La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de manera estricta la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que impacta directamente sobre la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei y reconfigura el escenario político e institucional.

La normativa, que había sido vetada por el Ejecutivo debido a un impacto fiscal estimado en 1,3 billones de pesos, fue posteriormente ratificada por el Congreso y ahora cuenta con respaldo judicial. En consecuencia, el oficialismo se ve forzado a abandonar su postura de resistencia frente a la implementación de la ley.

En este contexto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, analiza mecanismos técnicos para garantizar los flujos financieros previstos. Desde la Casa Rosada indicaron que la Secretaría de Hacienda evalúa una reasignación de partidas específicas, con el objetivo de sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica.

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, cuyas proyecciones de dilación procesal no lograron frenar la aplicación de la norma.

La ley había contado previamente con consenso técnico dentro del sistema universitario, tras las gestiones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y acuerdos salariales alcanzados con la Federación de Docentes de las Universidades.

Tras conocerse la resolución, referentes académicos destacaron el fallo como un paso institucional relevante. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que la decisión contribuye a normalizar el financiamiento del sistema y encauzar el conflicto presupuestario que afecta a las universidades públicas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, detalló los alcances del acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y las universidades, además de cuestionar el uso político de las movilizaciones. “Como todo acuerdo implica que todas las partes ceden”, reconoció.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aclaró que la propuesta final no difiere sustancialmente de lo que el Ejecutivo ya manejaba a principios de año: “Nosotros más o menos es lo mismo que teníamos propuesto en febrero cuando presentamos un proyecto de ley alternativa”. En ese sentido, remarcó que el margen de negociación estuvo condicionado por la rigidez macroeconómica, señalando que “tampoco es que podíamos ir mucho más allá de lo que permite no poner en riesgo el superávit fiscal”.

Por otra parte, el subsecretario fue categórico al negar que las universidades estuvieran desfinanciadas: “Nunca lo estuvieron porque insisto, esto es lo que estaba previsto desde febrero”.

Álvarez atribuyó la escalada del conflicto a una estrategia deliberada de los sectores que manejan las casas de estudio. Según su visión, “ellos por razones políticas siempre optan por el conflicto y la movilización en una creencia bastante extendida”. Al respecto, caracterizó políticamente a la dirigencia del sector: “Pensemos que ellos tienen una conducción que está muy tirada ideológicamente hacia la izquierda, piensan que la movilización popular es lo que tiene que gobernar”.

El funcionario cuestionó la idea de que la presión callejera deba determinar las decisiones del Poder Ejecutivo. Expresó que el pensamiento de la conducción universitaria se basa en que “con un millón de personas en la calle, eso va a generar que cambie la situación política de la representación”. Frente a esto, contrapuso la postura de la gestión actual: “Yo lo que creo y lo que creemos en el Gobierno es que la democracia consiste en votar y generar representantes a partir del voto, así que la movilización es un derecho legítimo, pero de ahí a producir un cambio político lo veo muy difícil”.

Si bien desde las universidades adjudicaron el acuerdo a la movilización, Alvarez minimizó el argumento señalando que “la gente puede creer lo que quiera, es un país libre”.

El subsecretario detalló la recomposición económica acordada y destacó que “en todo el 2026 va a haber un aumento en todos los salarios de docente y no docente desde el 24.33%”, precisando que se otorgará un “21.33% ahora en junio y otro 3% en octubre”.

A este esquema se le suma una compensación por la herencia económica recibida: “Además de un 7% que es recupero del desastre que nos dejó el gobierno anterior en términos inflacionarios, ese desastre empezamos nosotros ahora a tener que recuperarlo, lo cual también estaba previsto”.

Asimismo, confirmó un incremento del “20% en aumento de gastos de funcionamiento en todo lo que es 2026” y un “50% de aumento en las becas Belgrano”, a las cuales ponderó como el mejor sistema de asistencia debido a que posee “una exigencia de rendimiento académico”.

Patricia Bullrich se reunió hoy con Karina Milei en la Casa Rosada, en el marco de un encuentro de trabajo en el que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ratificó su continuidad dentro del oficialismo, luego de haber puesto su renuncia a disposición.

