La petrolera YPF cerró el tercer trimestre de 2025 con un incremento del 21% en sus ganancias, alcanzando los 1357 millones de dólares en concepto de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). El resultado fue impulsado por el aumento en la producción de shale oil y una reducción cercana al 30% en los costos de extracción, en el marco de su estrategia de desarrollo no convencional en Vaca Muerta y la continuidad del Plan 4x4.

Durante este período, la compañía alcanzó una producción de 170.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento interanual del 43%, incluso tras la venta del 49% de su participación en el bloque Aguada del Chañar. En octubre, la producción continuó en ascenso y llegó a los 190.000 barriles diarios, superando de forma anticipada la meta prevista para fin de año.

YPF destacó que el shale oil ya representa el 70% de su producción total de petróleo, lo que permitió compensar la salida progresiva de campos maduros. “Esta estrategia, que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y el EBITDA en aproximadamente 1300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años”, señaló la compañía.

En cuanto a los hitos operativos, la empresa completó el pozo más largo perforado hasta la fecha en Vaca Muerta, con una extensión total de 8200 metros. Asimismo, a comienzos de octubre, logró perforar un pozo de casi 6000 metros en tan solo 11 días, reflejando avances en la velocidad de ejecución y en la implementación de procesos de automatización y estandarización.

Las inversiones totales del trimestre ascendieron a 1017 millones de dólares, de los cuales el 70% se destinó a proyectos vinculados al desarrollo de recursos no convencionales. Este enfoque, según destacó la compañía, contribuyó significativamente a la reducción de costos y al sostenimiento del crecimiento productivo.

Por otro lado, la actividad de refinación también mostró una evolución positiva. Las ventas de combustibles aumentaron un 3% respecto del trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el mayor nivel de procesamiento de los últimos 15 años, consolidando la integración entre el segmento de upstream y el negocio de refinación y comercialización.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Gobierno permitirá un “tapón fiscal” para el impuesto a las Ganancias en el nuevo proyecto de ley que envió al Congreso. La modificación propuesta implicará que ARCA solo podrá limitarse a fiscalizar a los contribuyentes de acuerdo a lo que diga su última declaración jurada.

Esto implica que más allá de que el plazo de prescripción de la evasión tributaria pase a ser de 3 años según el cambio propiciado en el proyecto de ley, el fisco no podrá examinar de manera retroactiva declaraciones anteriores.

“Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada", aclararon fuentes oficiales. “Es lo que llamamos presunción de exactitud: presumimos la buena fe de la gente y hasta que ARCA no determine que un contribuyente miente, se presume que es real la declaración jurada”, sumaron.

Este beneficio forma parte del nuevo régimen simplificado de Ganancias, uno de los ejes central de la iniciativa parlamentaria girada este jueves al Congreso y presentada por el titular de ARCA Juan Pazo y el diputado José Luis Espert.

Como otra novedad respecto a los anuncios de hace dos semanas, el proyecto de ley delimita quiénes podría ingresar en el régimen nuevo de Ganancias. Será, entonces, aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta $10.000 millones.

“Esta situación debe verificarse el año inmediato anterior al de ejercer la opción, y durante los dos años anteriores a aquel. Esto se establece con el fin de evitar maniobras de desapoderamiento de activos y/u otras formas de planificación fiscal agresiva a los fines de calificar a futuro y beneficiarse del tapón fiscal”, especificaron desde el Gobierno. “Además, se deja abierta la posibilidad de que ARCA sume otros requisitos en caso de ser necesario, como por ejemplo el origen de las rentas”, sumaron.

El contribuyente que acepte la declaración propuesta por ARCA y realice el pago en término obtendrá efecto liberatorio respecto del tributo correspondiente a ese período fiscal. Este beneficio no se aplicará si se omiten ingresos, se computan deducciones improcedentes o se utilizan facturas truchas.

Otro elemento que precisó el proyecto de ley tiene que ver con el criterio de “discrepancia significativa”, esto es, a partir de qué montos, ARCA podría considerar que hay una diferencia marcada entre la declaración jurada y lo que el fisco tiene como información sobre ese contribuyente. En resumen, esa discrepancia será considerada como tal si existiese una distancia de un 15% entre lo declarado y lo que estipula el organismo recaudador.

El proyecto de ley enviado al Congreso para “blindar” las medidas de impulso para los dólares bajo el colchón ampliará la ventana de oportunidad para que cada contribuyente pueda evitar una denuncia penal de ARCA por deudas tributarias a través de un pago directo, en una sola cuota, que dejará sin efecto la posibilidad de una demanda por evasión.

Una de las principales novedades está estipulada en el artículo 11°, que establece que el fisco "no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia".

Dicho de otra forma, si un contribuyente tuviera deudas tributarias y ARCA todavía no hubiese efectuado una denuncia penal, esa persona podría presentarse ante una sede del organismo recaudador para cancelar ese monto con un único pago y así conseguir un “cerrojo” que bloquee la vía penal. Es una oportunidad “por única vez” para cada contribuyente, aseguraron fuentes oficiales.

Esa chance ya existe con la normativa actual, pero la ley presentad este jueves da una “segunda chance” para casos de reincidencia o bien si ya hubiese una denuncia penal de ARCA presentada. Esa persona podrá liberarse de la demanda penal con un pago del capital total adeudado, con intereses y más un 50 por ciento adicional. Fue planteado así para establecer un “castigo muy fuerte” y que incentive la cancelación de las deudas antes que extender demandas en la justicia durante años.

