La cámara penal de Lomas de Zamora finalmente revocó el pedido por parte de la jueza Marta Pascual de suspender el nuevo régimen penal juvenil, por lo que la normativa vuelve a estar habilitada y los fiscales bonaerenses recibieron instrucciones para aplicarla.

La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene la infraestructura ni los recursos necesarios para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

El nuevo régimen penal juvenil había sido confirmado el pasado 5 de septiembre, y entre sus nuevas modalidades, prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. Además, fija el límite máximo de condena a 15 años de cárcel y permite solicitar la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena.

Como parte de las medidas alternativas propuestas por este marco legal, aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas y comunitarias.

Por último, en materia de alojamiento, la norma dispone que los menores privados de libertad deberán permanecer en instituciones acondicionadas para ese fin, con personal especializado. Asimismo, se prohíbe que adolescentes compartan encierro con personas mayores de edad.

El 5 de septiembre entró en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para juzgar delitos, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata comenzó a dirimir los primeros contrapuntos sobre la detención de menores. 

La reforma, impulsada para dar respuesta a la demanda de seguridad, encuentra su primer cuello de botella en la interpretación de los jueces de garantías frente a las aprehensiones de los fiscales y en la capacidad de infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social para albergar a los jóvenes procesados.

En este marco, el fiscal Walter Martínez Soto ofreció una primera radiografía sobre la aplicación práctica de la ley en la ciudad. "Por el momento los índices de criminalidad siguen siendo los mismos", aseguró el funcionario, bajando el tono a las especulaciones sobre un salto cuantitativo inmediato en los arrestos. 

"Hay una expectativa de un sector de la sociedad que pretende ver a todos presos, pero nosotros aplicamos el derecho y la Constitución", aclaró en diálogo con El Marplatense.

Al analizar las primeras intervenciones policiales con adolescentes de entre 14 y 15 años, Martínez Soto confirmó que la fiscalía solicitó la detención de menores involucrados en hechos delictivos, pero el juzgado de garantías dispuso sus inmediatas libertades. "A nuestro criterio, la aprehensión estaba dentro de los parámetros legales para pedir la convalidación y recién después resolver una excarcelación. Sin embargo, la jueza entendió que correspondía la libertad directa. Es una postura enmarcada dentro del ámbito legal y convencional; no es una resolución ilegal, aunque no la compartamos", explicó.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a la logística de alojamiento para este rango etario, aclarando que no depende del Servicio Penitenciario Bonaerense sino de los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. "Están tratando de adecuar los espacios y garantizar los lugares necesarios, algo que lleva su tiempo de adaptación, pero por el momento el esquema de contención está funcionando dentro de lo aceptable", concluyó.