La flota fresquera atraviesa una situación “muy complicada”, según reconoció el secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) en Mar del Plata, Daniel Flores, con relación a múltiples factores que tensionan al sector, pero especialmente al impacto que podría tener la reasignación de cupos en el marco del Consejo Federal Pesquero.

En diálogo con El Marplatense, el gremialista explicó que “estamos trabajando el tema de los cupos, esos cupos de fresqueros que obviamente se están tratando en el Consejo Federal Pesquero para dárselo a los congeladores, el cupo que no se utiliza por 15 años, y eso condiciona mucho la temporada de los barcos marplatenses en nación”.

Flores también señaló que a este contexto se suma un nuevo conflicto salarial dentro de la actividad. Indicó que “uno de los gremios portuarios recibió un ajuste del 26%”, y remarcó que ese incremento genera un efecto inmediato sobre las demandas del resto de los trabajadores. En esa línea, afirmó: “Si se lo pueden dar a estos gremios, nosotros también queremos para todos los barcos fresqueros ese ajuste”.

El dirigente sindical justificó el reclamo al subrayar el rol de la flota en la cadena productiva: “Somos los que justamente entregamos la materia prima para que se trabaje”. Además, advirtió que esta situación modifica las condiciones económicas con las que venían operando al asegurar que “hay un ajuste que se ha implementado y que queremos trasladarlo también a nosotros”.

Por último, Flores reconoció la falta de avances en la negociación con el sector empresario y dejó abierta la posibilidad de medidas. “Si para mañana no hay definiciones, vamos a avanzar con las medidas habíamos hablado”, aseguró.

Representantes de la flota fresquera y de plantas de procesamiento advirtieron sobre una crisis “sin precedentes” en el sector y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte aumento de costos y tensiones operativas que afectan a la actividad en distintos puertos del país.

A través de un comunicado, los actores del sector señalaron que la situación podría volverse “terminal” y convocaron a las cámaras empresarias y armadores independientes a trabajar de manera conjunta en la elaboración de propuestas que permitan afrontar el escenario actual. “Sólo unidos lograremos afrontar estos desafíos”, expresaron.

Entre los principales pedidos, solicitaron audiencias “al máximo nivel” con el presidente de la Nación o el ministro de Economía, así como un encuentro con el Consejo Federal Pesquero para abordar la problemática de manera integral.

También manifestaron su apoyo a la flota costera, parte de la cual se encuentra paralizada debido al aumento del combustible y a lo que calificaron como una “absurda pretensión” de incorporar un segundo patrón en embarcaciones menores.

En materia regulatoria, exigieron “transparencia y cumplimiento de la letra y el espíritu de la Ley de Pesca”, y rechazaron cualquier modificación que no haya sido debatida abiertamente o que implique mayores costos para la actividad. En ese sentido, cuestionaron posibles sanciones que consideraron “extemporáneas y absurdas”.

Asimismo, instaron a los gremios a contemplar la gravedad de la situación y a negociar nuevos acuerdos, al considerar que resulta inviable un incremento del costo laboral en el actual contexto.

En un planteo que abarca tanto al puerto de Mar del Plata como a otras terminales del país donde opera la flota fresquera, reclamaron responsabilidad a los proveedores de insumos y servicios de toda la cadena pesquera, al advertir que la actividad “no resiste más quebrantos” y que no es posible continuar absorbiendo aumentos de costos.

Raúl “Tato” Cereseto, empresario y especialista en pesca, analizó la fuerte caída del precio internacional del langostino, los altos costos internos y el conflicto entre las flotas fresquera y congeladora. Advirtió que la falta de medidas podría agravar el deterioro del sector.

“El langostino representa aproximadamente el 60% de las exportaciones pesqueras del país, así que imaginate la importancia que tiene dentro del octavo complejo exportador de Argentina”, introdujo Raúl “Tato” Cereseto, contador público, empresario del sector e integrante de la Cámara de la Flota Amarilla.

