A través de la Secretaría de Energía, el gobierno eliminó los precios máximos de las garrafas y estableció nuevos valores de referencia. La normativa se impulsó en un contexto de desregularización total del comercio y la economía, el sistema que la Libertad Avanza presentó como bandera. 

En este sentido, Marisa Sánchez, presidente de la Liga de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores, comentó en diálogo con El Marplatense que “conocida la resolución del gobierno, 216/2024 que habla de la desregulación del precio de las garrafas, del tope máximo de referencia, veremos cómo impacta en la ciudad de Mar del Plata”. 

Asimismo, en General Pueyrredon “tenemos una basta cantidad de usuarios que cocinan, se higienizan y calefaccionan con gas envasado”, destacó. 

Respecto al proceso de comercialización, contó que "está fraccionado, viene la distribución y la venta minorista. Esto tienen que ver con el libre funcionamiento de los mercados energéticos que se planteó ni bien ganó el gobierno que está en el poder". 

Por este motivo, “esperemos y veremos cómo avanza en la ciudad el precio de la garrafa, ya comprarla en estos meses se hace bastante complicado para las familias donde en días de mucho frio han utilizado de 3 a 4 envases para su vida diaria”. 

Además, resaltó que es fundamental que “no se olviden que la desregularización del precio de las garrafas y el tope máximo, también incluye al plan hogar que se gestiona en Anses”. 

Para ejemplificar, “tomo como referencia que una garrafa de 10 kilos está 8.500 pesos, en Mar del Plata suele estar un poco más cara como en algunos sectores de la zona sur que la consiguen a 10 mil pesos mínimo con impuestos”, declaró. 

De modo que “veremos desde ahí cuál es el tope que ponen los comerciantes que ahora es libre, si antes había un valor de referencia, hoy ya no existe. La gente necesita la garrafa, pero hay que esperar estos días para ver si impacta como las tarifas de luz y gas”. 

YPF y Petronas finalmente decidieron que construirán su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck. De esa forma, la conducción de la petrolera estatal descartó la posibilidad de llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, gestionada por Axel Kicillof, quien no pudo quedarse con la “inversión más grande en la historia” de la Argentina.

La construcción de la obra de infraestructura es la más ambiciosa que se haya realizado en el país, demandará entre USD 30.000 y USD 50.000 millones, según cálculos preliminares, y había generado una disputa entre ambas provincias, que ofrecían su territorio para emplazarla.

Un punto clave al respecto es que el gobierno rionegrino se había adelantado para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el sistema de ventajas impositivas y cambiarias incluido en la Ley Bases, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esa adhesión había sido rechazada por parte de Kicillof, quien prometió, sin éxito, una normativa provincial para quedarse con el proyecto, la cual ni siquiera ingresó a la legislatura bonaerense.

La planta de GNL permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandaría como mínimo la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).

En medio de los rumores por supuestas preferencias políticas, YPF anunció el viernes la contratación de la Arthur D. Little para auditar el proceso para elegir dónde se ubicaría la planta de licuefacción de gas. “Se contrató a esta empresa vendedora para darle transparencia al proceso”, explicaron desde la petrolera estatal.

Es que Milei había tomado partido respecto a la locación del proyecto: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, dijo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Desde el gobierno bonaerense entienden que YPF tomó una mala decisión y apuntan a que fue así por “cuestiones políticas”. En La Plata aseguran que Bahía Blanca, con su puerto, se encuentra mejor preparada para una obra de infraestructura como la que se espera llevar a cabo.

De todos modos, la planta de GNL se ubicará en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande. Allí deberá ponerse en valor y modernizarse un viejo puerto que tiene salida al atlántico, pero que se encuentra en desuso. Un punto a favor de esta locación es la cercanía con los yacimientos de Vaca Muerta.

YPF está preparando un comunicado conjunto con Petronas, con los detalles técnicos del proyecto y algunos puntos con el por qué de la elección de la provincia patagónica, que se emitirá en las próximas horas, según pudo saber este medio.

