El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de la VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso. Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

La Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que a su vez deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio.

El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones. También se llevó adelante una orden de presentación sobre la casa de estudios, de la que se obtuvieron varias cajas con papeles.

La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la universidad se lo giraba a las empresas Secutrans y Transito Seguro. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa, sin intermediarios.

La primera de las firmas tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. De hecho este último suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por presuntas inconsistencias en los convenios heredados con universidades públicas; una de estas, la de San Martín.

Foto: fotomultas Córdoba.

“Lo que señala el denunciante es que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas”, dijo una fuente judicial.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

En diálogo con TN, desde Secutrans afirmaron que la compañía “no tiene ningún convenio con la Universidad Nacional de San Martín”. Y agregaron: “Los únicos municipios en los que estuvo fue a través de licitación pública y no tuvo contacto con la Universidad”.

A su vez en el entorno de Camani aseguran que Secutrans nunca se allanó y que se realizó el procedimiento sobre otra firma que tiene un nombre similar. “Es imposible que Secutrans haya cobrado plata en negro”, afirman.

Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

-Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios

-Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Estas empresas no son las únicas investigadas. En otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi están en la mira los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA dijeron que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

El caso D‘Onofrio también tiene una pata vinculada al supuesto lavado de dinero. Allí, el juez Alvaro Gonzalez Charvay investiga un supuesto cobro de coimas por parte del exministro y de la exconcejal Claudio Pombo de proveedores de concesiones de la VTV. Una de las firmas en la mira es Franutec S.A.

Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

Fuente: TN

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito, que va de la mano de la suba del precio de la nafta. Y como días atrás descendieron los valores en torno a un 4%, lo que iba a ser un aumento de las multas para el período mayo-junio, terminó siendo un ajuste a la baja un 3,5%.

De esta manera, para el próximo bimestre cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o circular sin VTV puede costar hasta $1.416.000.

La baja quedó oficializada en la Resolución 6/25 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense. De acuerdo a la norma, publicada en el Boletín Oficial, el valor de una UF pasa a ser de $1.416 pesos, pese a que en principio iba a ser de $1.506. Hasta ahora, el valor tomado de referencia para marzo-abril había sido $1.452.

El costo de las infracciones se calcula a partir de la unidad fija, que es un monto establecido en relación al valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en el centro de La Plata.

El bloque del concejales y concejalas del Frente de Todos presentó un proyecto de Ordenanza para que se instale señalización en las cámaras instaladas para realizar fotomultas. "Es imprescindible que haya una señalética y más información de un proyecto que sacaron por decreto", dijo el edil Vito Amalfitano.

El Frente de Todos viene planteando muchas irregularidades en el Expediente que, tras pasar por varias comisiones, salió por decreto del Ejecutivo local, sin el aval del HCD.

#Fotomultas⚠️El Municipio está instalando dispositivos que los vecinos desconocen y muchos no cuentan con cartelería. ?Desde el @BloqueTODOSMDP proponemos señalética adecuada y una campaña de difusión acorde. ⛔️La falta de información va en contra de la #SeguridadVial pic.twitter.com/xADAtx2gUS

— Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) September 13, 2022

"Establecemos que las cámaras deberán contar con una señalización clara, ubicada previamente y a distancia, que sea fácilmente detectable por los conductores. Además, pedimos que en los casos de los dispositivos de velocidad, el cartel deberá indicar no sólo la presencia de cámara sino cuál es el límite de velocidad", sostuvo el Vicepresidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Vito Amalfitano en contacto con El Marplatense.

El edil señaló que "falta información" y es imprescindible "tener señalética adecuada" por lo que pidió que "la ciudadanía necesita tener buena comunicación".

"Todavía no se implementó el sistema y la multa más alta ya aumentó, porque nos enteramos que cuesta $173.000 la suma más alta. Los vecinos no saben cómo serán las velocidades en cada uno de esos lugares, nada", apuntó.

Amalfitano recordó que  a pesar de que el gobierno de Montenegro había anunciado que "había una prueba de 60 días" pero recordó que "no la hubo", por lo que piden "información veraz del sistema".

"Todo esto va en contra de la seguridad vial que tanto pregonan desde esta gestión", advirtió el edil del FDT.

Por Marcelo Marcel

El Expediente de las Fotomultas, puesto en el Orden del día en el deliberativo local, quedó en comisión luego de que no llegaran los informes solicitados al Ejecutivo local.

Así, este lunes, en la comisión de Legislación, la propuesta del intendente Montenegro logró ganar tiempo luego de que el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, acompañara un pedido para que permanezca en comisión a la espera de los escritos solicitados.

Es que en la comisión de seguridad, donde logró dictamen, se pidieron a la subsecretaría de Legal y Técnica, al secretario de Gobierno y a la Contaduría, los informes para poder avanzar.

"Esta presidencia lo que viene haciendo es que cuando no llegan los informes y los plazos no estén vencidos, esperar para poder tratarlos", dijo el presidente de la comisión, Daniel Núñez.

Ante ello, pidió tener presente las fechas Marina Santoro, lo cual no tuvo respuesta concreta. "El Expediente salió de dos comisiones sin tener los pedidos de informes, igualmente estamos dentro de los plazos", dijo.

El concejal Neme pidió tener "autocrítica" en el pedido de los informes que se realizan al Ejecutivo local. "¿Qué es lo que preguntamos?", reflexionó Neme quien adhirió que el Expediente quede en comisión.

Santoro le recordó a Neme, que entre las preguntas realizadas en las notas elevadas, se le consultó a Santiago Bonifatti la cantidad de cámaras colocadas que tiene Mar del Plata actualmente.

"Los cambios que se vengan no nos hará cambiar de opinión a nosotros y no la podemos modificar en absoluto. Por eso si desean dejarlo en comisión, acompañaremos. Pero, insisto, no nos hará cambiar nuestra posición y ya advertimos nuestro voto negativo", sentenció Taccone.

