El arranque de las paritarias 2026 se da en un clima de creciente conflictividad. Tras conocerse el último dato del INDEC, que confirmó un repunte inflacionario por cuarto mes consecutivo, distintos gremios rechazaron propuestas de aumentos que consideran insuficientes y advirtieron que no aceptarán subas por debajo de la evolución de los precios.

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos estatales, docentes y judiciales rechazaron la oferta del 1,5% para enero presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Desde ATE, SUTEBA y la AJB coincidieron en que la propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada del salario real durante 2025 y exigieron una recomposición previa antes de discutir el nuevo año.

“El salario quedó muy retrasado y es necesario un esfuerzo concreto para recuperar el poder adquisitivo”, sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo. En la misma línea, desde SUTEBA remarcaron que la discusión debe contemplar no solo la inflación futura, sino también lo perdido en el último año.

La tensión también se trasladó al sector del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó un aumento del 1% propuesto por las cámaras empresarias de colectivos del AMBA y declaró el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar en un plan de lucha si no hay una mejora en la oferta. El Gobierno convocó a una nueva audiencia para esta semana con el objetivo de evitar un paro.

Desde las empresas, las cámaras del sector advirtieron sobre la “extrema fragilidad financiera” del sistema y señalaron el atraso en los costos y en el pago de subsidios. El gremio, en cambio, respondió que no aceptará precarización ni demoras en el cobro de los salarios.

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició medidas de fuerza en distintas plantas del país al denunciar que varias empresas no están pagando los aumentos ya acordados. El sindicato apuntó contra la falta de homologación de acuerdos salariales por parte de la Secretaría de Trabajo.

El trasfondo del conflicto es claro: la mayoría de los grandes gremios cerró 2025 con pérdida de poder adquisitivo. Solo algunos sectores, como Smata, estacioneros y Camioneros, lograron terminar el año con salarios levemente por encima de la inflación, en muchos casos recién hacia el último tramo del año y mediante sumas fijas no remunerativas.

Con este escenario, el inicio de 2026 aparece marcado por una pulseada salarial que promete profundizarse, en un contexto donde la inflación no logra perforar el piso del 2% mensual y los sindicatos buscan recuperar terreno perdido tras un año de ajustes.

Fuente: TN

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone, encabezó una reunión institucional con representantes de la CGT local y de distintos sindicatos con el objetivo de avanzar en líneas de trabajo conjunto vinculadas a la capacitación y la formación, en el marco del inicio de la nueva gestión universitaria.

Durante el encuentro, Biasone presentó a parte del equipo académico que integra la gestión. Participaron el secretario del Consejo Superior, Gabriel Tirreli; el secretario Académico, Sergio Cabría; y el arquitecto Daniel Villalba, referente de la Escuela Universitaria de Formación Profesional. Los funcionarios expusieron posibles instancias de articulación entre la Universidad y las organizaciones gremiales.

También estuvieron presentes el secretario general de la CGT Mar del Plata, José Luis Rocha; su adjunto, Miguel Ángel Gugliemotti; y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica, Guillermo Bianchi.

La rectora explicó que el encuentro tuvo como finalidad comenzar a delinear una agenda académica compartida, tanto para la CGT en su conjunto como para el sindicato de Empleados de Comercio. “La idea es presentar ejes académicos fundamentalmente para desarrollar a lo largo del año”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue la continuidad de la Universidad Popular, iniciativa que articula a la UNMDP con organizaciones sindicales y que permitió desarrollar diplomaturas, capacitaciones y propuestas formativas orientadas a trabajadores de distintos sectores. En la reunión se coincidió en la importancia de fortalecer estas experiencias, entendiendo que “la capacitación y la formación son herramientas centrales para ampliar derechos y generar oportunidades”.

Asimismo, se abordó el contexto presupuestario que atraviesa el sistema universitario, con especial énfasis en las dificultades para afrontar los gastos de funcionamiento y la necesidad de contar con previsibilidad financiera para sostener las actividades académicas, de extensión y de formación. “No estamos pidiendo aumentos, sino previsibilidad y el reconocimiento del deterioro que ha generado la inflación en el funcionamiento cotidiano de la universidad”, sostuvo Biasone.

Desde la CGT y los sindicatos presentes valoraron el espacio de diálogo y destacaron el rol de la universidad pública como herramienta de formación, acceso al conocimiento y desarrollo social, especialmente en iniciativas vinculadas a oficios, capacitación laboral y nuevas tecnologías.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El gobernador Axel Kicillof recibió a representantes de todos los gremios estatales junto a los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Walter Correa; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Durante el encuentro, las autoridades expusieron el complejo escenario económico y financiero que atraviesa la Provincia.

Según se detalló, la situación actual está marcada por la destrucción de empleo y el cierre de empresas en distintos puntos del territorio bonaerense, lo que derivó en una caída sostenida de la recaudación, tanto a nivel provincial como municipal. A este panorama se suma el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial advirtió que se acumula una deuda con los bonaerenses estimada en $12,9 billones, producto de fondos que dejaron de ingresar y compromisos asumidos que no fueron financiados por la Nación.

Pese a este escenario, desde la Provincia ratificaron el compromiso de sostener los puestos de trabajo y avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, al considerar que se trata de un aspecto clave para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

De la reunión participaron representantes de gremios docentes, estatales, judiciales y de la salud, entre ellos SUTEBA, UPCN, ATE, FEB, SADOP, UDOCBA, CICOP y AJB, además de funcionarios de las áreas de Economía, Trabajo y la Secretaría General de Gobierno, quienes seguirán a cargo de las negociaciones de cara al reinicio del diálogo en enero próximo.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata manifestó su “total desacuerdo con la metodología empleada por los manifestantes” en relación con la movilización del Sindicatos de Pasteleros frente a locales gastronómicos como Hard Rock Café y Kentucky.

