El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que incluye nuevas partidas para financiar el plan de retiros voluntarios en la ANSES y reforzar fondos destinados al pago de obligaciones previsionales.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los principales cambios, el Ejecutivo amplió en 500 mil millones de pesos el monto destinado al pago de sentencias judiciales y acuerdos previsionales, elevando el total autorizado a 712.288 millones de pesos. Según se indicó oficialmente, la medida apunta a cubrir retroactivos vinculados a reajustes de haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Además, el Gobierno incorporó fondos específicos para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado al personal de la ANSES, una iniciativa lanzada en marzo que busca reducir la planta del organismo mediante acuerdos de desvinculación. 

El esquema contempla indemnizaciones equivalentes al 90% de un sueldo por cada año trabajado, con un tope de 24 haberes brutos. También establece condiciones para adherirse al programa, como no mantener litigios pendientes contra el Estado nacional. 

La reasignación presupuestaria se da en paralelo a un recorte de partidas en distintas áreas de la administración pública nacional, dentro de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal comprometido por el Gobierno. 

En el marco de la formalización del plan de retiros voluntarios en el INTA por parte del Gobierno nacional -una iniciativa que apunta a reducir alrededor de 1000 puestos de trabajo dentro de un esquema más amplio de reestructuración del organismo-, el secretario adjunto de Asociación del Personal del INTA (APINTA), Leandro Cambareri, cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre sus consecuencias.

Según explicó, el plan se inscribe en una política de ajuste sobre el organismo, que actualmente cuenta con cerca de 5800 trabajadores y que el Gobierno busca achicar para reducir costos y reorganizar su estructura.

En ese contexto, Cambareri señaló a El Marplatense que la propuesta oficial “de voluntario tiene muy poco”, ya que -según sostuvo- existe “una inducción a que los trabajadores se terminen yendo”. Atribuyó esa situación a “los bajos salarios, paritarias a la baja” y al “escaso presupuesto que hay para investigar”, lo que limita al organismo “solamente para cumplir con servicios muy básicos”.

El dirigente agregó que, además del ajuste presupuestario, hay líneas de trabajo que el propio INTA “pretende ir sacando y no darle tanta relevancia”, lo que configura “un combo” que “ayuda a que lamentablemente el personal se termine yendo y tomando estos retiros voluntarios”.

De acuerdo con la información difundida, el esquema contempla incentivos económicos -como el pago de 1,5 salarios por año trabajado- para quienes adhieran, en el marco de la estrategia oficial para reducir la planta del organismo.

Para Cambareri, el impacto de esta política es estructural: advirtió que se trata de “un vaciamiento del Instituto”, que implicará la pérdida de capacidades acumuladas durante años. “El organismo va a perder capacidades que ya ha desarrollado, que ha llevado muchos años desarrollar”, afirmó, al tiempo que alertó sobre la pérdida de presencia territorial, en línea con el cierre de agencias y áreas de extensión que forman parte del proceso de reordenamiento.

En esa línea, recordó que el INTA ha tenido históricamente un rol clave en el desarrollo agropecuario: “Siempre ha estado muy cercano al sector productivo”, realizando “transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores” y acompañando el desarrollo de la producción nacional.

Sin embargo, consideró que el escenario actual implica “un desmantelamiento del Instituto”, que llevará a la pérdida de “funcionalidades que lo han hecho a lo largo de los años”.

El sindicalista también puso el foco en el perfil del personal afectado, al remarcar que el organismo cuenta con “personal altamente capacitado”, incluyendo trabajadores “con doctorados, posdoctorados y especializaciones varias”, formados tanto en el país como en el exterior. En ese sentido, advirtió: “El capital humano es lo más importante que tiene el INTA y lamentablemente vamos a esa pérdida de conocimiento y de experiencia”.

