El Tribunal Oral de Mar del Plata condenó en un fallo unánime a penas de hasta 8 años y 3 meses de prisión a 16 personas acusadas del delito de defraudación contra la ANSES y ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico previsional desde donde se llevaron a cabo las maniobras y del dinero secuestrado en los procedimientos. En efecto, los abogados encargados del estudio fueron considerados jefes de una asociación ilícita.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, acompañado por sus colegas Karina Yabor y Luis Imas. De un lado de la sala de audiencias estuvo presente el fiscal Nicolás Czizik, junto a la secretaria Guillermina Jiménez, y del otro lado, los acusados y sus defensas. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 13 de marzo próximo.

Durante su alegato, el fiscal Czizik había marcado que el juicio permitió demostrar que la organización criminal presentaba a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, en las que se declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, una herramienta de los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que de esa forma “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”. Explicó que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.

El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales. “No era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”, había marcado Czizik en base al testimonio el jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, Eduardo Bellini.

En cuanto a las penas, el abogado Iros recibió 8 años y 3 meses de prisión; su colega Cagni y Balbuena, 8 años de prisión; y el también abogado Díaz Suárez, 6 años de prisión. El tribunal los consideró jefes de una asociación ilícita y coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública en 94 casos y de otros 41 casos en grado de tentativa, además de los delitos de alteración de registros reiterada en 102 hechos y de tenencia ilegítima de DNI ajenos en 4 hechos. Iros también fue condenado 2 hechos de cohecho.

Héctor Seri, en tanto, fue condenado a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Las penas fueron menores para otros imputados sobre los cuales el tribunal formó convicción de su participación como miembros de la asociación ilícita y autores de menor cantidad de hechos de defraudación a la administración pública.

En efecto, José Ricardo Caliyuri, acusado de ser el encargado de coordinar la faz médica de la organización criminal, fue condenado a una pena de 2 años y 9 meses de prisión como miembro de la asociación ilícita y autor de 41 casos de defraudación y de otros 22 en grado de tentativa, mientras que el médico Ariel Fati recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión.

Alejandro De la Torre Kriscovich, quien era empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), recibió una pena de 3 años, tal como había solicitado el MPF. La misma pena recibieron Juan Carlos Soria, Rodrigo Néstor Jones, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni.

Dos beneficiarios de las maniobras, Walter Dubois y Ricardo Manuel Balbuena, fueron condenados como coautores del delito de fraude contra la administración pública a la pena de 2 años de prisión. Para el resto de los beneficiarios, la fiscalía había requerido la absolución durante el alegato.

Martín Daniel Barreix, acusado por un caso que se acumuló por conexidad ajeno a esta organización, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión, en línea con el acuerdo de juicio abreviado firmado por el acusado antes del inicio del debate oral y público.

Por otro lado, el tribunal convalidó en la sentencia el pedido de absolución realizado por el MPF en relación a Gabriela Iros, abogada que trabajaba en el estudio, pero a quien no se le reprochó intervención particular en ningún caso, como también de la psicóloga Gabriela Fabiana Biribin.

Por último, el tribunal absolvió a otras 18 personas, entre ellas el médico de la Comisión Médica N°12 Fernando Daniel Fernández.

Por otra parte, el tribunal falló en línea con el pedido del fiscal Czizik en relación al decomiso de los inmuebles ubicados en avenida Paso 2880 y 2890, además del dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización.

“No hay duda para la fiscalía que el inmueble ha sido escenario del obrar delictivo de la organización”, había expresado en un tramo de su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Fiscales.gob.ar 

A casi un año del inicio del debate, el fiscal federal Nicolás Czizik comenzó su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con perjuicio al Estado de cientos de millones de pesos, y que tiene como principales acusados a tres abogados y un asesor previsional de un estudio que tramitaba beneficios fraudulentos.

El debate, que se extendió durante 34 audiencias y en el cual declararon 117 testigos, ingresó así en la etapa final. Czizik -quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa-, alegó ayer acompañado por la secretaria Guillermina Jiménez, en la sala del Tribunal Oral Federal, donde también se encontraban las defensas y algunos de los imputados, mientras que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor siguieron la audiencia de manera remota, al igual que otros acusados y sus abogados.