El presidente de YPF, Horacio Marín, había mantenido reuniones con Kicillof y Weretilneck, a quienes además envió una carta con siete puntos (tres económicos y cuatro con permisos y ayudas al proyecto), para que cada provincia respondiera sobre su locación para instalar la planta de GNL. Buenos Aires ofrecía Bahía Blanca y Río Negro, Punta Colorada, donde se encuentran ambos puertos.

En su momento, desde la empresa estatal habían asegurado que el presidente había dicho “algo lógico y de sentido común y es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo. ‘Sin RIGI no hay GNL’, es la primera condición que está escrita en las cartas que le enviamos a ambos gobernadores, luego están las evaluaciones técnico/económicas que van a terminar de definir el destino del proyecto. Pero el RIGI es un contexto y marco normativo necesario para que el proyecto se desarrolle, hasta ahora solo adhirió formalmente Río Negro”.

Fuente: Infobae

APNEA es uno de los natatorios y complejos deportivos más nuevos de Mar del Plata, el cual está atravesando una situación compleja desde lo económico, a causa de la falta de gas natural y la consecuente utilización de éste producto en formato licuado (envasado).

El Marplatense dialogó al respecto con el directorio de la empresa, desde donde manifestaron que "en febrero de 2015, en plena construcción de la pileta y a punto de abrir, tuvimos que dar de baja la cuenta de Camuzzi para cambiar la titularidad y cuando lo fuimos a dar de alta, vinieron, hicieron el final de obra, verificaron que no había pérdida, pero nos dijeron que no nos iban a dar gas porque la red no daba para todos los ciudadanos de Mar del Plata. Estamos gastando 250.000 pesos mensuales en gas envasado, cuando podríamos gastar la mitad o menos".

Tras varios intentos por solucionar la situación y diferentes acercamientos para destrabar el problema, los dueños del natatorio lograron comunicarse con la cúpula de la empresa que brinda el servicio de gas al 45% de Argentina: "Hablamos con el director de Camuzzi en Buenos Aires para ver si podía hacer una excepción, no hubo ayuda de ningún tipo, de nadie", aseguró la familia Fernández, propietaria de la pileta.

"En su momento nos plantearon que nos hagamos cargo de un tramo del gasoducto que viene de Tandil hasta acá, que era la única solución. Lo que uno invertía, después iba a ser devuelto en las facturas, pero eran inversiones millonarias. Y el otro problema era que teníamos que hacernos cargo de los accidentes o cualquier cosa que pasara en la obra", explicó indignado uno de los directores de APNEA.

Con respecto a la finalización de la obra, los responsables del establecimiento mencionaron desde cuándo reciben la promesa y cuándo estipulan que podrán contar con el servicio de gas, al igual que el resto de los ciudadanos y de las empresas locales, ya que son el único natatorio de Mar del Plata que tiene éste inconveniente: "Éste gobierno dijo que iba a terminar el gasoducto, empezaron a hacerlo y hubo demoras. Se habló de que en el verano que pasó ya iba a estar habilitado, y no estuvo. Ahora dijeron que en agosto se va a terminar la obra. Imagino que las elecciones van a ayudar a que realmente se concrete".

"Podríamos bajar nuestros costos un montón y podríamos reducir la cuota o no aumentarla como pasa ahora que la venimos aumentando dos o tres veces por año. Hicimos la cuenta y en estos tres años gastamos 1.800.000 pesos de más con la utilización de gas envasado”, concluyó Fernández.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este martes a la ex presidenta Cristina Kirchner en dos expedientes por presuntas irregularidades en la transferencia de subsidios públicos durante su gestión como presidenta a empresas de trenes y colectivos.

El magistrado investiga a la senadora de Unidad Ciudadana en dos causas en paralelo: uno por el sistema ferroviario y otro por el gasoil en el sistema de transporte automotor.

El lunes, además, el juez Bonadio también había procesado con prisión preventiva a Kirchner, en ese caso por la importación con sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL).

Cristina sumó así su quinto procesamiento con prisión preventiva -entre estos, el pacto con Irán-, pero la senadora no irá a la cárcel porque, como sus pares del Congreso, tiene fueros.