Tras el encuentro, Bullrich publicó en redes sociales una foto junto a la funcionaria y expresó: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, en un mensaje que buscó despejar dudas sobre su permanencia en el espacio libertario.

Si bien el contenido de la reunión se mantuvo en reserva, fuentes parlamentarias coincidieron en señalar que el intercambio fue positivo y permitió encauzar las diferencias surgidas en los últimos días dentro del oficialismo.

La tensión se había profundizado luego de que Bullrich manifestara su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, lo que la llevó a comunicarle al presidente Javier Milei su intención de poner la renuncia a disposición.

Sin embargo, la propia senadora relativizó el episodio al afirmar: “Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí”.

En la Casa Rosada, en tanto, ya anticipaban que la dirigente no abandonaría el espacio. “No va a renunciar”, señalaron desde el entorno presidencial, confiando en la recomposición del vínculo con la cúpula del Gobierno.

Las diferencias internas también habían incluido cuestionamientos de Bullrich al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le reclamó la presentación de su declaración jurada en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lo que generó incomodidad dentro del oficialismo.

Con información de Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei desarrollará este viernes una agenda centrada en reuniones con empresarios y referentes vinculados a sectores estratégicos para la economía. Entre los encuentros previstos figura una audiencia con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro, además de una reunión con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). 

Según trascendió, Ostro visitará la Casa Rosada en el marco de un nuevo contacto con el mandatario. El empresario inglés, conocido por sus inversiones y actividades filantrópicas, estaría interesado en proyectos vinculados a centros digitales para el procesamiento de datos, una posibilidad que aparece alineada con la estrategia del Gobierno de promover nuevas inversiones privadas en áreas tecnológicas y de infraestructura. 

La reunión se produce además en un contexto marcado por el lanzamiento del denominado “Super RIGI”, la nueva propuesta oficial destinada a incentivar desembolsos de gran escala y captar capitales extranjeros para distintos sectores productivos. 

Por otra parte, Milei también recibirá a representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales, entidad que agrupa a compañías vinculadas al desarrollo e investigación de medicamentos innovadores. El encuentro se realizará mientras continúan las discusiones alrededor del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa que genera diferencias dentro de la industria farmacéutica y que forma parte de las negociaciones comerciales impulsadas entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad presidencial se desarrollará en un escenario donde el oficialismo busca consolidar señales de apertura hacia sectores empresariales y tecnológicos, con el objetivo de reforzar inversiones privadas y avanzar en proyectos considerados clave para el crecimiento económico en los próximos años. 

La Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante la Resolución 129/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el pase a situación de disponibilidad del personal de la unidad turística de Chapadmalal, en el marco de la reestructuración impulsada por Gobierno nacional.

La medida se inscribe en una reorganización administrativa que implicó la supresión y modificación de diversas áreas bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente, incluyendo el cierre de esta unidad turística y su par en Embalse, Córdoba.

Según lo establecido en la Ley N° 25.164, el estado de disponibilidad contempla un período máximo de 12 meses durante el cual los trabajadores deberán capacitarse o desempeñar funciones en servicios tercerizados. En caso de no concretar una nueva vinculación dentro de la Administración Pública Nacional en ese plazo, se producirá la desvinculación con derecho a indemnización.

La resolución también establece la limitación de comisiones de servicio, adscripciones y asignaciones transitorias del personal alcanzado, la cancelación de licencias sin goce de haberes y la fijación de plazos administrativos: cuatro días hábiles para notificar a los agentes y dos días hábiles para informar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Los gastos derivados de la medida serán cubiertos con el presupuesto de la Jefatura de Gabinete.

En los considerandos, se señala que el pase a disponibilidad responde directamente a la eliminación de estructuras vinculadas a la unidad turística de Chapadmalal, decisión que fue impulsada por el titular de la Secretaría de Turismo y Ambiente mediante una solicitud formal fechada el 18 de mayo.