“El principal objetivo de la ley es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino: pasar de ser un régimen persecutor a recaudador. Eso se ve en distintas medidas de la ley para el régimen general”, planteó una fuente oficial involucrada en la elaboración del proyecto, hasta este jueves por la tarde que fue girado a Diputados.

“Actualmente, la ley prevé el beneficio que permite evitar la acción penal cancelando la deuda y sus intereses por única vez. Con el cambio propuesto, el contribuyente podrá seguir haciendo uso del instituto una vez realizada la denuncia, aunque pagando un importe adicional del 50% de la suma total”, con deuda de capital, intereses y multas. “Favorece soluciones alternativas al proceso penal, pero solo si hay restitución plena y sanción económica adicional”, mencionaron desde la Casa Rosada.

En el Gobierno estiman que la actualización de los umbrales por los cuales el fisco puede investigar el delito de evasión reducirá casi la totalidad de las denuncias actuales. Fuentes de ARCA mencionaron que hay vigentes 6.652 denuncias penales, pero que con los nuevos montos, que empiezan en los 100 millones de pesos para la evasión simple, podrían quedar firmes solo 198.

Fuente: Infobae

Mario Peña, exministro de Turismo y Deportes de Salta, propuso una iniciativa para que los gastos de las vacaciones sean deducibles en Ganancias, lo que podría incrementar los ingresos del Estado.

“Sería un estímulo para quedarse dentro del país, que está con tarifas no competitivas en relación con los viajes al exterior. El Gobierno Nacional también tendría millones de personas pidiendo facturas por los servicios”, indicó el político, que en diciembre dejó su cargo en la administración de Gustavo Sáenz.

El proyecto fue bien recibido por La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). “Es una gran iniciativa que hay que trabajar en detalle, por el bien del turismo”.

Sin embargo, desde el oficialismo aseguraron que aún no se analizó la propuesta. En la Secretaría de Turismo mantuvieron distancia, explicando que es una idea que respetan, pero que tampoco van a contradecir. Llegado el momento, aseguran que se evaluará la posibilidad que plantea Peña.

El plan aparece en un contexto donde la administración libertaria busca reducir impuestos y mantener en equilibrio el déficit fiscal cero.

La propuesta de Peña pone énfasis en el Impuesto a las Ganancias, que tuvo una actualización de su piso durante los primeros días de febrero. La medida fue formalizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el piso superó los $2.200.000 bruto por mes para los trabajadores sin hijos.

Ante de la actualización de 12%, los sueldos con ingresos brutos con poco más de $2 millones, en el caso de los solteros, y de $3 millones para casados con dos hijos, tributaban Ganancias. Además del mínimo no imponible, la actualización por IPC incluye a las deducciones y las escalas que determinan el porcentaje del impuesto a pagar según el ingreso.

Las nuevas escalas estarán vigentes hasta agosto, según dicta la ley 27.737, conocida como Reforma Fiscal.

Hasta julio de 2024, Ganancias se ajustaba una vez por año. Pero, la reforma de Javier Milei impuso que la indexación de esos parámetros se haga por inflación acumulada y cada seis meses: en enero y en julio de cada año desde el ejercicio fiscal 2025.

El Gobierno nacional comenzó con su política de baja de impuestos, como las retenciones y los que tienen que ver con la compra de autos, y además se anunciaron novedades con relación al impuesto a las Ganancias. Según el contador y docente Marcelo Corbalán, “si uno hace una aplicada planificación fiscal va a poder bajar el monto”.

Según explicó el especialista, la tabla nueva determina que un soltero que tiene $2.230.000 de bruto no va a pagar el impuesto, y si estuviera casado y con dos hijos ese número se va a $2.900.000. “Siempre hay que analizar la situación particular, porque puede haber algunas variantes: si tengo una persona a cago, si mi pareja trabaja. Pero hay que saber que a partir de ahí se paga el impuesto a las Ganancias”, detalló.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Corbalán destacó no obstante que “los que sí es importante es que para llegar a eso número, hay deducciones que uno puede tener en cuenta que no van en el recibo de sueldo, que no te van a arreglar el problema pero te van a ayudar”.

Y explicó: “Por ejemplo los gastos en educación, las cuotas, las clases particulares, los útiles. Ahí tenés un tope de $1.600.000 al año en total. No es lo mismo un chico al colegio que tres. Este valor es en total. Lo mismo con el alquiler, que lo podés deducir hasta ese tope. Como los gastos en salud que no te cubren la obra social. O el servicio doméstico para el cual hay que tenerlo en blanco. Cada empleado tiene que ir cargando sus gastos mes a mes en la página web porque si no el empleador no sabe”. 

Corbalán indicó que las deducciones se van sumando. “Si te pasás y la diferencia es de $500.000, vas a tener que pagar aproximadamente $35.000. Si te pasás en un $1.000.000 vas a pagar $150.000, porque va a subir la escala. Si te pasás en $3.00.000 vas a tener que pagar $715.000. Es proporcional y progresivo”, señaló.

No obstante, consideró que hay un punto “muy importante” que tiene que ver con “las percepciones para las compras en el exterior. Eso también lo vas a poder descontar. Si uno hace una aplicada planificación fiscal va a poder bajar el monto del impuesto a las Ganancias”. 

A estas novedades, el contador sumó que “se están dando algunas cuestiones de baja de impuesto” y en ese sentido remarcó lo de las retenciones: “Son para algunas cuestiones de campo. ¿Por qué va a estos sectores? Porque tiene que ver con los dólares, porque el Gobierno necesita dólares. Fijate que para vos tener acceso a las bajas de las retenciones tenés que comprometerte a liquidar divisas en la mitad de tiempo que lo venías haciendo. Lo que sí no entiendo es por qué la pesca no”.