El tema le sirvió a la concejala Mariana Cuesta (en reemplazo de Verónica Lagos) para recordar "las situaciones de desprolijidad y gravedad Institucional que se dieron en el inicio de este Expediente con respecto a una hoja que se quitó del Expediente", dijo.

"No entendemos algunas cosas de esta comisión", remarcó enseguida Marina Santoro. "No sabemos por qué no hubo reunión la semana pasada y desde nuestro bloque insistimos en que había que esperar la llegada de informes y pedimos varias veces que quedara en comisión y fue desoído por el concejal que preside seguridad y tuvo apoyo. Y luego fue votado en Movilidad Urbana, hoy solicitamos los informes y estamos entrando en una provocación y no vamos a tolerar esta falta de respeto", dijo luego y pidió que sea votado.

Ante la moción de Neme, luego, de dejarlo en comisión, Taccone acompañó ese pedido. "Sin intención de debatir, no es positivo que en el devenir de intercambio de ideas, un bloque que viene con la intención de acompañar los pedidos de informes y unas diferencias en las formas de hablar, nos lleven a tener que seguir con diferencias. No está bueno y cuando el debate se encamina a un fin, dejarlo de lado por estas cosas no está bueno", dijo.

En la comisión de Legislación, la posición de AM es clave y posiciona su mirada en ese sentido: de los 9 componentes, un voto negativo del pultismo pone el Expediente en archivo (aunque volvería a Seguridad) aunque en caso de abstenerse, el panorama cambia si se tiene en cuenta que los votos dan 4-4.

EXPEDIENTE MUY POLÉMICO

Se recuerda que este proyecto despertó una y mil críticas desde distintos sectores, no solo de la oposición del deliberativo: la ONG Familiares de víctimas del delito y tránsito exigió transparencia en las decisiones de un paquete que llegó cerrado a su tratamiento.

El concejal Alejandro Carrancio salió al cruce al sostener que "el 75% del producido del convenio de fotomultas no queda en el municipio".

“El intendente Montenegro decidió celebrar un convenio con la Universidad de San Martín para evitar un proceso licitatorio. Pero, pese a ser lícita, es de dudosa transparencia. Al convenir dos entidades públicas se puede contratar directamente. Hacer una licitación hubiera sido lo correcto”, afirmó el edil.

"Hasta el momento no hubo respuestas de parte de lxs concejales de Montenegro a ninguna de las consultas que hicimos sobre el convenio por Fotomultas".#SesiónFotomultas pic.twitter.com/ChhJlNfijs

— Marina Santoro (@MarinaLSantoro) February 7, 2022

El tema, polémico desde el vamos, requirió de una Sesión Extraordinaria, donde -según los dichos de la presidenta del bloque del Frente de Todos- "los concejales de Montenegro no pueden explicar en qué beneficia a los vecinos y vecinas un acuerdo con irregularidades y poca recaudación para Mar del Plata", manifestaron. Para llegar a esa instancia, la oposición de dobló el brazo al oficialismo, tras las desprolijidades que se dieron y que incluyó, dentro de un papelón, el quite de una hoja del Expediente.

Todo el clima enrarecido se dio luego de que El Marplatense publicara una nota bajo el título "El lado B del convenio que firmó Montenegro por las fotomultas" donde se dejaba en claro una diferencia con respecto al anterior, firmado con la CECAITRA y por el cual la Municipalidad de General Pueyrredon tenía mayores beneficios.

Este lunes, la comisión de Legislación del Concejo Deliberante tratará el convenio que rubricó el municipio de General Pueyrredon con la Universidad de San Martín que incluye relevamiento, diagnóstico, capacitación, asesoramiento para la ejecución de políticas en seguridad vial e implementación del sistema de fotomultas en esta ciudad. La iniciativa ha provocado duros cruces entre el oficialismo y la oposición.

La pasada semana, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro, denunció que “primero le robaron una hoja al expediente, le sacaron una comisión y después dieron vuelta el voto de un concejal. Gracias al ‘cambio de opinión de Lauría’ salió de forma express de Seguridad y luego de la comisión de Movilidad”.

En las redes sociales, la concejala opositora sostuvo que “cuando llegó a la comisión de Legislación, pedimos por nota que se trate el expediente (nos faculta el reglamento), pero el Presidente Núñez y el radicalismo no lo tuvieron en cuenta. Claro es porque el oficialismo no tiene mayoría allí y corre riesgo de no ser aprobado”.

Y destacó que “tuvimos que recurrir a llevar el proyecto de Fotomultas Sobre Tablas. Esto exige tratarlo sí o sí, pero una vez más, los concejales de Montenegro respondieron a sus intereses y su opción fue no convocar a la comisión” el pasado lunes, su día habitual de reuniones.

#Fotomultas: una más y van!!

Primero le robaron una hoja al expediente, le sacaron una comisión y después dieron vuelta el voto de un concejal.

Gracias al “cambio de opinión de Lauría” salió de forma expres de Seguridad y luego de la comisión de Movilidad. pic.twitter.com/h4R2ZLW53T

— Marina Santoro (@MarinaLSantoro) March 18, 2022

“Que no lo hayan hecho demuestra lo turbio y poco transparente de este convenio que no le conviene para nada a los vecinos y las vecinas. Demuestra también que algo esconde Montenegro y que al verse nuevamente arrinconado recurren a cualquier método para no dar la discusión”, sentenció Santoro.

El acuerdo fue rubricado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, con la Universidad Nacional de San Martín, esta casa de estudios pública que desarrolla hace varios años acciones enmarcadas en convenios similares con las provincias de Chaco, Salta, Jujuy y Santa Fe, y en los municipios de Morón, Monte, Olavarría, San Isidro, Gral. Rodríguez, La Matanza, Madariaga, 9 de Julio, Junín, Zárate, San Martín, Roque Pérez, San Andrés De Giles, Marcos Paz y Cañuelas.

