinculado a redes de narcotráfico que operan en Argentina, Perú y Bolivia, sin evidencias -hasta el momento- que confirmen la versión del robo que introdujo Endi en las últimas horas.

Por su parte, la defensa de Lara Gutiérrez, representada por Gonzalo Fuenzalida, negó categóricamente cualquier vínculo de la menor de 15 años con la banda o con el supuesto robo.

El triple crimen de Florencio Varela generó un estallido social inmediato. Desde el hallazgo de los cuerpos, vecinos, familiares y organizaciones feministas comenzaron a concentrarse en plazas de la localidad para exigir Justicia.

Se realizaron marchas y movilizaciones que recorrieron no solo las calles principales de Varela, sino que las convocatorias también se replicaron en distintos puntos del país, hasta donde llegaron cientos de personas con carteles reclamando que los responsables sean condenados y que se esclarezca el móvil del asesinato.

Se hicieron marchas que se replicaron en todo el país. (Foto: REUTERS / Cristina Sille)

Al mismo tiempo, el caso despertó debates y desentendimientos. Mientras muchos sostienen que se trata de un triple femicidio, otros plantean que podría estar vinculado exclusivamente al narcotráfico.

Esto generó tensiones entre distintos sectores de la sociedad y entre familiares de las víctimas. Aun así, la consigna que se repitió en todas las concentraciones fue clara: “Justicia para Lara, Brenda y Morena”, un pedido que se unificó en todo el país.

Fuente: TN

El Gobierno coordina el traslado a la Argentina de Matías Ozorio, el narco detenido por el triple crimen de Florencio Varela e identificado como la mano derecha de “Pequeño J”.

Ozorio ya fue expulsado de Perú y llegará al país en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ahora solo resta que vayan a buscarlo.

Una vez que pise suelo argentino, será puesto a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Interpol y la Policía de la provincia de Buenos Aires participan del operativo. En tanto, “Pequeño J” tiene que ser sometido a un juicio de extradición y podría tardar hasta dos meses en ser trasladado a la Argentina.

Este martes, “Pequeño J” fue encontrado escondido dentro de un camión en Perú. Las autoridades lograron capturarlo mientras circulaba por el kilómetro 70 de la ciudad de Pucusana, ubicada al sur de Lima.

Según indicaron, los investigadores ya tenían bajo custodia a su mano derecha, Matías Ozorio, detenido en la mañana de ese mismo día. Fue a partir de la intervención de su celular que supieron que esa noche, cerca de las 22, planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.

La información fue reservada durante todo el día para poder concretar el operativo. Finalmente, agentes de la Policía bonaerense y de la Policía Nacional de Perú (PNP) coordinaron un seguimiento, que incluyó controles en la ruta y vigilancias en puntos estratégicos.

El despliegue concluyó con éxito en horas de la noche: "Pequeño J” fue arrestado en plena calle, tras un operativo en la ruta que se diseñó precisamente para interceptarlo en el momento en que tenía pensado encontrarse con Ozorio.

"Me echaron la culpa, nada más. Yo no maté a nadie“, expresó el narco al ser consultado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri. ”Hay que encontrar al culpable. Yo no tuve nada que ver“, amplió.

“El móvil del asesinato de las tres chicas ha sido el robo de tres kilos de cocaína”, expresó en conferencia de prensa el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Loayza.

Fuente: TN

La Policía Nacional del Perú detuvo en las últimas horas a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

El operativo, realizado en la ciudad de Pucusana, se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense y permitió interceptar al prófugo cuando se ocultaba en la parte trasera de un camión en la Panamericana Sur. Junto a él fue detenido también Martín Ozorio, considerado su mano derecha.

En diálogo con la prensa peruana, Valverde Victoriano negó las acusaciones: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, declaró durante su traslado a la Dirección Antidrogas.

La investigación reveló que el sospechoso había cruzado de forma ilegal desde Bolivia hacia Perú, alternando teléfonos y chips para dificultar su rastreo. Finalmente, la labor conjunta de inteligencia permitió dar con su paradero.

El teniente general Zenón Loayza, de la Policía Nacional del Perú, confirmó que el detenido quedará bajo custodia mientras se tramita su extradición a la Argentina, donde lo espera un proceso judicial por el caso que sacudió a la provincia de Buenos Aires y puso en evidencia los vínculos del narcotráfico con organizaciones criminales transnacionales.

