La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó la inminente instalación del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) de la Policía Bonaerense en el distrito. Esta fuerza especial, por primera vez operativa en el partido, marcará un hecho histórico en materia de seguridad. El secretario de Gobierno, Facundo Bochicchio, confirmó que se inaugurará mañana a las 11 con la presencia de los ministros Carlos Bianco y Javier Alonso.

“El GPM no depende de la policía comunal y eso representa un gran avance. Es el resultado de gestiones iniciadas el año pasado y de la relación institucional que el intendente Walter Wischnivetzky mantiene con el gobierno provincial”, expresó Bochicchio en Stream Radio La Voz de Mar Chiquita.

La nueva base operativa del GPM estará ubicada en un punto estratégico: avenida de los Navegantes y Ruta 11, en la localidad costera de Santa Elena, una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del distrito. Desde allí, el grupo realizará patrullajes motorizados y controles sobre rutas, además de tareas administrativas dentro de su propia sede.

El funcionario remarcó que esta fuerza especial se sumará al trabajo conjunto con la Policía Comunal y la Guardia Urbana, que se encuentra en plena expansión. “Con el crecimiento exponencial de la costa desde 2010 -más de un 200%-, se vuelve imprescindible ampliar y diversificar los recursos de seguridad del partido”, señaló.

Bochicchio también hizo referencia al contexto social que impulsa esta decisión: “La crisis económica y el aumento del consumo problemático están generando situaciones que requieren una respuesta firme y articulada del Estado”.

Semanas atrás, el Partido de Mar Chiquita recibió seis motos para la conformación del GPM. La entrega la efectuó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al intendente Walter Wischnivetzky, en el marco del trabajo que se realiza para fortalecer las tareas de patrullaje y prevención del delito.   

Luego de que el Gobierno decidiera avanzar con una serie de modificaciones en el Servicio Militar Voluntario y el Poder Ejecutivo hiciera efectivas las actualizaciones integrales del régimen, el abogado penalista Norberto Markarian destacó que la medida "es una manera de salvar a los chicos" y que “saldrán preparados para tener una función laboral en la sociedad".

“Hay muchos jóvenes que están desocupados, especialmente los que tienen entre 18 y 24 años. Y entonces, haciendo lugar a la preocupación que tiene la ciudadanía, el Gobierno presentó un programa de capacitación que está implementado por los ministerios de Defensa y Capital Humano, para educar y capacitar en tareas técnicas y logísticas a los jóvenes, con un poco de instrucción militar”, explicó Markarian ante la consulta de Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Asimismo, el especialista señaló que “los jóvenes entrarán a las Fuerzas Armadas y se les va a enseñar, podrán completar los estudios y les van a pagar sueldos y aguinaldo, a la vez que tendrán obra social”. Y una vez que concluyan con la instrucción, según dijo, “saldrán preparados para tener una función laboral en la sociedad, especialmente aquellos que no pudieron estudiar ni consiguieron un trabajo”.

En esa misma línea, subrayó que “si aprenden un oficio, ya sea de gasista, electricista o panadería, cuando salgan tendrán un título y una buena formación para seguir trabajo en la parte privada”. 

“Eso es lo que se busca con la juventud: rescatarla. Porque ya va una generación en la que tenemos a los jóvenes en la calle y me parece que es una buena medida. Va a haber una preocupación de las madres, pero les diría que no lo hagan porque no son jóvenes destinados a ir a la guerra”, destacó el defensor penal.

Por otro lado, recordó que “nadie toma a gente que no tiene al menos el secundario cumplido”, por lo que cuando los asistentes finalicen el Servicio Militar “estarán preparados” e incluso “puede fomentar vocaciones para ingresar a las Fuerzas Armadas”.

En último lugar, Markarian comentó: “Patricia Bullrich lo implementó en un Gobierno anterior, pero no se adhirió mucha gente. Tal vez ahora, por el entusiasmo que tienen los jóvenes con el nuevo Gobierno, a lo mejor vamos a lograr que se inscriban y vayan a trabajar. Los chicos salen a consumir y vender drogas, y ganan más que alguien que trabaja de manera formal, pero cuando los agarran van cuatro o cinco años a la cárcel. Es una manera de salvar a los chicos para que no les pase eso”.