En esta primera etapa se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen.

Se estima que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo.

Otro de los aportes adicionales que permite este acuerdo es que se permitirá el manejo de todos las cámaras desde el COM, lo que también contribuye a darle un mayor volumen al monitoreo generando además un aporte en materia de seguridad ciudadana.

Entre los alcances del convenio se prevé que el Municipio podrá solicitar a la UNSAM la información, luego de la observación y el análisis de la misma, para contribuir al diseño de políticas públicas en materia de seguridad vial; y la colaboración con la ejecución y evaluación, así como la actualización de datos, asesoramiento, estadísticas, y seguimiento de dicha información.

Otro punto destacado es el diseño y ejecución de planes de educación con el objetivo de generar conciencia y prevenir siniestros viales; al mismo tiempo que se encargará de promover la articulación con otros organismos y con municipios que propicien el intercambio de experiencias exitosas.

La capacitación de los agentes municipales, así como la difusión mediante campañas de concienciación son otras cuestiones relevantes acordadas a través de este convenio, al igual que el mantenimiento, el soporte técnico del equipamiento, y su permanente actualización.

También se prevé el desarrollo del software y hardware y la consecuente implementación de un sistema informático de control de infracciones para los Tribunales de Faltas; así como un relevamiento exhaustivo de la movilidad urbana y la señalética implementada en la ciudad, y las recomendaciones necesarias en ese sentido.

El Expediente trajo mucha polémica y desde un sector del radicalismo salieron a cuestionar la posición de los concejales de esa fuerza en el HCD, situación que refuerza la tensión que se originó por el convenio firmado.

Tras la extensa Sesión Extraordinaria por el Expediente de las Fotomultas, las repercusiones continuaron luego en los distintos despachos del cuerpo deliberativo local.

Desde el Frente de Todos aseguraron que el tratamiento de este expediente en sesión dejó en claro la falta de transparencia de parte del Gobierno de Montenegro con respecto al convenio para la colocación de las cámaras.

"No pueden explicar en qué beneficia a los vecinos y vecinas un acuerdo con irregularidades y poca recaudación para Mar del Plata", manifestaron.

"Hasta el momento no hubo respuestas de parte de lxs concejales de Montenegro a ninguna de las consultas que hicimos sobre el convenio por Fotomultas".#SesiónFotomultas pic.twitter.com/ChhJlNfijs

— Marina Santoro (@MarinaLSantoro) February 7, 2022

Luego de tres horas de debate, concluyó la sesión extraordinaria solicitada por el Frente de Todos en el marco del tratamiento del expediente que avala las fotomultas en la ciudad. "Este convenio está envuelto en un manto de oscuridad: comenzaron con graves irregularidades institucionales con el expediente y sus giros, y siguieron con la instalación de cámaras sin permiso del Concejo Deliberante. Este y otros puntos fueron los que reclamamos hoy a las y los concejales de Montenegro, que no supieron darnos explicaciones, lo que nos llena aún más de dudas", detalló la presidenta del FDT, Marina Santoro.

"Sin dudas, la colocación sin permiso y el robo de parte del expediente dan cuenta de la falta de transparencia en este proceso, que se vuelve ilegítimo y resulta perjudicial para marplatenses y batanenses. Creemos que ni el exintendente Arroyo se atrevió a tal atropello, con todo lo que eso implica", agregó la concejala de la oposición.

En ese marco, sostuvo que lo más llamativo es la poca recaudación que prevén con este sistema. "No le conviene a la ciudad, ya que están comprometiendo equipamiento sin una proyección económica de recaudación; no sólo no persiguen fines preventivos o de seguridad vial, sino que son sólo recaudatorios, y además la previsión de estos montos es baja. Por eso, creemos que deben seguir explicando que hay detrás de este negocio".

Por Marcelo Marcel

Tal como lo adelantó de manera exclusiva El Marplatense, el convenio de las Fotomultas ha provocado un sin fin de situaciones de controversia en el seno del Municipio. Un Expediente que, como suele decirse, nació mal y trae aparejada una acumulación de que hacen pensar en un complejo escenario.

Luego de la situación vivida en relación al giro en las comisiones que lo tratarán, el error administrativo y las acusaciones desde el Frente de Todos, en Labor Deliberativa se zanjó el problema, con una votación de Acción Marplatense que inclinó la balanza en favor del oficialismo.

Lejos de conformarse con esa derrota política, la oposición -que liberó la discusión del presupuesto este jueves con el desarrollo de exposiciones, a cargo de Santiago Bonifatti y este viernes a Viviana Bernabei-redobló la apuesta y solicitó, mediante nota respaldada con la firma de 11 concejales, una Sesión Extraordinaria para tratar el convenio a la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero. Aunque el mensaje, se ve, tiene un destinatario más directo: el intendente Montenegro.

El expediente de #Fotomultas debe ser explicado junto a las irregularidades que lo rodearon. Y quienes deben dar explicaciones son Montenegro y sus concejales.

Por eso, solicitamos una sesión especial para este lunes. pic.twitter.com/DkRT3pEuvF

— Concejales Frente de Tod☀s MDP (@BloqueTODOSMDP) February 3, 2022

"Pedimos a la Presidencia del Concejo Deliberante esta sesión debido a la gravedad que implica el expediente. A raíz de la grave irregularidad que todo el mundo conoce, nos preguntamos por qué recurrieron a estos hechos, y a este tipo de tratamiento del tema. Tenemos que saber qué pretenden de fondo el oficialismo y la gestión de Montenegro con esto, ya que nos llama mucho la atención su apuro", sostuvo Marina Santoro.

