La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia analizará este jueves cómo continuar con su investigación parlamentaria respecto del armado de causas contra sindicalistas durante los gobiernos de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

La reunión plenaria de la Bicameral está citada para esta tarde a partir de las 15.30 y en ella se evaluará el curso a seguir en relación al supuesto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), entre 2015 y 2019, como así también abordará una denuncia realizada días atrás por el titular de ese cuerpo, Leopoldo Moreau (FdT), quien advirtió sobre una "ofensiva" para "desacreditar a la comisión".

En este sentido, el titular de ese cuerpo hizo referencia a un "operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática" para "desacreditar" a la Bicameral y atribuyó esa intención al "macrismo con sus aliados de Comodoro Py", que -dijo- pasaron ahora a "una etapa de revancha".

En ese marco, Moreau decidió solicitar copia de una causa judicial que tramita en la localidad bonaerense de San Nicolás contra dirigentes del gremio de Camioneros, luego de recibir una denuncia de ese sindicato sobre supuestas irregularidades en el expediente relacionadas con actividades de inteligencia ilegal.

Ese pedido fue objetado por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y por su compañero de bancada Gerardo Milman, quienes integran también la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Por eso, la intención del Frente de Todos (FdT) es lograr un respaldo a la tarea de la Bicameral, algo que sería posible pese al rechazo de JxC porque el oficialismo cuenta con ocho miembros en el cuerpo asesor, mientras que Juntos por el Cambio (JxC) ocupa seis lugares.

Además, en el encuentro de esta tarde, los integrantes de la Bicameral evaluarán cómo continuará el abordaje de la investigación iniciada a nivel parlamentario luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los tribunales federales que había hallado un video de una reunión de 2017 en el Banco Provincia, en la que, con la participación de espías, se habrían analizado estrategias para avanzar en el armado de causas judiciales contra gremialistas.

Fue en ese contexto que el exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas planteó su deseo de contar con una "Gestapo" para controlar a la dirigencia sindical.

En ese contexto, la comisión ya convocó, entre otros, a los tres jefes de la AFI de aquel momento que participaron de la reunión grabada en el video: Sebastián De Stéfano, exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de operacional de Contrainteligencia, y Diego Biorci, exjefe de Gabinete de ese ente.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó este jueves al intendente de La Plata Julio Garro, a exfuncionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga a la Gestapo antisindical, la mesa judicial bonaerense que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata, a los que el juez le dictó la falta de mérito.

Más temprano, el magistrado había rechazado declinar su competencia en la causa y había denegado los planteos presentados por parte de las defensas de los imputados que buscaban que se decretara la nulidad de parte de la prueba incorporada al expediente, más precisamente del video que dio origen a la causa.

En una de las resoluciones, el magistrado resolvió rechazar la declinatoria de competencia solicitada por la defensa de del exsubsecretario de Justicia del gobierno de Vidal, Adrián Grassi, al que luego adhirieron otras defensas con el fin de llevar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Planteos similares que objetaban la competencia del magistrado habían sido presentados por Garro, y el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan.

Al confirmar la validez de su actuación en la causa, Kreplak sostuvo que aunque “entre los funcionarios que participaron de los hechos imputados haya algunos que se desempeñaban como funcionarios públicos nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede de sus oficinas lo que define la competencia, sino el lugar de comisión de los hechos investigados”.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le tomará este jueves declaración indagatoria al exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Diego Dalmau Pereyra, en la causa que se sigue por el armado de una Mesa Judicial que operó durante la gestión de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Dalmau Pereyra está acusado de participar en el armado de una investigación judicial que tenía como finalidad perjudicar a la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y a su entonces titular Juan Pablo "Pata" Medina.

En tanto que el martes pasado declaró en el marco de esta instrucción, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI durante la gestión de Cambiemos, Juan Sebastián de Stéfano, quien entregó un escrito en el que amenazó con llevar a Kreplak, ante el Consejo de la Magistratura por el manejo de la investigación, según consignaron fuentes judiciales.

