El presidente Javier Milei celebró este sábado la decisión de la compañía estadounidense Halliburton de no participar en el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en las Islas Malvinas.

La empresa confirmó que no prestará servicios para la iniciativa ni intervendrá en tareas de exploración de hidrocarburos en el archipiélago y las aguas circundantes.

A través de sus redes sociales, Milei difundió un comunicado oficial en el que el Gobierno aseguró que la decisión fue “producto de un trabajo de la Secretaría Legal y Técnica y la Cancillería”.

Halliburton notificó su determinación luego de las advertencias realizadas por el Gobierno argentino sobre las consecuencias legales para las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional.

La decisión se conoce además después de que Milei presentara en septiembre un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización argentina en las islas.

Sea Lion es un yacimiento marítimo ubicado aproximadamente 225 kilómetros al norte de Malvinas. Fue descubierto en 2010 y sus reservas están estimadas en unos 1.700 millones de barriles de petróleo.

Argentina mantiene su rechazo a la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Mar del Plata fue este sábado uno de los puntos de la denominada “Marcha de la Bronca”, una jornada de protesta que se desarrolló en distintas ciudades del país en rechazo a políticas del Gobierno nacional.

La concentración local se realizó durante la tarde en el Monumento a San Martín, ubicado en Luro y Mitre, donde la convocatoria estaba prevista para las 16.

En diálogo con este medio, María Rosa Mauregui, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, explicó que la iniciativa forma parte de una autoconvocatoria nacional que reúne a más de 300 organizaciones y sectores. Según indicó, el objetivo fue concentrar en una misma jornada diferentes reclamos que se desarrollan en distintos puntos del país.

“Tenemos muchísimos motivos para manifestarnos”, sostuvo Mauregui al referirse a la situación económica y social. Entre los principales planteos mencionó el impacto del ajuste, los salarios, las jubilaciones, la situación laboral y las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

También puso el foco en el endeudamiento de las familias marplatenses. “No somos endeudados, somos estafados”, afirmó, al cuestionar que numerosas personas deban recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

Otro de los puntos mencionados fue el incremento de las tarifas. En particular, Mauregui manifestó su preocupación ante una eventual modificación del régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que podría tener en las facturas de gas de los hogares de Mar del Plata.

De la movilización participaron organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, jubilados, personas con discapacidad y organismos de derechos humanos, entre otros sectores.

La convocatoria incorporó además problemáticas locales, entre ellas las dificultades para acceder a los alquileres, la situación de las personas que viven en la calle y los reclamos relacionados con los recursos y el personal del sistema sanitario.

En ese sentido, Mauregui sostuvo que la situación de calle constituye “un problema social producto de la crisis económica” y reclamó mayores recursos y equipos interdisciplinarios para abordar la problemática.

Entre las demandas también aparecieron conflictos de trabajadores, frigoríficos y la Clínica Mar del Plata, además de reclamos de docentes, auxiliares y sectores universitarios.

Finalmente, Mauregui reclamó que las conducciones de los principales sindicatos impulsen un paro nacional contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

La “Marcha de la Bronca” tuvo además una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, donde distintas columnas marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, y concentraciones en otros puntos del país.

El Gobierno creó un nuevo programa destinado a fortalecer el uso de pulseras y tobilleras electrónicas como alternativa al encarcelamiento. La medida fue establecida mediante la resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

El programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Su objetivo será colaborar con jueces y fiscales de todo el país en la implementación de sistemas de monitoreo electrónico, especialmente en casos de personas que no hayan pasado previamente por una cárcel o alcaidía. 

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a un reclamo  de los jueces, que necesitan contar con dispositivos de monitoreo para controlar a personas que no deben ser trasladadas a un establecimiento penitenciario. Según la resolución, los dispositivos permiten supervisar medidas de coerción durante un proceso y controlar el cumplimiento de penas o restricciones de la libertad fuera de las cárceles.

El programa podrá aplicarse, siempre mediante una orden judicial y luego de una evaluación de la situación personal y domiciliaria, a tres grupos principales:

El control efectivo de las tobilleras estará a cargo de una empresa proveedora, según fuentes del Ministerio de Justicia, actualmente Surely SA es la única firma que ofrece este servicio. El Departamento no realizará directamente la vigilancia de las personas monitoreadas, sino que actuará como intermediario entre la empresa y el Poder Judicial. Además centralizará la logística y el financiamiento del sistema con recursos propios y brindará capacitación a jueces y equipos judiciales.