El secretario adjunto de APINTA ratificó el rechazo al plan oficial y planteó una alternativa: “Estamos totalmente en contra, creemos todo lo contrario, que hay que revalorizar el instituto” y dotarlo de herramientas “para que pueda seguir investigando y produciendo la transferencia de tecnología para el desarrollo agropecuario nacional”.

La Casa Rosada trabaja en un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública con el objetivo de reforzar las restricciones sobre el accionar político de funcionarios dentro de la administración estatal. La propuesta apunta especialmente a limitar el uso de oficinas, vehículos, teléfonos y otros recursos públicos para actividades partidarias o electorales. 

Según trascendió, la reforma buscará establecer reglas más específicas sobre conductas que actualmente aparecen reguladas de forma general dentro de la legislación vigente. Entre los puntos en análisis figuran el uso de correos oficiales para campañas políticas, la realización de actividades partidarias durante horarios laborales y posibles presiones sobre empleados estatales para respaldar espacios políticos. 

El modelo que estudia el Ejecutivo toma como referencia la denominada “Hatch Act” de Estados Unidos, una normativa que impone límites a la actividad política de empleados públicos mientras cumplen funciones oficiales. En ese esquema también se contemplan sanciones que van desde apercibimientos hasta despidos. 

Dentro del oficialismo sostienen que la intención es separar con mayor claridad la función pública de la actividad partidaria y evitar que estructuras estatales sean utilizadas con fines electorales. Además, no descartan incorporar cambios sobre los organismos encargados de investigar y sancionar posibles infracciones éticas. 

La eventual reforma todavía no tiene fecha de envío al Congreso, aunque forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno analiza impulsar durante 2026 junto con otros proyectos vinculados a transparencia y reforma política. 

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen de Zona Fría y restringir los subsidios al gas, eliminando el beneficio en gran parte de las zonas incorporadas en 2022 y condicionándolo a criterios socioeconómicos, con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La iniciativa establece que los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637 perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y solo podrán acceder a un subsidio si están inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplen con el requisito de ingresos, que no debe superar tres Canastas Básicas Totales.

El cambio impactará en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos General Pueyrredon, y en provincias como Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, donde los usuarios que superen el umbral de ingresos dejarán de recibir cualquier tipo de subsidio.

En contraste, las zonas históricamente incluidas en el régimen -la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna- mantendrán la bonificación plena del 50% sin condicionamientos de ingresos para usuarios residenciales.

El Gobierno fundamenta la medida en la falta de recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas, que actualmente resulta insuficiente para sostener el esquema vigente.

El proyecto también introduce modificaciones en la cadena de pagos, estableciendo que las compensaciones serán abonadas directamente a los productores de gas, quienes pasarán a actuar como agentes de percepción del recargo, con obligación de declarar e ingresar los fondos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La vigencia del régimen se extendería hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, se prevé la exención del recargo para exportaciones de gas natural y gas natural licuado, así como para el gas importado y regasificado.

En paralelo, la iniciativa aborda la deuda del Mercado Eléctrico Mayorista, habilitando mecanismos de compensación entre distribuidoras y la empresa administradora del sistema, y establece que el Estado nacional no asumirá responsabilidades sobre las distribuidoras provinciales o municipales.

El proyecto también prorroga beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de incentivo a la producción hidrocarburífera, manteniendo únicamente los derechos adquiridos por proyectos ya aprobados.

Fuente: con información de Infobae

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo mecanismo orientado a incentivar la registración de trabajadores que hoy se desempeñan fuera del circuito formal. La iniciativa establece beneficios concretos para empleadores que incorporen personal en blanco, con una reducción significativa de los costos laborales en los primeros años.

El programa, denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, fija una ventana de tiempo para adherirse y contempla distintas categorías de empleados alcanzados. Entre sus puntos centrales, dispone que las contribuciones patronales se reduzcan a niveles mínimos, con alícuotas que rondan entre el 2% y el 3%,  durante un período de hasta cuatro años. 

