El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, una nueva versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que, según afirmó, tendrá mayores beneficios que el esquema actual. 

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales tras regresar de su gira por Estados Unidos. Allí sostuvo que la iniciativa estará orientada a sectores “que nunca han existido en Argentina” y apuntará a fomentar nuevas empresas, inversiones privadas y generación de empleo. 

Actualmente, el RIGI forma parte de la Ley Bases y está destinado a proyectos de gran escala, con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Desde su puesta en marcha, el Gobierno aprobó proyectos vinculados principalmente a energía, minería e infraestructura. 

Aunque todavía no se conocieron detalles técnicos del nuevo proyecto, desde el oficialismo aseguran que el “Súper RIGI” buscará ampliar las ventajas para captar capitales en áreas consideradas estratégicas y acelerar el desarrollo de nuevos sectores productivos. 

El Gobierno nacional evalúa avanzar con la creación de un fondo destinado a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas, que se financiaría con un porcentaje de lo obtenido por la venta de activos estatales.

La propuesta en estudio contempla destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones, venta de inmuebles y otros bienes públicos al fortalecimiento del equipamiento militar. Según estimaciones oficiales, estas operaciones podrían generar entre 1500 y 3000 millones de dólares.  

La iniciativa se enmarca dentro de una nueva etapa del plan de reforma del Estado impulsado por el Ejecutivo, que busca reducir la estructura estatal y, al mismo tiempo, redirigir parte de esos recursos hacia áreas estratégicas como la defensa.  

En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha herramientas para avanzar con privatizaciones incluidas en la Ley Bases, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene autorización para desprenderse de propiedades consideradas innecesarias para la gestión pública.  

Sin embargo, uno de los puntos que genera debate es el mecanismo legal para implementar el fondo. La normativa vigente establece que los recursos con destino específico deben ser aprobados por ley, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de avanzar únicamente mediante un decreto. En este sentido, en la Casa Rosada reconocen que aún se analiza la viabilidad jurídica de la medida.  

De concretarse, el esquema buscaría vincular directamente los ingresos extraordinarios por la venta de activos estatales con inversiones en defensa, en un contexto en el que el Gobierno apunta a reorganizar el uso de los recursos públicos.  

El clima de euforia en La Libertad Avanza (LLA) es total. Tras lograr la media sanción de la reforma laboral el pasado viernes, el oficialismo considera que el Congreso ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en el motor de sus transformaciones. Con el apoyo de gobernadores aliados y un respaldo social que se mantiene firme tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo ya tiene lista la hoja de ruta para los próximos meses.

El objetivo inmediato es la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno presentará como una alternativa superadora a la normativa actual. A esto se suma un paquete de medidas que incluye desde la Ley de Glaciares hasta la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. En Balcarce 50 sostienen que "no hay oposición" real y que el kirchnerismo atraviesa una crisis terminal, lo que facilita el avance de estas reformas.

En el horizonte de mediano plazo, el radar libertario apunta a dos cambios clave en las reglas de juego: la derogación de las PASO y una reforma al Banco Central para permitir créditos en dólares a quienes no generan divisas. Aunque la reforma previsional quedó postergada hasta que baje la informalidad laboral, la prioridad ahora es la reforma tributaria, enfocada en la simplificación del sistema y la baja de impuestos nacionales.

Finalmente, la estrategia política se apoya en el "Tour de la Gratitud" que Milei llevará a Tucumán, premiando a los gobernadores peronistas que facilitaron votos en el Parlamento. A cambio de este acompañamiento, el oficialismo promete asistencia financiera para las arcas provinciales, consolidando una alianza que promete mantener el ritmo legislativo durante todo el periodo ordinario.

Fuente: NA

La Casa Rosada acelera las negociaciones para garantizar la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque admite que el artículo 44 —referido al régimen de licencias médicas— se convirtió en el punto más sensible del proyecto. 

Mientras el oficialismo busca evitar modificaciones que obliguen a devolver la iniciativa al Senado, la CGT amenaza con un paro general y la oposición dialoguista reclama precisiones.

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el Ejecutivo activó una ronda de contactos con aliados, radicales, referentes del PRO y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país. El objetivo es despejar dudas antes de que el texto llegue al plenario de comisiones previsto para esta semana.