En ese sentido, la entidad expresó su preocupación por el impacto que este tipo de acciones genera en el sector y en la actividad económica local.

En su posicionamiento, la Asociación destacó que la instalación de marcas de prestigio internacional, la fuerte inversión del sector privado en un contexto complejo y la creación de puestos de trabajo “no puede verse empañada por actitudes de este tipo”, que -señalaron- no solo perjudican al empresariado gastronómico y hotelero, “sino que además resultan nocivas” para toda la ciudad”.

Se recuerda que este viernes se produjo un fuerte enfrentamiento entre el Sindicato de Pasteleros (STARPYH) de Mar del Plata y UTHGRA a raíz de manifestaciones realizadas por Pasteleros, donde denunciaron irregularidades laborales, mala registración y violación de convenios.

El secretario general de Pasteleros, José García, justificó la protesta señalando que buscan visibilizar situaciones de precarización y defender los derechos de los trabajadores en un contexto económico crítico, y adelantó que continuarán con las acciones hasta que las empresas regularicen al personal.

Por su parte, UTHGRA Mar del Plata repudió el escrache y lo calificó como un hecho “innecesario, lamentable y violento”, denunciando presiones, extorsiones y la presencia de “patovicas traídos en micros desde Buenos Aires”.

Su titular, Pablo Santín, afirmó que Hard Rock Café y locales similares no corresponden al convenio de Pasteleros y acusó a García de intentar forzar encuadres laborales mediante amenazas, afectando la actividad, la inversión y el empleo en la ciudad.

Un cortocircuito se generó hoy entre dos gremios relacionados con la gastronomía. El Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata (STARPYH) llevó adelante una serie de manifestaciones frente a los locales de Hard Rock Café y Kentucky, con el objetivo de denunciar irregularidades laborales, mala registración del personal y el incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, desde UTHGRA Mar del Plata calificaron lo ocurrido como una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta” aseguraron que se trató de “una extorsión lisa y llana”.

La medida de los Pasteleros fue encabezada por el secretario general del gremio, José García, quien explicó que las acciones se realizaron para visibilizar prácticas empresariales que afectan de manera directa a los trabajadores. “El motivo principal es tratar de educar a los empresarios que tienen mal registrados a los trabajadores. Estuvimos en dos locales haciendo manifestaciones porque no cumplen con los convenios de trabajo y mantienen una registración deficiente del personal”, señaló.

El dirigente advirtió que estas situaciones se desarrollan en un contexto económico y social complejo, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la vulnerabilidad laboral. “Nosotros, como sindicato, lo que defendemos son los salarios y los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Desde el gremio denunciaron que se trata de casos de precarización laboral y calificaron esta práctica como inadmisible: “Es una precarización laboral por parte de la empresa que no podemos permitir, porque siempre los perjudicados son los trabajadores”, afirmó García.

El secretario general también destacó el rol del sindicato como herramienta de defensa colectiva: “En un contexto del país que lo estamos pasando muy mal los trabajadores, tenemos que estar al lado de ellos y hacerles saber a las empresas que no estamos de acuerdo con las medidas que toman ni con los perjuicios que le están causando a los empleados”.

Finalmente, el Sindicato de Pasteleros anticipó que continuará con las acciones gremiales hasta que las empresas involucradas regularicen la situación laboral y cumplan con la normativa vigente y los convenios colectivos del sector.

REPUDIO DE UTHGRA

Tras las movilización de los Pasteleros, UTHGRA Mar del Plata repudió el escrache realizado en la primera sucursal local de Hard Rock Café, que abrió hace pocos días y debió cerrar sus puertas como consecuencia del episodio. La conducción encabezada por Pablo Santín denunció presiones, extorsiones y el uso de “patovicas traídos en micros desde Capital Federal” para amedrentar a establecimientos y trabajadores gastronómicos.

Desde el gremio calificaron lo ocurrido como una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta”, ajena a la defensa genuina de los derechos laborales. “Esto es una extorsión lisa y llana. Representa todo lo que está mal”, afirmó Santín.

Según detalló UTHGRA, arribaron a la ciudad tres micros provenientes de Buenos Aires “con patovicas”, en el marco de una escalada de presiones que, aseguraron, el dirigente José García viene ejerciendo sobre empresarios gastronómicos. “Les dicen que si no encuadran a su personal en el convenio de Pasteleros, van a traer gente de Buenos Aires. Eso no es sindicalismo, es apriete, es extorsión, va en el sentido contrario de hacer las cosas bien”, denunció Santín.

El secretario general aclaró que establecimientos como Hard Rock Café “no son pastelerías”, sino empresas gastronómicas, y que por lo tanto “no corresponde de ninguna manera” el encuadre en el convenio colectivo de Pasteleros. “Los trabajadores son gastronómicos. Los representa UTHGRA y los vamos a defender”, subrayó.

En esa línea, Santín responsabilizó directamente a José García por los llamados y presiones dirigidos a empresarios que invierten y generan empleo en la ciudad. “Una cosa es defender los derechos de los trabajadores, y otra muy distinta es la extorsión. No todo vale, no se puede usar la violencia para forzar un encuadre laboral que no corresponde”, sostuvo.

UTHGRA también expresó preocupación por el impacto de estas acciones sobre la actividad y el empleo. “Es gravísimo que un local tenga que cerrar sus puertas a solo diez días de haber abierto por culpa de un escrache y amenazas. Esto atenta contra el trabajo, contra la inversión y contra la ciudad”, advirtió Santín.

