El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso el 8 de abril, y puso en vigencia un nuevo esquema para regular la protección de glaciares y ambientes periglaciares en la Argentina.

La modificación quedó oficializada mediante el Decreto 271/2026 y alcanza a la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010 para preservar reservas estratégicas de agua dulce, proteger cuencas hídricas y resguardar ecosistemas de alta montaña.

Uno de los puntos centrales de la nueva norma es el mayor protagonismo de las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción tendrá más facultades para definir qué zonas quedan alcanzadas por la protección específica de la ley, aunque deberán considerar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA.

La reforma también cambia el criterio sobre los glaciares de escombros y el ambiente periglacial. La protección estricta quedará limitada a aquellos cuerpos que tengan una función hídrica comprobada o relevante.

Otro cambio importante es el sistema de autorizaciones. En lugar de prohibiciones generales, las actividades productivas deberán analizarse mediante evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo control provincial.

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa al señalar que busca dar mayor previsibilidad, ordenar la normativa y compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico.

En cambio, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron la reforma por considerar que puede reducir los niveles de protección en zonas sensibles y abrir la puerta a actividades extractivas en áreas que antes estaban vedadas.

El tratamiento se concretó con 129 legisladores presentes, número necesario para habilitar la sesión. Además del bloque oficialista, acompañaron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, que permitieron alcanzar el quórum y garantizar la aprobación de la iniciativa.

El debate se desarrolló en un clima menos tenso del esperado. Desde el oficialismo optaron por acortar las exposiciones al considerar que los votos ya estaban asegurados. La sesión se agilizó y la votación se adelantó respecto de lo previsto inicialmente.

Uno de los momentos políticos destacados fue la presencia de Karina Milei en el recinto, quien siguió el tramo final del debate desde el palco de la presidencia, en una señal de respaldo al proyecto del Gobierno.

Durante la discusión, el diputado José Peluc defendió la modificación de la norma y cuestionó las críticas opositoras. En la misma línea, Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma permite compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Desde la oposición, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos. Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa como “regresiva e inconstitucional” y denunció la influencia del sector minero en su redacción. Miguel Ángel Pichetto también rechazó el proyecto y consideró que la ley vigente desde 2010 era suficiente.

Por su parte, Juan Grabois advirtió sobre posibles consecuencias ambientales y cuestionó el impacto de la actividad minera en zonas sensibles.

La norma aprobada busca facilitar inversiones en el sector minero, lo que generó un fuerte contrapunto entre oficialismo y oposición sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección del ambiente.

Un manifestante fue detenido hoy en el marco de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una protesta contra la Ley de Glaciares que se debate en la Cámara de Diputados.

Los enfrentamientos ocurrieron en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes para evitar que avanzaran hacia el Congreso.

Según informaron fuentes policiales, hasta el momento se confirmó la detención de un activista que habría participado de los disturbios en el centro porteño.

La movilización se llevó a cabo mientras en el recinto se discute el proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva en el Congreso.

En ese contexto, se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fuerte operativo policial desplegado en la zona.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La investigadora del CONICET Asunción Romanelli participó del II Foro Regional Andino del Agua 2026, realizado en Lima, Perú, donde expuso sobre el rol de los glaciares en la provisión de servicios ecosistémicos, especialmente en la regulación hídrica, y advirtió sobre los impactos de su retroceso en el contexto del cambio climático.

Durante su intervención, Romanelli remarcó la importancia de estos espacios de intercambio internacional. “Estos intercambios son fundamentales para fortalecer el vínculo entre ciencia y políticas públicas frente a los desafíos del cambio climático”, señaló.

En su exposición, la especialista explicó que los glaciares funcionan como “centinelas del cambio climático”, debido a su alta sensibilidad a las variaciones de temperatura y precipitación. En ese sentido, destacó que su monitoreo permite medir tanto la magnitud como la velocidad del calentamiento global de origen antropogénico, principal causa de su retroceso.

Asimismo, subrayó que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, con un rol clave en la regulación del ciclo hidrológico. Su presencia resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola y la generación de energía hidroeléctrica, además de sostener ecosistemas sensibles como bofedales, vegas y páramos, y contribuir a la recarga de acuíferos en regiones de montaña como la cordillera de los Andes.

Romanelli también advirtió sobre los riesgos asociados a la pérdida de masa glaciar. “La investigación sobre los glaciares es vital para anticipar impactos y reducir riesgos de desastres”, afirmó, al tiempo que mencionó fenómenos como las inundaciones por desborde de lagunas glaciares y la inestabilidad de terrenos.

En esa línea, destacó que los glaciares no solo cumplen funciones ambientales actuales, sino que también actúan como archivos naturales que conservan registros del clima pasado, restos arqueológicos y contaminantes, lo que permite reconstruir la historia ambiental y proyectar escenarios futuros.

Además de su exposición, la investigadora participó como experta en un panel sobre contaminación de cuerpos de agua y aguas subterráneas, donde abordó los procesos de transporte de contaminantes en contextos transfronterizos.

El Foro Regional Andino del Agua es un espacio de articulación entre tomadores de decisiones, especialistas y organismos internacionales como la CEPAL, la FAO, la UICN, el BID y el OIEA, con el objetivo de promover estrategias conjuntas frente a los desafíos hídricos y climáticos de la región.

El oficialismo logró la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur durante la sesión en el Senado de la Nación, donde también comenzó el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y se trató la designación de autoridades diplomáticas.

La iniciativa contó con un amplio respaldo de la Cámara Alta y convirtió a la Argentina en el segundo país en ratificar el tratado, después de Uruguay. La sesión, iniciada por la tarde, se proyectaba con extensión hasta horas de la noche debido al tratamiento de varios temas en agenda.

En ese marco, fue aprobada además la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, en una votación que se desarrolló junto con el debate principal del acuerdo comercial.

Durante la sesión, la senadora Patricia Bullrich defendió el tratado y sostuvo: “El comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos y consolidan lo que dice nuestra Constitución: el bienestar general. Lo que nosotros estamos planteando es recuperar un lugar trascendente de Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, tenido en cuenta”.

“Vamos a construir un capitalismo que genere estabilidad, que le dé riqueza a sus habitantes. Este debate no nos plantea solo un tratado, sino también un cambio más profundo, un rumbo, una dirección. Este tratado nos plantea que la apertura de nuestro país al mundo es una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”, agregó.

Por su parte, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó el tratamiento del acuerdo, aunque adelantó que su espacio no se opondría. “No nos vamos a oponer porque hay provincias que creen que se van a beneficiar”, señaló. Sin embargo, advirtió: “Debió tratarse semanas en comisión, no así a las apuradas”, y agregó: “En 2027 vamos a volver a ser Gobierno”.

En paralelo, distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a autoridades del Parlamento Europeo para expresar su preocupación por la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, que avanza junto con la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

En el documento advirtieron que la reforma podría reducir sustancialmente el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce y claves para la estabilidad climática. “El debilitamiento de la Ley de Glaciares implicaría un grave retroceso ambiental y jurídico. La protección del agua y de estos ecosistemas estratégicos debe constituir una prioridad indeclinable en cualquier proceso legislativo”, señalaron.

Asimismo, alertaron sobre posibles cuestionamientos constitucionales, ya que el proyecto modificaría el esquema de competencias ambientales previsto en la Constitución Nacional respecto de los presupuestos mínimos de protección, debilitando el marco ambiental federal.

Las organizaciones también indicaron que avanzar en una reducción de la protección ambiental mientras se ratifica un acuerdo internacional con obligaciones ambientales vinculantes podría colocar al país en incumplimiento del artículo 26.2.3 del Acuerdo UE–Mercosur, que establece que ninguna de las partes debe debilitar su legislación ambiental para fomentar el comercio o la inversión.

En ese contexto, solicitaron al Parlamento Europeo que tenga en cuenta estos desarrollos legislativos al evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por la Argentina y recordaron que la integración comercial no debe avanzar en detrimento de la integridad ambiental, la seguridad jurídica y los compromisos internacionales.

Fuente: con información de TN

Ya no hay discusión: la ley 26.639 de protección de glaciares de la Argentina es constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían, en suspenso, la aplicación de esa norma.

La decisión del máximo tribunal ahora abre el debate sobre, al menos, 40 proyectos mineros en el país. Los artículos 2 y 6 de la norma eran los más discutidos. El primero de ellos se refiere a la superficie de protección de los cuerpos de hielo y de roca, es decir, dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar. El sexto, a las actividades prohibidas en esa superficie. El acuerdo de los ministros de la Corte no hace referencia en particular a este detalle.

Los fundamentos que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda para rechazar los planteos se centraron en la argumentación del proceso de sanción de la ley, con el debate en ambas cámaras del Congreso; en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.

Los actores demandantes planteaban que el Congreso había avanzado sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales. En este sentido los jueces fueron contundentes: "Antes de buscar confrontación, los artículos 41 y 124 de la Constitución, deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental", expresaron, al tiempo que sostuvieron que "no hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada".

Y consideraron que "Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera".

Los ministros agregaron que "la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio".

Así, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti advirtieron que "la protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación -concluyeron- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución".

También hicieron mención al derecho al agua y, en ese sentido, destacaron la importancia de la norma en cuanto protege a "los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

Los jueces dejaron sentada en su argumentación las consecuencias que la crisis climática ya provocó en los cuerpos de hielo de nuestro país e hicieron referencia a la advertencia del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) respecto de la retracción de glaciares por el calentamiento global. "Esta lectura se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016", indicaron.

En el texto se tiene presente que "para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, debía reconocerse la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños".

En suma, los ministros concluyeron que "el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente".

El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco también rechazaron los pedidos de los demandantes y centraron sus votos en la falta de prueba respecto de la afectación que alegaban. "Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo. Por el contrario, nada parece perturbar, de acuerdo al relato de las actoras, el normal funcionamiento de su actividad minera. Tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos. Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan", indicó Rosenkrantz.

El rechazo de Highton se fundó en un argumento similar: "No se encuentran cumplidos los recaudos que permiten, con fundamento en los criterios antes expuestos, tener por acreditada la existencia de un caso controversia en la medida en que nada parece perturbar -de acuerdo sus propias manifestaciones- el normal funcionamiento de su actividad minera. Las concesionarias Barrick Exploraciones Argentinas S.A. Exploraciones Mineras Argentinas S.A. la provincia de San Juan han formulado sus planteos de manera genérica y no han logrado invocar la existencia de un caso controversia judicial que habilite este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la cuestión".

Aunque las mineras se mostraban ayer inquietas por la decisión, la cámara que las agrupa emitió un comunicado: "La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Y entendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable".

La Argentina tiene 16.968 glaciares, ocupa el segundo lugar de América Latina en términos de recursos disponibles de agua dulce y se encuentra entre los primeros 15 estados del planeta. Según un documento hallado por la justicia en la Secretaría de Ambiente de la Nación, hay 44 proyectos mineros activos o en planificación en zonas glaciares o periglaciares. Sólo en San Juan hay 28.

La empresa Barrick, que explota Veladero en esa provincia y que inició el recurso legal, asegura que la mina no ocupa superficie protegida por la normativa. Esa aseveración es, en parte, lo que convirtió en abstracto el planteo. Sin embargo, el inventario de glaciares podría determinar otros límites. Según los trascendidos, el nuevo argumento legal será la irretroactividad de la ley.

Infobae