Desde el oficialismo busca alcanzar un acuerdo con las universidades para resolver el conflicto por el financiamiento del sistema y avanzar con el Presupuesto 2027. Tras las tensiones por la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada analiza alternativas para acercar posiciones con los rectores y reducir la disputa judicial.

Una de las opciones es incrementar las partidas destinadas a las instituciones universitarias. El proyecto presupuestario contempla alrededor de $7,7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama cerca de $11 billones. La diferencia entre ambas cifras asciende a unos $3,3 billones.

Otra alternativa consiste en modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales, con el objetivo de aliviar sus costos sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias. Por el momento, el Ejecutivo no definió qué mecanismo priorizará ni descartó combinar ambas propuestas.

La negociación también apunta a modificar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de recursos. El Gobierno cuestiona su impacto fiscal y busca reemplazar parte del esquema vigente por un acuerdo que cuente con respaldo legislativo.

Fuente: TN

Tras el aumento del riesgo país el lunes, que llegó a alcanzar los 641 básicos, el valor más alto del año, el gobierno buscó llevar tranquilidad y aseguraron que el incremento del indicador de JP Morgan estuvo relacionado principalmente a factores internacionales. 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada que existen “dos shocks externos importantes” que afectan a las economías emergentes, el conflicto en Medio Oriente y la suba de tasas de interés en Estados Unidos. 

Ambos sucesos estarían detrás del aumento del indicador que mide el sobre costo de la deuda argentina en comparación a los bonos estadounidenses.

Por otro lado, en la misma conferencia, Ravier defendió la política económica del Gobierno. 

El funcionario sostuvo que la economía Argentina crece aunque destacó que las previsiones se redujeron respecto a estimaciones anteriores. E indicó que se esperaba una expansión cercana al 3% cuando en la actualidad la proyección es menor.  

Por otro lado, mencionó que determinados sectores pueden verse afectados de manera temporal producto de las situaciones internacionales. Donde también destacó el desempeño de las exportaciones como uno de los motores de la actividad económica.

Por último, el vocero aseguró que el país logró “salir del pozo”, y remarcó que el crecimiento se sostiene a partir del dinamismo exportador.

Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro de 72 horas entre el miércoles y el viernes de esta semana, en reclamo por una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida afectará el dictado de clases en distintas universidades públicas y en colegios dependientes de esas instituciones.

La protesta fue convocada luego de un nuevo fracaso en las negociaciones salariales entre el Gobierno nacional y los gremios docentes. Entre las organizaciones que participarán se encuentran Conadu y Conadu Histórica, que mantienen el reclamo por una actualización de los salarios y por el cumplimiento de lo establecido en la ley de financiamiento.

Con esta nueva medida de fuerza, los gremios estiman que durante 2026 se perderán alrededor de 35 días de clases debido a los distintos paros realizados a lo largo del año. La situación afecta tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios y genera dificultades para completar los contenidos previstos en los calendarios académicos. Uno de los principales puntos de la protesta es la recomposición de los salarios docentes y no docentes, desde los gremios sostienen que el Gobierno debe aplicar el aumento previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, que implica una recomposición del 33,4%.

El reclamo se produce después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en septiembre y otro 3% en octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales, la oferta había sido presentada nuevamente en la última reunión paritaria, sin modificaciones respecto de la propuesta anterior.

El conflicto también tiene un componente judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

La nueva medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que también contempla una Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Según Conadu, durante los días previos al paro se realizarán distintas actividades para visibilizar el reclamo y el conflicto por el financiamiento de las universidades. El sector universitario atraviesa así una disputa que combina las negociaciones salariales, el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y una resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con determinados puntos de la normativa.

El reclamo también está relacionado con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores de las 60 universidades nacionales estimaron que necesitan alrededor de $11 billones para afrontar salarios, infraestructura, investigación, becas, hospitales y otros gastos.