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: el alto nivel de informalidad. En ese sentido, el Ejecutivo apuesta a que la baja de cargas funcione como incentivo para que empresas, especialmente pequeñas y medianas, regularicen vínculos laborales existentes o generen nuevas contrataciones bajo condiciones legales.

Además, el esquema delimita claramente el período en el que se podrán registrar las relaciones laborales alcanzadas, lo que obliga a las empresas interesadas a tomar decisiones en el corto plazo. 

Desde el Gobierno remarcan que la intención es facilitar el acceso al empleo registrado sin eliminar los controles, manteniendo reglas sobre quiénes pueden ingresar al sistema y bajo qué requisitos. Al mismo tiempo, sostienen que el alivio fiscal es clave para reducir la brecha entre el trabajo formal y el informal, en un contexto donde el costo laboral suele ser una barrera para la contratación.

El presidente Javier Milei avanza en su agenda internacional con la mira puesta en fortalecer alianzas económicas y sumar nuevos actores relevantes. En ese marco, el Gobierno busca incorporar a Canadá como socio estratégico en áreas consideradas centrales para el crecimiento del país.

La iniciativa apunta especialmente a los sectores de energía, minería y comercio, donde Argentina intenta captar inversiones y consolidar su inserción en mercados globales. Desde el oficialismo destacan que Canadá ya tiene un rol significativo, particularmente en el ámbito minero, donde es uno de los principales inversores extranjeros. 

La estrategia se inscribe dentro de una política exterior orientada a profundizar vínculos con países clave para el desarrollo de recursos naturales y proyectos productivos, en un contexto donde el Gobierno apuesta a atraer capitales y dinamizar la economía.

Además, el acercamiento busca abrir nuevas oportunidades comerciales y ampliar la cooperación en sectores vinculados a la transición energética, en línea con la creciente demanda global de minerales críticos y recursos energéticos.

Con este movimiento, la administración de Milei intenta diversificar sus alianzas internacionales y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mapa de inversiones, con foco en industrias estratégicas para los próximos años.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue categórico al referirse a su continuidad en el Gobierno y descartó cualquier posibilidad de renuncia en medio de cuestionamientos. “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas  durante una entrevista con un medio periodístico, en la que el funcionario volvió a referirse a las versiones sobre una posible salida del Ejecutivo y fijó su postura de manera contundente.

En ese marco, Adorni sostuvo que no tiene previsto dar un paso al costado y remarcó que continuará desempeñando su rol dentro de la administración nacional. Además, insistió en que su permanencia no está en discusión.

El vocero también hizo referencia a las críticas recibidas y apuntó contra lo que consideró intentos de condicionarlo. Según planteó, su decisión es mantenerse firme frente a esas situaciones y seguir adelante con sus responsabilidades.

Sus dichos se inscriben en un contexto político marcado por cuestionamientos de distintos sectores hacia funcionarios del Gobierno. 

De esta manera, Adorni buscó despejar las versiones sobre una eventual salida y dejó en claro su decisión de seguir al frente de la vocería presidencial.

El presidente Javier Milei se refirió a las versiones que circularon sobre una eventual modificación en la postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas y ratificó la posición histórica de la Argentina sobre la soberanía.

La polémica surgió luego de la difusión de un supuesto correo interno del Pentágono, en el que se analizaban eventuales represalias diplomáticas contra aliados de la OTAN que no acompañaron la estrategia militar norteamericana en Medio Oriente.

A partir de esa filtración, medios británicos especularon con la posibilidad de que Washington revise su respaldo histórico al Reino Unido en torno al archipiélago, lo que generó fuerte repercusión internacional.

En ese contexto, Milei sostuvo que la cuestión Malvinas representa “un reclamo inclaudicable de la Argentina” y remarcó que su gobierno continuará sosteniendo esa postura en todos los ámbitos diplomáticos.

Además, el mandatario señaló que cualquier avance en ese sentido debe darse a través del diálogo, la diplomacia y una estrategia internacional que contemple los intereses del país.