Con un acto que reunió a 300 invitados, entre ellos dirigentes políticos, empresarios, representantes gremiales, medios de comunicación y un centenar de delegados hoteleros y gastronómicos, quedó inaugurado el Puente Mirador Sur, la estructura de 70 metros que conecta el Hotel UTHGRA Sasso con su casino por encima de la calle Medrano, como parte de la puesta en valor del histórico edificio ubicado en la zona sur de la ciudad.

El corte de cinta se realizó en el acceso al puente desde el casino y contó con la presencia del secretario General Nacional de UTHGRA, José Luis Barrionuevo; el ex intendente y actual senador Guillermo Montenegro; la empresaria Florencia Miconi, responsable de la constructora IMASA; la secretaria Nacional de Prensa de UTHGRA, Laura Sasprizza; y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof.

“Desde que compramos el Sasso, construimos el casino y las cocheras, mi sueño era encontrar la conectividad de ambos espacios”, expresó Barrionuevo durante su discurso y agregó: “Como nunca estuve como Trujillo en la construcción, consulté en muchas oportunidades para ver cómo hacíamos un puente sin afectar este signo patrimonial y las características de la zona. Un día, conversando con Flor Miconi y con su equipo maravilloso, me dijo ‘nosotros lo vamos a hacer. En diciembre te lo entregamos’. Y esto fue un ejército de gente trabajando. Perón cumple, Flor y su equipo dignifica”, bromeó.

El dirigente definió el puente como símbolo de una decisión estratégica. “Cuando adquirimos el Sasso y nos trasladamos a Punta Mogotes nos decían que nos íbamos de la ciudad, que invertíamos en algo que iba a desaparecer. Y revolucionamos Mogotes. Dimos nueva vida a la zona y obligó a invertir a los otros balnearios cuando nos instalamos en el 14. Antes veníamos para el Alfar y era un desierto este sector. Hoy el Sur es una realidad”, afirmó. En ese marco, agradeció a Guillermo Montenegro, “que es como Troilo, porque se va, pero siempre está volviendo”, así como a los integrantes del Concejo y a los funcionarios que acompañaron el proyecto.

Barrionuevo destacó que la inversión continúa. “Estamos cerca de que nos adjudiquen la Casa del Deportista, la cual ya limpiamos y cercamos para su protección, y también nos concesionaron el Balneario 0, que está puesto a punto. Lo que hicimos es invertir para que venga el turismo, que es el que trae trabajo. Necesitamos tener más trabajadores gastronómicos, por eso el Perón, los balnearios, el Sasso, nos permiten tener 450 trabajadores activos”.

Además, sostuvo que “Mar del Plata necesita que invirtamos y que lleguen otros que se tienten. Tengo mucha fe y confianza, por eso creo que el trabajo dignifica. Por eso aquí están presentes 100 delegados, porque esto es de ellos, de todos los gastronómicos y hoteleros. Le demostramos a propios y extraños que tenemos los mejores hoteles, más allá de ser gremiales”.

Del secretariado nacional de UTHGRA participaron Crisanto Jayme, Geneiro Argentino, Altier Enrique, Giménez Elisa Isabel y Cancino Daniel, junto a secretarios generales de seccionales de todo el país. Por Mar del Plata estuvo presente Pablo Santín. También asistieron el presidente del Concejo, Emiliano Recalt; la vicepresidenta II, Florencia Ranellucci; la concejal de Fuerza Patria, Mariana Cuesta; el concejal Rolando Demaio; el presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez; y el administrador general del Complejo Punta Mogotes, Fernando Maraude.

En el marco de las reformas económicas de segunda generación, el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias su ley de “modernización” laboral, una batería de medidas que modifica la vieja ley de Contratos de Trabajo "aggiornando" la normativa en un sentido flexibilizador, de manera tal que baja los costos para empleadores y debilita la posición relativa de los trabajadores en la negociación colectiva.

Los gremios de la CGT y -principalmente- de las dos CTA se pusieron en guardia frente a una ofensiva que interpretan como lesiva de derechos adquiridos, e ineficaz a la hora de generar los supuestos beneficios que declama el Gobierno sobre un aumento de las inversiones y de la productividad.

La reforma laboral se trataría inicialmente en el Senado, al tiempo que la Cámara de Diputados priorizaría en una primera instancia el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal durante el presente mes.

El borrador del proyecto de Modernización Laboral,  introduce importantes modificaciones al régimen de trabajo. A continuación, un detalle de los principales cambios.

En la versión original vigente, “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”, mientras que con la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo esa presunción “no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios, o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación”.

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.

“Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.

“Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, únicamente cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria que derivasen en insolvencia o falta de pago de la empresa empleadora”, dice la ley.

La versión original de la ley 20.744 señala que estas empresas serán “solidariamente responsables” de las obligaciones con sus trabajadores en todos los supuestos, y no únicamente cuando mediaran maniobras fraudulentas.

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

Además, se establece que "las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central de la República Argentina para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación autorice y considere apta”.

“El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente”, más allá de excepciones que estén justificadas por las características de la actividad. 

A su vez, “la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”. 

Asimismo, “el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a siete (7) días”.

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable, ya sea, ley especial y/o convenio colectivo de trabajo”, establece la propuesta.

La ley actual establece que cuando la antigüedad fuera mayor a 10 años, el preaviso de despido a un trabajador debe ser de tres meses.

Con la reforma laboral proyectada por el Gobierno, el preaviso para cualquier trabajador con más de cinco años de antigüedad es de dos meses.

Se mantiene el mes de preaviso cuando la antigüedad sea inferior a los cinco años. 

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”. 

Sin embargo, se especifica que “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera”.

Según la reforma laboral del Gobierno, cuando un trabajador sea despedido injustificadamente antes del vencimiento del plazo convenido, solo podrá percibir la indemnización que corresponda por la extinción del contrato, pero ya no podrá reclamar sumas de dinero adicionales por daños y perjuicios, como establece la normativa vigente.

“Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador”, dice la ley.

Reducción de de tres puntos en contribuciones patronales para quienes cumplan con los aportes a los Fondos de Asistencia Laboral.

“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia”, permitiendo el despido sin indemnización durante ese lapso.

La Ley Bases ya había llevado el período de prueba de 3 a 6 meses como plazo general, con posibilidad de extensión a 8 o 12 meses por convenio colectivo, especialmente para PyMEs.

"El empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una (1) vez utilizando el período de prueba”, se estima.

Debe garantizar la “libertad de conexión del repartidor independiente de plataforma tecnológica del servicio de mensajería urbana”. 

“El repartidor independiente será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios en las jornadas y durante el tiempo que estime convenientes y de aceptar y/o rechazar pedidos según su conveniencia. También será libre de definir el modo en que preste el servicio”, se indica.

Por su parte, el empleador tiene la obligación de “facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo”.

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. 

"Solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”, se aclara.

La inmunidad ante eventuales despidos o suspensiones sin causa justa, o modificación de las condiciones de trabajo, corre desde “la notificación fehaciente al empleador de su postulación para un cargo de representación sindical”.

“Esta tutela regirá solamente para los delegados o representantes gremiales legalmente electos y que ocupen los cargos de titulares”, se aclara, ya que “aquellos designados suplentes y/o congresales mantendrán la protección de estabilidad relativa no siendo aplicables las disposiciones de estabilidad absoluta”.

Se le conceden “a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga una cantidad mayor”. 

"El ejercicio de este derecho no podrá generar la interrupción de actividades en el área de trabajo”, se aclara.

Serán consideradas "infracciones muy graves" cuando se cumplieran alguna de las siguientes hipótesis:

a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas; 

b. provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; 

c. ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente.

“Créase el Programa de Formación Laboral Básica para garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.

Fuente: NA

En el marco de las mesas de diálogo intersectorial entre representantes de cámaras empresarias, gremios y técnicos portuarios, que buscan soluciones a la crisis que afecta el empleo y la cadena de valor pesquera, se alcanzaron hoy acuerdos para evitar paros totales en el Puerto de Mar del Plata. En este marco, las entidades que agrupan a los prestadores de servicios de estibaje, responsables de optimizar la carga en barcos, camiones y contenedores, anunciaron un incremento del 9% en las tarifas vigentes.

Las cooperativas de trabajo justificaron esta decisión en un documento, argumentando que “a pesar del complejo contexto económico general y del que atraviesa particularmente nuestra industria, esta decisión se tomó para corregir el cuadro tarifario”. El ajuste responde al aumento del costo de vida registrado por el INDEC, que entre noviembre de 2024 y junio de 2025 acumuló una inflación del 20,2%, junto con el incremento de los costos operativos de las empresas prestadoras del servicio.

La medida, comunicada directamente a las cooperativas por Carlos Nacer de Fecooaport Ltda., Santiago Pratto de la CESAP y Alberto Ovejero de la cámara de servicios portuarios, no fue consensuada con las cámaras empresarias, lo que generó cierta controversia en el sector.

Por otra parte, el Puerto de Mar del Plata registró avances significativos en el comercio exterior. Según informó Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2 (TC2), el primer semestre de 2025 mostró un aumento del 41% en el volumen de operaciones respecto al mismo período de 2024, movilizando un total de 5.492 TEUs (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies). 

Bustamante destacó: “Durante los seis primeros meses del año, TC2 avanzó en múltiples direcciones: fortaleció su conectividad comercial y diversificó su matriz exportadora”. Además, la naviera CMA CGM anunció que su servicio Atlas, que conecta Mar del Plata con el puerto de Santos en Brasil, operará semanalmente en lugar de quincenalmente.

En cuanto a la carga a granel, TC2 amplió su oferta de servicios logísticos. Bustamante resaltó el orgullo de los trabajadores por haber operado simultáneamente dos buques de comercio exterior, el Artemis de CMA CGM en el muelle 2 y el MV Prince of the Seas en el muelle 3, un hito que no se registraba en más de 15 años.

A pesar de estos avances, el sector pesquero en Mar del Plata enfrenta tensiones, con empresas procesadoras en riesgo, conflictos laborales y costos operativos en aumento. La estiba ajustó sus tarifas, pero la cadena de valor aún debe adaptarse a las condiciones económicas actuales para superar los desafíos que persisten en la actividad.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

En el marco del conflicto que mantienen los trabajadores de las flotas congeladoras del Puerto marplatense, y tras una serie de acciones como movilizaciones y jornadas de visibilización, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fueron categóricos con relación a la forma de afrontar las negociaciones con las cámaras empresariales: “No vamos a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”.

Oscar Bravo, secretario general del gremio a nivel local, señaló que actualmente se encuentran “manteniendo comunicaciones con algunas empresas de manera individual, tratando de ver si alguna se quiere acoger al acuerdo de crisis 70-30 y ver a que le sirva, que pueda sacar los barcos, como fue el caso de Buenos Aires Pesca, que tiene los buques Pedrito y San Juan B.”. En ese sentido, aseguró que los que salieron “están teniendo una pesca exitosa”.

En diálogo con El Marplatense, el gremialista se refirió a las presiones que ejercen los empresarios y lo comparó con lo que sucede hacia adentro del núcleo de trabajadores. “Nosotros también tenemos la presión de la gente, que obviamente ya no aguanta más. Pero no llegamos a esta altura para entregarle algo de la gente. Ya está. El escenario hubiese sido al principio si uno tenía que ceder algo. A esta altura, con más de media campaña por la cabeza, ya está. No hay nada para ceder”, señaló.