Si durante el monitoreo se genera una alerta, la empresa deberá comunicarla de inmediato a la autoridad judicial que interviene en el caso. También tendrá que enviar la información al programa, que estará a cargo del abogado Brian Ezequiel Gallo, quien desempeñará la función ad honorem. 

La resolución también destaca el menor costo que implica el monitoreo electrónico frente a una prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Según el documento, el gasto estatal para controlar a una persona mediante estos dispositivos es “significativamente inferior” al de mantenerla privada de su libertad en una cárcel.

El Ministerio de Justicia también fundamentó la medida desde el punto de vista jurídico. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse de manera excepcional y únicamente cuando sea estrictamente necesaria para garantizar los fines del proceso. Para las personas que cumplen una medida de prisión domiciliaria, el sistema permite mantener los vínculos familiares, laborales y educativos y evitar los efectos negativos asociados al ingreso a una institución penitenciaria. Este aspecto adquiere especial relevancia en el caso de los adolescentes, para quienes el régimen penal busca favorecer la resocialización.

Tras ser notificado, Darío Genua presentó su renuncia. El área tiene bajo su órbita organismos clave como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

La salida se da en medio de una reestructuración del área. En las últimas semanas, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete.

Según trascendió, Genua respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo y mantenía diferencias con Santilli. Por el momento, el Gobierno no confirmó quién ocupará el cargo.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei había anunciado que decretaría un feriado el día en que el plantel decidiera celebrar junto a los hinchas. Sin embargo, el panorama cambió luego de confirmarse que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajarán a la Argentina junto al resto de la delegación.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. En ese contexto, el resto del plantel arribará este lunes a las 18.30 al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Frente a este escenario, la Casa Rosada decidió poner en pausa la organización del eventual recibimiento. Desde el Gobierno señalaron que esperan una comunicación oficial de la AFA para definir si finalmente habrá algún tipo de celebración con el plantel.

Durante la mañana continuarán las reuniones entre representantes del Gobierno nacional, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para redefinir el operativo de seguridad. Mientras tanto, la AFA mantiene su postura de no impulsar una recepción oficial ni participar de festejos masivos, lo que complica aún más la posibilidad de avanzar con el feriado anunciado inicialmente.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, una nueva versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que, según afirmó, tendrá mayores beneficios que el esquema actual. 

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales tras regresar de su gira por Estados Unidos. Allí sostuvo que la iniciativa estará orientada a sectores “que nunca han existido en Argentina” y apuntará a fomentar nuevas empresas, inversiones privadas y generación de empleo. 

Actualmente, el RIGI forma parte de la Ley Bases y está destinado a proyectos de gran escala, con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Desde su puesta en marcha, el Gobierno aprobó proyectos vinculados principalmente a energía, minería e infraestructura. 

Aunque todavía no se conocieron detalles técnicos del nuevo proyecto, desde el oficialismo aseguran que el “Súper RIGI” buscará ampliar las ventajas para captar capitales en áreas consideradas estratégicas y acelerar el desarrollo de nuevos sectores productivos. 

El Gobierno nacional evalúa avanzar con la creación de un fondo destinado a la compra de armamento para las Fuerzas Armadas, que se financiaría con un porcentaje de lo obtenido por la venta de activos estatales.

La propuesta en estudio contempla destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones, venta de inmuebles y otros bienes públicos al fortalecimiento del equipamiento militar. Según estimaciones oficiales, estas operaciones podrían generar entre 1500 y 3000 millones de dólares.  

La iniciativa se enmarca dentro de una nueva etapa del plan de reforma del Estado impulsado por el Ejecutivo, que busca reducir la estructura estatal y, al mismo tiempo, redirigir parte de esos recursos hacia áreas estratégicas como la defensa.  

En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha herramientas para avanzar con privatizaciones incluidas en la Ley Bases, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene autorización para desprenderse de propiedades consideradas innecesarias para la gestión pública.  

Sin embargo, uno de los puntos que genera debate es el mecanismo legal para implementar el fondo. La normativa vigente establece que los recursos con destino específico deben ser aprobados por ley, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de avanzar únicamente mediante un decreto. En este sentido, en la Casa Rosada reconocen que aún se analiza la viabilidad jurídica de la medida.  