“La cantidad de casos detectados, las diferentes maniobras, un engranaje prolijo, coordinación entre sus miembros, la utilización de influencia indebida sobre funcionarios públicos, ofrecimiento de dádivas, sobornos; una vez que se verifican todas estas situaciones, no puede hablarse simplemente de multiplicidad de episodios, sino de un grupo coordinado, con permanencia en el tiempo, predeterminado a la comisión de delitos de diversa índole, con interés económico, que ha causado alarma social”, expresó el fiscal durante su exposición.

A juicio llegaron 31 personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita, sin embargo, Czizik adelantó que pedirá la absolución de los beneficiarios de las maniobras desplegadas, a excepción de dos de ellos.

Previo al inicio del juicio, otras diez personas reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados y rubricaron acuerdos de juicio abreviado, mientras que otras 23 fueron sobreseídas por reparación integral, al haber saldado la deuda originada con los fraudes en los que estaban involucradas, y cinco más fallecieron, tres antes de comenzar el debate y otras dos, semanas atrás.

ENVERGADURA, TRANSCENDENCIA Y COMPLEJIDAD

Al inicio de su alegato, el fiscal reparó en que fuera del juzgamiento de delitos de lesa humanidad, se estaba debatiendo uno de los casos “de mayor envergadura, trascendencia y complejidad que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ha debido abocarse desde su creación”, en relación a la cantidad de imputados, testigos, hechos objeto del juicio, y monto del perjuicio económico sufrido por el Estado.

Para Czizik, la prueba reunida durante el debate permitió demostrar el modus operandi de la organización criminal. En primer lugar, presentaba ante la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, que declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, que es una herramienta de los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con esta estrategia, “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”, explicó el fiscal, quien remarcó que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.

El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales. “Falsificaciones, simulaciones, sobornos, dádivas, no han sido ajenos al obrar de esta organización criminal”, sumó el acusador, quien citó a Eduardo Bellini, jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, quien en el marco de este juicio declaró con notoria indignación que “no era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”.

“No puede hablarse simplemente de multiplicidad de episodios, sino de un grupo coordinado, con permanencia en el tiempo, predeterminado a la comisión de delitos de diversa índole, con interés económico, que ha causado alarma social”, expresó el fiscal.

LAS ACUSACIONES

Para el fiscal se tiene por probado que los abogados Iros, Cagni y Diez Suárez, junto a Balbuena, dirigieron una empresa criminal dedicada a la obtención por vías fraudulentas de beneficios previsionales. Dicha organización estaba integrada por los cuatro nombrados, en el rol de jefes, y cuanto menos por Daniela Andrea Livi, José Ricardo Caliyuri, Fernando Daniel Fernández, Rodrigo Néstor Jones, Ariel Fati, Alejandro de la Torre Kriscovich, Rodolfo Rubén Barone, Gustavo Enrique Domínguez, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Nazareno Di Giovanni, Fernando Biesa, y los fallecidos Miguel Norberto Coelho, Miguel Ángel Marcello y Ramón Gerardo Tula.

En lo que respecta a los acusados beneficiarios de las maniobras, que no integraban la asociación, Czizik adelantó que se solicitará la absolución de todos ellos, a excepción de dos hombres.

En el inicio de su alegato, el fiscal advirtió que “no se trata de criminalizar a personas que bajo una sociedad han prestado servicios profesionales o de asesoramiento para la obtención de beneficios previsionales”.

EL INICIO Y EL DERROTERO DEL CASO

El caso que dio origen al expediente fue una denuncia realizada en abril de 2016 por la ANSES ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social por posibles fraudes en el otorgamiento de beneficios previsionales. Los 20 hechos iniciales se multiplicaron con el correr de los años y el avance de la investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2. Sobre la base de los empleadores presuntamente falsos, se lograron identificar un universo de 369 casos de fraude contra la administración pública, a las que se sumaron dos hechos de cohecho, tenencia de armas y de documentos de identidad ajenos y, como marco, la existencia de una asociación ilícita entre abogados, médicos, ex funcionarios de ANSES, funcionarios de AFIP, una contadora y otros participantes.

A esa denuncia inicial, en 2017 se sumó otra denuncia realizada por AFIP por la presentación de “denuncias Z” fraudulentas, y un año más tarde se acumuló un expediente que tramitaba en el fuero ordinario, a partir de una denuncia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que daba cuenta de anomalías y/o irregularidades en la sede de la Comisión Médica N°12 A y B y la Secretaría Técnica Buenos Aires Sur para la defraudación de las arcas estatales.