Por último, reafirmó la necesidad de mantener buenas relaciones con las principales potencias mundiales, sin dejar de lado la defensa de la soberanía nacional.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso el 8 de abril, y puso en vigencia un nuevo esquema para regular la protección de glaciares y ambientes periglaciares en la Argentina.

La modificación quedó oficializada mediante el Decreto 271/2026 y alcanza a la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010 para preservar reservas estratégicas de agua dulce, proteger cuencas hídricas y resguardar ecosistemas de alta montaña.

Uno de los puntos centrales de la nueva norma es el mayor protagonismo de las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción tendrá más facultades para definir qué zonas quedan alcanzadas por la protección específica de la ley, aunque deberán considerar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA.

La reforma también cambia el criterio sobre los glaciares de escombros y el ambiente periglacial. La protección estricta quedará limitada a aquellos cuerpos que tengan una función hídrica comprobada o relevante.

Otro cambio importante es el sistema de autorizaciones. En lugar de prohibiciones generales, las actividades productivas deberán analizarse mediante evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo control provincial.

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa al señalar que busca dar mayor previsibilidad, ordenar la normativa y compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico.

En cambio, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron la reforma por considerar que puede reducir los niveles de protección en zonas sensibles y abrir la puerta a actividades extractivas en áreas que antes estaban vedadas.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que calificó como de “extrema gravedad institucional”.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la restricción altera las condiciones básicas para la cobertura periodística en el principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo y remarcó que no solo afecta el trabajo de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública sobre los actos de gobierno.

Desde FOPEA indicaron además que, según la información disponible, el equipo periodístico involucrado en la denuncia había dado a conocer el trabajo que realizaba dentro de la sede gubernamental, un espacio que, pese a contar con normas específicas de seguridad, mantiene carácter público.

En ese sentido, remarcaron que la denuncia presentada por la Casa Militar aún no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. Por eso, consideraron “desproporcionado e injustificado” tanto el accionar penal como la suspensión generalizada de acreditaciones, ya que limita de manera masiva el acceso a la información.

Finalmente, la organización instó a la gestión del presidente Javier Milei a revisar “de manera urgente” la decisión y restablecer el sistema de acreditaciones para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión.

La medida generó una fuerte repercusión en el ámbito político y periodístico, mientras crecen las críticas al Gobierno por las restricciones impuestas a la cobertura en Balcarce 50. 

Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada al empresario estadounidense Peter Thiel, reconocido como uno de los inversores más poderosos de Silicon Valley y una figura clave en el mundo de la tecnología, la defensa y la inteligencia artificial.

La reunión está prevista para las 14 horas y se da en el marco de una visita que el magnate realiza en la Argentina desde hace más de una semana. Durante su estadía, Thiel ya mantuvo encuentros con funcionarios del Gobierno nacional y participó de distintas actividades, algunas de ellas de manera reservada.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido del encuentro, se espera que en la agenda aparezcan temas vinculados a inversiones, inteligencia artificial, energía, innovación y posibles desarrollos estratégicos en el país.

Thiel es cofundador de PayPal, una de las plataformas de pagos digitales más importantes del mundo, y fundador de Palantir Technologies, empresa especializada en análisis de datos, seguridad, defensa e inteligencia artificial, con fuerte presencia en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La visita del empresario genera expectativa tanto en el ámbito político como económico, ya que podría abrir la puerta a futuras alianzas o desembarcos de capitales en sectores clave para la gestión libertaria.

El Gobierno nacional avanzará con un nuevo esquema de recorte del gasto que alcanzará a todos los ministerios, en línea con su política de equilibrio fiscal. La iniciativa contempla una revisión integral de las partidas asignadas a cada cartera, con el objetivo de reducir erogaciones y mejorar la eficiencia del Estado.

Según se definió, el ajuste tendrá un plazo concreto de implementación, lo que marca una aceleración en la estrategia oficial para achicar el tamaño del gasto público. La decisión se enmarca en un plan más amplio que ya viene aplicándose desde el inicio de la gestión, con recortes en distintas áreas y reorganización de estructuras estatales.  

