El Gobierno nacional descalificó la jornada de paro realizada hoy por los gremios docentes y no docentes universitarios, tildando la medida de fuerza como “muy política” y sosteniendo que se promovió “sin motivos concretos”.

Voceros de la administración conducida por el presidente Javier Milei señalaron que los sindicatos “ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, buscando actuar “en sincronización con el kirchnerismo” para erosionar la gestión pública tras otras protestas recientes del sector científico y social.

Desde la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano remarcaron que el Poder Ejecutivo cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas en la negociación paritaria, lo que incluye la transferencia de partidas financieras a los centros de salud universitarios y el respeto del acta rubricada el 10 de junio pasado.

Según indicaron desde el área ministerial, “los incrementos acordados se están abonando según los montos y plazos establecidos”, recordando además que se fijó una instancia de cuarto intermedio prevista para los primeros días de septiembre con el propósito de reanudar el análisis del esquema salarial.

Asimismo, evaluaron que la huelga tuvo un impacto limitado en el dictado de clases a nivel federal: “Les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, aseveraron, acotando el acatamiento mayoritario al ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nudo del conflicto entre el colectivo docente y la Casa Rosada radica en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que se encuentra judicializada. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de las partidas para becas, el Gobierno confía en una resolución judicial favorable al sostener que la aplicación del texto “rompe el equilibrio fiscal”.

En ese marco, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, citó a las partes a una audiencia fijada para el próximo viernes 21 con el fin de explorar un acercamiento, aunque desde el oficialismo prevén un escenario de no acuerdo pese a contar con fondos de contingencia asignados.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron hoy un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, enviado por el Poder Ejecutivo y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El plenario, conducido por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, reunió 44 firmas -32 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, dos de la UCR y otras bancadas dialoguistas- y dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto el 26 de agosto.

El texto propone reformas a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, con el objetivo declarado de brindar previsibilidad y reducir la carga punitiva sobre contribuyentes y PyMEs. La modificación central aprobada fue la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.

La prohibición alcanza a quienes hayan ocupado u ocupen cargos de alta responsabilidad -secretarios de Estado, legisladores, jueces, concejales y miembros de organismos de control- durante los cinco años previos y hacia adelante. Podrán utilizar el sistema únicamente como canal operativo para liquidar el Impuesto a las Ganancias, sin acceder a inmunidades ni liberaciones de fiscalización.

El dictamen contó con la oposición de Unión por la Patria. Durante la reunión, el diputado Carlos Castagneto, acompañado por Ariel Rauschenberger, rechazó la iniciativa al considerar que el régimen debilita la capacidad investigativa de los organismos recaudadores al fijar barreras de fiscalización que, según sostuvo, benefician a los grandes contribuyentes. También cuestionó la dinámica del debate y las modificaciones introducidas al texto original antes de la firma del dictamen.

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto ad referéndum que autoriza la participación y votación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debido a que la legisladora cumple reposo médico en Mendoza por un embarazo avanzado.

La resolución establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de manera virtual -preferentemente desde la Legislatura de Mendoza o desde un punto con conectividad garantizada- hasta el inicio de su licencia por maternidad, pese a no haber solicitado licencia formal de su banca.

No obstante, la medida deberá ser sometida a votación al inicio de la sesión, ya que el pleno del Senado constituye la autoridad competente para ratificar o rechazar este tipo de excepciones reglamentarias.

La habilitación del voto remoto introduce un nuevo factor de tensión en un debate legislativo que se perfila con una paridad extrema entre el oficialismo y la oposición, en el marco del tratamiento de la iniciativa que propone elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales y modificar los regímenes de expropiación y manejo del fuego.

La presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporará un tope del 25% a la extranjerización de tierras rurales, en una iniciativa que será tratada el próximo jueves en el Senado, con una votación que se anticipa de margen ajustado.

La legisladora explicó que el incremento respecto del esquema vigente -que fija un límite inferior- responde a sugerencias formuladas por bloques opositores dialoguistas durante el proceso de negociación parlamentaria.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto elimina el límite de 1000 hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria y suprime las restricciones simultáneas a nivel provincial y municipal. Asimismo, establece la prohibición de adquisición de tierras por parte de estados extranjeros.

La iniciativa también contempla un régimen acelerado para desalojos de inmuebles ocupados, incorpora una figura de regularización dominial a los 10 años de posesión y deja sin efecto la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 60 años tras incendios forestales.