Por último Corbalán señaló que pasa lo mismo con la reducción de impuestos a la compra de autos: “Fíjate que son autos entre 40 y 70 millones de pesos. Y esto se está haciendo, como nunca antes, repartiendo el superávit”.

El Gobierno avanzo con las modificaciones en el impuesto a las Ganancias que, tras la sanción del paquete fiscal, alcanzará a más empleados en relación de dependencia. La recaudación adicional que llegará por la percepción de este tributo será una de las claves para que el Poder Ejecutivo pueda sostener el superávit fiscal en lo que resta del año.

Casi un mes después de aprobada la ley de Bases, el Ministerio de Economía oficializó a través del Decreto 652/2024 la reforma del tributo que aportaría cerca de 0,4% del PBI de ingresos que el Gobierno necesita para reforzar la señal fiscal, en un contexto en que el resultado de las cuentas públicas será aún más relevante porque el Tesoro quien pague, desde este lunes, los intereses de las Letras Fiscales que reemplazarán a los pases del Banco Central.

La reglamentación del nuevo formato de Ganancias, creen los tributaritas, deberá despejar algunas dudas puntuales que todavía tienen las empresas, a días del cambio de mes y cerca de la liquidación de sueldos. Para Marcelo Rodríguez la principal cuestión es el “empalme”: la reforma es retroactiva al 1 de enero, por lo que la reglamentación debe precisar de qué manera un empleado que cobró más de $1,8 millones mensuales brutos (el nuevo mínimo) no queda con una deuda ante AFIP. “La ley contempla que de ninguna forma va a obligar a quien, a partir del 1 de julio, gana un 1,8 millones a pagar por lo que no pagó desde el 1 de enero. La ley contempla que al momento de hacer la liquidación, como estamos en presencia del impuesto anual, eso se va a neutralizar con un incremento del mínimo no imponible”, había especificado Rodríguez previo a la publicación en el Boletín Oficial.

La versión aprobada llevó el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos durante la gestión de Alberto Fernández, con alícuotas que van del 5% al 35 por ciento.

Si se trata de un empleado soltero con dos hijos menores a 18 años declarados a su cargo, el salario será alcanzado a partir de un bruto mensual de $2.100.000, que equivale a un neto de 1.781.277,39 pesos. En el caso de un empleado casado con dos hijos menores a cargo, quedará eximido del pago del impuesto con un salario bruto inferior a $2.400.000, es decir, un sueldo neto de 2.081.277,39 pesos.

Además, la actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el proyecto, tal como se aprobó en Diputados, proporcionará recursos por 0,43% del PBI.

Con respecto al mecanismo de actualización, la reglamentación señala que los montos “se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, con efectos a partir del 1° de enero y del 1° de julio, por el coeficiente que surja de la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.

Mientras que la determinación de las retenciones del impuesto, por las sumas percibidas durante el primer semestre de cada año fiscal, deberá efectuarse considerando los montos previstos en el artículo 30 y en la escala del artículo 94, ambos de la ley, que tengan efectos a partir del 1° de enero del período fiscal de que se trate.

En tanto, la determinación de las retenciones del impuesto, por las sumas percibidas durante el segundo semestre de cada año fiscal, deberá efectuarse considerando los montos previstos en el artículo 30 y en la escala del artículo 94, ambos de la ley, que tengan efectos a partir del 1° de julio del período fiscal de que se trate, resultando aplicable la doceava (1/12) parte de los mencionados importes, acumulados a cada uno de los meses del referido segundo semestre.

“El agente de retención será el encargado de efectuar la devolución del impuesto retenido en exceso durante el primer semestre de cada año fiscal, con motivo de la actualización de los montos indicados en el párrafo precedente, en caso de corresponder, en oportunidad de efectuar la liquidación anual”, aclara el decreto oficializado esta madrugada.

Con respecto a los trabajadores petroleros, se precisó: “A los fines de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.743, entiéndese como ‘personal de pozo’ a todo el personal que se desempeñe habitual y directamente en las siguientes actividades: a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente en los pozos petrolíferos o gasíferos”.

“También quedan incluidos dentro del concepto de ‘personal de pozo’, toda vez que se trata de trabajadores afectados a tareas que resultan inescindibles a las actividades mencionadas en el párrafo precedente, aquellos que desarrollan: (i) la operación y mantenimiento de instalaciones que sean necesarias para la producción de hidrocarburos y (ii) labores que fueran necesarias para la exploración y producción de hidrocarburos”, se agregó.

En ningún caso el personal administrativo califica como “personal de pozo” y tampoco deberá considerarse a todo otro personal -cualquiera fuera su puesto o categoría- que no encuadre como “personal de pozo”, remarcó el Ministerio de Economía.

La Cámara de Diputados aprobó tanto la ley Bases como la reforma fiscal presentadas por el Gobierno nacional, y despejó el único interrogante que sostenía hasta la medianoche: la recomposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Luego de un debate de 13 horas, y con la presencia deKarina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el recinto, pasada la medianoche se sancionó el primer proyecto legislativo de la gestión de Javier Milei.