El proceso implicará que cada ministerio deba revisar sus programas, contratos y funcionamiento interno para detectar posibles ahorros. La idea es avanzar en una reducción homogénea, evitando excepciones significativas entre las distintas áreas del Gobierno.

Esta política se articula con el Presupuesto 2026, que ya prevé menores recursos en términos reales para la mayoría de las áreas del Estado, consolidando el rumbo de ajuste fiscal.  

Con este nuevo paso, la administración busca reforzar su objetivo de sostener el superávit y continuar con la reducción del gasto público, una de las principales banderas económicas de la actual gestión.

La iniciativa, impulsada por la Casa Rosada, contempla “la eliminación definitiva de las PASO”, además de modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del proceso electoral.  

Según trascendió, el proyecto ya se encuentra en su etapa final y solo restan definiciones técnicas antes de ser girado a la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo reconocen que la propuesta generará resistencias, tanto en la oposición como en sectores aliados que utilizan las primarias para dirimir candidaturas.  

En paralelo, el tratamiento legislativo podría enfrentar demoras debido a la agenda parlamentaria y a compromisos internacionales de varios legisladores, lo que podría afectar el ritmo del debate en el Congreso.  

La reforma es parte de un paquete más amplio de iniciativas con las que el Ejecutivo busca modificar el esquema político y electoral, en un contexto de negociaciones clave para conseguir los apoyos necesarios.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanzó con su plan de ajuste tras la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una medida que consolida la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo, que resolvió eliminar dependencias en los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba. Con este nuevo recorte, el plan alcanza cerca del 50% de su meta total.

En Buenos Aires Norte dejarán de funcionar las agencias de Vedia y Rojas. En la región Sur, el cierre impactará sobre nueve sedes: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se avanzará con la eliminación de las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta decisión, ya son 24 las agencias eliminadas si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la sede de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El ajuste forma parte de la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, que prevé reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

La estrategia, impulsada por la presidencia del organismo a cargo de Nicolás Bronzovich, se inscribe en la política general del Gobierno y contempla, además, la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.

Parte de ese proceso ya se concretó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El avance del ajuste se da tras un 2025 marcado por conflictos institucionales, en el que las iniciativas de reforma encontraron resistencias en el Congreso y en la Justicia. Sin embargo, cambios recientes en la composición del Consejo Directivo permitieron destrabar decisiones que hasta entonces no habían logrado consenso.

Aunque el número de integrantes del órgano se mantuvo, se incorporaron nuevos representantes en reemplazo de perfiles críticos al plan, lo que facilitó la aprobación de las medidas de reestructuración.

Fuente: con información de DIB

El Gobierno nacional oficializó la designación del ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, cargo que asumió a partir del 1 de marzo, según el decreto publicado en el Boletín Oficial, bajo la órbita del ministro Diego Santilli.

El propio Galli confirmó días atrás su incorporación al Gobierno y aseguró que fue convocado para sumarse a la gestión nacional. Al respecto, agradeció la confianza “del presidente, Javier Milei; de la secretaria general, Karina Milei; y del ministro del Interior, Diego Santilli”.

Con relación a su nueva función, el dirigente sostuvo que trabajará en la “misión encomendada al ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.

Asimismo, agregó: “Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

Galli fue intendente de Olavarría tras imponerse en las elecciones de 2015 frente a José Eseverri y revalidó su mandato en 2019 al vencer a Federico Aguilera. En 2023 dejó el cargo luego de ser derrotado por el actual intendente, Maximiliano Wesner.

En el plano legislativo, integró la lista de senadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, donde ocupó el tercer lugar detrás de Alejandro Speroni y María Celeste Arouxet. En esa contienda, el peronismo obtuvo las tres bancas en disputa.