Fuente: Infobae

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de obras de pavimentación e infraestructura urbana en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Andrés Watson. Además, con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

En ese marco, el mandatario bonaerense afirmó: “Si en la Provincia utilizáramos la lógica absurda de la motosierra y el ajuste, nunca se hubieran concretado estas obras de pavimentación e iluminación que necesitaban los vecinos de Florencio Varela. No podemos esperar a ver si algún día las hace el mercado. Aquí las grandes obras de infraestructura, las que transforman el día a día de la gente, las hace el Estado o no las hace nadie”.

“Como la política económica del Gobierno nacional fracasó, ahora están pidiendo a los gritos un préstamo a los Estados Unidos. Los bonaerenses ya comprendimos que nada de eso va a utilizarse para construir rutas, hospitales y escuelas”, sostuvo y remarcó que “el presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo” y que "cada decisión que toma es un golpe más a los sectores vulnerables y a la clase media que sufre porque no llega a fin de mes”.

A partir de una inversión de $5.517 millones, las obras incluyeron la pavimentación de 18 cuadras, trabajos de hidráulica con construcción de sumideros para optimizar el escurrimiento del agua y la instalación de luminarias LED.

"La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad en nuestro Municipio. Le agradecemos al Gobierno bonaerense que incansablemente trabaja por nuestros vecinos y vecinas”, indicó Watson.

En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del partido. Al respecto, Mena expresó: “A pesar de este contexto tan adverso, cuando se trata de garantizar derechos y de acercar soluciones, la Provincia está presente. Vamos a seguir gestionando las escrituras de manera gratuita para las y los bonaerenses que tanto las esperan”.

Por su parte, Palazzo sostuvo: “Estas políticas se pueden realizar porque, a diferencia del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires hay un Estado presente que se preocupa por mejorar la vida de los bonaerenses. Es nuestro compromiso ampliar los derechos y reducir las desigualdades”.

Por último, Kicillof dijo que “a pesar de que las urnas sonaron fuerte en septiembre, Javier Milei no las escuchó”, al mismo tiempo que sostuvo que "en octubre tenemos una nueva oportunidad si acompañamos a la lista de Fuerza Patria, que está conformada por candidatos que defienden los intereses de la Provincia y están convencidos de que el camino para un futuro mejor es con la ampliación de derechos y la justicia social”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el director ejecutivo de Asistencia Técnico Legislativa, Pablo Barbuto; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva municipal, Macarena Kunkel; el presidente del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, Diego Lemme; y las dirigentas Fernanda Miño y Silvia Saravia.

Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez, serán indagados este martes en la causa por el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela en el que se encuentran detenidos.

El fiscal Adrián Arribas les tomará declaración a los dos acusados que tiene la causa. Sotacuro es señalado como el conductor de la camioneta blanca que trasladó a las víctimas y luego fue hallada incinerada, mientras que Ibáñez como quien aparece sentada del lado del acompañante en un auto de apoyo.

Se espera que en el transcurso de la mañana ambos sean trasladados hasta la fiscalía de San Justo. En un principio se sospechó que Sotacuro iba a participar de la audiencia por videollamada desde la cárcel de Sierra Chica, pero se informó que el fiscal solicitó que esté de manera presencial.

En la jornada del lunes fue el turno de Ariel Giménez, el detenido en Florencio Varela acusado de cavar el pozo donde hallaron a las chicas y, como los otros imputados, se negó a declarar.

Fuente: NA

Florencia Sotacuro, sobrina de Víctor, uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, fue aprehendida a la salida del Canal América por haber sido registrada dentro del auto de su familiar, según explicó su abogado.

La detención ocurrió hoy pocos minutos antes de las 16, cuando agentes de la policía de la Ciudad se hicieron presentes en la puerta del canal América, donde la chica había ido para dar una entrevista. "Estaba dentro del auto", le dijo a la prensa Guillermo Endi, abogado de la mujer, que dio explicaciones luego de que a su clienta la detuvieran.

"Mañana Arribas (el fiscal) le va a tomar declaración, que la pedimos nosotros", añadió su apoderado, y reiteró: "Está adentro de un Fox que está a nombre del tío, que está detenido. Si yo hubiera sido fiscal, hubiese hecho lo mismo", señaló.

La Policía de la Provincia había pedido colaboración de la Policía de la Ciudad para la captura de Florencia, quien luego fue trasladada a la DDI de La Matanza.En declaraciones a la prensa, Endi dijo que llevarla a un medio de comunicación para que brinde una entrevista fue para "salvarle la vida".