El foco del conflicto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece que, ante accidentes o enfermedades no vinculadas a la tarea laboral, el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario —según el caso— durante un período de hasta tres o seis meses, según tenga o no personas a cargo. Actualmente, el régimen vigente garantiza el 100% del salario durante ese lapso.

Para el oficialismo, el cambio apunta a reducir el ausentismo y la litigiosidad laboral. Según el diagnóstico del Gobierno, el esquema actual genera costos elevados para las empresas y desalienta la contratación formal. También sostienen que Argentina es una excepción en la comparación internacional, donde la mayoría de los países abonan entre el 50% y el 80% del salario en situaciones similares.

Sin embargo, sindicatos y bloques opositores advierten que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos. Desde la CGT endurecieron su postura y anticiparon que evalúan una medida de fuerza nacional. La advertencia incluye la posibilidad de que gremios clave, como el transporte, adhieran a la protesta durante el debate parlamentario.

Ante este escenario, el Ejecutivo analiza una “diagonal” para evitar reabrir la discusión legislativa. Entre las alternativas en estudio figura un decreto reglamentario que precise los alcances del artículo 44 y garantice el pago pleno en casos de enfermedades graves, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas. Otra opción sería una ley complementaria, aunque implicaría un nuevo trámite parlamentario.

En Diputados, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios, pero reconoce que el margen es ajustado y que cualquier modificación obligaría a extender el proceso. La Unión Cívica Radical y el PRO acompañan en líneas generales, aunque plantean condiciones y ajustes específicos. Los bloques peronistas no kirchneristas, en tanto, analizan facilitar el quórum sin asumir un respaldo explícito.

Para el presidente Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa económico. El objetivo es reducir la informalidad —que ronda el 40%— y fomentar la creación de empleo registrado. Con el 1° de marzo como fecha de apertura de las sesiones ordinarias, el Gobierno busca llegar a esa instancia con la ley sancionada.

El debate promete ser extenso y de alta tensión política. El artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en la prueba más exigente para la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional oficializó una serie de designaciones en áreas estratégicas de la administración pública, luego de las renuncias registradas en las últimas semanas. Las medidas fueron publicadas en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial, mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Uno de los cambios más relevantes se dio en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde Damián Andrés Selem fue designado como Subdirector Nacional a partir del 1 de febrero, según lo establecido en el Decreto 76/2026. La designación se produjo tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver, a quien el Ejecutivo agradeció por los servicios prestados.

En la misma línea, días atrás el Gobierno había aceptado la renuncia del director nacional del organismo y confirmó que Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux asumirá como nuevo titular del RENAPER, también desde el 1° de febrero. El nombramiento quedó formalizado a través del Decreto 33/2026, con las firmas de Milei y del ministro del Interior.

En el plano económico, se dispuso la designación de Jaquelina Clara Truzzel como directora del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo al Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, conforme a la Ley N° 21.799. El cambio en el directorio se da tras la asunción de Darío Wasserman al frente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard.

Por último, el Ejecutivo resolvió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura. La medida fue oficializada mediante el Decreto 67/2026.

En paralelo, esta semana también se concretaron cambios en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con la salida de Luis Octavio Pierrini y la llegada de Fernando Augusto Herrmann. Las modificaciones se enmarcan en una reorganización más amplia del área, que incluye movimientos en empresas estatales del sistema ferroviario, algunas de ellas incluidas en el esquema de privatizaciones previsto en la Ley Bases.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a los incendios que vienen afectando a distintas zonas de la Patagonia.

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y contempla acciones de presupresión y combate del fuego, además de la restauración ambiental y social de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos ígneos.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, habilitando mecanismos extraordinarios de asistencia.

La normativa encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención, combate de incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Según se detalla en los fundamentos, la combinación de sequía extrema, vientos intensos y la magnitud de los incendios, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, superó la capacidad de respuesta local y generó un riesgo concreto para la vida de las personas, los bienes y el ambiente.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario no permitiría adoptar medidas con la urgencia que la situación demanda, y dispuso dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

Fuente: NA

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves a las 12 con el objetivo de definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará durante las sesiones extraordinarias de febrero. El encuentro estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación virtual del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según trascendió, la reunión fue adelantada —estaba prevista para la semana próxima— y reunirá a los principales referentes del oficialismo, entre ellos Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. En un encuentro previo, el Gobierno había fijado como prioridades la reforma laboral y los cambios a la Ley Penal Juvenil, con la intención de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad.