Fuente: con información de DIB

En medio de un clima político cada vez más tenso, en el Gobierno comenzaron a mirar con atención los resultados de distintos relevamientos que advierten sobre un deterioro en el humor social y la confianza en la gestión.

Si bien desde el oficialismo destacan algunos avances en variables macroeconómicas, los informes muestran que amplios sectores de la población siguen sin percibir mejoras concretas en su vida cotidiana. Entre los principales factores aparecen la persistencia de la inflación, la dificultad para llegar a fin de mes y la preocupación por el empleo.  

Además, los datos coinciden en señalar una caída en el consumo y un ajuste en los gastos familiares, lo que refuerza la sensación de incertidumbre económica. A esto se suma el impacto político de recientes controversias, que también contribuyen a un escenario de mayor tensión interna y externa.  

En este contexto, dentro de la Casa Rosada analizan estrategias para recuperar respaldo y evitar que el malestar se profundice, mientras la oposición busca capitalizar el momento en el Congreso.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia a los titulares de varios organismos que dependen de su cartera como parte de la reestructuración del área tras su asunción. La decisión se enmarca en la transición de la gestión anterior y en el nuevo esquema político del Gobierno nacional.

Tras el anuncio de cambios en el Ministerio de Justicia realizado por el presidente Javier Milei, se activó una serie de reuniones para ordenar la transición entre las autoridades salientes y las nuevas. En ese contexto, la nueva conducción resolvió solicitar la renuncia de la mayoría de los responsables de organismos descentralizados que dependen del ministerio.

“Se les pidió la renuncia a los titulares”, afirmó una fuente del Gobierno. La decisión alcanza a cuatro de los cinco organismos bajo la órbita del ministerio: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Procuración del Tesoro, en cambio, es por ahora el único organismo que no tendrá modificaciones. “Es un área sensible, que lleva causas importantes para el Estado. Por ahora no van a haber cambios”, señalaron desde el entorno oficial.

El reordenamiento también alcanzará a la Inspección General de Justicia (IGJ). Mahiques decidió pedirle la renuncia a su titular, Daniel Vítolo, en un área considerada estratégica en medio del conflicto que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Días atrás, la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA para informar sobre los estados contables y financieros de 2025, las relaciones y operaciones con empresas nacionales y del exterior -incluidas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas- y distintos acuerdos vinculados al ente futbolístico, además de la creación de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA).

La UIF también es un área considerada sensible dentro de la estructura estatal. A comienzos de año había registrado un cambio de autoridades con la salida de Paul Starc y la designación de Ernesto Gaspari. Semanas atrás, el organismo había emitido una resolución para reforzar los controles sobre el financiamiento de armas y participó en una revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encabezada por el entonces secretario de Justicia.

Desde el Gobierno señalan que las modificaciones responden al recambio natural tras la designación de nuevas autoridades en el ministerio. “Es lógico que se revea todo. Depende del ministro revisar todos los ravioles y las distintas áreas de su ministerio para ver qué cambios cree necesario hacer”, indicó un integrante de la mesa política oficial.

En paralelo, en los próximos días se espera la firma del decreto que oficialice el reemplazo de Sebastián Amerio por Santiago Viola en la Secretaría de Justicia. El mismo cambio también se reflejará en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde por tradición suele ocupar el lugar el viceministro de Justicia.

En la Casa Rosada no descartan que Amerio continúe dentro de la administración nacional. “Es algo que se va a saber en los próximos días. El presidente lo quiere en un lugar de relevancia”, indicaron desde su entorno.

La transición entre Mariano Cúneo Libarona y Mahiques comenzó semanas atrás de manera reservada y con pocos colaboradores al tanto. El presidente mantuvo un encuentro con el nuevo ministro horas antes de su jura en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde también tuvo su primer contacto con parte del gabinete.

En ese marco, Viola mantuvo una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada para avanzar en aspectos de la transición. “Ambos se juntaron para ver las mejores formas de avanzar en la transición”, indicó una fuente que conoció los detalles del encuentro.