En el caso de operaciones en zonas de frontera o áreas de seguridad nacional, se implementará un sistema de doble conformidad que deberá ser otorgado de manera conjunta por autoridades provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

Bullrich defendió los cambios al señalar que la reforma apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, mejorar los esquemas de indemnización por expropiaciones y reactivar el valor de la tierra como activo productivo, con el objetivo de fomentar el ingreso de inversiones en el sector.

El Gobierno nacional anunció la suspensión de la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector que establece una reducción del 20% en las tarifas, lo que permitió la reanudación inmediata de las operaciones en puertos y vías navegables del país.

El entendimiento implica que la Casa Rosada dejará en pausa la aplicación del decreto reglamentario que buscaba modificar el régimen vigente desde 1991, luego de que un cese de actividades paralizara la asistencia a buques y afectara a más de 140 embarcaciones en distintos nodos logísticos.

En paralelo, se conformará una mesa técnica interministerial integrada por las áreas de Seguridad y Defensa, junto a organismos competentes, con el objetivo de revisar los esquemas tarifarios, las normativas operativas y los estándares de seguridad que originaron el conflicto.

La medida de fuerza había generado un fuerte impacto en la cadena logística, especialmente en el sector energético, con demoras en el ingreso de petróleo a refinerías, dificultades en el despacho de combustibles y complicaciones en el transporte marítimo hacia la Patagonia sur.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo -ahora suspendidas- apuntaban a flexibilizar la obligatoriedad del servicio, reducir costos operativos y habilitar el ingreso de nuevos prestadores. Desde el sector profesional, en tanto, advertían sobre posibles riesgos en las maniobras y una eventual disminución de los controles técnicos bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina.

El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto que buscará respaldar por ley parte de las modificaciones que habían sido impulsadas mediante decretos y que luego fueron rechazadas por el Congreso. Además, se estudian nuevos cambios en distintas dependencias estatales.

El plan también contempla continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios y procesos de reestructuración. 

De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el Estado redujo su planta en más de 71.000 puestos de trabajo, equivalente al 14,1% del total.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mantener el equilibrio fiscal y generar las condiciones para avanzar, más adelante, con una reforma tributaria que reduzca impuestos sin comprometer las cuentas públicas. No obstante, algunos organismos advierten que nuevos recortes podrían afectar el funcionamiento de áreas operativas.

El presidente Javier Milei rechazó que la administración estadounidense encabezada por Donald Trump haya concretado un rescate financiero a la Argentina, al calificar como “deshonesto” ese planteo. Según explicó, el desembolso de USD 2500 millones representó menos del 5% del esquema económico global de USD 70.000 millones impulsado por su gestión.

En materia financiera, el mandatario sostuvo que el Gobierno logró contener una corrida de USD 41.000 millones, a la que definió como inédita en la historia macroeconómica local. En ese sentido, remarcó que el esquema de emisión cero quedó consolidado a mediados de 2024 tras el saneamiento del balance del Banco Central de la República Argentina, y señaló que, si bien se registraron episodios de deflación mayorista, la evolución del índice de precios al consumidor muestra una desaceleración progresiva.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la exhibición de una bandera sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte de jugadores de la selección argentina tras un partido frente a Inglaterra en la Copa del Mundo. El jefe de Estado advirtió sobre los riesgos de vincular cuestiones deportivas con disputas geopolíticas y subrayó que la vía diplomática es el único canal válido para sostener el reclamo.

Por último, ratificó su respaldo a Manuel Adorni en el marco de causas judiciales en curso y mencionó el reciente encuentro mantenido en la Casa Rosada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el que se abordaron aspectos vinculados a la evolución del programa económico.

El Gobierno nacional desmintió versiones sobre el retiro de carteles con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” de colectivos y trenes, al asegurar que no existe ninguna directiva oficial en ese sentido y ratificar la vigencia de la normativa que obliga a su exhibición en el transporte público.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo calificó la información como “falso, falso, falso” y remarcó que la Ley 27.023 continúa plenamente vigente. En ese marco, se negó que la Secretaría de Transporte haya emitido instrucciones para retirar la señalización y se acusó al periodista Tomás Méndez de difundir versiones incorrectas.

Desde el sector empresario, el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, explicó que la remoción responde a tareas de mantenimiento y renovación estética de las unidades. Según indicó, los materiales presentaban desgaste tras varios años de uso y serán reemplazados por nuevos diseños.