En paralelo, Patricia Bullrich mantuvo reuniones con los bloques dialoguistas del Senado, que reúnen a 44 senadores no kirchneristas. Tras el encuentro, la ministra aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales y dejó abierta una nueva instancia de negociación para los próximos días.

En ese contexto, ganó fuerza la posibilidad de ampliar el temario con iniciativas vinculadas a la Emergencia Ígnea en la Patagonia, un reclamo impulsado por los gobernadores del sur ante los incendios forestales. La iniciativa podría convertirse en pieza clave de negociación para conseguir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral.

El respaldo también llegó desde el PRO. Mauricio Macri apoyó públicamente el pedido de los mandatarios patagónicos y advirtió que ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural, en un escenario marcado por la sequía más prolongada desde 1965. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades”, sostuvo.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres fue un paso más allá y pidió que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, con penas severas para quienes provoquen incendios de manera intencional. El planteo respalda un proyecto presentado en el Senado por Edith Terenzi, que busca tipificar el daño ambiental grave e irreversible y fortalecer las sanciones frente a delitos ambientales.

Con este escenario, el Gobierno busca cerrar una agenda ambiciosa para febrero, en la que las reformas estructurales conviven con la urgencia ambiental y las negociaciones políticas necesarias para destrabar el debate en el Congreso.

Fuente: TN

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un pedido ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery y rechazar una moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF, que tramita bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

Según fuentes oficiales, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados” que afectan la soberanía y las relaciones internacionales. Desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió plenamente con el discovery, entregando información “razonablemente relevante” en un volumen sin precedentes.

Pedidos “jurídicamente inaceptables” y el oro del Banco Central

Pese a ese cumplimiento, la Procuración advirtió que los demandantes escalaron los reclamos hacia requerimientos “inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntó contra el fondo litigante Burford, que solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Sobre este punto, el Gobierno fue categórico: las reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que no son activos ejecutables y cualquier pedido de información al respecto resulta improcedente.

La PTN sostuvo además que el discovery “se desnaturalizó” y pasó a ser una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado, y denunció que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.

Fuente: TN

El Gobierno anunció la disolución del comité del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) encargado de calificar las películas según la edad del público. La decisión fue comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la medida apunta a retirar al Estado de la supervisión de contenidos culturales.

La resolución quedó plasmada en el Decreto 50/26, publicado este martes, que disuelve la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, responsable de hacer cumplir el Régimen de Calificación de Películas. “Sacamos al Estado del medio que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos”, afirmó el funcionario.

Cambios clave en la calificación y el rol de las familias

Sturzenegger explicó que, si un productor declara su película como apta solo para mayores (la categoría más restrictiva), no habrá revisión estatal: se utilizará esa calificación de forma directa. En el caso de films que busquen habilitación para menores, se aceptará la clasificación del país de origen y el INCAA solo intervendrá si la obra carece de calificación o si existen motivos para revisarla a posteriori.

Entre los cambios destacados, el decreto habilita que niños y adolescentes puedan ver películas de cualquier categoría si están acompañados por al menos uno de sus padres o tutores, ampliando el criterio previo. “Deja de ser el Estado el que dice qué podés ver; ahora lo hará la gente que te quiere”, sostuvo el ministro.

Argumentos y contexto político-cultural

En su anuncio, Sturzenegger citó al clásico Cinema Paradiso para reforzar su postura y remarcó que la censura formal no existe desde hace décadas, pero que persistían estructuras que la habilitaron en el pasado. También señaló que el INCAA fue creado durante el gobierno de Onganía, como parte de un esquema de control cultural, y reivindicó la necesidad de “desarmar esas estructuras”.

Por último, el ministro celebró la gestión del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, y afirmó que el decreto “devuelve libertad a la cultura”, al tiempo que criticó a gobiernos anteriores por mantener un enfoque que, a su juicio, coloca al Estado por encima de las decisiones de las familias.

Fuente: TN

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de cambios en puestos estratégicos de la administración pública, entre ellos la renuncia del director del RENAPER, la salida del titular de la UIF y recambios en Transporte y el ENARGAS.