De esta manera, todo el personal de planta permanente con estabilidad que se desempeñaba en el complejo turístico de Chapadmalal y que figura en el anexo técnico de la resolución queda alcanzado por este régimen, iniciando el período de hasta 12 meses previo a una eventual desvinculación si no son reubicados.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada con un enfoque puesto principalmente en cuestiones vinculadas a la gestión y el funcionamiento de distintas áreas del Gobierno. Según trascendió, durante el encuentro el eje estuvo centrado en la agenda administrativa y el seguimiento de políticas públicas, sin referencias públicas a los conflictos internos que vienen rodeando al oficialismo en las últimas semanas.

La reunión se produjo en un contexto marcado por distintas versiones y especulaciones sobre tensiones dentro del espacio gobernante. Sin embargo, desde el Ejecutivo buscaron mostrar una imagen enfocada en la administración y en la continuidad de la agenda de trabajo prevista para las próximas semanas.

El encuentro también se desarrolló luego de actividades oficiales por el 25 de Mayo y en un escenario político donde la dinámica interna del Gobierno viene ocupando parte de la escena pública. Pese a eso, la estrategia mostrada durante la jornada estuvo orientada a reforzar un mensaje centrado en la gestión y evitar referencias a las diferencias políticas internas. 

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de reestructuración dentro de la administración pública y proyecta una reducción de hasta 5.000 puestos de trabajo antes de agosto. La medida se desarrollaría a través de programas de retiro voluntario en distintos organismos del Estado y se enmarca dentro del plan de reorganización impulsado por la gestión de Javier Milei.

Según la información difundida, la estrategia busca continuar con el proceso de reducción de la estructura estatal que el Ejecutivo viene llevando adelante desde el inicio de la gestión. El objetivo oficial apunta a disminuir costos operativos y reorganizar áreas consideradas sobredimensionadas dentro del sector público. 

La modalidad elegida contempla acuerdos de salida voluntaria para trabajadores de diferentes dependencias nacionales. La intención es avanzar con este mecanismo durante los próximos meses y alcanzar una reducción progresiva de personal sin recurrir exclusivamente a otras medidas administrativas.

Desde el Gobierno sostienen que el esquema forma parte de una política más amplia de transformación del Estado orientada a reducir el gasto público y modificar el funcionamiento de distintos organismos. En ese sentido, consideran que la reorganización busca adaptar estructuras y funciones a nuevos criterios de gestión.

La iniciativa se suma a otras medidas implementadas en los últimos meses dentro de la administración nacional y vuelve a instalar el debate sobre el tamaño del Estado, el impacto sobre el empleo público y las consecuencias que este tipo de decisiones pueden generar en el funcionamiento de distintas áreas y servicios.

Mientras el proceso continúa en marcha, la atención también está puesta en el nivel de adhesión que puedan registrar los programas previstos y en cómo avanzará la aplicación de la medida durante las próximas semanas.

El Gobierno nacional cuestionó a Axel Kicillof por el régimen de subsidios al gas y puso el foco en Mar del Plata al señalar que, bajo el esquema de Zona Fría, hogares de mayores ingresos en esa ciudad recibían beneficios financiados por el resto del país.

A través de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, la administración sostuvo: “Falso. El gobernador Kicillof miente nuevamente”, en respuesta a las críticas del mandatario bonaerense.

Según el comunicado, la ampliación del régimen en 2021 -vinculada a Máximo Kirchner- incluyó zonas de clima templado que no deberían haber sido alcanzadas por el beneficio, con un objetivo electoral.

Desde el Ejecutivo afirmaron que el esquema anterior “era insostenible y profundamente injusto”, al financiarse mediante un recargo en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios, con un costo estimado de $485 mil millones anuales.

En ese sentido, remarcaron que existían subsidios cruzados, donde -según su postura-una jubilada de bajos ingresos podía terminar financiando consumos de hogares con mayor poder adquisitivo en ciudades como Mar del Plata, Tandil y otros municipios.

Respecto de la corrección aplicada, indicaron que 1,69 millones de hogares de altos ingresos -con ingresos superiores a $4,1 millones mensuales- dejarán de recibir el subsidio, mientras que 1,8 millones de hogares continuarán accediendo al beneficio.