Pese a estas aclaraciones, referentes sindicales manifestaron su preocupación. Rubén Sobrero, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, expresó su rechazo ante lo que consideró un posible proceso de “desmalvinización” y advirtió que mantendrán el seguimiento de la situación para evitar la eliminación definitiva de la simbología.

El Gobierno nacional dispuso hoy el desplazamiento del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna, en el marco de una reestructuración del área y mientras el Ejecutivo avanza en la designación de su reemplazante.

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que la decisión se precipitó luego de que Geuna perdiera el control de tres organismos estratégicos del sector: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa estatal Arsat y el Correo Argentino.

El cambio de esquema se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial durante la semana, que dispuso el traspaso del Enacom a la órbita directa del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

En paralelo, las estructuras operativas de Arsat y del Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, dirigente cercano a Santilli dentro de la nueva lógica de centralización estatal impulsada por el Ejecutivo.

Geuna, vinculado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, había quedado así sin funciones clave dentro de su área, lo que derivó en su salida definitiva del gabinete nacional.

Luego de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno comenzó a diseñar el despliegue de seguridad para recibir al equipo después del partido del domingo ante España. La organización está a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en coordinación con la administración porteña y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que el distrito está preparado para recibir a los futbolistas y sostuvo que el plantel merece un festejo más allá del resultado que obtenga en la definición del torneo. No obstante, aclaró que la realización del evento dependerá principalmente de la decisión de los jugadores y de la Asociación del Fútbol Argentino. 

Desde la gestión porteña consideran que una convocatoria de estas características podría superar los dispositivos habituales y permanecen a la espera de conocer las posibles ubicaciones y recorridos. A partir de esas definiciones se establecerán los cortes de tránsito, vallados, controles y la cantidad de efectivos que participarán del operativo. 

También se analiza la posibilidad de que los campeones del mundo visiten la Casa Rosada. Javier Milei todavía no formalizó la invitación, pero manifestó que el edificio estará disponible si los jugadores aceptan concurrir, sin la presencia de funcionarios ni empleados. Además, afirmó que no pretende participar de una fotografía institucional con el plantel. 

En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autorizó a Casa Militar a preparar un protocolo especial de seguridad para Balcarce 50 ante una eventual celebración en el Palacio de Gobierno. 

Pese a los preparativos iniciales, en la Casa Rosada predomina la cautela y varios funcionarios evitan avanzar demasiado antes de la final por una cuestión de “cábala”. Desde el Gobierno señalaron que planificar anticipadamente podría resultar contraproducente y remarcaron que los propios jugadores tampoco quieren hablar de festejos hasta después del encuentro del domingo. 

Desde la AFA, en tanto, indicaron que todavía no existe una organización definida. Aunque reconocieron que hubo contactos preliminares con el Poder Ejecutivo, prefieren no brindar detalles ni tomar decisiones hasta que concluya el Mundial. 

La Mesa Política del Gobierno nacional se reunió hoy en la Casa Rosada, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante más de dos horas, para definir prioridades de gestión, coordinar la estrategia legislativa y avanzar en un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño.

Como resultado del encuentro, se dispuso la creación de un comité de coordinación interministerial de emergencia. En ese marco, se confirmó que en la primera semana de agosto una comitiva oficial viajará a la provincia de Chaco para reunirse con gobernadores del Nordeste Argentino (NEA) y unificar protocolos de asistencia hídrica y social.

En el plano legislativo, el oficialismo analizó el estado de sus principales proyectos. El foco inmediato se centró en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para este jueves, junto con la consolidación de acuerdos con bloques dialoguistas.

Asimismo, se avanzó en la planificación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que ingresará al Congreso en agosto. En paralelo, el Ministerio de Economía prepara una conferencia para detallar cambios en el régimen de Inocencia Fiscal antes de su envío a Diputados.

Finalmente, los funcionarios repasaron la agenda oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien arribará al país el lunes 27. Su visita incluirá reuniones con el Presidente, una conferencia en el Palacio de Hacienda, una disertación en el Palacio Libertad y una recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén.

El Gobierno nacional trabaja en una estrategia para introducir cambios en las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario a través del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre, como establece la legislación vigente. 

La iniciativa forma parte del plan del Ejecutivo para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. En la Casa Rosada consideran que las dos normas generan un aumento permanente del gasto y buscan modificar distintos aspectos de su aplicación en lugar de impulsar un nuevo veto. Cualquier cambio, sin embargo, deberá ser aprobado por el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto. 

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno pretende revisar el mecanismo de actualización de las partidas destinadas a las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma representa un costo estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). 

Respecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo analiza cambios en el esquema de financiamiento de las prestaciones y en la asignación de recursos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el impacto fiscal de esa ley podría alcanzar el 0,42% del PBI, aunque el Gobierno sostiene que el texto deja abiertos algunos aspectos vinculados al universo de beneficiarios, lo que podría incrementar aún más el gasto. 

Desde el Ejecutivo insisten en que cualquier incremento permanente del gasto debe contar con una fuente de financiamiento para no poner en riesgo el objetivo de déficit cero, uno de los principales ejes de la política económica del presidente Javier Milei. Por ese motivo, la intención es que las modificaciones formen parte del debate del Presupuesto 2027 y queden integradas al esquema general de las cuentas públicas. 

El proyecto presupuestario deberá ser debatido por la Cámara de Diputados y el Senado, donde el oficialismo necesitará reunir consensos para avanzar con los cambios. Hasta que eso ocurra, tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario continúan vigentes en los términos en que fueron sancionadas. 

La vicepresidente Victoria Villarruel profundizó su distanciamiento político con el presidente Javier Milei al protagonizar una serie de gestos que evidencian diferencias estratégicas dentro del oficialismo.

En primer término, la titular del Senado recibió en el Congreso al embajador de la República Popular China, Wang Wei, en una audiencia formal que fue presentada como protocolar pero que adquirió relevancia política en función del alineamiento internacional del Poder Ejecutivo, que prioriza su vínculo con Estados Unidos.

Posteriormente, Villarruel publicó una columna de opinión en la que cuestionó de manera directa la orientación de los proyectos legislativos impulsados por la Casa Rosada. En el texto, titulado Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio, advirtió sobre los riesgos de subordinar decisiones soberanas a intereses externos.

La vicepresidente sostuvo que la libertad “no es abstracta”, sino que se vincula con la capacidad del Estado de definir sus políticas sin condicionamientos extranjeros, en una crítica implícita a iniciativas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que promueve la desregulación en la compra de tierras por parte de capitales internacionales.

El posicionamiento fue reforzado en redes sociales, donde reivindicó episodios históricos como las invasiones inglesas de 1807, subrayando una narrativa de defensa de la soberanía nacional.

Las definiciones de Villarruel se producen en la antesala de los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, donde compartirá agenda institucional con Milei, en un contexto de creciente exposición de tensiones dentro del espacio gobernante.

La mesa política del Gobierno nacional retomó sus reuniones en la Ciudad de Buenos Aires bajo la coordinación de Karina Milei, en un encuentro que marcó la incorporación formal del jefe de Gabinete Diego Santilli y el relanzamiento del esquema de coordinación estratégica del oficialismo.

Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo puesto en la inminente reforma del régimen de Zonas Frías, un esquema de subsidios a las tarifas de gas que actualmente alcanza a amplias regiones del país. La iniciativa oficial busca reducir de manera significativa estos beneficios, manteniéndolos únicamente en áreas específicas como la Patagonia, la Puna y el distrito de Malargüe.

En ese marco, además, se repasó el estado de proyectos estratégicos como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -prevista para su tratamiento en el Senado el 16 de julio- y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que será enviado a la Cámara de Diputados en los próximos días.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un informe sobre la evolución de las variables macroeconómicas y destacó datos recientes del INDEC, que evidencian una recuperación en el sector de la construcción. Además, detalló avances en las reformas estructurales impulsadas junto al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger, con foco en la reorganización del Banco Central.

En el tramo final del encuentro, del que también participaron Martín Menem y Patricia Bullrich, se abordaron temas vinculados a la cobertura sanitaria de las fuerzas federales y los planes de contingencia ante fenómenos climáticos.

El presidente Javier Milei resolvió no viajar a Paraguay para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y concentrará su agenda en Buenos Aires, donde supervisará el proceso de transición en la Jefatura de Gabinete y los cambios impulsados en el funcionamiento del Ejecutivo.

La decisión se enmarca en la reestructuración iniciada por el Gobierno nacional, que busca acelerar la puesta en marcha de una nueva etapa de gestión tras las recientes modificaciones en el Gabinete. En ese contexto, el Presidente seguirá de cerca el traspaso de funciones y la reorganización de las distintas áreas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Como consecuencia de la suspensión del viaje presidencial, la representación argentina en la cumbre que se desarrollará en Asunción quedará a cargo del canciller Pablo Quirno, quien participará de las actividades oficiales previstas junto a los demás representantes del bloque regional.