En primer lugar, se confirmó que Pablo Luis Santos dejará su cargo como director del RENAPER a partir del 1° de febrero. En el mismo decreto, el Ejecutivo designó como reemplazante a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, agradeciendo al funcionario saliente “los servicios prestados” durante su gestión.

También quedó formalizada la salida de Paul Starc al frente de la UIF, una decisión que ya había sido anticipada la semana pasada por el Ministerio de Justicia y atribuida a motivos personales. En su lugar fue nombrado Ernesto Gaspari, a quien en el oficialismo señalan como cercano al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Starc, exfiscal, había asumido en abril de 2025 y había llegado al organismo tras la salida de Ignacio Yacobucci, en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde la Casa Rosada remarcaron que Starc no se fue en malos términos y confirmaron que integrará el directorio del BICE, dependiente del Ministerio de Economía. “Si se hubiera ido mal de la UIF, no se le habría ofrecido ese lugar”, deslizaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, tras aceptar la renuncia de Luis Pierrini, también por razones personales. Finalmente, se dispuso la salida de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y la designación de Marcelo Alejandro Nachón como su reemplazante, destacando que reúne los antecedentes necesarios para el cargo.

Con estos decretos, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración de áreas sensibles del Estado, en un contexto de ajustes internos y reorganización del esquema de gestión.

Fuente: TN

En un contexto marcado por la controversia política, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) dio un primer paso para fortalecer la coordinación del intercambio de información estratégica dentro del Sistema de Inteligencia Nacional. La iniciativa se materializó con la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio que busca institucionalizar los canales de comunicación entre las distintas áreas.

Según informó oficialmente el organismo, “este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas, y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas”. El encuentro se realizó durante la mañana y contó con la participación de todos los organismos que integran la CITN, incluidos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Desde la SIDE explicaron que uno de los ejes centrales es ordenar y formalizar la comunicación entre los distintos actores, con reglas claras y criterios comunes, para evitar superposiciones y avanzar hacia una mirada integral de los desafíos en materia de seguridad y defensa. En ese sentido, remarcaron la necesidad de dejar atrás prácticas menos transparentes y dotar al sistema de mayor previsibilidad institucional.

El avance se produce en paralelo a la polémica generada por el DNU que modificó la Ley de Inteligencia, mediante el cual el Gobierno dispuso una reestructuración integral de la SIDE. El decreto redefine funciones, elimina algunas áreas y refuerza la capacidad de influencia y control del organismo, con el argumento de modernizar su funcionamiento y clarificar roles.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, una decisión que el Ejecutivo justificó por la sensibilidad de la información y la necesidad de reducir riesgos estratégicos. Además, el DNU habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en tres situaciones:

Mientras tanto, el Gobierno confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios para tratar el DNU en el Congreso, aunque los distintos bloques opositores continúan articulando acciones para rechazar la medida.

Fuente: TN

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo este miércoles por motivos personales, según informó oficialmente el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. La decisión se conoció en horas de la noche y fue acompañada por el anuncio inmediato de su reemplazante.

Desde la cartera económica destacaron el trabajo realizado por Pierrini durante su gestión y agradecieron su compromiso y la labor desarrollada al frente de un área clave para la administración nacional, en un contexto de reorganización y revisión del sistema de transporte.

En su lugar, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, un profesional con amplia trayectoria en obras de infraestructura y gestión del sector, según detallaron desde el Gobierno.

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) otorgado por el Instituto de Altos Estudios Empresariales.

A lo largo de su carrera, el flamante funcionario también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad Nacional de San Martín y la Federación Argentina de Universidades Privadas.

Con este cambio, el Gobierno busca garantizar la continuidad de la gestión en el área de Transporte, una de las más sensibles en la agenda económica y de infraestructura del país, mientras avanza en la reconfiguración del equipo técnico que responde al Ministerio de Economía.

Fuente: NA

El Gobierno nacional descarta realizar cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral, pero admite negociar el apartado tributario, especialmente la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como vía para acercar posiciones con los gobernadores y garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. La directiva presidencial es clara: el tratamiento no debe pasar de febrero.

En la Casa Rosada reconocen que el foco de la negociación está puesto en el impacto fiscal de la iniciativa. Por eso, el oficialismo analiza modificaciones acotadas en el articulado impositivo para sumar el respaldo de legisladores alineados con mandatarios provinciales, aunque descarta esquemas de compensación por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas o fondos extraordinarios. “No va a haber esquemas paralelos”, repiten desde Balcarce 50.

Según fuentes oficiales, la mesa técnica ya recibe propuestas y el texto se encuentra en una etapa de “exploración”. Gobernadores aliados advirtieron que no acompañarán una baja de impuestos coparticipables sin un esquema de transición que amortigüe el impacto en las cuentas provinciales, un punto que hoy concentra las tensiones.

La estrategia del Ejecutivo apunta a condicionar cualquier revisión tributaria a un respaldo político más amplio. En Nación insisten en que el escenario ideal es no tocar ningún artículo, aunque aceptan habilitar una revisión limitada del capítulo impositivo si las provincias acompañan otras iniciativas clave del oficialismo en el Parlamento.

En contraste, no habrá cambios en los artículos vinculados a sindicatos, convenios colectivos y representación gremial. Si bien existen contactos informales con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno rechaza por ahora una convocatoria formal y le resta entidad a la posibilidad de un paro general. “No se va a modificar el espíritu de la ley”, subrayan en Balcarce 50.

Las negociaciones están encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya mantuvo reuniones con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Gustavo Sáenz, y prevé encuentros esta semana con Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa.

Fuente: TN

El Gobierno nacional analiza otorgar compensaciones a los gobernadores que manifiestan reparos frente a algunos artículos de la Reforma Laboral, en particular aquellos vinculados a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que impacta directamente en la recaudación provincial.

De acuerdo a lo que trascendió, varios mandatarios aliados no ocultan sus diferencias y reclaman cambios ante el efecto fiscal de la iniciativa. En ese contexto, en la Casa Rosada se debate una estrategia para “compensar” a las provincias y así asegurar los votos necesarios en el Congreso.

El tema será eje de una reunión de la mesa política convocada para esta mañana por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se pondrán sobre la mesa soluciones puntuales para cada distrito. Sin embargo, no hay unanimidad: mientras un sector propone atender los reclamos, otro rechaza ceder y sostiene que las provincias terminarán beneficiándose con el impacto económico de la reforma.

La discusión se da bajo la atenta mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará del intercambio y tendrá un rol clave en la definición del esquema fiscal.

En paralelo, el Poder Ejecutivo aceita la negociación legislativa con un equipo integrado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros referentes, con el objetivo de alinear posiciones y avanzar hacia un nuevo triunfo parlamentario.

El Gobierno define los últimos detalles de la reforma del Código Penal y espera poder presentar el proyecto en el Congreso durante las sesiones ordinarias.

A pesar de que la primera intención era debatir la iniciativa en extraordinarias, durante el verano, el oficialismo decidió postergar su tratamiento. De esta manera, se espera que durante febrero La Libertad Avanza se enfoque en aprobar la reforma laboral —que ya tiene dictamen en el Senado— y la modificación en la Ley de Glaciares.

El nuevo Código Penal no estará incluido en el temario de extraordinarias porque un sector del Gobierno que evalúa su redacción aún está terminando de pulir los detalles de cada artículo del proyecto de ley.

El Gobierno dio algunos detalles sobre las bases del nuevo Código Penal que impulsa. (Foto: Presidencia)

“Las modificaciones surgen de la mesa política que se armó. Lo valida al final el Presidente”, indicó una fuente al tanto de la redacción de la iniciativa.

La mesa está compuesta por Santiago Caputo, asesor presidencial; Sebastián Amerio, secretario de Justicia; María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Esta última también está acompañada por un grupo de asesores especialistas en el tema.

De esta manera, este grupo sigue definiendo la redacción de la reforma del Código Penal. Todos los borradores que circularon durante estos meses ya habrían sufrido algunos cambios. “Se está terminando de acomodar todo”, dijo otra fuente oficialista.

Asimismo, cabe destacar que en el Gobierno volvieron a asegurar que la figura del femicidio no se eliminará. Las dudas sobre esta posibilidad surgieron tras distintas declaraciones de Javier Milei, que ponían en duda la continuidad de ese artículo. “No se va a quitar”, agregaron en la Casa Rosada.

En este contexto, en el Congreso —tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores— no vieron un proyecto oficial de la reforma del Código Penal. Es por eso que esperan a que desembarque oficialmente en alguno de los dos recintos para analizarlo en detalle.