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) llevó a cabo reuniones de trabajo con integrantes del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción federal de Mar del Plata, que abarca además Tandil, Azul, Dolores y Necochea. Estos encuentros fueron en el marco del proceso de implementación del sistema acusatorio, que regirá de manera plena en el distrito a partir del 7 de abril.

El objetivo de los encuentros, que se desarrollaron en Mar del Plata y Necochea, estuvo centrado en abordar cuestiones prácticas sobre el modelo de gestión de la oficina fiscal, los aspectos operativos de la consulta inicial de las fuerzas de seguridad y la utilización de formularios y actas, además de la gestión de casos mediante el legajo digital a través del sistema Coirón.

Los funcionarios de la UNISA, Mercedes Moguilansky y Manuel Rogiano, tuvieron a cargo la reunión de trabajo con integrantes del Ministerio en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La actividad contó con la participación del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler; la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri; el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal N°2, Santiago Eyherabide; y la fiscal subrogante interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Azul, María José Buglione.

El personal de la UNISA desarrolló también capacitaciones a un total de 300 miembros de las fuerzas de seguridad federales -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Prefectura Naval- y Policía de la Provincia de Buenos Aires, en relación al rol que deberán cumplir en el proceso acusatorio y las nuevas formas de comunicación e interacción con el Ministerio, las instrucciones de la Procuración General de la Nación y el uso de formularios y actas. Los encuentros fueron organizados con la colaboración de los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el viernes pasado en la en la Sala Melany se llevó a cabo un encuentro con más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad federales y de la policía bonaerense, que estuvo a cargo de Moguilansky y Rogiano. De esta actividad participaron auxiliares fiscales y funcionarios del Ministerio local.

Rogiano abordó cuestiones prácticas sobre el modelo de gestión de la oficina fiscal, los aspectos operativos de la consulta inicial de las fuerzas de seguridad y la utilización de formularios y actas, además de la gestión de casos mediante el legajo digital a través del sistema Coirón.

Fuente: Fiscales.gob.ar

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) realizó una reunión de trabajo con unos 250 integrantes de fuerzas de seguridad en Mar del Plata, cabecera del próximo distrito donde en algo más de dos meses entrará en vigencia el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Por la UNISA participó el funcionario Gustavo Plat y la actividad se desarrolló en el Centro de Arte Mar del Plata. La capacitación estuvo dirigida a las fuerzas de seguridad federales y provinciales con asiento en la ciudad y sus alrededores, y referida a su desempeño en el marco del proceso acusatorio federal y a su relación con el Ministerio Público Fiscal.

Con antelación, y también durante la actividad, se promovió la distribución entre los participantes de las versiones digitales de los formularios de consulta inicial, y de las actas aprobadas en la Resolución PGN 40/2019 (en formato Word y PDF), junto a otros materiales de interés.

La actividad se enmarca en los objetivos generales de la UNISA y en el programa de capacitación para la implementación del sistema acusatorio federal aprobado por Resolución PGN 14/2024 que, en el Distrito Mar del Plata, tendrá lugar a partir del 7 de abril, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución N°377/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación.

Del evento participaron 250 integrantes de fuerzas de seguridad federales y de la policía bonaerense. Además, estuvieron presentes el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler; la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri; el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal N°2, Santiago Eyherabide; el titular de la Fiscalía Federal de Dolores, Juan Pablo Curi; y la fiscal subrogante interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Azul, María José Buglione.

Entre los funcionarios del MPF del distrito también estuvieron la secretaria Ana Vázquez Vismara y el secretario Felipe Erdociain y los auxiliares fiscales Carlos Adrián Martínez, Hércules Giffi y Diana María Arias.

El director de Fiscalización de Operaciones y Despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Jara, tuvo a su cargo la organización de la actividad y participó de la presentación. También estuvo presente la diputada provincial Sofia Pomponio.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Máxima tensión en Venezuela. La Embajada argentina en Caracas se convirtió anoche en un foco de extrema tensión con fuerte presencia policial y agentes “encapuchados”, según testimonios de los refugiados en esa delegación, todos ellos cercanos a la líder opositora María Corina Machado. 

Los dirigentes asilados compartieron en redes sociales videos que muestran a un grupo numeroso de agentes patrullando la zona, mientras la sede diplomática estaba sin suministro eléctrico.