“Eso es justicia de verdad: ayudar al que no puede pagar y que el resto pague el gas lo que realmente cuesta”, señalaron desde el Gobierno, al tiempo que rechazaron que la medida afecte a los sectores vulnerables.

Finalmente, desde la administración nacional acusaron al gobernador bonaerense de sostener un “relato victimista” y defendieron la modificación como una medida orientada a terminar con “privilegios” y mejorar la equidad en la distribución de subsidios.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamó hoy el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, a través de un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional medidas urgentes para atender la crisis del sistema.

En el documento, las entidades sostuvieron que la solución a los problemas que atraviesan las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la ley” y remarcaron la necesidad de garantizar su plena aplicación.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

El comunicado también puso el foco en la situación de los hospitales universitarios, al advertir sobre la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” ante un escenario que calificaron como “crítico”.

Por último, las organizaciones destacaron la masiva participación en la IV Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyeron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la reforma del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, en una votación ajustada que le permitió al oficialismo avanzar con uno de los ejes centrales de su política energética. El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo plantea modificaciones en los beneficios tarifarios destinados a regiones con bajas temperaturas, con el objetivo de rediseñar el esquema de subsidios. El respaldo de provincias del norte y bloques aliados resultó clave para alcanzar la media sanción en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos.

El tratamiento se dio en el marco de una jornada legislativa extensa, en la que el oficialismo también logró aprobar la denominada Ley Hojarasca, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas.

En paralelo, el bloque de gobierno consiguió frenar la avanzada opositora que buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por cuestiones vinculadas a su gestión, viajes y patrimonio. La sesión convocada por el oficialismo dejó sin efecto ese intento y permitió sostener el control del temario parlamentario.

Además de la reforma en Zonas Frías, la oposición había impulsado otros proyectos, como iniciativas sobre licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario, que finalmente no fueron tratados.

Con este escenario, el Gobierno logró encadenar una serie de victorias legislativas en una misma jornada, consolidando acuerdos con gobernadores y bloques aliados para avanzar en su programa de reformas.

Fuente: con información de Infobae

El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que incluye nuevas partidas para financiar el plan de retiros voluntarios en la ANSES y reforzar fondos destinados al pago de obligaciones previsionales.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los principales cambios, el Ejecutivo amplió en 500 mil millones de pesos el monto destinado al pago de sentencias judiciales y acuerdos previsionales, elevando el total autorizado a 712.288 millones de pesos. Según se indicó oficialmente, la medida apunta a cubrir retroactivos vinculados a reajustes de haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Además, el Gobierno incorporó fondos específicos para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado al personal de la ANSES, una iniciativa lanzada en marzo que busca reducir la planta del organismo mediante acuerdos de desvinculación. 

El esquema contempla indemnizaciones equivalentes al 90% de un sueldo por cada año trabajado, con un tope de 24 haberes brutos. También establece condiciones para adherirse al programa, como no mantener litigios pendientes contra el Estado nacional. 

La reasignación presupuestaria se da en paralelo a un recorte de partidas en distintas áreas de la administración pública nacional, dentro de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal comprometido por el Gobierno. 

En el marco de la formalización del plan de retiros voluntarios en el INTA por parte del Gobierno nacional -una iniciativa que apunta a reducir alrededor de 1000 puestos de trabajo dentro de un esquema más amplio de reestructuración del organismo-, el secretario adjunto de Asociación del Personal del INTA (APINTA), Leandro Cambareri, cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre sus consecuencias.

Según explicó, el plan se inscribe en una política de ajuste sobre el organismo, que actualmente cuenta con cerca de 5800 trabajadores y que el Gobierno busca achicar para reducir costos y reorganizar su estructura.

En ese contexto, Cambareri señaló a El Marplatense que la propuesta oficial “de voluntario tiene muy poco”, ya que -según sostuvo- existe “una inducción a que los trabajadores se terminen yendo”. Atribuyó esa situación a “los bajos salarios, paritarias a la baja” y al “escaso presupuesto que hay para investigar”, lo que limita al organismo “solamente para cumplir con servicios muy básicos”.

