El jurado popular declaró culpable al policía Maximiliano González por el asesinato de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años que murió durante un operativo policial en Miramar en diciembre de 2021. 

La pena contempla la prisión perpetua por homicidio triplemente agravado: por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, por el uso de arma y por alevosía.

En diálogo con El Marplatense, el fiscal Fernando Berlingeri explicó que el caso no podía considerarse un homicidio culposo, sino un hecho doloso enmarcado en un abuso policial: “Toda la conducta previa del policía conducía indefectiblemente al homicidio”, afirmó.

Según reconstruyó el fiscal, todo comenzó el 10 de diciembre de 2021 a las 3 de la mañana, cuando un vecino llamó a la comisaría por ruidos molestos en la plaza central de Miramar. Un patrullero llegó al lugar, pero los jóvenes ya se estaban retirando. Uno de ellos, Luciano Olivera, subió a su moto y se fue. Los agentes decidieron seguirlo para identificarlo, pese a que no existía ningún indicio de delito, sospecha o incidente previo.

Tras unas diez cuadras de persecución, otra camioneta policial se cruzó de frente en la avenida 9. “Fue una secuencia de tres o cuatro segundos”, señaló Berlingeri. Luciano bajó la velocidad, pero no frenó por completo. Tres efectivos descendieron del móvil: uno le hizo señas para que detuviera la marcha, otro se corrió, y el tercero, González, abrió fuego y le disparó al pecho. El adolescente murió en el acto.

La cuestión central del debate fue si el procedimiento policial había sido correcto y si el disparo fue intencional. Berlingeri detalló el cuadro técnico del accionar del imputado: “González descendió del vehículo con la pistola fuera de la cartuchera, con un proyectil en la recámara, sin seguro, en simple acción y con el dedo en el gatillo. Eso tiene una única finalidad: disparar”.

El tiro fue ejecutado a aproximadamente un metro de distancia y en dirección de arriba hacia abajo, lo que, para la Fiscalía, demuestra el dolo. González no declaró durante el juicio.

Los otros policías involucrados dieron versiones contradictorias y aseguraron que la moto se les había “ido encima”. La Fiscalía consideró esos dichos como falso testimonio y encubrimiento, aunque esa parte no fue juzgada en este debate.

Más allá de las discrepancias en torno al análisis de la videograbación, el jurado entendió que la evidencia testimonial y pericial era concluyente. Con el veredicto de culpabilidad, González recibirá prisión perpetua.

El Juzgado de Garantías N°2 resolvió el sobreseimiento de tres efectivos policiales involucrados en la causa por el crimen de Matías Damián Paredes, ocurrido en febrero de este año durante una persecución en la zona sur de Mar del Plata. La decisión alcanza a Javier Yancamil Masia, Héctor Daniel Murray, Julio Manuel Rufino Gerez, quienes habían sido procesados por su presunta participación en el operativo que terminó con la muerte del joven de 25 años. 

En sintonía con lo solicitado por la defensa de Murray y Masia (Dres. Joaquín Raña y Nataly Jait) los efectivos quedaron definitivamente desvinculados del caso al considerarse que su actuación se limitó a los “momentos lícitos del procedimiento” y que no participaron directamente de la emboscada ni de los disparos que provocaron el fallecimiento. La Cámara de Apelaciones ya había revocado en mayo la prisión preventiva que pesaba sobre ellos, al señalar que no se acreditaron conductas que implicaran un exceso en sus funciones. 

El Dr. Joaquín Raña, abogado defensor de Murray y Masía, expresó:“La resolución judicial confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio y que ahora también fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal: Murray y Masía no tuvieron ninguna participación penalmente relevante en el hecho. Cumplieron órdenes de servicio y jamás efectuaron disparos. No puede confundirse presencia con responsabilidad. Ellos fueron testigos involuntarios de un hecho ajeno que escapó a su control y responsabilidad. Son inocentes y así ha quedado finalmente acreditado” 

En paralelo, el juez confirmó la elevación a juicio oral de los policías Juan Manuel Molina y Emilio Bernardo Flores, quienes seguirán imputados por homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de la función policial, en perjuicio de Paredes, y por el mismo delito en grado de tentativa contra Cristian Pizarro Novas y Emanuel Astete, los otros dos jóvenes que iban en el auto. 