Bravo consideró la firmeza del consejo directivo del SOMU a nivel nacional: “No va a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”. Y según detalló esta postura busca despejar rumores sobre posibles flexibilizaciones, ya que “había rumores o por ahí charlas con algunos dirigentes que tienen cierta incertidumbre o por ahí analizan la variante de algo. Pero no”.

De todos modos, Bravo remarcó que “estamos resguardados bajo la ley”, aunque reconoció que “es muy difícil llevar un mensaje de tranquilidad cuando vos estás buscando dignificar al trabajador. Es ilegal salir por debajo de lo que tenemos establecido”.

En cuanto al proceso, señaló que es necesario que las empresas presenten “memorias y balances y justifiquen que realmente la rentabilidad no es la adecuada”, a lo que remarcó que “obviamente no somos unos irracionales que no vamos a negociar, pero acá sin un papel sobre la mesa ya no hay tiempo de negociar nada”.

“Todas las negociaciones que hemos participado ronda en que nosotros tenemos que entregar algo de nuestro convenio colectivo. Entonces el día que realmente nos presenten los papeles, ¿qué vamos a entregar? Ya el año pasado perdimos la excepción del 46% de impuesto a la ganancia, tributamos un 35% de nuestro salario bruto. ¿Cuánto más tenemos que poner? ¿Vamos a terminar pagando para ir a trabajar?”, cuestión el dirigente del SOMU.

Bravo aseguró que las manifestaciones realizadas recientemente por la avenida Juan B. Justo “tuvieron una repercusión y hubo llamados y hubo análisis, y hubo ese coqueteo de ‘firmo no firmo’. Están todos, como diríamos en la jerga, balconeando, si se acuerda o no”.

En el marco de una nueva jornada de votación en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, el secretario general Guillermo Bianchi encabezó una elección sindical que se desarrolló en más de 140 lugares de trabajo de la ciudad. En diálogo con El Marplatense Bianchi analizó el contexto político actual, el desarrollo de las paritarias y los desafíos para los próximos años.

Unidad en tiempos difíciles

“Después de cuatro años de gestión logramos construir una lista de unidad, algo que no es sencillo. La unidad no es un discurso vacío, es una conquista política que requiere amalgamar miradas, sensibilidades y voluntades”, sostuvo el dirigente. Y agregó: “Vivimos tiempos tormentosos, donde vemos cómo un modelo económico golpea con fuerza a los sectores populares. Frente a eso, respondemos con organización y democracia”.

Bianchi destacó que la jornada electoral se realiza en los propios espacios laborales. “Repetimos una experiencia muy positiva: votar donde trabajamos, donde compartimos la realidad cotidiana. Para nosotros, el día de la elección es una verdadera festividad democrática dentro del sindicato”, dijo.

Consultado sobre el estado de las paritarias, Bianchi fue contundente: “Estamos ante una intervención clara del Gobierno nacional para deprimir los salarios. Lo hizo con los estatales, con los jubilados, con el salario mínimo y ahora avanza sobre el sector privado. Comercio es un gremio con presencia nacional, con más de un millón de trabajadores, y eso lo convierte en un blanco directo”.

Respecto al acuerdo con el sector mayorista, explicó: “En Mar del Plata, muchos comercios locales cumplieron con el acuerdo. Quienes se oponen son algunos supermercados mayoristas y cadenas nacionales. La discusión hoy pasa por la homologación del acuerdo. Ayer hubo reuniones en la Secretaría de Trabajo y hoy continúan”.

Justicia social como bandera

Bianchi rechazó los dichos del presidente Javier Milei sobre la justicia social: “Decir que la justicia social es un pecado es una provocación brutal, y tiene consecuencias reales. Lo vemos en leyes votadas contra los jubilados y las personas con discapacidad. Que el presidente se ría mientras veta derechos es la imagen más cruel de este modelo”.

“El salario es ingreso, claro, pero también es inclusión, dignidad, y posibilidades. Por eso esta lucha es ideológica. No es sólo una cuestión económica: es el modelo del mercado contra la sociedad del trabajo. Nosotros defendemos la democracia y el ascenso social como pilares de un país justo”, concluyó.

Objetivos de gestión: salud, educación y contención social

Mirando hacia el futuro, Bianchi remarcó que la próxima gestión profundizará políticas ya iniciadas: “Vamos a fortalecer espacios que hemos construido como el centro de adultos mayores, el club social y deportivo, la universidad sindical, los programas para la mujer, la educación y la discapacidad. Y vamos a enfocarnos especialmente en el sistema solidario de salud, que está siendo atacado. No podemos permitir que se degrade un derecho como la salud”.

Tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial entre los propietarios del café De Top Cake y la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Mar del Plata, los trabajadores despedidos se retiraron del local ubicado en Avellaneda y Jujuy, y esperarán el plazo establecido de 15 días para retomar las protestas si no se soluciona el conflicto.

Desde el gremio aseguraron que a pesar del marco legal vigente, “la empresa intentó provocar incidentes enviando a otros empleados a generar situaciones de tensión”, a lo que calificación como “una actitud cobarde y provocadora por parte de quienes no se hacen cargo de la gravedad de lo que hicieron: despedir sin pagar un solo peso de indemnización”.

En ese sentido, se recordó que las siete personas despedidas, que aún no recibieron compensación alguna tras el cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, continúan esperando una solución. UTHGRA reiteró asimismo que “se agotaron todas las vías administrativas y los intentos de resolución pacífica”, pero la empresa “sigue dando la espalda a sus obligaciones legales”.