El dirigente agregó que, además del ajuste presupuestario, hay líneas de trabajo que el propio INTA “pretende ir sacando y no darle tanta relevancia”, lo que configura “un combo” que “ayuda a que lamentablemente el personal se termine yendo y tomando estos retiros voluntarios”.

De acuerdo con la información difundida, el esquema contempla incentivos económicos -como el pago de 1,5 salarios por año trabajado- para quienes adhieran, en el marco de la estrategia oficial para reducir la planta del organismo.

Para Cambareri, el impacto de esta política es estructural: advirtió que se trata de “un vaciamiento del Instituto”, que implicará la pérdida de capacidades acumuladas durante años. “El organismo va a perder capacidades que ya ha desarrollado, que ha llevado muchos años desarrollar”, afirmó, al tiempo que alertó sobre la pérdida de presencia territorial, en línea con el cierre de agencias y áreas de extensión que forman parte del proceso de reordenamiento.

En esa línea, recordó que el INTA ha tenido históricamente un rol clave en el desarrollo agropecuario: “Siempre ha estado muy cercano al sector productivo”, realizando “transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores” y acompañando el desarrollo de la producción nacional.

Sin embargo, consideró que el escenario actual implica “un desmantelamiento del Instituto”, que llevará a la pérdida de “funcionalidades que lo han hecho a lo largo de los años”.

El sindicalista también puso el foco en el perfil del personal afectado, al remarcar que el organismo cuenta con “personal altamente capacitado”, incluyendo trabajadores “con doctorados, posdoctorados y especializaciones varias”, formados tanto en el país como en el exterior. En ese sentido, advirtió: “El capital humano es lo más importante que tiene el INTA y lamentablemente vamos a esa pérdida de conocimiento y de experiencia”.

El secretario adjunto de APINTA ratificó el rechazo al plan oficial y planteó una alternativa: “Estamos totalmente en contra, creemos todo lo contrario, que hay que revalorizar el instituto” y dotarlo de herramientas “para que pueda seguir investigando y produciendo la transferencia de tecnología para el desarrollo agropecuario nacional”.

La Casa Rosada trabaja en un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública con el objetivo de reforzar las restricciones sobre el accionar político de funcionarios dentro de la administración estatal. La propuesta apunta especialmente a limitar el uso de oficinas, vehículos, teléfonos y otros recursos públicos para actividades partidarias o electorales. 

Según trascendió, la reforma buscará establecer reglas más específicas sobre conductas que actualmente aparecen reguladas de forma general dentro de la legislación vigente. Entre los puntos en análisis figuran el uso de correos oficiales para campañas políticas, la realización de actividades partidarias durante horarios laborales y posibles presiones sobre empleados estatales para respaldar espacios políticos. 

El modelo que estudia el Ejecutivo toma como referencia la denominada “Hatch Act” de Estados Unidos, una normativa que impone límites a la actividad política de empleados públicos mientras cumplen funciones oficiales. En ese esquema también se contemplan sanciones que van desde apercibimientos hasta despidos. 

Dentro del oficialismo sostienen que la intención es separar con mayor claridad la función pública de la actividad partidaria y evitar que estructuras estatales sean utilizadas con fines electorales. Además, no descartan incorporar cambios sobre los organismos encargados de investigar y sancionar posibles infracciones éticas. 

La eventual reforma todavía no tiene fecha de envío al Congreso, aunque forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno analiza impulsar durante 2026 junto con otros proyectos vinculados a transparencia y reforma política. 

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen de Zona Fría y restringir los subsidios al gas, eliminando el beneficio en gran parte de las zonas incorporadas en 2022 y condicionándolo a criterios socioeconómicos, con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La iniciativa establece que los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637 perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y solo podrán acceder a un subsidio si están inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplen con el requisito de ingresos, que no debe superar tres Canastas Básicas Totales.

El cambio impactará en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos General Pueyrredon, y en provincias como Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, donde los usuarios que superen el umbral de ingresos dejarán de recibir cualquier tipo de subsidio.