A través de un escrito de menos de 20 páginas, el exfuncionario de la AFI afirmó que los vínculos y contactos que mantuvo con el Poder Judicial fueron en el marco de sus funciones y que Medina tuvo muchas denuncias en su contra, por lo que para investigar un supuesto armado habría que convocar a todos los que intervinieron en esos expedientes, según pudo reconstruir Télam.

De Stéfano sostuvo que los contactos que mantuvo con el juez de Quilmes, Luis Armella, uno de los magistrados que ordenó detener en su momento a Medina, fueron en el marco de sus funciones de auxiliar de justicia.

En ese contexto, el exagente de AFI, que ahora tiene un lugar en el directorio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), amenazó al juez con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura por haber dado curso a una denuncia que se inició con la presentación de un video hallado en la AFI y le reclamó que se abstenga de resolver su situación procesal porque entiende que el caso debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires.

Al advertirle sobre una eventual denuncia ante el Consejo, De Stéfano invocó –sin precisarlos- otros casos en los que jueces federales que utilizaron en sus investigaciones videos de la exSIDE y que luego debieron dar explicaciones por ello: en este caso, sin embargo, el video que fue presentado en la propia denuncia de la AFI también es tomado como un elemento a ser investigado.

El exjefe del área de jurídicos de la AFI tiene una estrategia judicial que excede la presentación de este jueves mucho antes de su indagatoria ya había reclamado ante dos jueces de Comodoro Py (Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi) que reclamen el expediente que tramita en La Plata.

Lijo tiene en su juzgado una denuncia presentada por los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano contra el gobierno de Macri por el supuesto armado ilegal de causas judiciales (ahí De Stéfano ya fue sobreseído) y Martínez de Giorgi investiga el supuesto espionaje ilegal contra políticos, sindicalistas, periodistas y dirigentes sociales, entre otros.

El juez Kreplak, en tanto, decidió reprogramar para el próximo 5 de abril la declaración indagatoria del senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan.

Allan fue uno de los asistentes a esa reunión, celebrada en la sede porteña del Banco Provincia, donde el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aludió a que le gustaría tener una "Gestapo" para accionar contra los sindicalistas.

El Procurador General de la Corte, Julio Conte Gran, descalificó por “irregular” el accionar de la Subcomisión Bicameral de Inteligencia ante la que compareció durante dos horas, citado en relación al escándalo del posible armado de causas judiciales contra políticos y empresarios conocido como la “Gestapo anti sindical”.

Según precisó la Procuración en un comunicado, Conte Grand realizó una presentación firnal denunciando el “accionar irregular” de “una subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos”.

En el escrito subrayó que “la comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal”.

Una de las principales críticas de Conte Grande fue que lo hicieron ir personalmente a comparecer y que no le permitieron hacerlo a través de informes. Según afirmó, esa maniobra “va en contra de lo previsto por las normas aplicables, afectando al mismo tiempo los principios de federalismo y necesario respeto a la autonomía e independencia del poder judicial”.

Asimismo, sostuvo que esta situación “se potenciaba en razón de que la convocatoria adolecía de efectos sustanciales al no haberse precisado en ella el objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni responsables de la instrucción, careciendo el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos”.

A pesar de esto, Conte Grand ratificó su “plena y absoluta disposición para colaborar con la comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del ministerio público de la provincia de Buenos Aires”.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió este lunes la imputación por la presunta “mesa judicial bonaerense” durante el gobierno de Cambiemos a todos los asistentes a la reunión que se celebró en junio de 2017 en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El dictamen incluye tácitamente, aunque sin nombrarla, a la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional por la Capital Federal, María Eugenia Vidal, como respuesta un requerimiento el juez Ernesto Kreplak.

El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes “resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación.

La novedad parece la inclusión en la investigación a los empresarios que participaron de la reunión, quienes hasta ahora aparecían en una suerte de indefinición e incluso emitieron un documento público en el que se colocaban como víctimas de una maniobra que desconocían.

La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba que incluyen entrecruzamientos de llamados entre líneas telefónicas fijas y de celulares entre todos los concurrentes a la reunión, en la que se habló de la forma de perseguir judicialmente a sindicalistas bonaerenses, en especial al dirigente de la UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina.

