El fondo Bainbridge presentó un nuevo reclamo ante la justicia de Estados Unidos para cobrar una sentencia de US$95 millones contra Argentina, derivada de bonos impagos del default de 2001. La solicitud, dirigida a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, busca que el Estado argentino transfiera acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de pago.

En el escrito, firmado por el abogado Anthony J. Costantini del estudio Duane Morris LLP, Bainbridge señala que, pese a obtener una sentencia firme en diciembre de 2020 por US$95.424.899,38, “el monto permanece completamente impago hasta la fecha”. Ante esta situación, el fondo solicitó a Preska autorizar la entrega de los intereses de propiedad del Estado en dichas empresas estatales. La propuesta incluye tres pasos: la entrega de las acciones por parte de Argentina, su depósito en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York y la transferencia de titularidad al fondo o a quien este designe.

Bainbridge, que no aceptó los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005, 2010 y 2016, ha buscado ejecutar la sentencia a través de distintos mecanismos de embargo, con resultados dispares. En 2023, intentó quedarse con parte de las reservas del Banco Central, pero Preska rechazó el planteo y el fondo no apeló. Más recientemente, junto con Burford Capital, solicitó acciones de YPF, aunque la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden y aún evalúa su validez.

El reclamo actual enfrenta obstáculos legales, ya que, según el ex procurador Sebastián Soler, no existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras. En el caso YPF, el gobierno de Donald Trump respaldó a Argentina, destacando los riesgos para la inmunidad soberana. De avanzar la orden, Argentina podría apelar y solicitar su suspensión, como ocurrió en casos previos.

Por otro lado, Argentina acumula reveses en los tribunales neoyorquinos. Esta semana, Preska rechazó un planteo de la defensa argentina en el litigio por YPF, donde se buscaba limitar el acceso de los fondos a información sobre activos estatales. La jueza desestimó el argumento, afirmando que no había nuevos elementos para reconsiderar decisiones previas.

Fuente: con información de TN

La Corte Suprema de los Estados Unidos dará a conocer en forma inminente un fallo sobre la expropiación de YPF durante la época del kirchnerismo. En el caso de recibir una sentencia adversa, el juicio de fondo por un monto estimado en unos 3.000 millones de dólares comenzaría en un tribunal inferior estadounidense y podría iniciarse la apertura de un proceso de Discovery, o sea la presentación de pruebas en la que el Gobierno podría intentar demostrar que hubo corrupción en la venta de acciones de la petrolera.

La Corte debería publicar hoy lunes el fallo del caso, pero dado el volumen de expedientes también podría hacerlo el viernes, el próximo día de reunión del tribunal. Lo que debe decidir no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno. La estrategia oficial es llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

El tema ya había recibido dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense que debe resolver entre tres opciones: si acepta tratar la apelación, si la rechaza o si pide la opinión de un “solicitor”, que en este caso sería la administración de Estados Unidos.

Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales. Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

La opción que parece más probable, según las fuentes consultadas por Clarín, es que la Argentina reciba estos días un rechazo del Tribunal, aunque ven con esperanzas de que puedan llegar a conseguir que la administración estadounidense plantee su opinión. Igualmente, el Gobierno está evaluando varias estrategias para un posible revés.