Según la investigación del fiscal Alejandro Pellegrinelli, el hecho ocurrió el 6 de febrero a la 1.36 de la madrugada, cuando un Fiat Palio rojo con tres jóvenes a bordo fue interceptado en Polonia y Fortunato de la Plaza por dos vehículos no identificables, un Volkswagen Bora gris y una Ford Ecosport negra, ocupados por personal policial que no se encontraba uniformado ni en móviles oficiales. Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo intentó evadirlos y se inició una persecución que finalizó en Goñi y 37, donde el Palio fue interceptado por un patrullero. 

De acuerdo a los peritajes, los agentes Molina y Flores descendieron de sus autos y abrieron fuego sin dar la voz de alto ni identificarse como policías. Uno de los disparos efectuados por Molina atravesó la parte trasera del vehículo e impactó en el pulmón izquierdo de Matías Paredes, provocándole la muerte inmediata. El conductor, en tanto, fue trasladado al Hospital Interzonal con heridas de postas de goma.

Con el sobreseimiento de tres de los acusados y la elevación a juicio de los dos restantes, la causa avanza hacia la instancia de debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los efectivos imputados por el homicidio del joven marplatense. 

Pasaron casi cinco años del crimen del remisero Claudio Romano, que fue abatido a tiros por tres policías de la Ciudad. Todos ellos están imputados por el delito de homicidio agravado por el abuso de autoridad y uso de arma de fuego. Este lunes comienza el juicio contra los oficiales.

Los acusados son Ramón Pérez, Daniela López y Beatriz Manzanelli. El hecho ocurrió el 1° de octubre de 2019 alrededor de las 11.10, cuando los tres oficiales se encontraban a bordo del móvil 2571 asignado a la Comuna 15 B, a la altura 933 de la calle Malabia de Capital Federal. Pérez era quien conducía el patrullero, mientras que Manzanelli estaba sentado en el asiento del acompañante. López, por otro lado, estaba en la vereda a cargo de entregar una notificación a un portero de la cuadra.

Según se describe en los requerimientos de elevación a juicio, Romano estacionó su vehículo Volkswagen Polo detrás del patrullero. Bajó del auto con manchas de sangre en sus manos y abdomen y con un cuchillo “Kerambit” en su mano derecha. Así, caminó con paso normal hasta la ventana del conductor del móvil.

En línea con la reconstrucción de la Fiscalía, una vez frente a Pérez, “Romano introdujo en dos oportunidades por la ventanilla su mano derecha con la que portaba la navaja, ocasionándole al Oficial Primero una excoriación superficial en cara lateral externa del brazo izquierdo, una lesión puntiforme en región medial derecha del cuello y una lesión cortante en el cuarto dedo de la mano izquierda”.

Luego, corrió hacia la otra parte del auto y enfrentó a Manzanelli, que ya había bajado y empuñaba su arma reglamentaria. Cuando Romano intentó abalanzarse sobre ella, recibió un disparo en su pierna izquierda y cayó al suelo donde quedó tendido por aproximadamente 30 segundos. Pérez, por su parte, efectuó otra detonación desde el interior del vehículo policial que impactó en la misma ventanilla.

Claudio Romano tenía 39 años

Una vez en el suelo, Romano permaneció acostado y realizó escasos movimientos mientras los tres efectivos los rodeaban. Cuando intentó reincorporarse —con la navaja en la mano—, Pérez le propinó una patada en la cabeza, por lo que volvió a quedar tendido en el piso. Al intentar levantarse nuevamente, la víctima realizaba movimientos imprecisos al aire con su navaja. Frente a esto, los tres policías abrieron fuego contra él, efectuando un total de cinco disparos que acabaron con la vida del remisero.

“Ha quedado claro que durante el tiempo en que Romano permaneció acostado en el piso, los tres efectivos no adoptaron ningún procedimiento con el objeto de neutralizar su actitud para lograr quitarle el arma blanca y reducirlo —teniendo en cuenta su superioridad numérica y la debilidad física de la víctima—”, considera la Fiscalía.

En su requisitoria, la defensa plantea que “claramente existían muchas otras alternativas que no requerían disparar cinco veces en cuestión de segundos contra quien ya estaba herido, incapacitado para levantarse, y al que por casi un minuto habían dejado para hablar por trunking, mirar la altura catastral o caminar alrededor del móvil”.

En un primer momento, los abogados Manuel Ramallo y Rodolfo Barrios, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que ejercen la defensa de los policías fundaron la apelación del procesamiento dictado por la jueza Gómez Maiorano en que los imputados actuaron “en legítimo ejercicio de su deber” y amparados por la “legítima defensa”.