En contraste, las zonas históricamente incluidas en el régimen -la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna- mantendrán la bonificación plena del 50% sin condicionamientos de ingresos para usuarios residenciales.

El Gobierno fundamenta la medida en la falta de recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas, que actualmente resulta insuficiente para sostener el esquema vigente.

El proyecto también introduce modificaciones en la cadena de pagos, estableciendo que las compensaciones serán abonadas directamente a los productores de gas, quienes pasarán a actuar como agentes de percepción del recargo, con obligación de declarar e ingresar los fondos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La vigencia del régimen se extendería hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, se prevé la exención del recargo para exportaciones de gas natural y gas natural licuado, así como para el gas importado y regasificado.

En paralelo, la iniciativa aborda la deuda del Mercado Eléctrico Mayorista, habilitando mecanismos de compensación entre distribuidoras y la empresa administradora del sistema, y establece que el Estado nacional no asumirá responsabilidades sobre las distribuidoras provinciales o municipales.

El proyecto también prorroga beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de incentivo a la producción hidrocarburífera, manteniendo únicamente los derechos adquiridos por proyectos ya aprobados.

Fuente: con información de Infobae

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo mecanismo orientado a incentivar la registración de trabajadores que hoy se desempeñan fuera del circuito formal. La iniciativa establece beneficios concretos para empleadores que incorporen personal en blanco, con una reducción significativa de los costos laborales en los primeros años.

El programa, denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, fija una ventana de tiempo para adherirse y contempla distintas categorías de empleados alcanzados. Entre sus puntos centrales, dispone que las contribuciones patronales se reduzcan a niveles mínimos, con alícuotas que rondan entre el 2% y el 3%,  durante un período de hasta cuatro años. 

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: el alto nivel de informalidad. En ese sentido, el Ejecutivo apuesta a que la baja de cargas funcione como incentivo para que empresas, especialmente pequeñas y medianas, regularicen vínculos laborales existentes o generen nuevas contrataciones bajo condiciones legales.

Además, el esquema delimita claramente el período en el que se podrán registrar las relaciones laborales alcanzadas, lo que obliga a las empresas interesadas a tomar decisiones en el corto plazo. 

Desde el Gobierno remarcan que la intención es facilitar el acceso al empleo registrado sin eliminar los controles, manteniendo reglas sobre quiénes pueden ingresar al sistema y bajo qué requisitos. Al mismo tiempo, sostienen que el alivio fiscal es clave para reducir la brecha entre el trabajo formal y el informal, en un contexto donde el costo laboral suele ser una barrera para la contratación.

El presidente Javier Milei avanza en su agenda internacional con la mira puesta en fortalecer alianzas económicas y sumar nuevos actores relevantes. En ese marco, el Gobierno busca incorporar a Canadá como socio estratégico en áreas consideradas centrales para el crecimiento del país.

La iniciativa apunta especialmente a los sectores de energía, minería y comercio, donde Argentina intenta captar inversiones y consolidar su inserción en mercados globales. Desde el oficialismo destacan que Canadá ya tiene un rol significativo, particularmente en el ámbito minero, donde es uno de los principales inversores extranjeros. 

La estrategia se inscribe dentro de una política exterior orientada a profundizar vínculos con países clave para el desarrollo de recursos naturales y proyectos productivos, en un contexto donde el Gobierno apuesta a atraer capitales y dinamizar la economía.

Además, el acercamiento busca abrir nuevas oportunidades comerciales y ampliar la cooperación en sectores vinculados a la transición energética, en línea con la creciente demanda global de minerales críticos y recursos energéticos.

Con este movimiento, la administración de Milei intenta diversificar sus alianzas internacionales y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mapa de inversiones, con foco en industrias estratégicas para los próximos años.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue categórico al referirse a su continuidad en el Gobierno y descartó cualquier posibilidad de renuncia en medio de cuestionamientos. “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas  durante una entrevista con un medio periodístico, en la que el funcionario volvió a referirse a las versiones sobre una posible salida del Ejecutivo y fijó su postura de manera contundente.