En paralelo, la Casa Rosada trabaja en la definición del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete y en la coordinación entre las áreas involucradas para garantizar la continuidad de la gestión durante el proceso de transición.

La ceremonia de asunción del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, está prevista para este martes en la Casa Rosada y marcará el inicio formal de la nueva etapa política impulsada por el Gobierno.

Desde el Ejecutivo consideran que el seguimiento directo de este proceso resulta prioritario, motivo por el cual Milei decidió permanecer en el país y postergar su participación en la reunión del Mercosur, uno de los principales encuentros diplomáticos de la región.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de manera estricta la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que impacta directamente sobre la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei y reconfigura el escenario político e institucional.

La normativa, que había sido vetada por el Ejecutivo debido a un impacto fiscal estimado en 1,3 billones de pesos, fue posteriormente ratificada por el Congreso y ahora cuenta con respaldo judicial. En consecuencia, el oficialismo se ve forzado a abandonar su postura de resistencia frente a la implementación de la ley.

En este contexto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, analiza mecanismos técnicos para garantizar los flujos financieros previstos. Desde la Casa Rosada indicaron que la Secretaría de Hacienda evalúa una reasignación de partidas específicas, con el objetivo de sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica.

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, cuyas proyecciones de dilación procesal no lograron frenar la aplicación de la norma.

La ley había contado previamente con consenso técnico dentro del sistema universitario, tras las gestiones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y acuerdos salariales alcanzados con la Federación de Docentes de las Universidades.

Tras conocerse la resolución, referentes académicos destacaron el fallo como un paso institucional relevante. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que la decisión contribuye a normalizar el financiamiento del sistema y encauzar el conflicto presupuestario que afecta a las universidades públicas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, detalló los alcances del acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y las universidades, además de cuestionar el uso político de las movilizaciones. “Como todo acuerdo implica que todas las partes ceden”, reconoció.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aclaró que la propuesta final no difiere sustancialmente de lo que el Ejecutivo ya manejaba a principios de año: “Nosotros más o menos es lo mismo que teníamos propuesto en febrero cuando presentamos un proyecto de ley alternativa”. En ese sentido, remarcó que el margen de negociación estuvo condicionado por la rigidez macroeconómica, señalando que “tampoco es que podíamos ir mucho más allá de lo que permite no poner en riesgo el superávit fiscal”.

Por otra parte, el subsecretario fue categórico al negar que las universidades estuvieran desfinanciadas: “Nunca lo estuvieron porque insisto, esto es lo que estaba previsto desde febrero”.

Álvarez atribuyó la escalada del conflicto a una estrategia deliberada de los sectores que manejan las casas de estudio. Según su visión, “ellos por razones políticas siempre optan por el conflicto y la movilización en una creencia bastante extendida”. Al respecto, caracterizó políticamente a la dirigencia del sector: “Pensemos que ellos tienen una conducción que está muy tirada ideológicamente hacia la izquierda, piensan que la movilización popular es lo que tiene que gobernar”.

El funcionario cuestionó la idea de que la presión callejera deba determinar las decisiones del Poder Ejecutivo. Expresó que el pensamiento de la conducción universitaria se basa en que “con un millón de personas en la calle, eso va a generar que cambie la situación política de la representación”. Frente a esto, contrapuso la postura de la gestión actual: “Yo lo que creo y lo que creemos en el Gobierno es que la democracia consiste en votar y generar representantes a partir del voto, así que la movilización es un derecho legítimo, pero de ahí a producir un cambio político lo veo muy difícil”.

Si bien desde las universidades adjudicaron el acuerdo a la movilización, Alvarez minimizó el argumento señalando que “la gente puede creer lo que quiera, es un país libre”.

El subsecretario detalló la recomposición económica acordada y destacó que “en todo el 2026 va a haber un aumento en todos los salarios de docente y no docente desde el 24.33%”, precisando que se otorgará un “21.33% ahora en junio y otro 3% en octubre”.

A este esquema se le suma una compensación por la herencia económica recibida: “Además de un 7% que es recupero del desastre que nos dejó el gobierno anterior en términos inflacionarios, ese desastre empezamos nosotros ahora a tener que recuperarlo, lo cual también estaba previsto”.

Asimismo, confirmó un incremento del “20% en aumento de gastos de funcionamiento en todo lo que es 2026” y un “50% de aumento en las becas Belgrano”, a las cuales ponderó como el mejor sistema de asistencia debido a que posee “una exigencia de rendimiento académico”.