De acuerdo con las autoridades universitarias, cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados forma parte de la discusión que se mantiene entre las universidades, los gremios y el Gobierno nacional. Mientras continúan las negociaciones y el conflicto judicial, los docentes avanzarán con el nuevo paro de tres días, que afectará las actividades académicas entre el miércoles y el viernes en distintas instituciones universitarias del país.

Martín Menem realizó una autocrítica sobre la estrategia comunicacional del Gobierno nacional y reconoció que el oficialismo no logró imponer su posición en algunas de las principales discusiones públicas que atravesaron la gestión.

El presidente de la Cámara de Diputados consideró que podrían haber actuado de una manera más “incisiva o persuasiva” al momento de comunicar determinadas decisiones y admitió que perdieron algunos debates frente a la opinión pública.

Entre los ejemplos mencionó la discusión relacionada con la propiedad de la tierra. Según explicó, durante el tratamiento de una iniciativa vinculada con la inviolabilidad de la propiedad privada surgieron cuestionamientos acerca de una posible llegada de extranjeros para quedarse con recursos del país, algo que, aseguró, no estaba contemplado en el proyecto.

Menem también hizo referencia a otras controversias que tuvieron al Ejecutivo como protagonista, entre ellas las vinculadas con las universidades, el Hospital Garrahan y la discapacidad. En ese sentido, responsabilizó al kirchnerismo por promover interpretaciones alejadas de la postura del Gobierno.

Consultado acerca de si al oficialismo le había faltado sensibilidad o tacto para abordar algunos de estos temas, el titular de Diputados rechazó esa consideración y contrastó las políticas de la actual administración con decisiones tomadas durante el gobierno anterior.

Por otro lado, Menem negó que existan internas dentro del Ejecutivo. Si bien reconoció que pueden aparecer diferencias entre sus integrantes durante las discusiones y la toma de decisiones, sostuvo que esas situaciones forman parte del funcionamiento habitual del espacio.

“A veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola”, ejemplificó al referirse a las conversaciones que se producen dentro de la mesa donde se definen las medidas del Gobierno.

Finalmente, expresó su respaldo “al cien por ciento” al presidente Javier Milei y señaló que uno de los principales objetivos políticos de La Libertad Avanza es conseguir su reelección, mientras el espacio trabaja en la construcción de acuerdos electorales en los distintos distritos del país.

El Senado de la Nación aprobó hoy en general el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa del oficialismo orientada a incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero formal.

La sanción se alcanzó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, con apoyo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos.

La normativa introduce modificaciones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, elimina restricciones para su acceso y redefine la “discrepancia significativa” en un 15% para las impugnaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, el texto establece una prohibición expresa para que el presidente, ministros, legisladores, jueces y funcionarios que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años puedan acceder a los beneficios del régimen.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al sostener que el Estado funcionó históricamente como “un enemigo del ahorro”, mientras que el senador José Mayans la cuestionó al calificarla como “un premio a los evasores”.

La jornada incluyó además discusiones sobre las reservas de oro del Banco Central y críticas opositoras vinculadas a los resultados de las pruebas PISA.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso propone modificar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. El artículo 17 de la iniciativa plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, que establece la movilidad de estas prestaciones y las vincula con el sistema de actualización de las jubilaciones.

Si la propuesta es aprobada tal como fue presentada, la AUH dejaría de actualizarse automáticamente mediante la fórmula vigente, que actualmente toma como referencia la movilidad jubilatoria. Lo mismo ocurriría con otras prestaciones alcanzadas por la norma, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo y por discapacidad, las prestaciones prenatales, de nacimiento, adopción y matrimonio, además de la ayuda escolar.

El proyecto tampoco establece una nueva fórmula de actualización, de esta manera si el Congreso aprueba la modificación, quedaría en manos del Poder Ejecutivo definir cuánto y cuándo aumentar las asignaciones. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que esto no implicaría dejar de actualizar las prestaciones y que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

La CBA representa el conjunto de alimentos y bebidas necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y su valor también se utiliza para establecer la línea de indigencia. Según el último dato oficial mencionado en el artículo, correspondiente a agosto, la CBA para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó los $726.469,38, mientras que para un adulto equivalente fue de $235.103,36. Para 2027, el proyecto de Presupuesto contempla un total de 4.143.930 beneficiarios de la AUH, por lo que la modificación tendría impacto sobre un universo amplio de personas que reciben esta prestación.