Fernando Martínez Mottola, Claudia Macero, Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, son los seis opositores venezolanos que Javier Milei refugió en la embajada argentina.

En este contexto, el partido de Corina Machado responsabilizó a Nicolás Maduro por el “asedio” a la embajada argentina en Caracas, luego de que el gobierno venezolano le quitara la autorización a Brasil para custodiar el edificio.

“Siguen llegando patrullas con agentes del régimen a la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Responsabilizamos a Nicolás Maduro de este asedio contra nuestros dirigentes asilados”, escribió la cuenta oficial de X del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, en sus redes sociales.

Omar González, ex diputado opositor y también asilado, también denunció el corte del suministro eléctrico a la residencia después de que las fuerzas de seguridad rodearan el establecimiento. 

Fuentes: Noticias Argentinas, TN

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la entrega de chalecos de protección balística para el personal de las Fuerzas Federales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Garantizar la integridad física del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad es una política de Estado. “Cuidar a quienes nos cuidan”, resaltó la funcionaria y contó que se trata de la adquisición más grande de los últimos años, con la compra de 19.700 equipos.

Los chalecos antibalas se distribuirán entre el personal masculino y femenino: 4750 se destinarán a Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 3950 a Prefectura Naval Argentina (PNA), 7020 a la Policía Federal Argentina (PFA), 1660 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y 2320 al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Cuentan con tecnología de última generación en el mercado. Poseen un chip inteligente que permite almacenar los datos del chaleco y llevar a cabo su trazabilidad. La inversión total es de más de 14.000 millones de pesos.

Bullrich contó que muchos efectivos de las fuerzas sufren problemas de salud por el uso de chalecos porque son muy pesados y les tuercen la espalda. Con este nuevo equipamiento se pudo resolver ese problema vital, ya que se compraron chalecos con doble placa, que son más livianos y adaptables al cuerpo de cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, según destacó la ministra.

La Ministra de Seguridad resaltó que están reacondicionando aviones y helicópteros de las fuerzas, comprando armamento y repotenciando los aviones. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con este presupuesto triplicado por orden del presidente, por el inmenso orgullo que tiene de las fuerzas trabajando en el combate al crimen organizado y en cada una de las tareas para mejorar la vida y seguridad de la población, y que los delincuentes estén donde tienen que estar”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, señaló que la compra se hizo por un valor de mercado 35% menor. “Esto se hizo con un trabajo en equipo, llevando adelante lo que nos pidió la ministra  de cuidar a los que nos cuidan y estamos devolviéndole a cada argentino la plata que se cobra de sus impuestos en seguridad, comprando el mejor equipamiento en forma eficiente y con una transparencia absoluta e innegociable”, afirmó.

La adquisición de chalecos femeninos representa un hito para las integrantes de las Fuerzas, ya que la última provisión se llevó a cabo en diciembre de 2020 y sólo se incorporaron 300 chalecos. 

Para la compra de los chalecos destinados a las mujeres policías se tuvo especialmente en cuenta las características fisicas femeninas y poder optimizar sus condiciones para prestar servicio y poder lograr mayor efectividad en el accionar policial. 

Cabe destacar que, por primera vez, el personal femenino del Servicio Penitenciario Federal (SPF), recientemente incorporado al Ministerio de Seguridad, incorporará prendas balísticas femeninas. El SPF cuenta con 258 chalecos para 16 mil efectivos y con esta primera etapa se incorporarán 2320 chalecos para el personal (2020 masculinos y 300 femeninos).

El acto tuvo lugar en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina Juan Ángel Pirker y estuvieron presentes Martín Siracusa y los jefes de las fuerzas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y autoridades del SPF.

Luego de las impactantes imágenes del influencer polaco que escaló sin arnés un edificio de Puerto Madero y el operativo para evitar una tragedia, desde Defensa Civil comentaron cómo actuarían las fuerzas de seguridad frente a un evento de esa magnitud, puntualmente en el emblemático edificio Havanna de Mar del Plata.

Quien protagonizó el impactante episodio fue un influencer llamado Marcin Banot, quien fue grabado por vecinos de la zona mientras subía por el borde de la estructura sosteniéndose con una mano. La detención del hombre demoró casi una hora, debido a que la estructura del edificio cuenta con ventanales de cristal que no permitían el ingreso del personal por ningún lugar.