Entre los puntos de consenso surgidos en esa reunión figura mantener las ternas seleccionadas por el Consejo de la Magistratura para jueces y por el Ministerio Público Fiscal para fiscales. “La prioridad es sacar la mayor cantidad de pliegos a la brevedad”, señalaron desde el Gobierno.

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a avanzar primero en las designaciones que requieren mayoría simple en el Senado, para comenzar a cubrir más de 300 vacantes judiciales. En cambio, no está previsto impulsar este año nombramientos para la Corte Suprema de Justicia, ni para los cargos de Procurador General, Defensor del Pueblo y Defensor General, que requieren mayoría de dos tercios.

Fuente: con información de Infobae

El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional, como respuesta a los acontecimientos registrados en Medio Oriente, según informó este sábado la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial.

En paralelo, la Cancillería expresó su respaldo a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según un comunicado difundido, las acciones “contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear” y permitirán que “se consolide un marco de paz y seguridad duradera”.

El pronunciamiento fue firmado por el canciller Pablo Quirno, quien ratificó el alineamiento diplomático del Gobierno argentino frente al conflicto.

En cuanto al comunicado presidencial, el mismo indicó que “la Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el comunicado.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el texto oficial.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Gobierno nacional dispuso prorrogar por única vez y por el plazo de un año, a partir del 8 de julio, el período de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que requieren plazos de maduración más extensos.

La medida incorpora además la posibilidad de adherir proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, estableciendo un monto mínimo de inversión de USD 600 millones. Con esta decisión, se busca acelerar inversiones de gran porte que incrementen la producción y fortalezcan el perfil exportador del país.

El decreto también ordena y simplifica la implementación del régimen. En ese sentido, actualiza definiciones para precisar qué tipo de proyectos califican, evitando interpretaciones ambiguas y asegurando que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas. Asimismo, redefine el concepto de “nuevo producto” para incorporar las particularidades del sector tecnológico, donde los ciclos de vida suelen ser breves y los cambios no siempre se reflejan en mayores volúmenes de producción.

Por otra parte, establece reglas más claras para que las empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos se apliquen únicamente a la nueva inversión y no a operaciones preexistentes. También refuerza los mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial.

La norma mejora además la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, precisando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, con el fin de fortalecer el control y la trazabilidad. A su vez, ordena los procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para otorgar mayor previsibilidad y reducir la discrecionalidad.

Desde su reglamentación operativa, el RIGI ya registra diez proyectos que fueron aprobados por un total de USD 25.479 millones, lo que, según el Gobierno, confirma que “con reglas claras, estabilidad y previsibilidad, la inversión privada responde”.

El Ejecutivo destacó que el RIGI constituye “una herramienta central para el nuevo modelo económico, orientado a dejar atrás el Estado empresario y avanzar hacia un esquema de libertad económica, reglas estables y competencia, en el que el sector privado invierte, produce, exporta y genera empleo”.

Aliados del Gobierno nacional reclamaron la eliminación del artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que propone reducir los salarios durante las licencias médicas, de cara a la votación prevista para este jueves en la Cámara de Diputados. Las objeciones fueron expresadas públicamente por referentes del PRO, gobernadores y legisladores cercanos al oficialismo.

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo desde su cuenta de X que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, en referencia al apartado que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar el art. 44”. Además, expresó: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”.

Sáenz agregó que “tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Por su parte, el diputado Oscar Zago, cercano al bloque de La Libertad Avanza, también cuestionó la iniciativa al asegurar que “hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”. Y remarcó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Desde la oposición, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el impacto sanitario de la medida: “Uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas. Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad”.

Kreplak recordó además que las enfermedades contagiosas, como la tuberculosis o el sarampión, y las patologías complejas que requieren tratamientos prolongados, necesitan licencias adecuadas para evitar riesgos mayores. “Es un verdadero descalabro. Inhumano por donde se lo mire. No lo podemos normalizar”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas