Las autoridades educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron nuevos incrementos en las cuotas de los establecimientos privados que reciben aportes estatales. La medida regirá a partir de octubre y se da en un contexto de sostenido crecimiento de la matrícula en el sistema privado, que cada vez concentra a más estudiantes en ambas jurisdicciones.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA), en territorio bonaerense se aprobó un aumento del 2,8%, mientras que en los colegios de gescióntión privada de la Ciudad de Buenos Aires el ajuste será de hasta 2,2%.

Los motivos de la actualización

En CABA, la resolución del Ministerio de Educación fundamentó la suba en el impacto del último acuerdo paritario docente y en la necesidad de adecuar los aranceles “considerando la situación económica de las familias y la sustentabilidad del sistema educativo privado con aporte estatal”. 

En la Provincia, el incremento responde de igual manera a los compromisos salariales alcanzados entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes.

El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, sostuvo que las actualizaciones “son el resultado de las gestiones realizadas con las autoridades educativas para mantener y garantizar la calidad de la enseñanza”. Sin embargo, aclaró que los porcentajes habilitados “se ubican por debajo de los incrementos reales en los costos de funcionamiento”, lo que obliga a las instituciones a realizar un esfuerzo adicional para no resentir su actividad diaria.

“Los colegios privados están comprometidos con sostener un servicio educativo de calidad y con responsabilidad social, aún en un escenario económico que presiona sobre la sustentabilidad del sistema”, añadió Zurita.

Crece la demanda de educación privada

El ajuste en las cuotas se inscribe en un fenómeno más amplio: el aumento de la matrícula en el sector privado, tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires. Factores como la búsqueda de estabilidad académica, la percepción de mayor calidad educativa y la inestabilidad de la educación pública durante los últimos años, llevaron a un número creciente de familias a optar por instituciones de gestión privada.

Las resoluciones de ambas jurisdicciones incluyen los cuadros con los aranceles máximos autorizados para cada nivel educativo, diferenciados según el porcentaje de aporte estatal que reciben los institutos. Los montos comenzarán a aplicarse con las facturas de octubre.

Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptó un camión en el que eran trasladadas más de 7 toneladas de marihuana proveniente de Misiones. Detrás del negocio narco hay un clan familiar que operaba desde hace más de 30 años.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, quien tras detener al vehículo procedió a realizar una serie de allanamiento en el merco de la causa que recayó en el Juzgado Federal de Campana a cargo de Agustín Ocampo.

Integrantes de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón llevó a cabo las tareas investigativas con el objetivo de detectar vehículos relacionados a una banda criminal dedicada al transporte, acopio y distribución de estupefacientes en mediana y gran escala, informó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

En este marco, detectaron que detrás del operativo de traslado de las 7 toneladas de marihuana con rumbo a territorio bonaerense estaba un clan familiar vinculado desde hace más de tres décadas a actividades relacionadas al narcotráfico, “con frondosos antecedentes penales, cosechando así gran poder adquisitivo”, indicó el Gobierno de PBA.

La comercialización de la droga se hacía de forma interprovincial. En esta ocasión el vehículo había partido desde Misiones con rumbo a la provincia de Buenos Aires.

Al frente del clan estaban un hombre y su madre, quien actualmente cumple arresto domiciliario. Luego de intervenciones telefónicas, los investigadores detectaron que el líder de la banda viajaba a las localidades de Monte Carlos y el Dorado, en el norte argentino, “logrando llevar adelante la logística de acopio, ocultamiento, y transporte de cargas de marihuana destinadas a la Provincia de Buenos Aires”.

Mediante las intervenciones de los teléfonos, lograron enterarse el momento en el que iba a viajar este camión con la droga. En este marco, se hizo un seguimiento del vehículo Fiat Iveco Frontal de color blanco con semirremolque.

Fue a la altura de Pilar, sobre la Ruta 28, donde personal policial intercepto el camión. En el remolque detectan bolsas de carbón que cubrían las 7 toneladas de marihuana.

El pasado 24 de junio, en un control de Gendarmería Nacional sobre la ruta 14 a la altura del kilómetro 536, en Tapebicua, Corrientes, se encontró dentro de un cargamento de mandioca más de 6 toneladas de marihuana. Detrás de esta actividad narco estaba la misma organización criminal.

Los antecedentes de la banda datan de al menos 1993 cuando la división de Vicente López de la Policía de la Provincia de Buenos Aires recolectó información sobre la existencia de distintas células de narcotraficantes que traficaban droga desde Paraguay hacia territorio bonaerense, pero también hacia Mendoza y luego Chile.

En 1994 fue interceptado un camión viajando a suelo chileno con 500 kilos de marihuana. Por dicho operativo fueron detenidas 43 personas de nacionalidades argentina, paraguaya, brasilera, uruguaya, y chilena.

Además de la marihuana, en ese envío encontraron 2,550 kilogramos de cocaína y 10 gramos de hachis. En el camión había 20 mil kilos de carne de exportación, que se utilizaba de fachada para cubrir el traslado de droga.

El amplio esquema de inteligencia efectuado durante el operativo, denominado como “TORMENTA VERDE”, permitió extender las acciones hacia otras provincias como ser Mendoza y Salta, y a ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Fuente: Infobae.

La jueza Alejandra Provítola procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Marcela Sánchez.

Los tres "chocolates" son José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, quienes cobraban las tarjetas de débito de por lo menos 20 personas carencias vinculadas a "Barrios de Pie" y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

El primer "chocolate" detenido fue Julio Rigau, quien es un puntero del kirchernismo de La Plata y también usaban la modalidad de cobrar sueldos de empleados de la legislatura bonaerense.

La investigación se inició en diciembre de 2019 cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias.

Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre.

Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.

En ese marco, y con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.

Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y -luego renombrado- “Potenciar Trabajo”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos.

La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.

También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.

Ahora, en base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.

Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara los respectivos dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.

La jueza también dictó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.

Fuente: Clarín