Santoro es quien lidera los embates más fuertes contra la presidenta del cuerpo, la radical Marina Sánchez Herrero. Pero, quien en la oposición logra amortiguar esos golpes y los transforma en consensos es Alejandro Carrancio quien sin ser el presidente de su bloque (es Nicolás Lauría el titular de Crear Juntos) aparece como hombre clave en las últimas horas.

"Utiliza su muñeca política para tener acercamientos en pos de poder tratar los temas más relevantes para los vecinos", confió un asesor opositor que incluso tiene diálogo directo con el oficialismo.

Así las cosas, se confirmó este viernes que la Presidencia del cuerpo deliberativo dio el visto bueno para la Sesión Extraordinaria para tratar el convenio de las Fotomultas que el intendente Guillermo Montenegro firmó, el año pasado, con la UNSAM (Universidad de San Martín).

El próximo lunes, a las 10, los concejales estarán sentados en sus bancas para dar inicio a la primera discusión formal y oficial del controvertido Expediente. Mientras el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, ya confirmó que "se están colocando cámaras, en un número no mayor a las 10 pero poco más de 5", dijo textualmente en el marco de la defensa del  presupuesto de su área, algo que no estaba contemplado puntualmente.

Si bien desde el Frente de Todos ya se han encargado de señalar que observaron "un manejo fraudulento", en boca de la novel concejal Mariana Cuesta, el oficialismo le puso un stop con el argumento de entender que "la gravedad institucional es no acompañar la conformación del concejo y no entregar el atributo presidencial", con un comunicado emitido desde el seno del interbloque de Juntos por el Cambio.

Crear Juntos, a su tiempo, fue más preciso en la crítica: señalaron que este convenio marcaba  "un claro retroceso" con respecto al que había suscripto Carlos Fernando Arroyo y que se aprobó en el cuerpo deliberativo y pidió saber "qué empresa está detrás de este convenio" acaso haciéndose eco de los informes realizados por El Marplatense que hizo punta en investigar las situaciones relacionadas al convenio.

"No creo que el tema pase por el giro este lunes; eso ya fue", adelantó un operador a El Marplatense. "Van a querer saber quién está detrás del convenio y por qué ninguna empresa marplatense es tenida en cuenta para cotizar la tecnología", agregó quien conoce todos los detalles y sabe el pensamiento de algunos ediles que responden a la oposición local.

Visto este escenario, los interrogantes se instalan irremediablemente en la posición que vayan a tomar el lunes los concejales de Acción Marplatense. En Labor inclinaron la balanza en favor de omitir el giro a la comisión de Educación dándole así un guiño al Intendente y no aparecen sus firmas en el pedido de la Extraordinaria. Eso si: en las discusiones del presupuesto, tanto con German Blanco, el secretario de Economía y Hacienda, como con el caso puntual de la exposición de ayer de Bonifatti, fueron ácidos los comentarios de Horacio Taccone, una versión que se celebra en el Frente de Todos y en Crear Juntos.

Tal como lo vino informando este portal de noticias, el convenio de las Fotomultas ha provocado un sin fin de situaciones de controversia en el seno del Municipio. Un Expediente que no fue tratado aún por el cuerpo deliberativo y ya tiene un complejo escenario.

Luego de la situación vivida en relación al giro en las comisiones que lo tratarán, el error administrativo y las acusaciones desde el Frente de Todos, en Labor Deliberativa se zanjó el problema, con una votación de Acción Marplatense que inclinó la balanza en favor del oficialismo.

Lejos de conformarse con esa derrota política, la oposición -que liberó la discusión del presupuesto este jueves con el desarrollo de exposiciones, a cargo de Santiago Bonifatti-redobló la apuesta y solicitó, mediante nota respaldada con la firma de 11 concejales, una Sesión Extraordinaria para tratar el convenio a la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero. Aunque el mensaje, se ve, tiene un destinatario más directo: el intendente Montenegro. 

"Pedimos a la Presidencia del Concejo Deliberante esta sesión debido a la gravedad que implica el expediente. A raíz de la grave irregularidad que todo el mundo conoce, nos preguntamos por qué recurrieron a estos hechos, y a este tipo de tratamiento del tema. Tenemos que saber qué pretenden de fondo el oficialismo y la gestión de Montenegro con esto, ya que nos llama mucho la atención su apuro", sostuvo Marina Santoro.

A raíz de todo ello, El Marplatense mantuvo un contacto con la presidenta del bloque del Frente de Todos quien tras conocer la opinión del secretario de Gobierno en la reunión de la comisión de Hacienda, profundizó en sus conceptos.

"El secretario de Gobierno recién nos confirmó que se están colocando cerca de 40 cámaras y el Concejo no ha convalidado el Expediente. Y a ello sumemos el porcentaje que le queda al Municipio y que es menor a otros convenios", fijó la edil.

Para Santoro, "el oficialismo viene desoyendo nuestros pedidos de reuniones y explicaciones y ahora le pedimos a la presidenta del cuerpo pero sobre todo al Intendente, una respuesta clara y concreta. Este convenio tiene muchos lugares oscuros, con poca transparencia. No solo a nosotros sino además a los vecinos".

Sobre los pasos a seguir en el campo deliberativo, Santoro dijo que "queremos saber por qué el Ejecutivo local quiere implementar un convenio que no se trató aún y notamos una desprolijidad llamativa", por lo cual "vemos cómo habiendo 5 Universidades en Mar del Plata con un gran capital humano, se buscó a una Universidad de otra ciudad como la de San Martín".

? El Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, nos confirmó hoy en el debate por el #Presupuesto2022 que ya comenzaron a instalar cámaras para #Fotomultas ⚠️sin autorización del HCD ⚠️Se suman las irregularidades en un expediente sin transparencia que no sabemos qué esconde. pic.twitter.com/lmuyD6BSfd

— Marina Santoro (@MarinaLSantoro) February 3, 2022

Este lunes, con la firma de la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, del presidente de Crear Juntos, Nicolás Lauría, y el presidente de Acción Marplatense, Horacio Taccone, la oposición presentó una nota solicitando reunión de Labor en el Concejo Deliberante, para el martes 1 de febrero.