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Entonces, al ser consultado acerca de un hecho similar en el edificio más alto de la ciudad, el titular del organismo, Alfredo Rodríguez, expresó que “sería tremendo”, que por el momento “en Mar del Plata no ha pasado algo ni siquiera parecido” y que “lo máximo” que debieron asistir es a bajar gente del Monumento a San Martín.

A pesar de que no hay registro de un acto de semejantes características a nivel local, no descartó la posibilidad. “Más allá de desalentar esta actividad, sabemos que a nivel mundial lo hacen, como algún youtuber con una intención comercial. Lo hacen en la Torre Eiffel o lugares de ese estilo. La ciudad no tiene construcciones de ese calibre, pero si lo intentan en el Havanna, la logística que habría que habría que articular sería de una magnitud impresionante. Tenemos todos los elementos, de hecho el cuartel de Defensa Civil es un polo de seguridad; aparte de nosotros, está Riesgos Especiales y el SAME”. 

En ese caso, en que ingresa “una llamada diciendo que hay una persona de manera temeraria tratando de escalar por el lado de afuera del edificio Havanna”, señaló que de inmediato armarían un grupo de protocolo de emergencia, el que “requeriría infinidad de movimiento”. Por ejemplo, Rodríguez manifestó que “Defensa Civil junto a la Patrulla Municipal y Tránsito deberían delimitar no menos de cien metros en la cara de donde estuviese el sujeto, liberando los espacios para evitar riesgos a terceras personas”. 

Pero además, hizo hincapié en los gastos en que derivaría, considerando que el personal involucrado “no sería menos de dos vehículos de Defensa Civil con cinco personas ni menos de dos vehículos del servicio municipal”, y únicamente para la superficie, es decir retirar vehículos y a las personas de la zona.

“Nadie entra ni sale del edificio, no tenemos que sumar nuevas víctimas. Una vez hecho, Riesgos Especiales manda a su equipo, donde seguro subirían hasta el último piso, bajarían cabos de seguridad con trabajadores arriesgando su propia vida para llegar hasta él y convencerlo piso a piso cada vez que se toma contacto. Sería una maniobra impresionante. El Estado municipal está preparado para eso”, sostuvo la máxima autoridad de la dirección de seguridad.

Y cuando el individuo se encuentra fuera de peligro, “faltaría la parte legal”, por lo que consideró que “el polaco no se la va a llevar gratis”. También, destacó que Defensa Civil es el “tercer anillo” en estas emergencias y que quienes trabajan en primera persona sería el personal de la unidad de rescate de la Policía. Este mismo grupo se encarga de asistir a personas con intenciones suicidas o rescatar a alguien atrapado en un vehículo por un accidente vial.

Ante cualquier emergencia, es posible contactarse las 24 horas con Defensa Civil llamando al 103. 

Cerca de este mediodía, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, recibió en su despacho al jefe de la Agrupación Buenos Aires de Gendarmería Nacional, el comandante mayor Cristian Ariel Robles, y al actual jefe del Escuadrón de Seguridad Vial de Balcarce, el comandante Roberto Octavio Zamora.

En primer lugar, analizaron los cambios llevados a cabo por la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional, que derivó en la designación concretada en diciembre del año pasado, como también se habló del afianzamiento y sentido de pertenencia de la fuerza con la comunidad.

Además, se reafirmó que la sección Seguridad Balcarce, que resguarda a la Estación Terrena de Comunicaciones Vía Satélite, continuará dependiendo del Escuadrón de Seguridad Vial.

El flamante titular del Escuadrón le reafirmó al jefe comunal que la fuerza continuará brindando los servicios que presta en el distrito, tanto cubriendo cuestiones de seguridad a través de patrullajes como el control de rutas y espacios específicos con puestos fijos y móviles.

Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO Libertad estrenaron su alianza en la Cámara de diputados bonaerense para presentar un proyecto de ley que autoriza a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a utilizar las pistolas taser.

En ese sentido, el proyecto de ley firmado por todos los diputados del bloque de La Libertad Avanza y el PRO Libertad propone autorizar “el uso de armas no letales a los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”.