De concretarse, el esquema buscaría vincular directamente los ingresos extraordinarios por la venta de activos estatales con inversiones en defensa, en un contexto en el que el Gobierno apunta a reorganizar el uso de los recursos públicos.  

El clima de euforia en La Libertad Avanza (LLA) es total. Tras lograr la media sanción de la reforma laboral el pasado viernes, el oficialismo considera que el Congreso ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en el motor de sus transformaciones. Con el apoyo de gobernadores aliados y un respaldo social que se mantiene firme tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo ya tiene lista la hoja de ruta para los próximos meses.

El objetivo inmediato es la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno presentará como una alternativa superadora a la normativa actual. A esto se suma un paquete de medidas que incluye desde la Ley de Glaciares hasta la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. En Balcarce 50 sostienen que "no hay oposición" real y que el kirchnerismo atraviesa una crisis terminal, lo que facilita el avance de estas reformas.

En el horizonte de mediano plazo, el radar libertario apunta a dos cambios clave en las reglas de juego: la derogación de las PASO y una reforma al Banco Central para permitir créditos en dólares a quienes no generan divisas. Aunque la reforma previsional quedó postergada hasta que baje la informalidad laboral, la prioridad ahora es la reforma tributaria, enfocada en la simplificación del sistema y la baja de impuestos nacionales.

Finalmente, la estrategia política se apoya en el "Tour de la Gratitud" que Milei llevará a Tucumán, premiando a los gobernadores peronistas que facilitaron votos en el Parlamento. A cambio de este acompañamiento, el oficialismo promete asistencia financiera para las arcas provinciales, consolidando una alianza que promete mantener el ritmo legislativo durante todo el periodo ordinario.

Fuente: NA

La Casa Rosada acelera las negociaciones para garantizar la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque admite que el artículo 44 —referido al régimen de licencias médicas— se convirtió en el punto más sensible del proyecto. 

Mientras el oficialismo busca evitar modificaciones que obliguen a devolver la iniciativa al Senado, la CGT amenaza con un paro general y la oposición dialoguista reclama precisiones.

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el Ejecutivo activó una ronda de contactos con aliados, radicales, referentes del PRO y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país. El objetivo es despejar dudas antes de que el texto llegue al plenario de comisiones previsto para esta semana.

El foco del conflicto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece que, ante accidentes o enfermedades no vinculadas a la tarea laboral, el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario —según el caso— durante un período de hasta tres o seis meses, según tenga o no personas a cargo. Actualmente, el régimen vigente garantiza el 100% del salario durante ese lapso.

Para el oficialismo, el cambio apunta a reducir el ausentismo y la litigiosidad laboral. Según el diagnóstico del Gobierno, el esquema actual genera costos elevados para las empresas y desalienta la contratación formal. También sostienen que Argentina es una excepción en la comparación internacional, donde la mayoría de los países abonan entre el 50% y el 80% del salario en situaciones similares.

Sin embargo, sindicatos y bloques opositores advierten que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos. Desde la CGT endurecieron su postura y anticiparon que evalúan una medida de fuerza nacional. La advertencia incluye la posibilidad de que gremios clave, como el transporte, adhieran a la protesta durante el debate parlamentario.

Ante este escenario, el Ejecutivo analiza una “diagonal” para evitar reabrir la discusión legislativa. Entre las alternativas en estudio figura un decreto reglamentario que precise los alcances del artículo 44 y garantice el pago pleno en casos de enfermedades graves, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas. Otra opción sería una ley complementaria, aunque implicaría un nuevo trámite parlamentario.

En Diputados, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios, pero reconoce que el margen es ajustado y que cualquier modificación obligaría a extender el proceso. La Unión Cívica Radical y el PRO acompañan en líneas generales, aunque plantean condiciones y ajustes específicos. Los bloques peronistas no kirchneristas, en tanto, analizan facilitar el quórum sin asumir un respaldo explícito.

Para el presidente Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa económico. El objetivo es reducir la informalidad —que ronda el 40%— y fomentar la creación de empleo registrado. Con el 1° de marzo como fecha de apertura de las sesiones ordinarias, el Gobierno busca llegar a esa instancia con la ley sancionada.