Por otra parte, se informó que el gremio evalúa avanzar, junto a un equipo de abogados penalistas, con una denuncia penal tributaria contra los responsables de la firma. Los antecedentes “son elocuentes”, señalaron y detallaron: “La antigua razón social Royal Cake MDP SRL acumuló más de 20 juicios laborales y más de 10 causas activas con AFIP (ARCA)” y “en el último año crearon una nueva figura jurídica, Bread Factory Pastry SA, que ya registra más de 10 juicios laborales y al menos cinco causas tributarias activas”.

“Todo indica que estamos frente a una maniobra fraudulenta para evadir responsabilidades, estafar al Estado y vulnerar derechos básicos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los trabajadores cobren lo que les corresponde y para que estos empresarios no sigan haciendo negocios a costa de la precarización y el atropello”, concluyeron desde UTHGRA Mar del Plata.

El Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU) denunció a un grupo empresarial que pretende sacar buques del Puerto local con menos tripulantes de los requeridos por la normativa. “No vamos a rescindir puestos de trabajo. Ya lo dijimos: no somos la variable de ajuste”, manifestaron a través de un comunicado.

Desde el gremio destacaron: “Nos paramos sobre la ley”, Y acto seguido explicaron que “el artículo 17 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo establece la cantidad de tripulantes por tipo de buque pesquero”.

Ante esto, denunciaron que el “Grupo Santander pretende sacar el Marlene del Carmen con 8 trabajadores, cuando por las condiciones de la embarcación deben ser 10”.

Además, según indicaron desde el gremio en el comunicado, el artículo 18 “indica claramente que cualquier modificación en la dotación debe ser acordada por todas las partes, y en función de las características del buque”.

Desde el SOMU Seccional Mar del Plata resaltaron que “no vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se pongan en riesgo puestos de trabajo”.

En la previa al paro general de mañana convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), numerosos gremios se sumaron a la usual marcha que los jubilados realizan cada miércoles. Hubo una importante diversidad en Mar del Plata, que abarcó desde la hinchada de Alvarado hasta agrupaciones gremiales y estudiantiles de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

En tanto al recorrido, por el lado de los jubilados se concentraron a las 16:30 en las puertas del PAMI, en Independencia entre Luro y 25 de Mayo, y fueron la cabeza de la movilización, mientras que por detrás los acompañaron distintas organizaciones sociales.

En este sentido, la marcha inició en la intersección de las avenidas Luro e Independencia y continuó hasta Santiago del Estero, luego siguió por Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen y finalmente culminó en el Monumento al General José de San Martín.

Al igual que cada miércoles, la marcha se llevó a cabo en defensa del sistema previsional argentino y en contra del ajuste a los jubilados, y se pudieron leer letreros y banderas que decían: “Los jubilados no somos descartables”, “Es un genocidio encubierto” o “Millones para la represión, nada para los jubilados”.

En cuanto al sector universitario, tanto ADUM como APU y la FUM concentraron frente al Rectorado, en Diagonal Alberdi y San Luis, y luego se sumaron a la Multisectorial de jubilados y jubiladas en Luro y Salta, al igual que los distintos gremios y centrales obreras.

Una publicación compartida por El Marplatense (@elmarplatense.ok)

El Marplatense también estuvo presente en las calles de la ciudad, donde dialogó con la secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Analía Moreda, quien comentó: “La gente lleva un agotamiento cada vez más intenso, en principio por los salarios. No puede ser que tengamos las paritarias que tenemos, tanto en salud como educación. Y lamentablemente, tenemos que llegar a esto para que nos escuchen”.

A su vez, subrayó que “la movilización fue muy importante” y destacó el acompañamiento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Se recuerda que este jueves se espera un paro general de actividades, donde no habrá clases y no funcionarán taxis ni remises, pero sí los colectivos, debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se adhirió a la edida de fuerza de la CGT.

El Frente Sindical Universitario confirmó un paro nacional para el 17 y 18 de marzo, en rechazo a los ajustes sobre el sector dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. La medida fue ratificada por las federaciones docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país.

Según indicaron desde el ámbito gremial docente, el paro responde a la política de desfinanciamiento que propone la gestión actual sobre el presupuesto universitario. “Un poco siguiendo la lucha del año pasado que tiene que ver con la falta del presupuesto de las universidades nacionales y también para recuperar nuestros salarios”, como señaló Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU).

En diálogo con El Marplatense, Schadwill manifestó que buscan “mejorar nuestros salarios y la vuelta de las paritarias nacionales”. Y recordó que “lo que garantiza nuestras convenciones colectivas de trabajo es que tiene que haber paritarias nacionales donde se discuta condiciones laborales y salario. Esto no está sucediendo. Desde el año pasado todos los aumentos salariales, que son todos a la baja, están saliendo por decreto, anulando a las paritarias nacionales”.

Según explicó la referente de APU en cuanto a lo salarial “hoy tenemos un desfasaje, si comparamos el índice de inflación con nuestras pautas salariales, de un 60%. Eso es lo que han perdido los trabajadores en cuanto a su a su salario”. Y agregó que “tenemos más del 50% de la planta de trabajadoras por debajo de la líneas pobreza”.

Además del paro de 48 horas, se analizará la semana próxima entre los diversos sectores si sumarán alguna acción al reclamo “para que estas 48 horas sean además de visibilización”.

A la vez que confirmó que el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzerett, está al tanto de la medida y apoya a los sectores en lucha, comentó que el dirigente universiario hizo un informe de la situación presupuestaria, la cual consideró “grave”. Según lo expuesto por Schadwill “estamos igual que en febrero del 2024. Al mes de febrero las partidas que vinieron eran dos tercios menores que en diciembre del año pasado. Esa es la realidad, con un ataque a la ciencia y técnica, un ataque a nuestros salarios, al presupuesto”.

Un total de 45 gremios y agrupaciones sindicales que integran las “62 Organizaciones Peronistas de Mar del Plata – Batán” trabajan para consolidar un espacio que fije “posicionamientos políticos sobre el modelo empobrecedor que vino a instalar Javier Milei, y que algunos como el intendente Guillermo Montenegro imitan de manera peligrosa”.

“Venimos advirtiendo que estos personajes están dispuestos a dividir a los argentinos y enemistándonos de manera vehemente, y promoviendo la violencia por parte del Estado, algo que en nuestras tierras ya vivimos y sabemos lo mal que termina”, señalaron a través de un comunicado.

En otro tramo del texto, indicaron que desde sus redes sociales y desde foros internacionales, Milei “promueve una agenda del odio señalando a aquellos que pensamos diferente y prometiendo que nos irá a buscar. El tono violento y cancelatorio con el que se refiere a las ideas que él no comparte, son propias de un dictador”.

Al respecto, destacan que en Mar del Plata el intendente “se sube a la ola de violencia y juega al ‘sheriff’” y aseguran que “armando una patota sale a filmar videos donde se le quitan las pertenencias y se golpea a personas en situación de calle”.

“El intendente de Mar del Plata generó un grupo parapolicial y tenemos la obligación de advertir que esto termina mal. Su único objetivo es visibilizarse a nivel nacional y para eso parece estar dispuesto a no respetar las leyes”, remarcaron desde estas 45 agrupaciones peronistas.

Ante estos hechos, indicaron que “condenamos los discursos y acciones violentas que desde el Gobierno nacional y el Gobierno municipal se ejecutan. Milei y Montenegro son dos violentos, y esa violencia tarde o temprano nos va a llegar a todos. La única alternativa es la unidad para poder frenarlos”.

A través de su secretario general, Daniel Zacarias, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Mar del Plata expresó su más contundente repudio a la iniciativa lanzada a nivel nacional por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La misma pretende arrogarse la defensa de los derechos de los trabajadores municipales. 

Ante esto indicaron mediante un comunicado: “ATE no pudo detener los miles de despidos de su sector y quiere ingresar a los municipios arrogándose la defensa de los derechos de los municipales en un acto de hipocresía mayúscula. Desconocen la lucha de años llevada adelante por quienes estuvieron siempre en cada comuna, alzando la voz sobre las injusticias y avasallamientos de los derechos de los trabajadores”.

“Somos nosotros, los municipales, de cada Sindicato junto a la Fesimubo quienes conseguimos con mucho esfuerzo y tras muchos años de lucha nuestra Ley, la 14.656”, continuaron.

“Somos nosotros -insistieron- los que sostenemos cada reclamo y conquista por un mejor salario y mejores condiciones laborales y quienes exigimos al gobernador Axel Kicillof la urgente puesta en funcionamiento del Consejo Municipal del Salario”.

Y agregaron: “A los dirigentes que toman las ideas y logros de otros, para ahora acercarlas como propuestas propias y nuevas, les decimos que no vamos a permitir empañar nuestra lucha y nuestros logros, el camino recorrido y el que aún nos queda por transitar; por intereses mezquinos, proyectos personales, políticos o ¡vaya a saber qué!”.

“Los trabajadores municipales de Mar del Plata y General Pueyrredon, encolumnados en la Fesimubo y la CTM seguiremos en la lucha constante e incansable, en la protección y conquista de derechos como lo hicimos todos estos años”, sumaron desde el STM. 

“No necesitamos la demagogia de un grupo de dirigentes necesitados de nuevo de protagonismo, que disimule la falta de representatividad y los logros en el sector que representan”, concluyeron. 

Empresarios del sector textil rechazaron en las últimas horas el pago de un bono de fin de año a los trabajadores y se negaron a avanzar en negociaciones paritarias, lo que motivó la reacción de los gremios que se declararon en “estado de alerta”. Se analizan medidas que podrían impactar fuertemente en plena temporada.

La declaración fue resuelta por las conducciones del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), la Unión de Cortadores de Indumentaria (UCI) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).

Desde los gremios señalan como responsable a la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), que rechazó la posibilidad de avanzar en un acuerdo por un plus salarial de fin de año, algo que es habitual.

A través de un comunicado señalaron que “causa asombro la actitud empresarial ya que siendo la ropa cada vez más cara intentan llevar los salarios a ni siquiera poder cubrir las necesidades básicas de los trabajadores”.

Además, indicaron que de no recibir una respuesta inmediata se analizan otras medidas a tomar, las cuales serían definidas en asambleas a realizar prontamente en todos los locales dedicados al sector indumentaria. Y no descartaron que de escalar el conflicto las acciones terminen provocando un fuerte impacto en locales y shoppings que están en plenas ventas navideñas y se preparan para afrontar la próxima temporada.

En el marco de la realización del seminario Promover el respeto de los derechos humanos y laborales para reforzar la democracia, referentes del sindicalismo local, nacional e internacional reunidos en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA) señalaron que el movimiento gremial en Argentina “es uno de los más poderosos de América Latina”.

Guillermo Bianchi, secretario general de Sindicato Empleados de Comercio, presentó la iniciativa que busca resolver los complejos desafíos del mundo laboral contemporáneo. “Tenemos la enorme posibilidad de trabajar intensamente sobre derechos humanos, democracia y derechos laborales”, sostuvo.

Con el apoyo de integrantes de UNI Global, la jornada se consolidó como un encuentro de alcance internacional, donde el intercambio de experiencias y estrategias serán fundamentales para comprender los nuevos desafíos laborales.

“Con apenas 40 años de práctica democrática, Argentina ha desarrollado un movimiento sindical considerado uno de los más poderosos de América Latina. Este seminario representó la continuidad de esa tradición de lucha y transformación, adaptándose a los nuevos desafíos sin perder su esencia reivindicativa”, afirmaron los dirigentes que participaron.