"Nosotros vinimos a los medios para salvarle la vida. Esto sabíamos que podía llegar a ocurrir desde el momento que ella está adentro de un auto y así se lo hicimos saber al fiscal", añadió.

Al ser consultado sobre el por qué de la detención, el abogado de la sobrina del acusado de dar apoyo a la camioneta en la que se llevaron a las tres jóvenes explicó: "Se la llevan detenida porque estaba dentro del auto. Esto siempre estuvo dentro de las posibilidades. Va a entregar el auto, el teléfono, todo. Ya le presentamos todo al fiscal".

Además, manifestó que su clienta "es inocente" y que ahora, detenida, "está mejor". "Así es mejor, no tenía adónde ir. Está amenazada", indicó. Al profundizar sobre ese punto, aseguró que recibió intimidaciones vía Facebook y que le presentó las capturas a la Justicia.

"Hay foto de ella en el auto y por eso hicimos todo lo que hicimos", agregó sobre las imágenes difundidas en las que se la vio en el auto. Según el abogado, Ibarra se fue a presentar este lunes a la mañana "a derecho a la fiscalía".

"El fiscal Arribas estaba con Giménez, que fue a declarar, y no nos pudo atender. Me llamó la secretaria, le dije que veníamos a dar una nota por la vida de ella", insistió y concluyó: "Primero era preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes".

El quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacuro, ya se encuentra en traslado hacia Buenos Aires luego de ser arrestado en Bolivia. 

El hombre, de 41 años y nacionalidad peruana, es señalado como quien conducía la camioneta blanca en la que viajaban las víctimas al momento del hecho.

Sotacuro fue localizado el viernes en un hostal de la ciudad boliviana de Villazón, tras haber cruzado la frontera desde Jujuy en un intento de fuga. Desde entonces permaneció alojado en el penal de máxima seguridad de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, hasta que este domingo comenzó el operativo de extradición hacia la Capital.

Según fuentes oficiales, el acusado voló en primera instancia desde Jujuy hacia Córdoba para reabastecimiento de combustible, y desde allí fue trasladado en la misma aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será puesto a disposición de la Justicia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se encuentra en marcha el proceso judicial para que Sotacuro responda por su presunta participación en el triple homicidio, un caso que mantiene en vilo a Florencio Varela y que ya suma seis detenidos, mientras continúa la búsqueda de “Pequeño J”, señalado como uno de los líderes del hecho.

Fuente: TN

En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría dispuesto la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen. Por ello, la Interpol emitió una alerta roja para dar con el apuntado y a partir de ahora todas las fuerzas de seguridad del mundo están al tanto.

En cuanto a la investigación, después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la detención de cuatro sospechosos, se avanza en esclarecer los roles de las personas que participaron en los asesinatos o que estuvieron vinculadas de alguna forma.

Lo que se descubrió hasta el momento es que “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela -que ya están detenidos junto a otra pareja- que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

Por otro lado, ayer hubo un allanamiento del búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja.

La hipótesis del fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes y sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

Son dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado. Fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

La primera detención ocurrió en la casa de Florencia Varela, donde la policía encontró los cuerpos. Allí, Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva, quienes serían los dueños de la propiedad, fueron detenidos en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Los cuatro están imputados por homicidio agravado y están alojados en el penal de Melchor Romero, donde permanecerán bajo prisión preventiva.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el triple crimen en Florencio Varela: “Publicó un comunicado aberrante para deslindarse del caso de las chicas asesinadas”.

Se debe a que el dirigente peronista atribuyó el triple femicidio a “un grupo narco internacional con base operativa en CABA”.  Al mismo tiempo, en su mensaje de la red social X, expresó: “Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”.

Y completó: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune".

Por ello, Bullrich cuestionó: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni le voy a echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información mas que la posibilidad que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de Buenos Aires".

Asimismo, en declaraciones a Radio Mitre, Bullrich sostuvo que los presuntos asesinos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez “pueden estar en CABA como puede haber ramificaciones en Provincia, porque todavía la información que hay es muy poca".

En ese sentido, indicó que “empezar a deslindarse y decir ‘no tenemos nada que ver’ me parece una falta de responsabilidad", y añadió que colaborarán con la Provincia y que se comunicó con su par bonaerense, Javier Alonso. "En estos casos, la política afuera", remarcó.