Actualmente, según explicó en diálogo con Los datos del día (Radio Mitre Mar del Plata), el sector enfrenta un conflicto entre la flota congeladora -que procesa el pescado a bordo- y la fresquera -que encajona el producto y lo lleva a tierra-. “El negocio está roto, eso está fuera de discusión. Y desde hace dos años hay un nivel de agresión entre las partes que se expresa incluso en redes sociales”, planteó.

Para el especialista, las causas son múltiples, pero el punto de quiebre fue la caída del precio internacional: “El langostino perdió mercado, sobre todo frente al Vannamei, un camarón de criadero que compite con el salvaje. Esto debilitó el interés de los mercados por nuestros productos”.

“El precio internacional del langostino cayó un 40% en los últimos tres años y más del 100% en la última década. Mientras tanto, los costos subieron más del 120% por inflación. Esa brecha, entre precios que bajan y costos que suben, se llama pérdida de competitividad, y hoy supera el 100%. Cuando tus costos van en pesos, tu venta en dólares y el precio se desploma, tenés un flor de problema estructural”, sintetizó.

A eso se le suma, indicó, un “contexto internacional adverso, una matriz fiscal no competitiva por la presión impositiva y una estructura de costos absolutamente desnaturalizada”.

Respecto a la coyuntura política, tras varias reuniones en la Secretaría de Trabajo, Cereseto recordó el cambio de postura oficial: “Pasamos de un discurso donde nos acusaban de ‘pescar gratis’, a otro donde buscan cómo generar alivios fiscales. Es una brecha discursiva enorme en menos de un año. Alguien se estaba equivocando, y todo indica que no éramos nosotros”.

Si bien reconoció que la parte salarial es clave, pidió revisar toda la estructura de costos de la industria: “No alcanza con discutir lo gremial: hay que revisar el modelo completo”.

El experto en acuicultura también puso el foco en la dimensión social del conflicto: “El langostino genera entre 1200 y 3000 millones de dólares anuales en exportaciones, representa el 60% de la actividad pesquera y da empleo a más de 40.000 personas. Cuando esta industria se frena, se estancan las economías regionales de las provincias con litoral marítimo”.

Por último, sostuvo que el Estado debe involucrarse de manera integral: “Tiene que ordenar la actividad, no sólo desde lo fiscal o gremial, sino también desde lo productivo y biológico. La pesca es una de las actividades más federales y generadoras de empleo en zonas sin otras industrias. Si no se toman decisiones estructurales, lo que hoy parece una disputa entre flotas va a convertirse en una crisis regional”.

CAPEAR ALFA emitió un comunicado en el que asegura que el precio de la materia prima cayó en un 20% debido a la falta de ventas al exterior y criticó el límite de operación de 72 horas contadas entre el inicio efectivo de las operaciones de pesca y su arribo a puerto.

"Se desploman las expectativas de los armadores ya que, ante la falta de ventas al exterior, cae el precio de la materia prima un 20% con respecto a años anteriores. Si a ello le agregamos la pretensión de algunos gremios de obtener aumentos en sus paritarias del 26% (por encima del dólar 2023), la consecuencia obvia es que muchos buques no irán a la zafra", expresa el principio del comunicado.

Zafra de langostino: la receta de un fracaso anunciado 🦐🦐🦐Se desploman las expectativas de los armadores ya que, ante la falta de ventas al exterior, cae el precio de la materia prima un 20% con respecto a años anteriores.Si a ello le agregamos la pretensión de algunos… pic.twitter.com/CE1dn2HCH2

En este sentido, aclararon que se trata de una industria que “depende de los precios internacionales”, por lo que consideraron que “no tiene ninguna lógica pretender aumentos que están por encima del aumento en el tipo de cambio”. Entonces, señalaron que incluso la logística en los puertos de Chubut “aumentó excesivamente por encima del dólar, en especial la estiba”.

Pero además, añadieron que a este marco “desalentador” se le suma la imposición por parte del Estado de poner un límite de 72 horas a cada marea de pesca, “con el débil argumento de que así es como se protege la calidad de los productos”.