La misma se solicita por el tratamiento del expediente de fotomultas y sus numerosas irregularidades. Hoy lxs ediles dimos quórum al tratamiento del Presupuesto en Hacienda por respeto al funcionario convocado, pero que es necesario debatir la situación que está sucediendo ...

— Concejales Frente de Tod☀s MDP (@BloqueTODOSMDP) January 31, 2022

La misma se solicita por el tratamiento se diversos temas, "puntualmente motorizada por el tratamiento del expediente de fotomultas y sus numerosas irregularidades", indicaron.

Desde la oposición informaron que de la misma depende la continuación del tratamiento del Presupuesto en la Comisión de Hacienda, ya que esta jornada los ediles dieron quórum por respeto al funcionario asistente convocado, pero que es necesario debatir la situación que está sucediendo antes de continuar con cualquier actividad legislativa.

Por Marcelo Marcel

Tal como lo adelantó El Marplatense en un informe especial, el Municipio busca tener aprobación en el Honorable Concejo Deliberante de un convenio firmado con la Universidad de San Martín que se enmarca en el programa de seguridad vial del Municipio, que tal como se anunció hace algunas semanas también prevé un sistema de denuncia ciudadana en casos de estacionamiento indebido, iniciativa que fue incluida también al Concejo Deliberante para su aprobación.

Este convenio, según se informó oficialmente, fue rubricado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, con la UNSAM.

"En esta primera etapa se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen", indicaron oficialmente.

"Se estima -comunicaron-que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo".

Claramente, un análisis entre los puntos más relevantes del convenio que firmó Montenegro dejan en claro que el Municipio no contará con mayores recursos de los que tenía con el convenio anterior, además de no poder contar con la evaluación de todas las infracciones a partir de la creación de una comisión de seguimiento, monitoreo y control de la Ejecución del convenio, que en aquellos tiempos integraba el ahora secretario de Gobierno Santiago Bonifatti.

Entre las principales diferencias, documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, se puede considerar lo siguiente:

PRINCIPALES DIFERENCIAS CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): -Creaba la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE FOTOMULTAS (ordenanza 23.484), conformada por dos miembros del departamento ejecutivo y 3 miembros del deliberativo. La misma tenía entre sus funciones: la evaluación de todas las infracciones, requiriendo de su aprobación para que los presuntos infractores sean notificados. Con información de diferentes organismos aprobaba los lugares y condiciones en los cuales debía colocarse cada cinemómetro y demás instrumentos de medición y señalización. En definitiva tenía la potestad de auditar todo el proceso, incluso por diferentes fuerzas políticas, brindando mayor control ciudadano y transparencia. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No crea ninguna comisión en su proyecto de ordenanza, por lo que se pierde una herramienta fundamental de control al privado, de protección al ciudadano y transparencia.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): Proponía un plazo de gracia de 60 días desde la inicio del sistema, en el cual las infracciones no serían cobradas, se realizaba un llamado de atención por única vez. Asimismo se comunicaría por medios y por la página web del municipio la ubicación de los radares e información del sistema. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No plantea plazo de gracia alguno.

-CONVENIO U UTN - Regional La Plata (CUTN): Plazo de 4 años, con opción de prórroga por 2 años más. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): Plazo de 5 años, renovable automáticamente por mismo plazo (5 años).

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): La distribución es de la recaudación es: • 20% Provincia • 50% Municipalidad • 30% Universidad -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): La distribución es de la recaudación es: • 20% Provincia • 24% Municipalidad • 56% Universidad

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): Destina el 10 % del total recaudado por el municipio a la educación vial, infraestructura vial e infraestructura de tránsito. Cabe resaltar que nunca se utilizó para tal fin dicho fondo. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No reinvierte en seguridad vial.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): En el anexo II del convenio, detalla la cantidad que la Universidad proveerá de cada equipo, más allá de posibles futuras ampliaciones. Por otro lado, el convenio establece expresamente que el equipamiento quedará como propiedad de LA MUNICIPALIDAD desde el inicio del contrato. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No detalla el convenio las cantidades, solo brinda características de los equipos, lo que imposibilita exigir cumplimientos de entregas a la Universidad. No incluye camionetas para montaje de los cinemómetros móviles, equipamiento para juzgados de faltas, sistema de comunicaciones para la futura independencia del sistema, etc. No hace mención expresa en cuanto a la titularidad.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): No condiciona la publicación de la información a la Universidad. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): En la cláusula novena, indica los derechos sobre documentación e información, su confidencialidad y titularidad de las partes, debiendo el municipio requerir la autorización de la Universidad para publicar información del sistema y hacerlo más transparente.

Fotomultas: el lado "B" del convenio que Montenegro busca impulsar - https://t.co/tAauRo2gHU

— El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) January 15, 2022

Por lo pronto, desde el HCD salieron a cuestionar el convenio firmado rápidamente. Lo hizo el concejal de Crear Juntos, Alejandro Carrancio quien dialogó con CNN Radio Mar del Plata y dijo que "no le estamos viendo dónde está la ganancia para el Municipio en este convenio". Y ya se supo que el radicalismo, como está redactado el convenio, "difícilmente lo acompañe", dijo un hombre con despacho en el deliberativo.

"Cuando comparamos las cláusulas que se votaron en el convenio firmado por la gestión de Carlos Arroyo analizando éstas, vemos un retroceso claro", agregó Carrancio

Para el concejal, la ubicación de las cámaras resulta clave. "Creo que en la Costa, donde tenemos choques y vuelcos todas las semanas, necesitamos tener una, por ejemplo". "Se van a poner 200 cámaras, con un criterio de recaudación y en el momento de repartir el producido de las multas, vemos que con respecto al anterior, la Provincia mantiene el 20%, pero el Municipio en lugar de quedarse con el 50%, bajamos al 24 y la UNSAM se queda con el 56%", aseguró.

El concejal se preguntó, luego, qué empresa es la que termina siendo utilizada para llevar adelante el convenio. "En una primera etapa pueden ser menos o 200, el porcentaje es el 24% siempre. Digo esto porque se que desde el Ejecutivo dicen que a diferencia del convenio anterior, ese porcentaje es por más cantidad de cámaras".

"Nosotros queremos saber qué empresa está detrás de esto. El que firma el convenio es la Universidad y ellos deberán tener el soporte técnico. Y otro tema es que en el anterior, la tecnología quedaba para el Municipio y en este caso no", dijo Carrancio.

Consultado sobre si al no haber licitación hay un ahorro para el Municipio, Carrancio fue tajante: "En el convenio anterior el Municipio no puso plata y no hubo licitación. Depende de cómo las hagas, es lo que tenés que hacer. Los mismos términos que están plantando ahora lo podían hacer con una licitación y la empresa que le interesarían las condiciones podría venir".

"El argumento de que no hacemos licitación porque no se pone plata, es totalmente equivocado y mentiroso. El pliego lo hace la misma Municipalidad y allí ofertas con las condiciones un sistema a quién le pueda interesar en la ciudad", remarcó.

Carrancio pidió que "se aclare quién está detrás de la UNSAM brindando el soporte técnico", y recordó que en el anterior convenio "CECAITRA estaba como soporte". El edil puso énfasis en dejar en claro que en el convenio anterior "voté a favor, con las modificaciones que se hicieron".

"Me parece que los términos en los cuales está planteado este nuevo convenio no son beneficiosos para el Municipio", aclaró y volvió a repetir: "Si antes cobrábamos el 50% y ahora el 24%, ¿dónde está el beneficio?", se preguntó luego, sin dejar de lado que ideológicamente "estoy a favor de las Fotomultas".

Por lo pronto, en los últimos días se observaron en distintos puntos de la ciudad equipos con personal especializado colocando cinemómetros. En Alem y la Costa, y en Patagones y Constitución.

"¿Quien autorizó a empezar con la instalación? ¿Dónde están los informes?, ¿Quién autorizo romper la calle y colocar sensores? ¿Quién autorizó colocar las cajas de medición y cámara en poste público?", se preguntó una alta fuente de tránsito a este medio. Las preguntas no tienen una respuesta, de momento.

Por Marcelo Marcel

Fotomultas. Una palabra, pero muchos temas que aparecen alrededor de esta implementación tecnológica que despierta polémicas y suma resistencia. El sistema, que busca mediante la captación de infracciones, poner un orden vial en las calles de General Pueyrredon, ya mostró una primera parte de ejecución cuando el intendente Guillermo Montenegro anunció retomar con las infracciones desde las cámaras del COM.

Nada nuevo: ese sistema lo puso en marcha el exjefe comunal Carlos Fernando Arroyo, lo que despertó en aquel momento un sinfín de críticas lideradas por una corriente de opositores acicateados desde sectores mediáticos y políticos. Pero, como sucedió con muchas cosas, la idea era buena. Y lo es, parece ser.

Ese paso hacia adelante del Ejecutivo local no fue el primero en pos de poder regular la situación en la ciudad. Unos meses antes, tras un durísimo informe presentado por Jorge Lanata en la pantalla de Canal 13, a Montenegro no le quedó otro camino que terminar el vínculo que el Municipio tenía con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata por “exclusiva culpa” de la mencionada UTN, de acuerdo al decreto Nº 1322. De ese modo, rompió también con la CECAITRA, una Asociación Civil sin fines de lucro que nuclea a pequeñas y medianas empresas proveedoras de equipos tecnológicos, software y servicios relacionados a la seguridad vial.

"Es un convenio anterior que tiene algunas dificultades y que no ha logrado el desarrollo que se esperaba, ni mucho menos, además de que se registra una serie de incumplimientos", remarcó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3), Santiago Bonifatti, el secretario de Gobierno local.

De ese modo, el gobierno de Montenegro avanzó con un nuevo proyecto y anunció, hace una semana, la firma de un convenio con la Universidad de San Martin (UNSAM) que, obviamente, fue elevado al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento. En la documentación presentada, también se prevé un sistema de denuncia ciudadana en casos de estacionamiento indebido. Una suerte de sheriff ciudadano, algo que a simple vista parece complejo de instrumentar. 

De acuerdo a lo anunciado oficialmente, se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen.

Se estima -se difundió- que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo.

Otro de los aportes adicionales que permite este acuerdo es que se permitirá el manejo de todos las cámaras desde el COM, lo que también contribuye a darle un mayor volumen al monitoreo generando además un aporte en materia de seguridad ciudadana, señalaron oficialmente. Sobre la aparatología indica que lo proveerá la UNSAM, pero no de quién será la titularidad de todo lo que se instale. 

Ante todo ello, El Marplatense inició una serie de consultas para poder determinar algunas cuestiones referidas al nuevo convenio que ya mostró posiciones encontradas de distintos sectores. Hay quienes, como el bloque Crear Juntos, que ya salió a manifestarse en contra y pone el acento en algunos puntos, y otros, más afines al oficialismo, que mandaron a decir puertas para adentro que "de esa forma, como está redactado, difícilmente podamos acompañarlo". Si a esta posición se le suma lo que proponga el Frente de Todos, el proyecto de Montenegro, hoy, transita por aguas no calmas. 

Claramente, un análisis entre los puntos más relevantes del convenio que firmó Montenegro dejan en claro que el Municipio no contará con mayores recursos de los que tenía con el convenio anterior, además de no poder contar con la evaluación de todas las infracciones a partir de la creación de una comisión de seguimiento, monitoreo y control de la Ejecución del convenio, que en aquellos tiempos integraba el ahora secretario de Gobierno Santiago Bonifatti.