La ley Bases aprobada (147 a favor, 104 en contra y 2 abstenciones) replica el texto aprobado en el Senado, que redujo la lista empresas privatizables, eliminó la reforma previsional, reformó el RIGI y amplió la cantidad de organismos estatales que no se pueden disolver. Además, se sancionó la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes a partir del articulado que había formulado la Cámara de Diputados en abril, que incluye impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado y sostuvo que “pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser un triunfo impresionante”. Además, señaló que el Pacto de Mayo podría firmarse el 9 de julio en Tucumán, en la celebración del Día de la Independencia.

“Ha sido un día muy intenso, de mucho trabajo, de mucha presión que hemos culminado con éxito, así que pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser hasta este momento un triunfo impresionante”, destacó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, el jefe de Gabinete insistió: “No sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en Argentina, el mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo del país, de pasar a un populismo berreta que nos ha destruido a un manejo de la libertad en todos los niveles que ha sido impresionante”. Francos aseguró que “por eso somos el centro de atención del mundo y estamos en el centro de lo que es el debate ideológico”.

También, el funcionario admitió que “esta ley no soluciona todos los problemas del país, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes”.

Sobre los puntos que “quedaron afuera” en el Senado, señaló que en el caso de Ganancias y Bienes Personales “hay que insistir en Diputados”, por lo que anunció que se reunirá con los presidentes de los bloques "para ver de qué manera trabajamos estos temas”.

Lo mismo sucederá en el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, entre algunas de las empresas que fueron retiradas de la propuesta por el Gobierno. “Por supuesto, pueden ser incluidas en Diputados. Veremos, porque no es un tema sencillo. Algunos temas son más difíciles de resolver que otros, aunque espero que sean revisados muchos de los temas que modificó el Senado. Queremos insistir, así que veremos, es un proceso arduo”.

El Senado aprobó el paquete fiscal en general, por 37 votos afirmativos y 35 en contra. El proyecto tuvo media sanción tras la luz verde de la Ley Bases en el recinto. Tras la aprobación del paquete fiscal, la Cámara Alta debatió en el recinto la iniciativa en particular. Hubo rechazo a los títulos de Bienes Personales y a la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

La mayoría de los legisladores votó en favor del paquete fiscal en general, incluso con el apoyo del senador radical, Martín Lousteau, que igualmente lo cuestionó. Los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, votaron de manera negativa y se sumaron a los 33 del bloque de Unión por la Patria.

En el inicio del debate la Cámara Alta aprobó el título de Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. A su vez habilitó, con cambios, el Régimen de regularización de activos (blanqueo).

Los senadores rechazaron durante la sesión los cambios en el impuesto sobre Bienes Personales, tanto en el dictamen de mayoría, del oficialismo, como el de minoría, de Lousteau, y la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, en este último caso, por 41 votos en contra y 31 a favor.

El proyecto establece el impuesto al patrimonio para los bienes desde los $100 millones. Aunque en el caso de la casa habitación esa suma sube hasta los $350 millones. Las alícuotas serán iguales para los bienes radicados en la Argentina o el exterior y en el período fiscal 2023 estarán entre 0,5% y 1,5%. Año a año, esa escala irá bajando.

La iniciativa establece además que Ganancias alcance a quienes tengan un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. El proyecto establece, también, que la actualización de las deducciones personales y de las alícuotas sea semestral, a excepción de este año, que será trimestral. También se agrega una deducción especial que tiene el objetivo de exceptuar al aguinaldo del pago del impuesto.

El Senado avaló el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, y la mayoría de los ítems del título VIII, “Otras Medidas Fiscales”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló de sus vínculo con el gobierno nacional en el marco de las negociaciones tras la reunión del viernes con otros mandatarios provinciales, con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Después de meses de agresiones de diferente tipo hacia los gobernadores, en la reunión que tuvimos el viernes se vio un cambio de postura y actitud: el Gobierno nacional hizo un planteo respetuoso respecto de la necesidad de llegar a acuerdos”, afirmó Kicillof en declaraciones al programa radial. “Todo el malestar que se había acumulado desde la presentación del DNU y la Ley Ómnibus, desembocó en la reunión que tuvimos el viernes en Casa Rosada”, destacó.

“La novedad es que nos presentaron un papel escueto con los títulos de los puntos que conformarían una Ley Ómnibus más reducida”, expresó el Gobernador y sostuvo: “Todavía no conocemos el articulado, así que en ese aspecto estamos en cero. Y, tal como lo expresamos varios gobernadores en la reunión, no se va a aprobar nada a libro cerrado. Una vez que conozcamos el contenido efectivo del nuevo proyecto se discutirá con los bloques legislativos”.

Al respecto, Kicillof destacó que el reclamo de los gobernadores “no se trata de un alivio fiscal, el punto de partida es que se devuelvan los recursos que habían quitado y que no son discrecionales, sino que están amparados en normas, leyes y acuerdos, como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y los fondos para el transporte público”. En la misma línea, subrayó: “La gran pregunta que hicimos en la reunión es si iban a devolver los fondos que se llevaron ilegalmente, y que son los fondos que van a la educación, a los comedores, a los medicamentos, a la energía; en definitiva, a los bolsillos de los bonaerenses”, expresó.

El Gobernador también señaló que “en el marco del planteo sobre el Impuesto a las Ganancias, fue contundente la respuesta de algunas provincias acerca de que por ahí no se debería avanzar”.

“El saldo más concreto y positivo de la reunión fue que el Gobierno nacional devolvió los fondos para la denominada Quinta Hora en las escuelas y se comprometió a dar una respuesta respecto a la obra pública que está paralizada”, afirmó Kicillof, al tiempo que indicó que el Gobierno nacional “se comprometió a armar dos comisiones para discutir cuestiones económicas y políticas”.