El debate promete ser extenso y de alta tensión política. El artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en la prueba más exigente para la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional oficializó una serie de designaciones en áreas estratégicas de la administración pública, luego de las renuncias registradas en las últimas semanas. Las medidas fueron publicadas en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial, mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Uno de los cambios más relevantes se dio en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde Damián Andrés Selem fue designado como Subdirector Nacional a partir del 1 de febrero, según lo establecido en el Decreto 76/2026. La designación se produjo tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver, a quien el Ejecutivo agradeció por los servicios prestados.

En la misma línea, días atrás el Gobierno había aceptado la renuncia del director nacional del organismo y confirmó que Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux asumirá como nuevo titular del RENAPER, también desde el 1° de febrero. El nombramiento quedó formalizado a través del Decreto 33/2026, con las firmas de Milei y del ministro del Interior.

En el plano económico, se dispuso la designación de Jaquelina Clara Truzzel como directora del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo al Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, conforme a la Ley N° 21.799. El cambio en el directorio se da tras la asunción de Darío Wasserman al frente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard.

Por último, el Ejecutivo resolvió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura. La medida fue oficializada mediante el Decreto 67/2026.

En paralelo, esta semana también se concretaron cambios en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con la salida de Luis Octavio Pierrini y la llegada de Fernando Augusto Herrmann. Las modificaciones se enmarcan en una reorganización más amplia del área, que incluye movimientos en empresas estatales del sistema ferroviario, algunas de ellas incluidas en el esquema de privatizaciones previsto en la Ley Bases.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a los incendios que vienen afectando a distintas zonas de la Patagonia.

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y contempla acciones de presupresión y combate del fuego, además de la restauración ambiental y social de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos ígneos.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, habilitando mecanismos extraordinarios de asistencia.

La normativa encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención, combate de incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Según se detalla en los fundamentos, la combinación de sequía extrema, vientos intensos y la magnitud de los incendios, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, superó la capacidad de respuesta local y generó un riesgo concreto para la vida de las personas, los bienes y el ambiente.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario no permitiría adoptar medidas con la urgencia que la situación demanda, y dispuso dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

Fuente: NA

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves a las 12 con el objetivo de definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará durante las sesiones extraordinarias de febrero. El encuentro estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación virtual del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según trascendió, la reunión fue adelantada —estaba prevista para la semana próxima— y reunirá a los principales referentes del oficialismo, entre ellos Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. En un encuentro previo, el Gobierno había fijado como prioridades la reforma laboral y los cambios a la Ley Penal Juvenil, con la intención de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad.

En paralelo, Patricia Bullrich mantuvo reuniones con los bloques dialoguistas del Senado, que reúnen a 44 senadores no kirchneristas. Tras el encuentro, la ministra aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales y dejó abierta una nueva instancia de negociación para los próximos días.

En ese contexto, ganó fuerza la posibilidad de ampliar el temario con iniciativas vinculadas a la Emergencia Ígnea en la Patagonia, un reclamo impulsado por los gobernadores del sur ante los incendios forestales. La iniciativa podría convertirse en pieza clave de negociación para conseguir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral.

El respaldo también llegó desde el PRO. Mauricio Macri apoyó públicamente el pedido de los mandatarios patagónicos y advirtió que ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural, en un escenario marcado por la sequía más prolongada desde 1965. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades”, sostuvo.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres fue un paso más allá y pidió que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, con penas severas para quienes provoquen incendios de manera intencional. El planteo respalda un proyecto presentado en el Senado por Edith Terenzi, que busca tipificar el daño ambiental grave e irreversible y fortalecer las sanciones frente a delitos ambientales.

Con este escenario, el Gobierno busca cerrar una agenda ambiciosa para febrero, en la que las reformas estructurales conviven con la urgencia ambiental y las negociaciones políticas necesarias para destrabar el debate en el Congreso.

Fuente: TN

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un pedido ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery y rechazar una moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF, que tramita bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

Según fuentes oficiales, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados” que afectan la soberanía y las relaciones internacionales. Desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió plenamente con el discovery, entregando información “razonablemente relevante” en un volumen sin precedentes.

Pedidos “jurídicamente inaceptables” y el oro del Banco Central

Pese a ese cumplimiento, la Procuración advirtió que los demandantes escalaron los reclamos hacia requerimientos “inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntó contra el fondo litigante Burford, que solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Sobre este punto, el Gobierno fue categórico: las reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que no son activos ejecutables y cualquier pedido de información al respecto resulta improcedente.

La PTN sostuvo además que el discovery “se desnaturalizó” y pasó a ser una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado, y denunció que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.

Fuente: TN

El Gobierno anunció la disolución del comité del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) encargado de calificar las películas según la edad del público. La decisión fue comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la medida apunta a retirar al Estado de la supervisión de contenidos culturales.

La resolución quedó plasmada en el Decreto 50/26, publicado este martes, que disuelve la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, responsable de hacer cumplir el Régimen de Calificación de Películas. “Sacamos al Estado del medio que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos”, afirmó el funcionario.

Cambios clave en la calificación y el rol de las familias

Sturzenegger explicó que, si un productor declara su película como apta solo para mayores (la categoría más restrictiva), no habrá revisión estatal: se utilizará esa calificación de forma directa. En el caso de films que busquen habilitación para menores, se aceptará la clasificación del país de origen y el INCAA solo intervendrá si la obra carece de calificación o si existen motivos para revisarla a posteriori.

Entre los cambios destacados, el decreto habilita que niños y adolescentes puedan ver películas de cualquier categoría si están acompañados por al menos uno de sus padres o tutores, ampliando el criterio previo. “Deja de ser el Estado el que dice qué podés ver; ahora lo hará la gente que te quiere”, sostuvo el ministro.

Argumentos y contexto político-cultural

En su anuncio, Sturzenegger citó al clásico Cinema Paradiso para reforzar su postura y remarcó que la censura formal no existe desde hace décadas, pero que persistían estructuras que la habilitaron en el pasado. También señaló que el INCAA fue creado durante el gobierno de Onganía, como parte de un esquema de control cultural, y reivindicó la necesidad de “desarmar esas estructuras”.

Por último, el ministro celebró la gestión del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, y afirmó que el decreto “devuelve libertad a la cultura”, al tiempo que criticó a gobiernos anteriores por mantener un enfoque que, a su juicio, coloca al Estado por encima de las decisiones de las familias.

Fuente: TN

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de cambios en puestos estratégicos de la administración pública, entre ellos la renuncia del director del RENAPER, la salida del titular de la UIF y recambios en Transporte y el ENARGAS.

En primer lugar, se confirmó que Pablo Luis Santos dejará su cargo como director del RENAPER a partir del 1° de febrero. En el mismo decreto, el Ejecutivo designó como reemplazante a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, agradeciendo al funcionario saliente “los servicios prestados” durante su gestión.

También quedó formalizada la salida de Paul Starc al frente de la UIF, una decisión que ya había sido anticipada la semana pasada por el Ministerio de Justicia y atribuida a motivos personales. En su lugar fue nombrado Ernesto Gaspari, a quien en el oficialismo señalan como cercano al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Starc, exfiscal, había asumido en abril de 2025 y había llegado al organismo tras la salida de Ignacio Yacobucci, en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde la Casa Rosada remarcaron que Starc no se fue en malos términos y confirmaron que integrará el directorio del BICE, dependiente del Ministerio de Economía. “Si se hubiera ido mal de la UIF, no se le habría ofrecido ese lugar”, deslizaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, tras aceptar la renuncia de Luis Pierrini, también por razones personales. Finalmente, se dispuso la salida de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y la designación de Marcelo Alejandro Nachón como su reemplazante, destacando que reúne los antecedentes necesarios para el cargo.

Con estos decretos, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración de áreas sensibles del Estado, en un contexto de ajustes internos y reorganización del esquema de gestión.

Fuente: TN

En un contexto marcado por la controversia política, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) dio un primer paso para fortalecer la coordinación del intercambio de información estratégica dentro del Sistema de Inteligencia Nacional. La iniciativa se materializó con la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio que busca institucionalizar los canales de comunicación entre las distintas áreas.

Según informó oficialmente el organismo, “este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas, y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas”. El encuentro se realizó durante la mañana y contó con la participación de todos los organismos que integran la CITN, incluidos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Desde la SIDE explicaron que uno de los ejes centrales es ordenar y formalizar la comunicación entre los distintos actores, con reglas claras y criterios comunes, para evitar superposiciones y avanzar hacia una mirada integral de los desafíos en materia de seguridad y defensa. En ese sentido, remarcaron la necesidad de dejar atrás prácticas menos transparentes y dotar al sistema de mayor previsibilidad institucional.

El avance se produce en paralelo a la polémica generada por el DNU que modificó la Ley de Inteligencia, mediante el cual el Gobierno dispuso una reestructuración integral de la SIDE. El decreto redefine funciones, elimina algunas áreas y refuerza la capacidad de influencia y control del organismo, con el argumento de modernizar su funcionamiento y clarificar roles.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, una decisión que el Ejecutivo justificó por la sensibilidad de la información y la necesidad de reducir riesgos estratégicos. Además, el DNU habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en tres situaciones:

Mientras tanto, el Gobierno confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios para tratar el DNU en el Congreso, aunque los distintos bloques opositores continúan articulando acciones para rechazar la medida.

Fuente: TN

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo este miércoles por motivos personales, según informó oficialmente el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. La decisión se conoció en horas de la noche y fue acompañada por el anuncio inmediato de su reemplazante.

Desde la cartera económica destacaron el trabajo realizado por Pierrini durante su gestión y agradecieron su compromiso y la labor desarrollada al frente de un área clave para la administración nacional, en un contexto de reorganización y revisión del sistema de transporte.

En su lugar, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, un profesional con amplia trayectoria en obras de infraestructura y gestión del sector, según detallaron desde el Gobierno.

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) otorgado por el Instituto de Altos Estudios Empresariales.

A lo largo de su carrera, el flamante funcionario también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad Nacional de San Martín y la Federación Argentina de Universidades Privadas.

Con este cambio, el Gobierno busca garantizar la continuidad de la gestión en el área de Transporte, una de las más sensibles en la agenda económica y de infraestructura del país, mientras avanza en la reconfiguración del equipo técnico que responde al Ministerio de Economía.

Fuente: NA

El Gobierno nacional descarta realizar cambios en el capítulo sindical de la reforma laboral, pero admite negociar el apartado tributario, especialmente la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como vía para acercar posiciones con los gobernadores y garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. La directiva presidencial es clara: el tratamiento no debe pasar de febrero.

En la Casa Rosada reconocen que el foco de la negociación está puesto en el impacto fiscal de la iniciativa. Por eso, el oficialismo analiza modificaciones acotadas en el articulado impositivo para sumar el respaldo de legisladores alineados con mandatarios provinciales, aunque descarta esquemas de compensación por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas o fondos extraordinarios. “No va a haber esquemas paralelos”, repiten desde Balcarce 50.

Según fuentes oficiales, la mesa técnica ya recibe propuestas y el texto se encuentra en una etapa de “exploración”. Gobernadores aliados advirtieron que no acompañarán una baja de impuestos coparticipables sin un esquema de transición que amortigüe el impacto en las cuentas provinciales, un punto que hoy concentra las tensiones.

La estrategia del Ejecutivo apunta a condicionar cualquier revisión tributaria a un respaldo político más amplio. En Nación insisten en que el escenario ideal es no tocar ningún artículo, aunque aceptan habilitar una revisión limitada del capítulo impositivo si las provincias acompañan otras iniciativas clave del oficialismo en el Parlamento.

En contraste, no habrá cambios en los artículos vinculados a sindicatos, convenios colectivos y representación gremial. Si bien existen contactos informales con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno rechaza por ahora una convocatoria formal y le resta entidad a la posibilidad de un paro general. “No se va a modificar el espíritu de la ley”, subrayan en Balcarce 50.

Las negociaciones están encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya mantuvo reuniones con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Gustavo Sáenz, y prevé encuentros esta semana con Rogelio Frigerio y Rolando Figueroa.

Fuente: TN

El Gobierno nacional analiza otorgar compensaciones a los gobernadores que manifiestan reparos frente a algunos artículos de la Reforma Laboral, en particular aquellos vinculados a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que impacta directamente en la recaudación provincial.

De acuerdo a lo que trascendió, varios mandatarios aliados no ocultan sus diferencias y reclaman cambios ante el efecto fiscal de la iniciativa. En ese contexto, en la Casa Rosada se debate una estrategia para “compensar” a las provincias y así asegurar los votos necesarios en el Congreso.