No obstante, algunas fuentes legislativas oficialistas no descartan que la iniciativa llegue sobre el filo de las sesiones extraordinarias de febrero: “Se podría empezar a trabajar aunque sea en comisión, después de la reforma laboral”.

Aunque todavía no hay un texto confirmado, Javier Milei y Patricia Bullrich realizaron un acto en octubre en 2025 para dar a conocer algunas bases del nuevo proyecto.

El objetivo de la reforma, según explicaron en ese momento, es que haya “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”. La intención del Ejecutivo es que este nuevo código reemplace al actual que está vigente desde 1921.

El Gobierno termina de pulir la reforma del Código Penal y evalúa presentarla en el Congreso recién en el período ordinario. (Foto: NA / Damián Dopacio)

Es por eso que, antes de llegar a la mesa de debate de La Libertad Avanza, en 2024 se conformó una Comisión de Reforma del Código Penal que estuvo integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti. Este grupo fue el encargado de proponer los primeros cambios en el código, que serán validados —o no— por el Presidente.

En relación con la letra chica de la reforma, se espera que la nueva ley aumente las penas en casi todos los delitos. Pero, además, buscaría definir que delitos graves como el homicidio agravado o el abuso sexual serán imprescriptibles y de cumplimiento efectivo.

Patricia Bullrich también comentó durante una conferencia de prensa que las condenas a perpetua no tendrán un límite temporal. De esta forma, cuando existe una sentencia perpetua, sería realmente “para toda la vida”.

Por último, el proyecto tendría el objetivo de asegurar la efectividad del cumplimiento de la pena en un 82% con prisión efectiva. También se espera que impulse la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei designó al exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, a través del Decreto 6/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, el nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Congreso, una figura prevista para asegurar el funcionamiento del servicio exterior. El decreto sostiene que Iglesias “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para el cargo.

Además, el Gobierno destacó que Bélgica ya había otorgado el plácet de estilo solicitado por la gestión de Milei en noviembre del año pasado, un paso clave para concretar la designación diplomática.

Fernando Iglesias finalizó su mandato como diputado nacional el 10 de diciembre pasado. Aliado de La Libertad Avanza, mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo incluyó en varios viajes oficiales al exterior.

En el plano internacional, Iglesias fue uno de los principales impulsores del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un punto que le valió reconocimiento en Bruselas.

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, promovió debates con legisladores extranjeros y participó activamente en reuniones sobre la agenda bilateral Argentina–Bélgica y el vínculo con la UE.

En octubre pasado, durante una visita a Bruselas, el entonces legislador afirmó que “el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda”.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio como Administradora Nacional de la ANMAT y designó en su lugar al doctor Luis Eduardo Fontana, mediante el Decreto 3/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida rige desde el 5 de enero de 2026, alcanza al organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud y marca un cambio sensible en la conducción del ente encargado de regular medicamentos, alimentos y tecnología médica en la Argentina.

La salida de Bisio se da en un contexto atravesado por una investigación judicial de alto impacto sanitario y político. La ex titular de la ANMAT fue citada a declarar e indagada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien desde mayo instruye la causa por las muertes vinculadas a un opiáceo, luego de que más de 300.000 ampollas producidas con deficientes prácticas de fabricación fueran comercializadas por los laboratorios HLB y Ramallo bajo el supuesto control del organismo regulador.

El expediente, considerado uno de los más voluminosos en materia sanitaria, ya acumula unas 6000 fojas, distribuidas en más de 30 cuerpos, y mantiene bajo análisis el desempeño de los mecanismos de fiscalización y control de la ANMAT. En ese marco, el rol del organismo quedó expuesto a cuestionamientos públicos y judiciales por los controles previos y posteriores a la autorización de los productos.

Durante 2025 circularon en varias oportunidades versiones sobre una posible salida de Bisio del cargo. Sin embargo, esas especulaciones cobraron fuerza a mediados de septiembre, cuando fuentes oficiales dejaron trascender que su desplazamiento era altamente probable, en paralelo al avance de la causa y al creciente costo político del escándalo.

Desde el Gobierno señalaron que la designación de Luis Eduardo Fontana apunta a garantizar continuidad institucional, orden administrativo y fortalecimiento de la conducción técnica de la ANMAT.