Entre las principales diferencias, documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, un pre informe elaborado por sectores que integran la comisión asesora de seguridad vial (una importante idea cristalizada, y que está coordinada por la Subsecretaría de Movilidad Urbana en representación del Departamento Ejecutivo e integrada por representantes del Departamento Ejecutivo y Deliberativo y diferentes organismos oficiales, asociaciones intermedias, colegios profesionales y ONG, entre las que se destacan las que representan a familiares de víctimas), se puede considerar lo siguiente:

PRINCIPALES DIFERENCIAS CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): -Creaba la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE FOTOMULTAS (ordenanza 23.484), conformada por dos miembros del departamento ejecutivo y 3 miembros del deliberativo. La misma tenía entre sus funciones: la evaluación de todas las infracciones, requiriendo de su aprobación para que los presuntos infractores sean notificados. Con información de diferentes organismos aprobaba los lugares y condiciones en los cuales debía colocarse cada cinemómetro y demás instrumentos de medición y señalización. En definitiva tenía la potestad de auditar todo el proceso, incluso por diferentes fuerzas políticas, brindando mayor control ciudadano y transparencia. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No crea ninguna comisión en su proyecto de ordenanza, por lo que se pierde una herramienta fundamental de control al privado, de protección al ciudadano y transparencia.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): Proponía un plazo de gracia de 60 días desde la inicio del sistema, en el cual las infracciones no serían cobradas, se realizaba un llamado de atención por única vez. Asimismo se comunicaría por medios y por la página web del municipio la ubicación de los radares e información del sistema. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No plantea plazo de gracia alguno.

-CONVENIO U UTN - Regional La Plata (CUTN): Plazo de 4 años, con opción de prórroga por 2 años más. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): Plazo de 5 años, renovable automáticamente por mismo plazo (5 años).

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): La distribución es de la recaudación es: • 20% Provincia • 50% Municipalidad • 30% Universidad -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): La distribución es de la recaudación es: • 20% Provincia • 24% Municipalidad • 56% Universidad

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): Destina el 10 % del total recaudado por el municipio a la educación vial, infraestructura vial e infraestructura de tránsito. Cabe resaltar que nunca se utilizó para tal fin dicho fondo. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No reinvierte en seguridad vial.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): En el anexo II del convenio, detalla la cantidad que la Universidad proveerá de cada equipo, más allá de posibles futuras ampliaciones. Por otro lado, el convenio establece expresamente que el equipamiento quedará como propiedad de LA MUNICIPALIDAD desde el inicio del contrato. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): No detalla el convenio las cantidades, solo brinda características de los equipos, lo que imposibilita exigir cumplimientos de entregas a la Universidad. No incluye camionetas para montaje de los cinemómetros móviles, equipamiento para juzgados de faltas, sistema de comunicaciones para la futura independencia del sistema, etc. No hace mención expresa en cuanto a la titularidad.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN): No condiciona la publicación de la información a la Universidad. -CONVENIO UNSAM (CUNSAM): En la cláusula novena, indica los derechos sobre documentación e información, su confidencialidad y titularidad de las partes, debiendo el municipio requerir la autorización de la Universidad para publicar información del sistema y hacerlo más transparente.

Indudablemente, como todo proyecto que eleva el Ejecutivo local, las discusiones estarán a la orden del día. Con un deliberativo en marcha lenta, que se tomó más de un mes para transparentar sus comisiones y aún no tiene fecha de inicio formal de actividades, este proyecto será uno de los temas a seguir.

El convenio ya está firmado y comunicado. Y elevado al HCD. No hay dudas que la crisis en el tránsito tiene que tener un orden y mediante un plan de medidas se puede conseguir. Es la intención de Montenegro, no se duda. Pero, habrá que observar detenidamente cuánto tiempo llevará aprobarlo. Mientras, las calles nos muestra todos los días hechos y situaciones de siniestros viales que lejos están de una ciudad ordenada en ese sentido.

El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, hizo lugar al recurso de amparo presentado por un turista y declaró que las fotomultas por exceso de velocidad que se realizan en las rutas nacionales de Misiones son inconstitucionales.

La presentación judicial fue realizada por el abogado entrerriano Diego Beber Brunner, quien cuestionó la legalidad del sistema. El demandante había sido intimado por carta a raíz de un supuesto exceso de velocidad en el kilómetro 1.430 de la ruta nacional 12, el pasado 9 de enero.

En un extenso fallo, el juez Alonso cuestionó a la Policía de Misiones porque no aplicó la metodología establecida en el artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito, sino que sólo se limitó a aplicar un sistema automático “que no puede actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”, según lo que consignó Clarín.

Si bien reconoce que los radares estaban homologados, el magistrado sostuvo que la Policía debió haber aplicado la norma mencionada, que establece reglas “destinadas a garantizar la seriedad del procedimiento, tales como identificarse el preventor ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece; utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al contraventor, salvo que no se identificare, se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella”, detalló.

En su descargo por nota, la Provincia de Misiones sostuvo que la notificación de la infracción a Beber Brunner se ajustaba a lo establecido en las leyes XVIII N° 37 y XVIII N° 38, pero el magistrado apuntó que “el legislador provincial no puede por vía de reglamentación desnaturalizar la norma reglamentada, en nuestro caso el Reglamento Nacional de Tránsito”.

Al responder un oficio del Juzgado Federal de Paraná, la Policía provincial detalló que según las leyes provinciales “no es necesaria la notificación personal en el lugar de comisión de la presunta infracción cuando sea detectada por un sistema de control inteligente, como tampoco aplicar la medida cautelar de retención de la licencia... máxime cuando se trata de zonas de camino altamente transitados”.