Y como consecuencia de este medida, aseguraron que no logran completar tres días de capturas, lo que “fulmina el negocio para los armadores y sus empresas al restringir fuertemente el ingreso de materias primas”. Para la cámara pesquera, es “un ejemplo más de la presión del Estado sobre la industria, una interacción que le quita competitividad al negocio generando sobrecostos innecesarios, que solo sirven para alimentar una inflación burocrática”.

Debido a que la seccional Mar del Plata del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) decidió demorar la salida de buques del puerto hasta el martes que viene a las 17, la Flota Fresquera local expresó en un comunicado su “enérgico repudio hacia esta huelga encubierta que dejó a los armadores pesqueros, la cadena productiva y los marineros como rehenes de esta situación ilegal”.

“El SOMU, en discordancia con sus pares, pretende mayores actualizaciones en paritarias. Con este objetivo, han paralizado a toda la cadena productiva adoptando una actitud extorsiva, postergando sus compromisos y demorando de manera injustificada las zarpadas durante cuatro días”, señalaron en un comunicado desde la Flota Fresquera.

A su vez, advirtieron que se firmaron paritarias con “todos los gremios”, pero que el SOMU decidió realizar una “demora extorsiva” desde ayer hasta el próximo martes, “con la excusa de que ese día realizarán una asamblea”.

Entonces, indicaron: “Esta demora detiene toda la actividad productiva al afectar el aprovisionamiento de materia prima en todas las fábricas. No se comprende que existan criterios tan opuestos entre dos gremios de marineros. Lejos de la actitud demostrada por el SIMAPE, el SOMU toma de rehen a toda la cadena productiva para conseguir sus objetivos”.

En ese sentido, recordaron que el kilo de merluza fresca en la banquina “se mantiene en $650 desde enero”, al igual que con los demás productos obtenidos en marea, y que “se lograron acuerdos en todas las demás paritarias, exceptuando solamente al SOMU”.

“Esta conducta irresponsable no sólo afecta gravemente a la actividad pesquera en nuestra región, sino que también genera pérdidas económicas significativas para todos  los involucrados. Es imperativo destacar que las demandas desmedidas e injustificadas del SOMU obstaculizan el desarrollo y la estabilidad de un sector fundamental para nuestra economía”, manifestaron en el texto oficial.

Y si bien aclararon que “reconocen el derecho y la obligación de los sindicatos para proteger los intereses de los trabajadores”, remarcaron que deben ejercer los derechos “dentro de los límites legales y respetando los acuerdos laborales que se encuentran vigentes”. En esa línea, instaron al gremio a “reconsiderar su posición y poner fin a esta huelga encubierta que perjudica a la industria pesquera y a los trabajadores”.

“Es hora de priorizar el diálogo y el cumplimiento de acuerdos para garantizar un ambiente laboral justo y productivo para todos los actores involucrados. Interrumpir el trabajo de esta manera injustificada, demorando la zarpada de los buques por al menos cuatro días, se encuentra al límite de lo que podría considerarse una huelga ilegal. Es, sin lugar a dudas, una práctica antiproductiva que afecta a terceros, tanto a empresas como a los propios trabajadores. Cada día de demora genera no sólo en las empresas, sino en cada uno de los trabajadores embarcados, de planta y producción, cuantiosas pérdidas”, sintetizaron.

ESTE PARO ENCUBIERTO DEL SOMU DE CUATRO DÍAS AFECTARÁ A TODA LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA DURANTE AL MENOS 15 DÍAS¿Querés saber cómo? Abrimos hilo 👇@somumardelplata @damianbasaill@JMilei @LuisCaputoAR @vilellafer @atejedar @NicoBronzo @Belisariocast69 @ljsarquis @UrrizaLuis… pic.twitter.com/efuekYQgIx

En última instancia, destacaron que la industria “vive y depende de la producción”, por lo que consideraron que el SOMU “no sólo no está en concordancia con sus pares, sino que claramente está en contra de los trabajadores”.