El tema será eje de una reunión de la mesa política convocada para esta mañana por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se pondrán sobre la mesa soluciones puntuales para cada distrito. Sin embargo, no hay unanimidad: mientras un sector propone atender los reclamos, otro rechaza ceder y sostiene que las provincias terminarán beneficiándose con el impacto económico de la reforma.

La discusión se da bajo la atenta mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará del intercambio y tendrá un rol clave en la definición del esquema fiscal.

En paralelo, el Poder Ejecutivo aceita la negociación legislativa con un equipo integrado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros referentes, con el objetivo de alinear posiciones y avanzar hacia un nuevo triunfo parlamentario.

El Gobierno define los últimos detalles de la reforma del Código Penal y espera poder presentar el proyecto en el Congreso durante las sesiones ordinarias.

A pesar de que la primera intención era debatir la iniciativa en extraordinarias, durante el verano, el oficialismo decidió postergar su tratamiento. De esta manera, se espera que durante febrero La Libertad Avanza se enfoque en aprobar la reforma laboral —que ya tiene dictamen en el Senado— y la modificación en la Ley de Glaciares.

El nuevo Código Penal no estará incluido en el temario de extraordinarias porque un sector del Gobierno que evalúa su redacción aún está terminando de pulir los detalles de cada artículo del proyecto de ley.

El Gobierno dio algunos detalles sobre las bases del nuevo Código Penal que impulsa. (Foto: Presidencia)

“Las modificaciones surgen de la mesa política que se armó. Lo valida al final el Presidente”, indicó una fuente al tanto de la redacción de la iniciativa.

La mesa está compuesta por Santiago Caputo, asesor presidencial; Sebastián Amerio, secretario de Justicia; María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Esta última también está acompañada por un grupo de asesores especialistas en el tema.

De esta manera, este grupo sigue definiendo la redacción de la reforma del Código Penal. Todos los borradores que circularon durante estos meses ya habrían sufrido algunos cambios. “Se está terminando de acomodar todo”, dijo otra fuente oficialista.

Asimismo, cabe destacar que en el Gobierno volvieron a asegurar que la figura del femicidio no se eliminará. Las dudas sobre esta posibilidad surgieron tras distintas declaraciones de Javier Milei, que ponían en duda la continuidad de ese artículo. “No se va a quitar”, agregaron en la Casa Rosada.

En este contexto, en el Congreso —tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores— no vieron un proyecto oficial de la reforma del Código Penal. Es por eso que esperan a que desembarque oficialmente en alguno de los dos recintos para analizarlo en detalle.

No obstante, algunas fuentes legislativas oficialistas no descartan que la iniciativa llegue sobre el filo de las sesiones extraordinarias de febrero: “Se podría empezar a trabajar aunque sea en comisión, después de la reforma laboral”.

Aunque todavía no hay un texto confirmado, Javier Milei y Patricia Bullrich realizaron un acto en octubre en 2025 para dar a conocer algunas bases del nuevo proyecto.

El objetivo de la reforma, según explicaron en ese momento, es que haya “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”. La intención del Ejecutivo es que este nuevo código reemplace al actual que está vigente desde 1921.

El Gobierno termina de pulir la reforma del Código Penal y evalúa presentarla en el Congreso recién en el período ordinario. (Foto: NA / Damián Dopacio)

Es por eso que, antes de llegar a la mesa de debate de La Libertad Avanza, en 2024 se conformó una Comisión de Reforma del Código Penal que estuvo integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti. Este grupo fue el encargado de proponer los primeros cambios en el código, que serán validados —o no— por el Presidente.

En relación con la letra chica de la reforma, se espera que la nueva ley aumente las penas en casi todos los delitos. Pero, además, buscaría definir que delitos graves como el homicidio agravado o el abuso sexual serán imprescriptibles y de cumplimiento efectivo.

Patricia Bullrich también comentó durante una conferencia de prensa que las condenas a perpetua no tendrán un límite temporal. De esta forma, cuando existe una sentencia perpetua, sería realmente “para toda la vida”.

Por último, el proyecto tendría el objetivo de asegurar la efectividad del cumplimiento de la pena en un 82% con prisión efectiva. También se espera que impulse la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Fuente: TN