Además, sostiene la nota firmada por Elías Antonio Ramos, que el acta se confeccionó durante una “fiscalización” y no un “control de tránsito”. Y que se dio de baja la infracción cometida por el automovilista que promovió el recurso de amparo. “Acción no requerida por el oficio, que se limita a requerir el informe circunstanciado”, aclaró el juez en su fallo.

Para Alonso, “basta con ubicar un control en un radio de no más de 10 kilómetros del lugar de comprobación para detener su marcha en forma segura y cumplir acabadamente con las exigencias del artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito y, lo que es más relevante aún, lograr la finalidad de la Ley que no es otra que la prevención de la siniestralidad vial”.

Y se preguntó: “¿Cuál sería la actividad preventiva cuando se permite que el presunto infractor continúe circulando supuestamente en infracción?”.

Para el juez, “más que el interés en la seguridad y la finalidad de obtener la introyección en los automovilistas de pautas de conducta de respeto a los derechos de los demás, el móvil meramente recaudatorio o fiscalista es el perseguido”.

En su fallo indicó que el propietario del vehículo no es necesariamente quien comete la falta. “Imputar responsabilidad al titular registral de un vehículo, sin haber realizado el mínimo esfuerzo para individualizar al conductor presuntamente infractor, es como responsabilizar al titular dominial de un inmueble donde se cometió un ilícito por su sola condición de tal”.

Con su sentencia, el juez no sólo le prohíbe a la Provincia de Misiones cobrar la multa, sino que le impuso el pago de las costas del proceso judicial y los honorarios del demandante, que ascienden a 41.514 pesos.

Desde Misiones cuestionaron con dureza el fallo del juez Alonso. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se quejó porque “se cuestiona cómo se labró el acta, no la infracción, si ocurrió o no”. Y dijo que la Provincia nunca fue notificada del proceso judicial en Paraná. Sin embargo, consta en el expediente una nota de la Policía de Misiones al momento de recibir un oficio del juez Alonso.

Pérez pidió “respetar las jurisdicciones. Nosotros además tenemos leyes provinciales, nadie tiene por qué decirle a la Policía de Chubut o Río Negro cómo tiene que hacer las cosas”.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, pondrá en funcionamiento este martes una nueva cámara semafórica, en la intersección de Juan B. Justo y Chile, para detectar infracciones como cruce en rojo e invasión de senda peatonal.

La nueva cámara se suma a las otras cuatro ya instaladas en los semáforos de la avenida Luro esquina Hipólito Irigoyen, la avenida Arturo Allió y Moreno, frente a la entrada de la Base Naval y en la intersección de avenida Independencia y Ayacucho.

Además, desde mediados de enero, se pusieron en marcha dos de los seis radares fijos para detectar las velocidades máximas permitidas, que funcionan en la avenida Felix U. Camet y Sagastizabal y en la avenida Constitución y Unamuno.

La ordenanza 23.484 creó una Comisión de Seguimiento y Control de Fotomultas, en la cual representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante trabajan en conjunto para autorizar nuevos lugares de emplazamiento de los cinemómetros, aprueban las multas que luego llegarán a los contribuyentes e instrumentan nuevas acciones tendientes a la organización del tránsito.

De acuerdo a lo informado por el Municipio, mediante la instalación de estas cámaras se busca "generar sentido de pertenencia, facilitar la convivencia urbana, llevar a respetar el patrimonio común, promover el respeto por los deberes y derechos de los ciudadanos y disminuir sensiblemente la accidentología urbana". 

El Municipio informó que puso en funcionamiento cuatro cámaras semafóricas en la Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Avenida Arturo Allió y Moreno, en la Base Naval y en la Avenida Independencia y Ayacucho para detectar infracciones como cruce en rojo e invasión de senda peatonal, en el marco del sistema de las fotomultas.

Desde mediados de enero ya se habían puesto en marcha dos de los seis radares fijos para sancionar a quienes superen las velocidades máximas permitidas, cruce de semáforo en rojo e invasión de senda peatonal. Los radares funcionan en Felix U. Camet y Sagastizabal y en Constitución y Unamuno.

Además, previamente, el 10 de diciembre comenzaron a regir las multas a través de los radares. En una primera instancia, se instalaron radares móviles los cuales se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad con la señalización correspondiente. Y, luego, comenzaron a funcionar los radares fijos.

El objetivo es generar sentido de pertenencia, facilitar la convivencia urbana, llevar a respetar el patrimonio común, promover el respeto por los deberes y derechos de los ciudadanos y disminuir sensiblemente la accidentología urbana, según explican desde la Municipalidad, con respecto a los ejes que justifican la llegada de las fotomultas a la ciudad.

La ordenanza 23.484 sancionada el 7 de diciembre por el Concejo Deliberante y fue aprobada por mayoría del cuerpo legislativo. Asimismo, se creó una Comisión de Seguimiento que trabaja en conjunto con el Ejecutivo.

Luego de varias postergaciones, finalmente, la Subsecretaría de Transporte y Tránsito informó que a partir de este jueves se pondrán en marcha dos de los seis radares fijos que comenzarán a efectivizar las multas a quienes superen las velocidades máximas permitidas, cruce de semáforo en rojo e invasión de senda peatonal. Los radares funcionarán en avenida Félix U. Camet y Sagastizabal, y en avenida Constitución y Unamuno.

El pasado 10 de diciembre comenzaron a regir las multas a través de los radares móviles, que se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad con la señalización correspondiente. Y, a partir de mañana, funcionarán los dos primeros radares fijos.

De acuerdo a lo informado por la comuna, "el objetivo es generar sentido de pertenencia, facilitar la convivencia urbana, llevar a respetar el patrimonio común, promover el respeto por los deberes y derechos de los ciudadanos y disminuir sensiblemente la accidentología urbana".

La instalación de estos radares fue aprobada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 23.484, sancionada el 7 de diciembre. La norma también previó la creación de una Comisión de Seguimiento que trabaja en conjunto con el Ejecutivo municipal.