El entrecruzamiento de llamados ya había sido pedido por el abogado de Medina, el penalista César Albarracín.

Vidal no aparece mencionada por su nombre, a diferencia del resto de los asistentes a la reunión, quienes sí están identificados.

Los bloques de senadores y diputados en la Legislatura bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron “la continuidad institucional del Procurador de la provincia”, Julio Conte Grand, y adelantaron que no acompañarán el juicio político en su contra, impulsado desde el oficialismo, por considerarlo parte de la denominada “mesa judicial” que se presume existió durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del Procurador General, JxC sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución”, señalaron en un comunicado.

En el texto, firmado por la Mesa de Juntos provincia de Buenos Aires y las bancadas de Senadores y Diputados de la provincia, se recordó que Conte Grand “fue elegido por el voto de todos los bloques legislativos en el Senado” bonaerense.

Es que el bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados impulsa la remoción Conte Grand por “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones, al considerar que estuvo vinculado con la mesa judicial montada por funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios en un supuesto armado de causas contra sindicalistas.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.

En ese sentido, desde JxC plantearon que “la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política”. Y advirtieron: “Por esta razón JxC se compromete a no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo”.

Sostuvieron que “la democracia supone el equilibrio de poderes, no la vocación hegemónica de la suma del poder público con fines espurios”.

Carlos Bianco, Jefe de Asesores de Gobierno bonaerense, opinó sobre el video en el que el exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aparece en el marco de una supuesta coordinación entre exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales.

“Es bochornoso, es insólito que luego de 40 años de democracia sucedan estas cosas, es la punta de un ovillo”, planteó Bianco en declaraciones radiales, al tiempo que aseguró que “muchas personas deben dar explicaciones judiciales y políticas”.

“Es todo tan evidente que no hace falta hurgar mucho más, está todo dicho en un video de un minuto y medio, es una barbaridad lo que dicen, pretender tener una Gestapo para perseguir opositores, armar causas”, sostuvo Bianco, y añadió que “fue un plan sistemático que se llevó a cabo”.

En tanto, el funcionario deslizó que “debe haber más material”, tras haber leído una nota publicada en el portal La Política Online titulada Pánico en el PRO por el Blockbuster de Macri y subrayó que “la justicia Argentina está ante un desafío”.

En varios pasajes de la entrevista con Jorge Rial por Radio 10, Bianco comparó lo que se ve en el video con las forma de proceder del gobierno militar durante la última dictadura. “Son prácticas que pensamos que se habían erradicado luego de la dictadura pero volvieron o siempre estuvieron, o estuvieron latentes”, reflexionó.

En tanto, Bianco apuntó -como hicieron otros funcionarios del oficialismo- al Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, “quien no puede estar ni un segundo más en su cargo”.

La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso decidió citar a los empresarios y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión celebrada en 2017 en las oficinas porteñas del Banco Provincia, en las que el exministro de Trabajo de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal habló de su deseo de desplegar una “Gestapo” contra dirigentes sindicales. También será convocado el procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

La subcomisión resolvió, además, llamar a agentes del área de operaciones técnicas de la AFI para intentar reconstruir cómo fue posible la instalación de cámaras en una sala de reunión desde las cuales se grabó el video que salió a la luz esta semana.

La decisión de convocar a Conte Grand tiene que ver con que en el video los participantes de la reunión hablan de avanzar judicialmente contra los referentes del gremio de la construcción de La Plata y expresan contar para ello con la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General.

Las medidas fueron adoptadas en la primera reunión de la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia creada después de que se conoció el video en el que se ve a tres exagentes de la AFI reunidos con funcionarios de la gestión bonaerense de Juntos por el Cambio -entre ellos el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas- y empresarios, con el objetivo de trazar una estrategia para lograr el encarcelamiento de sindicalistas del gremio de la construcción (UOCRA).

Participaron de la reunión de la subcomisión de la Bicameral, los diputados del Frente de Todos (FDT) Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y el radical Miguel Ángel Bazze (en representación de JxC).

Los parlamentarios pedirán al Banco Provincia que informe si tiene registros de ingresos y egresos al edificio ubicado en la calle San Martín, a metros de Plaza de Mayo, durante junio de 2017, y registros de audiencias, y que en caso de poseerlos los aporte.

Los parlamentarios intentarán reconstruir quién, cómo y cuándo colocó las cámaras desde las cuales se grabó la reunión y cómo fue que luego los archivos de aquel encuentro quedaron supuestamente olvidados en un disco rígido hallado días atrás en una base de la AFI.

En ese encuentro participaron el exministro de Trabajo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro; varios empresarios y exagentes con jerarquía dentro de la AFI, como el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la otrora “señora 8”, Silvia Majdalani (número dos de la AFI).

Los legisladores también definieron que tras obtener toda la información administrativa de la AFI citarán a empresarios, al intendente Garro y a todos los que participaron de aquella reunión (los últimos serán los exespías).

Los legisladores evaluarán, además, convocar a la actual diputada y exgobernadora Vidal, y al exministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Federico Salvai.

La Gendarmería Nacional allanó la Municipalidad de la Plata en el marco de la causa en la que se investiga si hubo coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales.

La medida fue ordenada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien dispuso además otros seis allanamientos y dos órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio origen a la investigación judicial.

El allanamiento a la sede de la administración platense fue ordenado para secuestrar documentación, computadoras y otros dispositivos del despacho del intendente local Julio Garro, uno de los protagonistas del video en el que se ve al exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, defendiendo la idea de promover una “Gestapo” contra sindicalistas.

Fuentes judiciales informaron que los operativos simultáneos son llevados a cabo por Gendarmería Nacional e incluyen, entre otras locaciones, el despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Pablo Allan, para lo cual se presentó primero un pedido de autorización al Parlamento local.

A partir de los operativos dispuestos en la tarde de este miércoles, la Justicia logró confirmar que la reunión del 15 de junio del 2017, en la cual se esbozó una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales del gremio de la construcción, se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín.

Los procedimientos ordenados por la Justicia incluyeron un allanamiento a la casa de Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani y otro al despacho del exdirectivo de la AFI Juan Sebastián De Stefano en SBASE (Subterraños de Buenos Aires S.E).

Las medidas fueron dispuestas luego de que ayer la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas, según detallaron fuentes del caso.

La representante del Ministerio Público Fiscal había requerido ayer que se identifique a todos los que participaron de aquel encuentro del 2017 al que habrían asistido tres exfuncionarios de la AFI macrista.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.

En tanto, esta mañana el caso del video impactó también en los tribunales federales de Comodoro Py porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene el caso de los autodenominados Súper Mario Bross, le pidió a su colega Kreplak certificar la existencia de una investigación judicial y acceder a la prueba.

La decisión la adoptó luego de que los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, querellantes den la causa de los súper Mario Bross, presentaran distintos escritos dando cuenta del hallazgo del video en el que aparecen, entre otros, el “enano” De Stéfano, uno de los espías imputados en la causa en la cual son parte.

El expediente de los Súper Mario Bross -el nombre se debe al título del grupo de whatsapp con el que comunicaban los espías- es el que se inició en Lomas de Zamora e investiga a los espías de la AFI que se dedicaron a seguir y espiar a políticos, dirigentes sindicales, periodistas y hasta personas privadas de la libertad.

Por esa causa fueron procesados los exjefes de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cuya situación judicial se alivianó la semana pasada cuando la Cámara Federal porteña revocó sus procesamientos en relación al delito de asociación ilícita y les dictó falta de mérito.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover el armado de causas contra dirigentes gremiales.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías, informaron fuentes judiciales.

Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada ayer por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.

La expresidenta volvió a ironizar hoy en las redes sociales sobre el presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno de Vidal, bajo una serie de posteos que tituló “Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas”.

“Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que por segunda vez consecutiva se pronunció sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó ayer ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

En sus tuits de hoy, la vicepresidenta señaló que “en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17” estaban “Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI”.

También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a “Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani” y agregó que “Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015”.

Ayer, la vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: “¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?”.

“¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, escribió ayer y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar que tuvo AFI durante ese gobierno, involucrada en espionaje ilegal.

Como Cristina Fernández, también sumaron sus voces de repudio la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros funcionarios nacionales.

También lo hicieron los sindicalistas, Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT; y el exgremialista de la Uocra regional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, detenido el 27 de septiembre de 2017, tres meses después de la reunión grabada en el video, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y excarcelado en febrero de este año, luego de cumplir detención domiciliaria.

Cerruti salió al cruce de las declaraciones de Villegas, publicadas hoy en el portal Infobae, donde el exministro de Vidal adjudica la aparición de esos videos a “prácticas ilegales” por parte de la actual Gobierno.

Cerruti le recordó al exfuncionario de Cambiemos que esa “filmación” que él denomina “ilegal”, en la que se lo escucha diciendo que, si él “pudiera tener una Gestapo, lo haría” para terminar con los gremios, “fue realizada por el Gobierno” del expresidente Macri.

“Nosotros también lo lamentamos. Y denunciamos. Y le recordamos al señor Marcelo Villegas que esta filmación ilegal, parte del espionaje ilegal, fue realizada por el gobierno de @mauriciomacri y @mariuvidal y ya está íntegra en poder de la Justicia”, publicó esta mañana Cerruti, en su cuenta de Twitter.

La AFI presentó ayer su denuncia penal tras constatar el contenido del video que técnicos informáticos hallaron en un disco en desuso en el cual se ve al exministro Villegas comandar la reunión en la que presuntamente se diseñaban estrategias legales y de inteligencia sobre dirigentes sindicales.

En el portal de Infobae, Villegas dijo: “Lamento que aún en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas”.

El exfuncionario también pidió “sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar”.

Por su parte, Caamaño insistió hoy que en el video de 2017 se observa “una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, la mafia de María Eugenia Vidal” que estaba “haciendo un trabajo sucio como lo hacía (Mauricio) Macri con la mesa judicial de Nación”.

En declaraciones a la radio FM Urbana Play detalló cómo fue descubierto ese material que sirvió de base para la denuncia presentada ante la justicia.

“Encontramos un disco duro en una computadora que estaba en desuso en una oficina de la AFI. Había muchos discos, algunos averiados. La gente de tecnología los empezó a probar para ponerlos en funcionamiento”.

En esa línea, continuó: “La mayoría de los discos estaban rotos o vacíos; pero este tenía un archivo. Se hizo una copia forense y me lo dieron para verlo”.

“El video es en el Banco Provincia. Había tres personas de la AFI, yo puedo especular por qué lo grabaron. Se grababa de todo”, planteó Caamaño, quien asimismo explicó: “Se grababa de todo, no solo a la oposición, sino entre ellos”.

En ese sentido, estimó que “esa filmación es un control que hacía Nación a provincia de Buenos Aires”.

A su vez, Mena consideró “abrumador” y “verdaderamente escandaloso” el hecho que muestra el video de 2017 que trascendió ayer.

“No hubo en la historia argentina registros tan claros de la organización de causas judiciales para encarcelar gente con fines políticos”, juzgó Mena en declaraciones a Radio Nacional y señaló que “esto no es cuentapropismo”, ya que en ese hecho “están las máximas autoridades del sistema de inteligencia y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizando el armado de causas judiciales para perseguir gente”.

En tanto, desde el sindicalismo, Pablo Moyano dijo que con la difusión del video de 2017 “salió la verdad a la luz después de cuatro años”, al tiempo que calificó a la exgobernadora como “máxima responsable de la persecución” a gremialistas, mientras el “Pata” Medina calificó el contenido del video como “muy grave”.

“Esta gente demostró en ese video que no tenía limites, iban mucho más allá de querer armarme una causa a mí: tenían bajada línea de ir por todo de una manera que da miedo”, precisó.

Medina fue detenido el 27 de septiembre de 2017, tres meses después de la reunión grabada en el video, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y fue excarcelado en febrero de este año, luego de cumplir detención domiciliaria