Con respecto a la discusión sobre la coparticipación, Kicillof destacó que el gobierno nacional recibe actualmente el 66% de todos los recursos que generan las provincias y resaltó: “El punto central del intercambio debe ser que no puede ser que cada provincia se la arregle con lo que puede, sino cómo construimos entre todos un país más solidario y equitativo”. 

El Gobierno nacional recibió hoy a todos los gobernadores en una extensa reunión en Casa Rosada, donde se avanzó con presentar y aprobar en el Congreso una nueva Ley de Bases, más acotada con menos de 300 artículos, y la restitución del Impuesto a las Ganancias como moneda de cambio, lo que implica una masa aproximada de 6.000 millones de dólares anuales para reforzar las complicadas finanzas de las provincias.

Así lo sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una conferencia de prensa que brindó en la sede gubernamental, luego de haber encabezado el encuentro junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se extendió durante más de cuatro horas.

Se trató de una primera reunión y aún queda mucho por acordar, ya que sobre el tema Ganancias aún no hay entendimiento y, en ese marco, los gobernadores de Unión por la Patria solicitaron que la cuarta categoría "afecte a los ingresos más altos".

"El tema Ganancias lo conversamos, algunas gobernadores están de acuerdo otros no. Quedamos en segur hablando y se formará una comisión de ministros de Economía provinciales para seguir negociando", sostuvo el ministro.

También se trabajará en reuniones con los ministros de gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el Pacto de 25 de Mayo.

En caso de llegar a un acuerdo, lo gobernadores deberían acompañar, a través de los diputados y senadores que les responden, un reflotada ley ómnibus que será más acotada y de la cual no se detalló demasiado que conservará y que no respecto de la última.

"Va a ser la Ley de Bases con los puntos que tenían consensos que ya se habían obtenido. Tiene menos artículos pero que les interesan a las provincias, como desregulaciones", se limitó a decir Francos.

Formaron parte de la conferencia los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El primero de ellos, a su turno dijo: "Fueron más de cuatro horas conversando sobre las herramientas que necesita el presidente (Javier Milei) para sacar adelante la herencia que dejó el populismo. Dejamos definido un esquema de trabajo para avanzar con las reformas de los 10 puntos del Pacto de Mayo y de la nueva Ley Bases que toman los puntos que tenían más consenso". 

Jaldo, por su parte, sostuvo: "El Gobierno nos entregó puntos de la Ley bases que luego se van a ampliar y luego será una decisión del Congreso de la Nación. Queremos que a este Gobierno le vaya bien".

Consultado sobre cómo fue el ambiente de la reunión, Francos sostuvo que el gobernador de Buenos Aires, fuerte opositor a Milei, Axel Kicillof, "hizo varios comentarios y tiene diferencias y acuerda con otras propuestas del Pacto de Mayo. Pero fue todo expresado en un ambiente de cordialidad, después es responsabilidad del gobierno presentar los proyectos".

Por otro lado, dijo que el Gobierno "va a presentar proyecto de ley que va incluir una fórmula de actualización de jubilaciones", pero no aclaró si estará dentro de la relanzada Ley de Bases o se enviará por afuera.  

Los gobernadores de las distintas provincias ingresaron a Casa de Gobierno a partir de las 15, tras la convocatoria de Milei en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, a fin de para reconstruir el diálogo que inicie el camino hacia el Pacto de Mayo, que deberá tener previamente la aprobación de la Ley de Bases y un acuerdo fiscal.

El jefe de Estado no pasó a saludar ya que se encontraba en la Quinta de Olivos, mientras que los dos funcionarios estuvieron acompañados por los secretarios de Gobierno, José Rolandi, de Interior, Lisandro Catalán y de Hacienda, Carlos Guberman. 

Asistieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).

También, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Y concurrieron los vicegobernadores, en lugar de los mandatarios provinciales que no pudieron asistir: Teresa Madera (La Rioja), Eber Solís (Formosa), Gisela Scaglia (Santa Fe) y Hebe Casado (Mendoza).

A un mes y días para las elecciones generales, Sergio Massa logró instalar lo que al oficialismo le costó en estos cuatro años de gestión: imponer agenda, con un tema con el que apuesta a cambiar el humor social mediante la recuperación del salario en un contexto crítico, agudizado por la devaluación post PASO. Y lo hizo, en parte, gracias al respaldo de Javier Milei y el bloque libertario que a la vez expuso aJuntos por el Cambio que, tras las Primarias sigue sin encontrar la brújula rumbo al 22 de octubre

El candidato de Unión por la Patria tomó impulso en el sprint final de la campaña capitalizando no solo el apoyo de La Libertad Avanza, sino también el de parte del Interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda. Incluso antes, cuatro diputados radicales de Evolución se diferenciaron dentro de JxC y colaboraron con el quórum. Quizás todo eso explica la sonrisa triunfal con la que apareció Massa en uno de los palcos del recinto, acompañado por los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Con 135 positivos, 103 negativos y ninguna abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea el nuevo régimen de Mayores Ingresos para quienes cobran más de 15 salarios mínimos, actualmente $1.770.000. Ahora el oficialismo espera un trámite rápido en el Senado para que la reforma del gravamen se oficialice antes de las elecciones generales.

Tras la media sanción, Massa destacó el respaldo de los bloques opositores y señaló que para él es “una satisfacción” porque “hace 11 años vengo planteando que el impuesto al trabajo no es un impuesto razonable porque en realidad el salario no es ganancias, es remuneración, es el pago por una tarea que vos realizás”.