La Ley 27.160, sancionada en 2015, estableció la movilidad de las asignaciones familiares y determinó que distintas prestaciones se actualizaran de acuerdo con el mecanismo utilizado para las jubilaciones. En 2024, el Gobierno modificó el sistema previsional y estableció que las jubilaciones se actualizaran mensualmente de acuerdo con la inflación, utilizando un rezago de dos meses. Actualmente el artículo 17 del nuevo proyecto busca eliminar esa relación y en consecuencia, la AUH y las demás prestaciones alcanzadas dejarían de estar atadas automáticamente a la evolución de la inflación a través de la movilidad jubilatoria.

El Gobierno sostiene que la AUH aumentó casi un 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, sumada a la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación. Esa afirmación forma parte de los argumentos oficiales para sostener el nuevo esquema.

Es el tercer intento de modificar el sistema, la eliminación del mecanismo automático ya había sido incluida por el Gobierno en los dos presupuestos anteriores. En el proyecto de Presupuesto 2025, la derogación de los artículos de la Ley 27.160 había sido incorporada en el artículo 68. Sin embargo, ese Presupuesto no fue aprobado por el Congreso. La misma modificación volvió a aparecer en el Presupuesto 2026, esta vez en el artículo 73 y el Congreso finalmente aprobó el Presupuesto, pero durante el tratamiento legislativo ese artículo quedó excluido del texto definitivo.

Ahora, el Ejecutivo volvió a incorporar la propuesta en el artículo 17 del Presupuesto 2027. La iniciativa deberá ser debatida y modificada, en caso de que corresponda, durante el tratamiento parlamentario.

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para ayudar a los empleadores del sector privado a afrontar determinadas indemnizaciones laborales. El esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre próximo, luego de que su puesta en marcha fuera postergada para completar los aspectos operativos. 

El FAL establece que los empleadores realizarán aportes destinados a cuentas individuales que podrán utilizarse para afrontar obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales. Sin embargo, la existencia del fondo no elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador ni reemplaza el derecho a cobrar las indemnizaciones que correspondan, el régimen alcanza principalmente a empleadores del sector privado comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo y por el Régimen de Trabajo Agrario. Quedan fuera los trabajadores del sector público, el personal de casas particulares y quienes están alcanzados por el régimen específico de la industria de la construcción. 

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la forma en que se administrarán los recursos, los fondos deberán mantenerse bajo determinados criterios de diversificación y liquidez y podrán ser colocados en instrumentos financieros en pesos. Las nuevas pautas buscan establecer cómo se administrará el dinero acumulado hasta que sea necesario utilizarlo para cubrir las obligaciones previstas por el régimen.  

El sistema también contempla la intervención de distintos organismos públicos en su funcionamiento. Entre ellos se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Finanzas, que deberán completar aspectos vinculados con la implementación y supervisión del mecanismo. 

La reglamentación fue establecida inicialmente mediante el Decreto 408/2026, publicado en junio, que puso en funcionamiento el marco general del Fondo de Asistencia Laboral. Posteriormente, el Gobierno avanzó con normas complementarias relacionadas con la administración y las inversiones de los recursos.  El objetivo del esquema es que los empleadores cuenten con recursos acumulados para afrontar determinados pagos derivados de la finalización de una relación laboral.

El Gobierno nacional aceleró la elaboración de un nuevo decreto destinado a reglamentar la expulsión de extranjeros que hayan emitido discursos de odio contra argentinos o incitado a la violencia por motivos vinculados con la nacionalidad.

La Casa Rosada retomó el trabajo pendiente luego de la publicación del DNU 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei a fines de julio, que modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas como causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.

La posibilidad legal, por lo tanto, ya se encuentra vigente. El objetivo de la nueva reglamentación será establecer cómo se implementará en la práctica y determinar qué organismos deberán intervenir en los procedimientos.

El DNU también contempla a quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje contra símbolos patrios o hayan incitado a cometer esas acciones. En el caso de extranjeros que ya residan en la Argentina, la cancelación de la residencia puede derivar en una intimación para abandonar el territorio o directamente en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias particulares.

Uno de los principales puntos que deberá resolver la reglamentación es cómo se determinará que una expresión constituye efectivamente un mensaje de odio. El Gobierno analiza utilizar el sistema de alertas que actualmente maneja la Dirección Nacional de Migraciones, aunque todavía resta establecer qué organismo generará la información, qué pruebas serán necesarias y quién deberá validarlas.

La normativa establece, además, un límite relacionado con la libertad de expresión: quedan excluidas expresamente las manifestaciones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

El endurecimiento de la política migratoria generó cuestionamientos desde sectores políticos y especialistas en derecho. Entre las objeciones aparecen la amplitud del concepto de “mensajes de odio”, el procedimiento elegido para modificar la legislación y el margen de interpretación que podría tener el Poder Ejecutivo al momento de aplicar la medida.

Incluso, el DNU fue llevado a la Justicia mediante una acción de amparo presentada por diputados de la Coalición Cívica.

Por el momento, el Ejecutivo no fijó una fecha para la publicación de la reglamentación ni difundió un borrador. La intención oficial es terminar de definir el mecanismo para que las nuevas causales puedan aplicarse en los controles de ingreso, la cancelación de residencias y los procedimientos de expulsión.

El Gobierno nacional reorganizó el funcionamiento del Registro Nacional de Armas (RENAR) y estableció una nueva estructura para el organismo encargado de controlar armas, municiones, explosivos y otros materiales regulados. La modificación quedó oficializada este viernes mediante el Decreto 770/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Con el nuevo esquema, el RENAR tendrá entre sus responsabilidades registrar, autorizar y fiscalizar actividades vinculadas con la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, importación, exportación, almacenamiento y destrucción de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y otros elementos alcanzados por la normativa. El material perteneciente a las Fuerzas Armadas queda exceptuado de su intervención.

Las funciones del organismo no estarán limitadas a los trámites registrales. También deberá impulsar políticas destinadas a prevenir la violencia con armas y combatir el tráfico ilícito, además de colaborar con investigaciones relacionadas con delitos en los que hayan sido utilizadas armas, municiones o explosivos.

A su vez, podrá realizar inspecciones y operativos para controlar el cumplimiento de la legislación vigente y promover la regularización de personas y materiales que se encuentren fuera del sistema registral.

Otra de las funciones asignadas será la elaboración periódica de estadísticas sobre hechos, actividades y situaciones relacionadas con los materiales bajo su control. Esa información podrá ser compartida con otras áreas del Estado para contribuir al diseño de estrategias destinadas a combatir el tráfico ilegal y mejorar las políticas de prevención.

El organismo también tendrá participación en campañas de información y concientización vinculadas con el uso responsable, la regularización y los riesgos asociados a las armas de fuego.

Entre sus responsabilidades continuará además la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados y de su red de depósitos, así como la destrucción de elementos secuestrados, decomisados o entregados de acuerdo con la legislación vigente.

La conducción del RENAR estará a cargo de un director ejecutivo con rango de secretario y de un subdirector ejecutivo con jerarquía de subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto también estableció las distintas áreas operativas que integrarán la nueva estructura.

Según dispuso el Ejecutivo, la reorganización no implicará un aumento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional. Al mismo tiempo, se eliminarán funciones dentro del Ministerio de Seguridad que se superponían con las competencias ahora concentradas en el RENAR.

El Registro Nacional de Armas había recuperado su denominación histórica en 2025, cuando la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue transformada y trasladada a la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Con la nueva normativa, el Gobierno termina de definir su estructura y amplía el alcance de sus funciones de control, prevención y producción de información.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, encabezó una reunión de trabajo en Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el objetivo de consolidar la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo y asegurar apoyos legislativos para los proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, el mandatario provincial confirmó su respaldo a dos iniciativas centrales promovidas por el presidente Javier Milei: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, orientada a restringir la emisión monetaria para financiar el déficit, y la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reunión se enmarca en las negociaciones que lleva adelante la Jefatura de Gabinete para garantizar mayorías en el Congreso antes de la próxima sesión en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, el oficialismo prevé avanzar con un temario que incluye modificaciones fiscales, el Tratado de Cooperación en Patentes, el acuerdo comercial MERCOSUR-Singapur y la reducción impositiva para la cadena productiva de la mandioca.

Como parte de los entendimientos alcanzados, el Ejecutivo nacional confirmó además que las modificaciones al esquema de zonas frías no tendrán impacto en la región patagónica.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, expuso ante el plenario de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, presidido por el diputado Martín Aveiro, donde presentó un informe sobre el estado de la obra pública y la red vial nacional.

Durante su intervención, el funcionario provincial cuestionó el incremento nominal del impuesto a los combustibles desde fines de 2023 y advirtió sobre la falta de ejecución de los fondos específicos destinados al Sistema Vial Integrado (SisVIAL), señalando que dichos recursos no se habrían traducido en obras de mantenimiento sobre las rutas nacionales.

En ese marco, Katopodis afirmó que la recaudación acumulada no fue acompañada por la ejecución de trabajos viales y sostuvo que se registra una reducción del 73,6% en términos reales del gasto ejecutado por Vialidad Nacional en comparación con períodos anteriores. También comparó los indicadores actuales con los registrados durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación entre 2019 y 2023, y advirtió por la caída en el inicio de nuevas obras en todo el país.

Finalmente, el ministro destacó el rol del Congreso y de los trabajadores del sector en la defensa del sistema vial y cuestionó los intentos de desarticulación del organismo encargado de la infraestructura nacional.

El Gobierno nacional descalificó la jornada de paro realizada hoy por los gremios docentes y no docentes universitarios, tildando la medida de fuerza como “muy política” y sosteniendo que se promovió “sin motivos concretos”.

Voceros de la administración conducida por el presidente Javier Milei señalaron que los sindicatos “ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, buscando actuar “en sincronización con el kirchnerismo” para erosionar la gestión pública tras otras protestas recientes del sector científico y social.

Desde la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano remarcaron que el Poder Ejecutivo cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas en la negociación paritaria, lo que incluye la transferencia de partidas financieras a los centros de salud universitarios y el respeto del acta rubricada el 10 de junio pasado.

Según indicaron desde el área ministerial, “los incrementos acordados se están abonando según los montos y plazos establecidos”, recordando además que se fijó una instancia de cuarto intermedio prevista para los primeros días de septiembre con el propósito de reanudar el análisis del esquema salarial.

Asimismo, evaluaron que la huelga tuvo un impacto limitado en el dictado de clases a nivel federal: “Les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, aseveraron, acotando el acatamiento mayoritario al ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nudo del conflicto entre el colectivo docente y la Casa Rosada radica en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que se encuentra judicializada. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de las partidas para becas, el Gobierno confía en una resolución judicial favorable al sostener que la aplicación del texto “rompe el equilibrio fiscal”.

En ese marco, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, citó a las partes a una audiencia fijada para el próximo viernes 21 con el fin de explorar un acercamiento, aunque desde el oficialismo prevén un escenario de no acuerdo pese a contar con fondos de contingencia asignados.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron hoy un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, enviado por el Poder Ejecutivo y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El plenario, conducido por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, reunió 44 firmas -32 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, dos de la UCR y otras bancadas dialoguistas- y dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto el 26 de agosto.

El texto propone reformas a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, con el objetivo declarado de brindar previsibilidad y reducir la carga punitiva sobre contribuyentes y PyMEs. La modificación central aprobada fue la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.

La prohibición alcanza a quienes hayan ocupado u ocupen cargos de alta responsabilidad -secretarios de Estado, legisladores, jueces, concejales y miembros de organismos de control- durante los cinco años previos y hacia adelante. Podrán utilizar el sistema únicamente como canal operativo para liquidar el Impuesto a las Ganancias, sin acceder a inmunidades ni liberaciones de fiscalización.

El dictamen contó con la oposición de Unión por la Patria. Durante la reunión, el diputado Carlos Castagneto, acompañado por Ariel Rauschenberger, rechazó la iniciativa al considerar que el régimen debilita la capacidad investigativa de los organismos recaudadores al fijar barreras de fiscalización que, según sostuvo, benefician a los grandes contribuyentes. También cuestionó la dinámica del debate y las modificaciones introducidas al texto original antes de la firma del dictamen.

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto ad referéndum que autoriza la participación y votación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debido a que la legisladora cumple reposo médico en Mendoza por un embarazo avanzado.

La resolución establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de manera virtual -preferentemente desde la Legislatura de Mendoza o desde un punto con conectividad garantizada- hasta el inicio de su licencia por maternidad, pese a no haber solicitado licencia formal de su banca.

No obstante, la medida deberá ser sometida a votación al inicio de la sesión, ya que el pleno del Senado constituye la autoridad competente para ratificar o rechazar este tipo de excepciones reglamentarias.

La habilitación del voto remoto introduce un nuevo factor de tensión en un debate legislativo que se perfila con una paridad extrema entre el oficialismo y la oposición, en el marco del tratamiento de la iniciativa que propone elevar al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales y modificar los regímenes de expropiación y manejo del fuego.

La presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporará un tope del 25% a la extranjerización de tierras rurales, en una iniciativa que será tratada el próximo jueves en el Senado, con una votación que se anticipa de margen ajustado.

La legisladora explicó que el incremento respecto del esquema vigente -que fija un límite inferior- responde a sugerencias formuladas por bloques opositores dialoguistas durante el proceso de negociación parlamentaria.

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto elimina el límite de 1000 hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria y suprime las restricciones simultáneas a nivel provincial y municipal. Asimismo, establece la prohibición de adquisición de tierras por parte de estados extranjeros.

La iniciativa también contempla un régimen acelerado para desalojos de inmuebles ocupados, incorpora una figura de regularización dominial a los 10 años de posesión y deja sin efecto la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 60 años tras incendios forestales.

En el caso de operaciones en zonas de frontera o áreas de seguridad nacional, se implementará un sistema de doble conformidad que deberá ser otorgado de manera conjunta por autoridades provinciales y el Poder Ejecutivo nacional.

Bullrich defendió los cambios al señalar que la reforma apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, mejorar los esquemas de indemnización por expropiaciones y reactivar el valor de la tierra como activo productivo, con el objetivo de fomentar el ingreso de inversiones en el sector.

El Gobierno nacional anunció la suspensión de la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector que establece una reducción del 20% en las tarifas, lo que permitió la reanudación inmediata de las operaciones en puertos y vías navegables del país.

El entendimiento implica que la Casa Rosada dejará en pausa la aplicación del decreto reglamentario que buscaba modificar el régimen vigente desde 1991, luego de que un cese de actividades paralizara la asistencia a buques y afectara a más de 140 embarcaciones en distintos nodos logísticos.

En paralelo, se conformará una mesa técnica interministerial integrada por las áreas de Seguridad y Defensa, junto a organismos competentes, con el objetivo de revisar los esquemas tarifarios, las normativas operativas y los estándares de seguridad que originaron el conflicto.

La medida de fuerza había generado un fuerte impacto en la cadena logística, especialmente en el sector energético, con demoras en el ingreso de petróleo a refinerías, dificultades en el despacho de combustibles y complicaciones en el transporte marítimo hacia la Patagonia sur.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo -ahora suspendidas- apuntaban a flexibilizar la obligatoriedad del servicio, reducir costos operativos y habilitar el ingreso de nuevos prestadores. Desde el sector profesional, en tanto, advertían sobre posibles riesgos en las maniobras y una eventual disminución de los controles técnicos bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina.