La propuesta, indicaron, se estructura en tres pilares fundamentales que revelan la profundidad del análisis: la relación entre democracia y sindicalismo, el impacto de la transformación tecnológica, y la conexión entre organizaciones sindicales locales e internacionales.

Por su parte, el agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos se sumó a una iniciativa que se enmarca en la política pro sindical del gobierno de Joe Biden. El objetivo: “Fortalecer los derechos laborales en América Latina en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones tecnológicas sin precedentes”, señalaron.

Además, Rubén Cortina, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, profundizó sobre la dimensión estratégica del encuentro: “No se trata sólo de un seminario, sino de comprender cómo el sindicalismo puede adaptarse a un mundo cada vez más complejo y tecnológicamente desafiante”.

“Los sindicatos argentinos buscan posicionarse como actores fundamentales en este nuevo escenario, donde los derechos de los trabajadores deben reafirmarse y redefinirse constantemente”, concluyeron.

Ante el inminente cierre de la la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena”, distintos gremios vinculados a la actividad brindaron una conferencia de prensa para rechazar la decisión de la Armada Argentina.

En este sentido, Mariano Vilar, referente de SICONARA, declaró que “estamos muy preocupados porque más que posible, ya es un hecho. El otro día el Almirante vino a decir que la escuela se cierra, para nosotros esto es una privatización encubierta porque sobre todo el título de Patrón de pesca alguien lo va a tener que dar”. 

Por lo que “estamos totalmente en contra de lo que está llevando adelante la Armada, principalmente porque entendemos que una decisión estratégica equivocada, pensar que los trabajadores, embarcados, marítimos no ejercemos soberanía en altamar”.  

En consonancia, Mariano Moreno del Centro de Patrones, afirmó que esta medica afecta “principalmente a los trabajadores y a los argentinos en general. Nosotros navegamos porque hemos tenido la posibilidad de estudiar en una escuela pública, accesible a las posibilidades de los trabajadores”. 

“Creemos que esa es la manera de seguir preparando gente. Hoy la pesca no es una actividad marginal, sino que es el tercer oficio que hay a nivel de ingresos para el país”, continuó. 

Esto se debe a que “la pesca ha logrado generar situaciones, en conjunto con la preparación de capitanes, la investigación que hace el INIDEP y toda la formación que se vuelca a la actividad, como recuperar una especie casi en extinción en menos de 30 años”. 

“Todo eso tiene que ver con la formación y capacitación del personal, por eso para nosotros es absurdo que se plantee una situación de cierre de una escuela como esta”, agregó. 

Respecto a las razones, indicó que “si lo que hoy están argumentando es una cuestión presupuestaria, pregunto qué privado va a venir a abrir una escuela para perder un millón y medio de dólares anuales, como dicen. Me parece que esto es una farsa y lo que se busca es el cierre definitivo de las escuelas”.

Sobre el anuncio, Vilar expresó que “eran rumores que se venían dando, nosotros en conjunto con el Centro de Patrones y SICONARA habíamos presentado notas, nos reunimos en alguna oportunidad con el almirante y el brigadier a cargo de la dirección de formación del Ministerio de Defensa”. 

“Decían que era un probable, todo sin dar certezas hasta que el otro día, sin tener nada firmado, vino el Almirante vino a dar la comunicación de forma oficial y verbal a todos los alumnos y el personal de la escuela”, apuntó. 

De modo que “no entendemos, dan distintos motivos, por un lado que la Armada no ve la necesidad de formar civiles para la pesca, lo cual es un error, porque incluso los buques pesqueros dentro del conflicto bélico por Malvinas han ejercido un rol fundamental desde el punto de vista del traslado, inteligencia, avistamiento”. 

Además, “cuando esbozan cuestiones presupuestarias, si este es el costo de un millón y medio de dólares, representa el 0,26% del presupuesto total de la Armada. No entendemos qué es lo que hay de fondo, evidentemente es una política nacional que viene a entregar, privatizar. Lo venimos viendo con las universidades públicas, con el intento de desterrar todo sentimiento de soberanía”, enfatizó.

No obstante, a pesar del contexto, “yo creo que la escuela tiene posibilidades de seguir creciendo, mejorando y aumentar su capacidad educativa. Hoy la pesca, como las actividades náuticas, está altamente normada. La Argentina es uno de los principales firmantes de todos aquellos convenios internacionales que se relacionan con la seguridad de la navegación”, argumentó Moreno. 

“En este sentido, la Escuela Nacional de Pesca forma a esos profesionales con un alto compromiso en la seguridad de la navegación y el recurso. Me parece que con la pesca solamente, la escuela tiene una gran razón de ser. Si hay posibilidades de abrirla para mejorar y dar otro tipo de capacitaciones, seria mucho más favorable”, concluyó.    

Fracasaron las negociaciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el Gobierno definirá el ajuste mediante laudo como en la última oportunidad.

El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevó a cabo esta tarde, primero en comisión, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, pero no encontraron un punto de acuerdo entre lo ofrecido por las cámaras y lo demandado por los gremios.

Según fuentes de las centrales sindicales, las tres centrales (CTA-A, CGT y CTA-T) unificaron posturas y solicitaron ajustes salariales partiendo en $482.000 de SMVM a julio y $505.000 a agosto, lo que significa aumentos de 106% y 116% respectivamente, mientras las cámaras empresarias ofrecieron $245.000 a julio, $253.000 a agosto, $259.000 a septiembre y $264.000 a octubre. Ante las significativas distancias se pasó a un cuarto intermedio. 

Tras el parate, no hubo mejorías ni acercamientos de las partes por lo que el Consejo fracasó y ahora el Gobierno deberá definir los nuevos mínimos salariales.

El encuentro tenía el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.

El último encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).

De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.

Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

Fuente: Noticias Argentinas