Los jueces desestimaron la apelación de la defensa de los agentes, para la que los policías se defendieron del ataque por lo que su actuación —a su juicio— está justificada. Además, en un punto importante dentro de las hipótesis que se manejaron alrededor del hecho, los camaristas consideraron no hay pruebas para sostener que Romano buscó que los policías lo mataran, como una especie de “suicidio por transferencia” sino que además no existe legislación que contemple esa figura.

El proceso judicial comienza este lunes y está previsto que se extienda hasta el 20 de septiembre.

Fuente: Infobae.

Luciano Olivera fue asesinado el 10 de diciembre del 2021 en la localidad de Miramar. Cerca de las 3 de la mañana el joven de 16 años jugaba a la pelota con los amigos, pero un móvil policial llegó al lugar y se desató el caos. 

Según relataron los amigos de la víctima, el chico “se asustó y se fue” en moto, la policía comenzó una persecución hasta la Avenida 9 donde se efectuó un disparo que le dio en el pecho y terminó con la vida del adolescente. 

Hoy la familia se reunió en las puertas de Tribunales para que la causa no quede en el olvido y exigir que se modifique la modalidad del proceso para determinar la sentencia. 

“Llegar a este día es una mezcla de sentimientos porque lo primero que quiero es que salga ya la fecha de juicio para que paguen todo lo que le hicieron a mi hijo”, declaró Judith Aristegui, madre de Luciano Olivera. 

En esta instancia, “lo que pedimos es que no sea un juicio por jurados, sino técnico. Luciano tenía 16 años cuando lo mataron, le quitaron todos los derechos. Que sea juzgado por jueces y no por personas que no están aptas para hacerlo”, resaltó. 

La decisión se debe a que “no es gente capacitada para juzgar en un juicio. Si bien el que llevó a cabo el homicidio no tiene escapatoria porque está todo muy claro, queremos que sea técnico”, explicó. 

En una recapitulación del caso, contó que “el 10 de diciembre Luciano estaba con los amigos jugando a la pelota, se hizo un llamado por ruidos molestos, acuden un móvil, inicia una repercusión, pero cuando ingresa a la avenida 9 otro patrullero intenta interceptarlo, pero no le da voz de alto”. 

Según la cronología de los hechos, “se baja Maximiliano González, efectivo de la bonaerense y le dispara al pecho, fusilándolo. Después descienden tres policías más que son encubridores, hay falsos testimonios, agravantes, de todo. Están las filmaciones, testigos, la reconstrucción”. 

Respecto a los otros implicados, detalló que “Nelson Albornoz está detenido y otros dos que están esperando el juicio afuera. El quinto involucrado es Alejandro Cepeda que esconde el teléfono de Maximiliano González y hace encubrimiento”.

“Lo único que queremos es justicia por Luciano, no venganza, y yo creo que va a ser una sentencia justa, pero esperamos un juicio técnico”, concluyó.

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos políticos de izquierda, de derechos humanos y familiares de Brandon Romero marcharon este jueves desde Tribunales hasta el centro de la ciudad y reclamaron justicia para Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia.

En ese marco, también se reclamó por la muerte de Brandon Romero, y su madre Romina Vergara aseguró que "me genera bronca e impotencia porque me voy a mi casa sin mi hijo, porque tengo que estar acá contando lo que le pasó. El doctor Pellegrinelli le negó al abogado todo tipo de pruebas. Mi abogado quiso poner peritos nuevos, pagado por nosotros, que Pellegrinelli conozca a la familia para que vea que Brandon no se movía en un entorno peligroso, que Brandon trabajaba todos los días en la panadería y lo negó".

"Pellegrinelli no quiere saber nada de mi hijo, dice que era un ladrón, siendo que ni siquiera tenía antecedentes. Dice un hombre y mi hijo era un adolescente de 18 años que no hizo nada para que lo maten", agregó.

Respecto al pedido por la aparición de Facundo Castro, Vergara sostuvo que "no me imagino estar en la cabeza de esa madre. Yo no duermo a la noche pensando que mi hijo estaba arrodillado, pensando en mí y lo fusilaron".

Y volvió a arremeter contra el fiscal: "La causa sigue igual y el fiscal Pellegrinelli es el mejor abogado del asesino de mi hijo. Tiene la puerta cerrada para nosotros", sentenció.

"Una vez por semana me van a encontrar sentada acá con el cartel de  mi hijo. Hasta que se cansen de verme la cara porque hasta que no se haga Justicia, no me voy a mover. Mi hijo no era un negrito de mierda como el fiscal dice, tenía una vida saludable. Quiero que el asesino esté preso porque no fusiló solo a mi hijo, fusiló a la familia de Brandon", cerró.