En detalle, la iniciativa fue presentada por los legisladores de La Libertad Avanza Nahuel Sotelo, Alejandro Carrancio, Agustín Romo, Gastón Abonjo y Ramón Vera Chavez; y por los cinco integrantes del flamante bloque PRO Libertad Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigaíl Gómez y Oriana Colugnatti.

Cabe destacar que, el titular de bloque libertario, Nahuel Sotelo, presentó en 2022 un proyecto de similares características para implementar las pistolas Taser, pero no avanzó en las comisiones permanentes al no encontrar consenso con los distintos sectores de la oposición. Ahora, con el apoyo de PRO Libertad, la iniciativa vuelve a tomar impulso.

“El empleo de armas no letales queda estrictamente asignado a los funcionarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provincial que hayan sido especialmente instruidos para su empleo, luego de haber recibido la capacitación específica”, enfatiza el articulado del proyecto que ingresó en las últimas horas a la Legislatura bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa con su estrategia de tejer lazos con los mandatarios provinciales y se reunió este viernes con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para ratificar el trabajo conjunto en el combate del narcotráfico “por encima de cualquier bandería política.

En el encuentro llevado a cabo en el Salón Blanco de la sede de Gobierno de Rosario, Kicillof y Pullarofirmaron un convenio que continúa y extiende el trabajo conjunto entre ambos estados provinciales en la lucha contra el delito y las bandas criminales que en los últimos meses tuvieron como epicentro Rosario y alrededores.

Según precisó el mandatario bonaerense, la firma del convenio permitirá compartir información de las investigaciones de cada provincia y también tener “ámbitos de formación para generar un marco de estudio y análisis sobre la cuestión del narcotráfico”. “Tenemos que estar preparados para una mayor coordinación entre las jurisdicciones”, enfatizó.

“Esta lucha supera cualquier división partidaria o pertenencia políticas. Los delincuentes no se fijan en eso, y por lo tanto nosotros tampoco lo podemos hacer, por más desacuerdos que podamos tener en otras cuestiones”, manifestó Kicillof, al brindar una conferencia de prensa tras la firma del acuerdo.

En ese sentido, el Gobernador bonaerense remarcó que “estamos destinados al fracaso” si se aborda la lucha contra el delito y el narcotráfico “solamente desde cada provincia”, por lo que calificó la firma del convenio con Pullaro como “una fase superior” a la de la colaboración prestada a fines de marzo, con el envío de 80 patrulleros a Santa Fe.

Al igual que el encuentro de esta semana con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, Kicillof continúa de esta manera con su agenda de acuerdos entre provincias no alineadas a Unión por la Patria en una estrategia en pos de lograr “construcción transversal” por fuera de la grieta, un lugar en el que entiende que está ausente el gobierno nacional de Javier Milei.

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, junto al secretariode Seguridad de la comuna, Paulo Rodríguez, recibieron hoy al Jefe del escuadrón UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), por el inicio de su trabajo en la zona.

El cuerpo policial, que comenzó ayer a trabajar en General Alvarado de manera aleatoria, se desplegará en diversos sectores de la comunidad para actuar de manera efectiva.

El martes trabajaron en el barrio Parquemar de Miramar, donde realizaron operativos de control vehicular y tareas de prevención en general, “siguiendo siempre el compromiso tomado por el Intendente Ianantuony, teniendo a la seguridad como una prioridad”, de acuerdo a la información del Municipio.

La UTOI se instaló en Mar del Plata en noviembre de 2021 y cuenta con una base de operaciones y una escuela de capacitación en el Complejo Educativo Tecnológico (Cetec), ubicado en la avenida Jorge Newbery y Ntra. Sra. De Schoenstatt.

El gobierno de Francia prohibió este martes la técnica de estrangulamiento en las detenciones policiales y prometió “tolerancia cero” y suspensión inmediata de los oficiales involucrados en actos racistas, luego de que las protestas en Estados Unidos funcionaran como un catalizador de manifestaciones similares en el país.

La policía francesa quedó en la mira por un nuevo informe forense difundido la semana pasada que atribuyó la muerte de un joven negro en 2016 a la brutalidad policial.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, aseguró que “ningún racista puede llevar dignamente el uniforme de policía o de gendarme” en Francia.