Los actores centrales ya habían sido identificados, por maniobras que llevaban sus firmas y por auditorías realizadas en los organismos denunciantes. El foco apuntaba al estudio ubicado en la esquina de la avenida Paso e Yrigoyen. En marzo del 2018 se realizó el allanamiento de la Justicia federal en el lugar, que permitió darle robustez no sólo a la posibilidad de relaciones laborales falsas sino también al fraude en la obtención de retiros tempranos por invalidez, para lo que necesitaban una “pata médica”.

Cuando se realizó el operativo en el estudio, además de un gran caudal de material probatorio, se encontró el funcionamiento de lugares para realizar exámenes médicos, sellos de médicos, y la existencia de 245 exhortos provenientes de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en los que se aguardaba el resultado de una pericia médica ordenada.

Dos médicos involucrados en la causa, Fati y Caliyuri, en marzo de 2019 firmaron acuerdos de colaboración, y su testimonio robusteció a la hipótesis de fraudes en la tramitación de retiros tempranos por invalidez.

LA ASOCIACIÓN ILÍCITA

Si bien la sociedad, que tendría como razón social Organización Jurídica Previsional SRL, se conformó en 2006 y fue integrada desde entonces por los principales acusados, el accionar delictivo, de acuerdo a la acusación, pudo ser probado a partir del año 2010/2011.

Czizik se detuvo a aclarar que “la mera formación de una empresa para brindar asesoramiento jurídico o previsional no es el motivo ni la prueba” para la acusación. En este sentido, contrastó: “Lo que hemos visto es que bajo el ropaje de tal asociación, el grupo de acusados mancilló la actividad lícita de cualquier abogado o asesor previsional, montando una operación interna con efectos hacia el exterior, visible, alarmante, que a través del fraude obtuvo para sus clientes, beneficios previsionales que no debieron haber sido otorgados, generándose para sí mismos ganancias de significativa magnitud”.

Más adelante, Czizik explicó conforme fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que para que se configure una asociación ilícita en los términos previstos en el artículo 210 del Código Penal “debe haber un número mínimo de tres autores, que, previo acuerdo (expreso o tácito), tomen parte en una asociación o sociedad criminal exigiendo cohesión u organización del grupo en orden a la consecución de fines delictivos comunes y permanencia en el tiempo”.

“Falsificaciones, simulaciones, sobornos, dádivas, no han sido ajenos al obrar de esta organización criminal”, remarcó el fiscal Czizik.

El fiscal sostuvo que la organización se valió principalmente de dos maniobras para obtener beneficios previsionales indebidos: por un lado, la simulación de relaciones laborales; y por otro lado, falsedades en procedimientos de obtención de retiros tempranos por invalidez.

“Para ello, se valía de un grupo de profesionales de la salud que realizaban informes sobre sus clientes, en las que se exageraba sus patologías a los efectos de alcanzar el porcentaje necesario. Médicos que dictaminaban o informaban sin llevar historia clínica y sin ser los médicos asistenciales de los peticionantes. Incluso, dentro del estudio jurídico, funcionaba un consultorio médico sin habilitación”, explicó Czizik.

El representante del MPF incluso mencionó que lo exitoso y lucrativo del mecanismo conllevó a que personas de otras localidades tramitaran en Mar del Plata sus beneficios, incluso modificando domicilios y gestionando nuevos DNI, que en ocasiones mantuvieron en su poder de manera ilegítima.

LOS EMPLEADORES FALSOS

Czizik fue desentramando las relaciones laborales inexistentes sobre las que se apoyaba el estudio jurídico para solicitar beneficios previsionales de sus clientes, sean empresas o personas físicas.

Según el fiscal, las maniobras llegaron al absurdo de inscribir como empleador a un jubilado de 94 años, cuyo domicilio declarado resultó ser el fondo del estudio jurídico de la avenida Paso, la declaración de un recolector de botellas al mando de un emprendimiento textil, o simular que el 100% de los empleados supuestamente registrados por un hombre reclamaron beneficios jubilatorios en simultáneo.

El alegato continuará la semana próxima, con la explicación sobre algunos casos más de fraude laboral, las maniobras defraudatorias vinculadas con la obtención de retiros tempranos por invalidez, la situación particular de cada acusado, con la expectativa de concluir en la próxima audiencia con los pedidos de pena.

Fuente: Fiscales.gob.ar