Para Milei la media sanción de la reforma de Ganancias también termina siendo un triunfo político. Muestra que continúa siendo fiel a su postura de apoyar baja de impuestos, envuelve en contradicciones a Juntos por el Cambio y da a conocer una faceta dialoguista: pese a los cuestionamientos del sector opositor que lo acusa de jugar con el kirchnerismo, el candidato de La Libertad Avanza da un guiño hacia la gobernabilidad cuando la suya en una eventual presidencia es mirada de reojo y con incertidumbre. Lo hizo con el antecedente reciente de la semana pasada cuando Milei le solicitó a Massa que postergue la presentación del Presupuesto 2024 hasta después de las elecciones generales

El propio Milei explicó su posición y la de su bloque ayer en el recinto: “El Estado es una organización criminal que vive de los impuestos y, por lo tanto, todos los impuestos son un robo”. Mientras que al respecto del oportunismo con que el Gobierno impulsó la medida, declaró: “Sí, el Gobierno va a intentar sacar un rédito electoral, va a creer que la gente es tonta. Pero pese a que la gente es subestimada sistemáticamente por la casta política parece que la gente está reaccionando”.

Y respondió también a las críticas de Juntos por el Cambio: “Les recuerdo que le aprobaron (al Gobierno) el Presupuesto con déficit fiscal, que es inmoral, le han avalado la locura del FMI o han hecho leyes ustedes mismos como la ley de Góndolas o de Alquileres, que son ataques directos al derecho de propiedad”. “Estamos frente a un cambio de época, está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. Nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos”, concluyó el candidato libertario.

Expuesto, aislado, sin una línea clara interna, quedó JxC. En un tema donde se encuentra incómodo por la promesa incumplida de un Mauricio Macri que llegó al poder en 2015 anunciando que en su gobierno ningún trabajador pagaría Ganancias y se fue en 2019 agigantando el número de asalariados afectados.

El espacio que milita la candidatura presidencial de Patricia Bullrich quedó a la vez condicionado por no querer salir en la foto de un acierto del Gobierno y expuso sus fisuras: el grupo de radicales que responde a Martín Lousteau colaborando con dar quórum; otro sector que pretendió imponer la abstención; y finalmente el voto negativo de la coalición.

Con estas contradicciones, el relato al que apuntó Juntos por el Cambio para explicar su posicionamiento apuntó a cruzar a Massa por avanzar con una medida electoralista. Es cierto que los tiempos de presentación y del debate dan lugar a esa idea. También es cierto que la reforma de Ganancias beneficia a 700 mil trabajadores.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó este jueves que “se van a buscar todos los consensos” para “lograr la rebaja del Impuesto a las Ganancias en los próximos días”, luego de que el presidente Alberto Fernández habilitara la incorporación del proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias.

“Se van a buscar todos los consensos con los gremios, la AFIP, el ministerio de Economía y la oposición para en los próximos días lograr la rebaja del Impuesto a las Ganancias”, sostuvo Massa en un comunicado.

Cabe señalar que desde que se conoció la iniciativa, algunos gremios vienen presionando para que queden exentos del gravamen algunos rubros como el aguinaldo, los viáticos, las horas extras, el pago de la comida y diversos adicionales que tienen una fuerte incidencia en las remuneraciones que cobran algunos trabajadores, principalmente de actividades como camioneros, transporte automotor, petroleros, aeronáuticos y marítimos, entre otros.

De hecho, uno de los impulsores de ese reclamo es el líder del Síndicato de Camioneros, Hugo Moyano.

Cabe recordar que el proyecto de ley del oficialismo que fija un “nuevo piso” de $150 mil de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

En ese sentido, Massa destacó que “se debe apurar el debate porque hay más de un millón de argentinos que esperan por el alivio fiscal que representa la medida”.

“Tenemos que buscar resolver de la mejor manera esta medida para después abordar las demás situaciones que esperan otros sectores respecto de un sistema tributario más justo”, agregó Massa sobre el proyecto que lleva su firma, que tiene a su vez como objetivo potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios serían trabajadores y jubilados quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

“Es absurda la regresividad del sistema de impuestos. Con 56 mil pesos se es pobre y con 72 mil se paga ganacias”, sostuvo, tras lo cual acotó: “Hay que corregir la distorsión que se produjo entre el 2016 y el 2019 y que llevó a que hoy paguen el doble de los trabajadores que en 2015 un impuesto por trabajar”.

En tanto, este jueves, a través del decreto 106/2021, publicado en el Boletín oficial, se dispuso que se incluya en el temario del Congreso, durante el período de sesiones extraordinarias, “la consideración del proyecto de ley tendiente a sustituir el inciso ‘c’ del primer párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la ley de Impuesto a las Ganancias”.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Emiliano Yacobitti, presentó un proyecto de ley para que se descuente del Impuesto a las Ganancias los gastos relativos a educación. La iniciativa fue firmada por 35 legisladores de la oposición y esperan incluir esta modificación en el debate del próximo presupuesto.

Aquellos que ganen entre 55 mil y 145 mil pesos podrían, de aprobarse esta variante, descontar cada mes de ganancias distintos ítems como materiales, idiomas, transporte, residencia universitaria, conectividad, comedor, indumentaria, cuotas de cooperadoras, cuotas de los colegios privados y matrículas.

Yacobitti, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señaló que “un Estado que tiene las restricciones de Argentina no se puede dar el lujo de castigar a la clase media que invierte en educación, tiene que premiarlos”.