En paralelo, el primer ministro francés, Édouard Philippe, visitó hoy una comisaría de Évry, en el sur de París, para calmar el descontento que existe entre los policías, tras ser de denunciados por violencia y racismo, no solo por grandes sectores de la sociedad, sino también de dirigentes políticos que simpatizaron con las protestas.

“Su misión es indiscutiblemente difícil, a menudo se enfrentan a las tensiones, amenazas y riesgos y son objeto de ataques físicos”, los respaldó Philippe, quien resaltó que así como se les debe respeto y confianza, “tiene que haber igualmente un deber de exigencia”.

Tras la muerte de George Floyd y las protestas que esto desató en Estados Unidos, los manifestantes franceses volvieron a salir a las calles a denunciar similitudes entre los dos sistemas policiales y criticaron el racismo estructural de las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas, se filtraron audios de grupos de policías en redes sociales con comentarios racistas, antisemitas y homófobos.

Durante 2019, hubo 29 denuncias de racismo contra policías, ocho de ellas se archivaron y 21 fueron enviadas a la Justicia, sin que los policías implicados fueran suspendidos en el proceso, informó el propio Castaner.

El ministro espera que a partir de ahora cuando se confirmen la sospechas de racismo contra un agente, se lo aparte inmediatamente del cuerpo.

El gobierno francés también espera un cambio importante con la prohibición del método de estrangulamiento durante las detenciones, una toma que también dejará de enseñarse en las academias de policía.

Además, a partir de ahora queda prohibido que un policía o gendarme se apoye sobre la nuca o cuello de un detenido para mantenerlo inmovilizado en el suelo.

El gobierno galo también reformará la policía de policías, el organismo que se encarga de investigar los abusos de los agentes del propio cuerpo policial, reforma que ya se planteó en otras oportunidades.

En enero pasado, hubo un gran debate público tras la muerte de Cédric Chouviat, un mensajero de 42 años que falleció de un paro cardíaco tras ser asfixiado en el suelo durante un control policial en París.

Sin embargo, el ministro no se refirió a la técnica usada para inmovilizar a Chouviat, que consiste en mantener por la fuerza a alguien boca abajo.

Tampoco se refirió al caso de Adama Traoré, el joven afrodescendiente de 24 años que murió en 2016 bajo custodia policial en la afueras de París, según confirmó el reciente informe forense publicado.

Los agentes que detuvieron a Traoré fueron exonerados pero ahora la fiscalía reactivó el caso.

Otro caso que provocó un escándalo fue el de Gabriel, un joven de 14 años, detenido cuando se disponía a robar una moto en las afueras de la capital francesa, que terminó hospitalizado y operado tras recibir patadas en la cabeza por parte de la policía.

Más de dos meses después de que el Gobierno reglamentara el uso de las pistolas taser para personal de las fuerzas de seguridad, la administración de Mauricio Macri concretó la primera compra de esas armas y sus respectivos cartuchos.

En el proceso de licitación el Gobierno finalmente eligió a la empresa Axon, a la que le abonó $ 5.285.000 (USD 123.000) por la compra de 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. Según el ministerio de Seguridad, el total de la compra a Axon se terminará realizando por casi la mitad del precio original que había ofrecido la empresa.

En esta compra, cada pistola taser costó $ 36.635 (USD 862), mientras que los cartuchos operativos tuvieron un costo de $ 1.005 (USD 23,65) y los de capacitación $ 966 (USD 22.75).

En mayo, tras la aprobación del Reglamento General para el uso de pistolas electrónicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno estableció que en agosto empezarían a ser usadas por efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que realizan prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y estaciones de trenes.

De acuerdo a la norma, esas armas se empelarán "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".

En otro de los puntos, precisa que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".

Tal como dispone la reglamentación, el personal debe recibir un entrenamiento específico, motivo por el cual ya comenzaron las capacitaciones en cada uno de los centros de formación de las fuerzas.

Las pistolas electrónicas poseen un sistema de grabación automático, por lo que una vez que se accionan registran qué se hace con ellas y cómo se utilizan, lo que permitirá un mayor control.

El reglamento aprobado indicó en sus considerandos que las armas no letales son "un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza". Y, destacó que la doctrina internacional toma en cuenta los estudios médicos y técnicos que concluyen que las armas electrónicas no tienen efectos letales sobre las personas.

Esas armas son empleadas en Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia, entre otros.