El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto que buscará respaldar por ley parte de las modificaciones que habían sido impulsadas mediante decretos y que luego fueron rechazadas por el Congreso. Además, se estudian nuevos cambios en distintas dependencias estatales.

El plan también contempla continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios y procesos de reestructuración. 

De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el Estado redujo su planta en más de 71.000 puestos de trabajo, equivalente al 14,1% del total.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mantener el equilibrio fiscal y generar las condiciones para avanzar, más adelante, con una reforma tributaria que reduzca impuestos sin comprometer las cuentas públicas. No obstante, algunos organismos advierten que nuevos recortes podrían afectar el funcionamiento de áreas operativas.

El presidente Javier Milei rechazó que la administración estadounidense encabezada por Donald Trump haya concretado un rescate financiero a la Argentina, al calificar como “deshonesto” ese planteo. Según explicó, el desembolso de USD 2500 millones representó menos del 5% del esquema económico global de USD 70.000 millones impulsado por su gestión.

En materia financiera, el mandatario sostuvo que el Gobierno logró contener una corrida de USD 41.000 millones, a la que definió como inédita en la historia macroeconómica local. En ese sentido, remarcó que el esquema de emisión cero quedó consolidado a mediados de 2024 tras el saneamiento del balance del Banco Central de la República Argentina, y señaló que, si bien se registraron episodios de deflación mayorista, la evolución del índice de precios al consumidor muestra una desaceleración progresiva.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la exhibición de una bandera sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte de jugadores de la selección argentina tras un partido frente a Inglaterra en la Copa del Mundo. El jefe de Estado advirtió sobre los riesgos de vincular cuestiones deportivas con disputas geopolíticas y subrayó que la vía diplomática es el único canal válido para sostener el reclamo.

Por último, ratificó su respaldo a Manuel Adorni en el marco de causas judiciales en curso y mencionó el reciente encuentro mantenido en la Casa Rosada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el que se abordaron aspectos vinculados a la evolución del programa económico.

El Gobierno nacional desmintió versiones sobre el retiro de carteles con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” de colectivos y trenes, al asegurar que no existe ninguna directiva oficial en ese sentido y ratificar la vigencia de la normativa que obliga a su exhibición en el transporte público.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo calificó la información como “falso, falso, falso” y remarcó que la Ley 27.023 continúa plenamente vigente. En ese marco, se negó que la Secretaría de Transporte haya emitido instrucciones para retirar la señalización y se acusó al periodista Tomás Méndez de difundir versiones incorrectas.

Desde el sector empresario, el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, explicó que la remoción responde a tareas de mantenimiento y renovación estética de las unidades. Según indicó, los materiales presentaban desgaste tras varios años de uso y serán reemplazados por nuevos diseños.

Pese a estas aclaraciones, referentes sindicales manifestaron su preocupación. Rubén Sobrero, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, expresó su rechazo ante lo que consideró un posible proceso de “desmalvinización” y advirtió que mantendrán el seguimiento de la situación para evitar la eliminación definitiva de la simbología.

El Gobierno nacional dispuso hoy el desplazamiento del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna, en el marco de una reestructuración del área y mientras el Ejecutivo avanza en la designación de su reemplazante.

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que la decisión se precipitó luego de que Geuna perdiera el control de tres organismos estratégicos del sector: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa estatal Arsat y el Correo Argentino.

El cambio de esquema se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial durante la semana, que dispuso el traspaso del Enacom a la órbita directa del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

En paralelo, las estructuras operativas de Arsat y del Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, dirigente cercano a Santilli dentro de la nueva lógica de centralización estatal impulsada por el Ejecutivo.

Geuna, vinculado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, había quedado así sin funciones clave dentro de su área, lo que derivó en su salida definitiva del gabinete nacional.