En ese marco, Adorni sostuvo que no tiene previsto dar un paso al costado y remarcó que continuará desempeñando su rol dentro de la administración nacional. Además, insistió en que su permanencia no está en discusión.

El vocero también hizo referencia a las críticas recibidas y apuntó contra lo que consideró intentos de condicionarlo. Según planteó, su decisión es mantenerse firme frente a esas situaciones y seguir adelante con sus responsabilidades.

Sus dichos se inscriben en un contexto político marcado por cuestionamientos de distintos sectores hacia funcionarios del Gobierno. 

De esta manera, Adorni buscó despejar las versiones sobre una eventual salida y dejó en claro su decisión de seguir al frente de la vocería presidencial.

El presidente Javier Milei se refirió a las versiones que circularon sobre una eventual modificación en la postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas y ratificó la posición histórica de la Argentina sobre la soberanía.

La polémica surgió luego de la difusión de un supuesto correo interno del Pentágono, en el que se analizaban eventuales represalias diplomáticas contra aliados de la OTAN que no acompañaron la estrategia militar norteamericana en Medio Oriente.

A partir de esa filtración, medios británicos especularon con la posibilidad de que Washington revise su respaldo histórico al Reino Unido en torno al archipiélago, lo que generó fuerte repercusión internacional.

En ese contexto, Milei sostuvo que la cuestión Malvinas representa “un reclamo inclaudicable de la Argentina” y remarcó que su gobierno continuará sosteniendo esa postura en todos los ámbitos diplomáticos.

Además, el mandatario señaló que cualquier avance en ese sentido debe darse a través del diálogo, la diplomacia y una estrategia internacional que contemple los intereses del país.

Por último, reafirmó la necesidad de mantener buenas relaciones con las principales potencias mundiales, sin dejar de lado la defensa de la soberanía nacional.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso el 8 de abril, y puso en vigencia un nuevo esquema para regular la protección de glaciares y ambientes periglaciares en la Argentina.

La modificación quedó oficializada mediante el Decreto 271/2026 y alcanza a la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010 para preservar reservas estratégicas de agua dulce, proteger cuencas hídricas y resguardar ecosistemas de alta montaña.

Uno de los puntos centrales de la nueva norma es el mayor protagonismo de las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción tendrá más facultades para definir qué zonas quedan alcanzadas por la protección específica de la ley, aunque deberán considerar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA.

La reforma también cambia el criterio sobre los glaciares de escombros y el ambiente periglacial. La protección estricta quedará limitada a aquellos cuerpos que tengan una función hídrica comprobada o relevante.

Otro cambio importante es el sistema de autorizaciones. En lugar de prohibiciones generales, las actividades productivas deberán analizarse mediante evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo control provincial.

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa al señalar que busca dar mayor previsibilidad, ordenar la normativa y compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico.

En cambio, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron la reforma por considerar que puede reducir los niveles de protección en zonas sensibles y abrir la puerta a actividades extractivas en áreas que antes estaban vedadas.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que calificó como de “extrema gravedad institucional”.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la restricción altera las condiciones básicas para la cobertura periodística en el principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo y remarcó que no solo afecta el trabajo de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública sobre los actos de gobierno.

Desde FOPEA indicaron además que, según la información disponible, el equipo periodístico involucrado en la denuncia había dado a conocer el trabajo que realizaba dentro de la sede gubernamental, un espacio que, pese a contar con normas específicas de seguridad, mantiene carácter público.

En ese sentido, remarcaron que la denuncia presentada por la Casa Militar aún no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. Por eso, consideraron “desproporcionado e injustificado” tanto el accionar penal como la suspensión generalizada de acreditaciones, ya que limita de manera masiva el acceso a la información.

Finalmente, la organización instó a la gestión del presidente Javier Milei a revisar “de manera urgente” la decisión y restablecer el sistema de acreditaciones para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión.

La medida generó una fuerte repercusión en el ámbito político y periodístico, mientras crecen las críticas al Gobierno por las restricciones impuestas a la cobertura en Balcarce 50.