Fontana es médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, cursada en la UADE. Su perfil combina trayectoria médica con experiencia en gestión sanitaria, un aspecto que el Ejecutivo considera central para la nueva etapa.

En el sistema de salud es un nombre conocido por su trayectoria de más de tres décadas en OSDE, una de las principales prestadoras privadas del país, de la que se desvinculó en febrero de 2025. En su formación profesional realizó las residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo, según informaron fuentes oficiales.

Fuente: TN

A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.

La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón mediante el depósito en los bancos de divisas que están fuera del sistema formal.

El Presupuesto 2026 que promulgó el Gobierno este viernes establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).

El texto además establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei logró se aprobara en el Congreso tras dos años de gestión, los siguientes puntos claves:

En paralelo, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario

La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Además, no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ley permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Fuente: TN

El Gobierno trabaja en un decreto para reformar Migraciones, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El objetivo es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles fronterizos.

Las medidas se sumarían al DNU 366/2025, que se publicó en mayo de este año, que modificó el régimen migratorio para aumentar el control sobre las personas que ingresan al país, conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.

“La idea es fortalecer el rol de Migraciones y fortalecer la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. La idea es tener una doctrina de seguridad más dura”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la reforma.

Es decir, el nuevo decreto vendría a darle más competencias a Migraciones para que logre implementar una política migratoria más restrictiva en general. “Al menos con respecto a los países considerados de baja vigilancia”, aclararon.

El Gobierno quiere realizar otra reforma en Migraciones para darle más competencias. La intención es reforzar los controles. (Foto: X / @agusantonetti)

En ese sentido, se espera que la decisión presidencial permita poner en práctica más controles sobre las personas que ingresan a la Argentina, como un análisis aún mayor de sus antecedentes. También está en evaluación que la Argentina requiera visa para los visitantes de determinados países. Actualmente, esa condición ya está vigente para algunas naciones asiáticas y africanas, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto, Haití, entre otros.

Hasta el momento, Migraciones funcionaba especialmente como una Dirección Nacional encargada de las ciudadanías, residencias e ingreso de visitantes.

Pero, además, durante la conferencia de prensa de mayo que anunció el Decreto 366/2025 se indicaron cambios como la deportación de todos los condenados por delitos realizados en el país y el pago de servicios de salud y educación. El DNU también marcó una nueva diferencia en relación con la ley vigente hasta ese momento: si una persona tiene una situación migratoria irregular, solo podrá ser atendido de manera gratuita por emergencias.

Luego de pasar Migraciones a la órbita del Ministerio de Seguridad, el Gobierno quiere volver a implementar modificaciones en el organismo. (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

Asimismo, el último decreto que salió antes de esta nueva reforma en carpeta indicó que solo se otorgará la ciudadanía argentina a las personas que residan de forma continua durante dos años en el país, sin salir de él.

“Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”, expresó en su momento Manuel Adorni, vocero presidencial y actual jefe de Gabinete.

Fuente: TN

El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo informó este martes en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, destacó la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

Adorni dijo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete de la Nación sobre el próximo funcionamiento de la ANDIS.

El funcionario destacó que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”.

Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: Facebook Agencia Nacional de Discapacidad)

Adorni aclaró que la medida tomada por el Gobierno no significa que se vayan a cortar pensiones" y aclaró su relación con las partidas presupuestarias.

“Una cosa es la reorganización de la exAndis, donde el objetivo es transparentarlo y recortar estructura inútil que no tiene sentido, después de haber hecho la auditoría correspondiente. Con la auditoría en curso no se podía hacer”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Nada tiene que ver con el tema presupuestario, nunca nos apartamos de la ley y no lo vamos a hacer ahora”

Previamente, el jefe de Gabinete criticó el funcionamiento de la ANDIS desde su fundación, en el año 2017. “Se creó como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”.

“Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, agregó.

En ese contexto, dijo que esa manera de funcionar “provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicio”.

En este último apartado, se refirió a la fundación Metas: “Decía dar clase de apoyos escolares, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró moho, suciedad, escombros y excremento de roedores“.

La decisión de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad se da luego de un año donde estuvo en la mira por el escándalo por las presuntas coimas que involucró al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Hace una semana, el exnúmero 2 del organismo, Daniel Garbellini, presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el propio Spagnuolo era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.

Fuente: TN