Patricia Bullrich se reunió hoy con Karina Milei en la Casa Rosada, en el marco de un encuentro de trabajo en el que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ratificó su continuidad dentro del oficialismo, luego de haber puesto su renuncia a disposición.

Tras el encuentro, Bullrich publicó en redes sociales una foto junto a la funcionaria y expresó: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, en un mensaje que buscó despejar dudas sobre su permanencia en el espacio libertario.

Si bien el contenido de la reunión se mantuvo en reserva, fuentes parlamentarias coincidieron en señalar que el intercambio fue positivo y permitió encauzar las diferencias surgidas en los últimos días dentro del oficialismo.

La tensión se había profundizado luego de que Bullrich manifestara su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, lo que la llevó a comunicarle al presidente Javier Milei su intención de poner la renuncia a disposición.

Sin embargo, la propia senadora relativizó el episodio al afirmar: “Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí”.

En la Casa Rosada, en tanto, ya anticipaban que la dirigente no abandonaría el espacio. “No va a renunciar”, señalaron desde el entorno presidencial, confiando en la recomposición del vínculo con la cúpula del Gobierno.

Las diferencias internas también habían incluido cuestionamientos de Bullrich al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le reclamó la presentación de su declaración jurada en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lo que generó incomodidad dentro del oficialismo.

Con información de Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei desarrollará este viernes una agenda centrada en reuniones con empresarios y referentes vinculados a sectores estratégicos para la economía. Entre los encuentros previstos figura una audiencia con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro, además de una reunión con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). 

Según trascendió, Ostro visitará la Casa Rosada en el marco de un nuevo contacto con el mandatario. El empresario inglés, conocido por sus inversiones y actividades filantrópicas, estaría interesado en proyectos vinculados a centros digitales para el procesamiento de datos, una posibilidad que aparece alineada con la estrategia del Gobierno de promover nuevas inversiones privadas en áreas tecnológicas y de infraestructura. 

La reunión se produce además en un contexto marcado por el lanzamiento del denominado “Super RIGI”, la nueva propuesta oficial destinada a incentivar desembolsos de gran escala y captar capitales extranjeros para distintos sectores productivos. 

Por otra parte, Milei también recibirá a representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales, entidad que agrupa a compañías vinculadas al desarrollo e investigación de medicamentos innovadores. El encuentro se realizará mientras continúan las discusiones alrededor del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa que genera diferencias dentro de la industria farmacéutica y que forma parte de las negociaciones comerciales impulsadas entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad presidencial se desarrollará en un escenario donde el oficialismo busca consolidar señales de apertura hacia sectores empresariales y tecnológicos, con el objetivo de reforzar inversiones privadas y avanzar en proyectos considerados clave para el crecimiento económico en los próximos años. 

La Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante la Resolución 129/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el pase a situación de disponibilidad del personal de la unidad turística de Chapadmalal, en el marco de la reestructuración impulsada por Gobierno nacional.

La medida se inscribe en una reorganización administrativa que implicó la supresión y modificación de diversas áreas bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente, incluyendo el cierre de esta unidad turística y su par en Embalse, Córdoba.

Según lo establecido en la Ley N° 25.164, el estado de disponibilidad contempla un período máximo de 12 meses durante el cual los trabajadores deberán capacitarse o desempeñar funciones en servicios tercerizados. En caso de no concretar una nueva vinculación dentro de la Administración Pública Nacional en ese plazo, se producirá la desvinculación con derecho a indemnización.

La resolución también establece la limitación de comisiones de servicio, adscripciones y asignaciones transitorias del personal alcanzado, la cancelación de licencias sin goce de haberes y la fijación de plazos administrativos: cuatro días hábiles para notificar a los agentes y dos días hábiles para informar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Los gastos derivados de la medida serán cubiertos con el presupuesto de la Jefatura de Gabinete.

En los considerandos, se señala que el pase a disponibilidad responde directamente a la eliminación de estructuras vinculadas a la unidad turística de Chapadmalal, decisión que fue impulsada por el titular de la Secretaría de Turismo y Ambiente mediante una solicitud formal fechada el 18 de mayo.

De esta manera, todo el personal de planta permanente con estabilidad que se desempeñaba en el complejo turístico de Chapadmalal y que figura en el anexo técnico de la resolución queda alcanzado por este régimen, iniciando el período de hasta 12 meses previo a una eventual desvinculación si no son reubicados.