“Los sistemas regresivos perjudican básicamente a la clase media laburante. Hoy lo que está pasando con la pandemia lo acentúa. Mucha gente paga un impuesto que se supone que es a la ganancia y afecta la educación de sus familias. Nosotros lo que planteamos es: ¿cuánto le sale a una persona mantener a su hijo en la escuela pública?, ¿en qué gastos que tienen que incurrir?, ¿qué herramientas necesitan que lo igualen en las oportunidades futuras? Hoy la buena conectividad y una computadora son inversiones que se deben descontar del impuesto”, afirmó el legislador sobre la gestación de este proyecto.

En este sentido, contó que armaron “una suerte de canasta básica de la educación que tiene como tope un salario mínimo vital y móvil”.

“Además de las herramientas tecnológicas, entraría el transporte, un curso de idiomas, un profesor particular si es que tu hijo tiene una dificultad en una materia. Ni hablar si se trata de chicos con problemáticas más complejas como déficit de atención o si tienen que recurrir a un fonoaudiólogo. No puede pasar que el impuesto a las ganancias no alcance esos ítems”, detalló.

El diputado fundamentó que “la educación de tus hijos es para la ganancia que van a tener ellos en el futuro y no solo ellos, también el Estado va a ser beneficiado” porque “está comprobado que a medida que una persona se capacita más también esa persona tributa más, su salario es más alto, pasa menos tiempo desempleada”. “Las personas con título universitario tienen un salario promedio un 70% mayor que aquellas que solo tienen título secundario”, añadió, por lo que “es un beneficio para todos”.

Sobre los gastos que podría tener una familia en educación, estimó que, en promedio, en un colegio público, en primaria, el gasto es de $10000 al mes, en la secundaria el gasto es de $8000. En el caso de los privados, en primaria se gastan $22000 y $19600 en la secundaria de forma mensual.

“La educación de calidad es una necesidad básica. No podemos pedirle a alguien que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, que no puede comprar una buena PC o tener conectividad, que incluso tenga que afrontar otro gasto. Es una mala política recaudatoria que la gente elija pagar el impuesto a las ganancias o pague la educación de sus hijos”, apuntó Yacobitti.

La tasa de “repago” por parte del Estado es “prácticamente inmediata”, porque “si cada persona que ingresa a la universidad se gradúa, la inversión pública en educación superior se recupera en tan sólo 13 años, es decir, a los 8 años desde que te egresás” y “los restantes 32 años de vida activa son ganancia neta para el Estado, asumiendo que te insertás en el mercado laboral una vez que te recibiste”.

“La educación no es solamente una inversión individual, lo es hacia el Estado. A medida que una persona progresa se convierte en un mejor ciudadano que se refleja, por ejemplo, en el cuidado del medioambiente o mismo en las tasas de criminalidad. En Estados Unidos está demostrado que el índice de delitos baja cuando una persona está más educada. Yo lo vi como docente en el centro universitario de Devoto. Los que pasaban por ahí eran los que tenían menor índice de reincidencia. En nuestro país, la educación universitaria genera retornos públicos del 12,4% per cápita. Más educación hoy es más recaudación impositiva mañana”, agregó el legislador.

Por último, destacó: “La Argentina es el único país de América Latina que no reconoce la deducción de ganancias a la educación. Tenemos que generar conciencia en la sociedad que hoy está pasando esto. La educación tiene que estar dentro de ese régimen. Es de los pocos mensajes que deberían estar afuera de la grieta”.

Fuente: Infobae

La Cámara de Diputados concretó su primera sesión remota de la historia, con más de 40 legisladores en el recinto y casi 200 conectados por videoconferencia, en una jornada en la que se aprobó en forma unánime un proyecto para la exención del pago de Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y de seguridad, y debatía otro para la provisión de elementos de trabajo para los empleados de esos sectores.

Con 193 legisladores conectados de manera remota y otros 47 en el recinto -manteniendo las distancias recomendadas-, a las 18.12 el presidente del cuerpo, Sergio Massa, dio inicio a la sesión con el izamiento de la bandera por parte del oficialista Carlos Selva y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Massa condujo el debate desde el estrado de la sala de sesiones, con el secretario administrativo de la Cámara, Rodrigo Rodríguez, y el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, apostados a cada uno de sus lados.

Las imágenes de los rostros de los diputados que se encontraban trabajando desde sus casas, sus despachos o las legislaturas provinciales, se vieron en las pantallas leds ubicadas en el fondo del recinto.

Entre los diputados presentes en el recinto estaban el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y sus compañeras de bloque Cristina Alvarez Rodríguez y Cecilia Moreau; los jefes de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), además de José Ramón (Unidad para el Desarrollo) y Eduardo Bucca (Federal).

En tanto, habilitaron sus instalaciones las legislaturas de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, San Juan, Misiones y Santiago del Estero, entre otras, para que participaran los representantes de esas provincias, consignaron fuentes de la Presidencia de la Cámara.

Al comenzar la sesión se aprobó en forma casi unánime y con mayoría especial el protocolo que establece el mecanismo de sesiones virtuales mientras dure el aislamiento social y obligatorio, en la que constituyó la primera votación 'mixta' del cuerpo.

Para corroborar el sentido de esos votos algunos diputados debieron formalizarlo a viva voz por problemas de conexión. En ese punto Massa leyó los nombres y cada legislador debía expresar claramente su posición.

Luego, el cuerpo aceptó las renuncias de los diputados del Frente de Todos Daniel Scioli y Andrés Larroque, y de la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrio.

En su reemplazo se tomó juramento a los peronistas Claudia Bernazza y Lisandro Bisormi y al macrista José Luis Patiño, posibilitando el ingreso de la primera para que el Frente de Todos alcance la paridad de género en su bancada, lo que fue destacado en su discurso por la kirchnerista Gabriela Cerruti.

Por su parte, diputados de los bloques opositores destacaron el "enorme esfuerzo" del personal técnico que desarrolló la plataforma de trabajo virtual, al tiempo que pidieron la derogación del DNU 457/20 por el cual se dispuso la suspensión por este año de la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias.

El mendocino Ramón,; Graciela Camaño (Federal), Ritondo y Ferraro fueron quienes se expresaron en ese sentido en la histórica primera sesión virtual del cuerpo.

La neuquina Alma Sapag, del monobloque MPN, en cambio, sólo agradeció la posibilidad de poder celebrar la sesión, y puso de relieve "el trabajo conjunto entre la Nación y la provincia".

Desde la izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño cuestionaron ese y otros DNU relacionados con las medidas adoptadas en el marco de la pandemia y pidieron el tratamiento del denominado proyecto de 'impuesto a la riqueza', lo que fue rechazado por el resto de las fuerzas.

En su discurso, Ritondo expresó: "Estamos para controlar y para proponer desde nuestras bancas, para cuidar la pluralidad, representamos al 41% de los votos de los argentinos que nos dieron este lugar. Le pedimos que el DNU sea derogado y que tengamos la posibilidad de discutirlo en el Congreso".

Camaño, en tanto cuestionó que el DNU 457/20 se haya firmado "dos días antes de que nos diéramos la posibilidad de sesionar" y dirigiéndose a Massa, su ex jefe en el Frente Renovador, le marcó: "Usted y yo fuimos artífices de que el gobierno anterior dejara de tener este tipo de excentricidades con el Presupuesto y se pusiera límites. Lamento mucho la falta de límites, queremos que deroguen el decreto".

Luego se inició el debate del proyecto para la exención del pago de Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y de seguridad, que fue aprobado con 252 votos (4 ausentes).

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, en su carácter de miembro informante del proyecto señaló que le "tocó unificar el conjunto de los proyectos similares que se habían presentado", y destacó que encontró "una enorme disposición para unificar el texto en un dictamen que representara a todos".

Fuente: Télam

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los "principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria", explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó "la igualdad real de oportunidades y de trato" a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que "el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida".

Según lo que consignó Clarín, en otros de los argumentos se explica que "la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja". Y por eso, considera que "el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional".

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

Según explicaron fuentes judiciales, hay en la Justicia unos 2.000 casos "análogos" al de García, "con diferente grado de avance", pero que serán los primeros que se beneficiarán con la decisión. Algunos están en la propia Corte y otros podrían quedar resueltos en instancias inferiores si AFIP o ANSeS no apelan.

Actualmente, se les retiene Ganancias a los jubilados que cobran (al menos) el equivalente a seis haberes mínimos: $ 62.462. En el Gobierno hay preocupación económica por el fallo: el recorte en la recaudación (que de arranque sería menor, hasta que se extienda al resto de los jubilados) llegaría cuando se intenta conseguir el trabajoso déficit cero, con una economía que pasa uno de sus momentos más complicados desde que asumió Mauricio Macri.

A fines de diciembre, el Máximo Tribunal (también con la disidencia de Rosenkrantz) ya había fallado a favor de un reajuste en los haberes, que tenía un impacto casi inmediato en unos 12.000 jubilados que habían judicializado su reclamo por este tema, pero que podría extenderse a otros 140.000.

Y queda pendiente aún si la Corte acepta un pedido para extender los beneficios de los que se conoció como "Caso Badaro", que estableció un fuerte reajuste de haberes para el período 2002-2006. Fue otro de los "casos madre" que los jueces acordaron tratar en el arranque del año judicial.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires revelaron que la empresa Camuzzi Gas Pampeana, la prestataria del servicio de gas en General Pueyrredon, aumentó sus ganancias en un 88 por ciento durante 2018.

El dato fue difundido por el organismo después de la audiencia pública que se celebró este martes para definir una suba promedio del 35 por ciento en las facturas que se mantendrá vigentes desde el primero de abril hasta el 30 de septiembre.

Entre otros aspectos, desde la entidad conducida por Guido Lorenzino cuestionaron el porcentaje de incremento propuesto para este semestre teniendo en cuenta que "la inflación anual prevista por el gobierno es del 23 por ciento". "Los tarifazos de gas acumulan, en algunos casos, más del 2.300% desde la asunción de la Alianza Cambiemos", agregaron.

Además, la Defensoría aseguró que Camuzzi Gas Pampeana logró aumentar sus ganancias en 88 por ciento a lo largo de 2018, con devaluación incluida, y pusieron este caso como un reflejo de la "transferencia de recursos" con la cual se vieron beneficiadas las empresas prestatarias

“El gobierno indicó que tomó la decisión de que aumenten las tarifas para que haya más inversión y, de esa esa forma, se mejoren los servicios públicos, pero fracasó en esta estrategia. Lo que sí sucedió fue que hubo una transferencia de recursos a las empresas, y nadie las controla”, expresó Lorenzino.

En este sentido, el máximo referente de la Defensoría del Pueblo señaló: “Siempre dijimos que las tarifas se podían aumentar, pero los incrementos debían ser razonables, progresivas y proporcionales, y además debían llevarse a cabo inversiones. El gobierno tuvo la oportunidad de hacerlo bien, pero siempre saldó las diferencia a favor de las empresas”.