La Cámara Federal de Mar del Plata declaró la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” del artículo 1º de la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020 y resolvió que la movilidad jubilatoria debe calcularse en base al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, lo que arroja un haber sustancialmente mayor.

En la sentencia (“Giménez Mirta Noemí c/ ANSES s/ reajustes varios) -que se suma a las de otros jueces y Cámaras reforzando la jurisprudencia favorable a los jubilados- los jueces Eduardo P. Jiménez y Alejandro O. Tazza sostienen que “transcurridos ya más de cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley y frente al proceso inflacionario que azotó a la economía de nuestro país en estos últimos años, es que cabe examinar nuevamente el planteo ya sí, en esta instancia del proceso”.

Así, la sentencia señala que “en el año 2021, los jubilados obtuvieron un incremento total por aplicación de la ley N° 27.609 del 52,67% contra una inflación del 50,79%, es decir, se apreciaron sus haberes en términos reales en un 0,82 %. A su vez, en el año 2022, el incremento alcanzado por la citada normativa fue del 72,45% contra un aumento del IPC del 94,75%, lo que implica una pérdida del 11,6% contra la inflación. 

Asimismo, en el año 2023, los haberes previsionales subieron un 110,95% contra una inflación del 211,4%, lo que provoca una pérdida del 33,5%. Por último, en el periodo comprendido entre diciembre del 2023 y marzo de 2024, el aumento fue del 27,18% y la inflación del 51,62 %, es decir, una depreciación del 16,1%. La pérdida total del poder adquisitivo de los haberes acumulada en el período de vigencia de la Ley 27.609 es del 50,3%”.

Los jueces sostienen que el actual Gobierno reconoció que la fórmula establecida en la ley 27.609 había “arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”. Pero, agregan, “tal reconocimiento sólo ha considerado períodos futuros, sin que se elabore una fórmula compensando los resultados desastrosos obtenidos hasta entonces”.

Con relación a los bonos otorgados de refuerzo, la sentencia señala que los distintos decretos sancionados por el Poder Ejecutivo Nacional reconocieron la insuficiencia de la fórmula de movilidad y con ello eleva en definitiva los montos del haber mínimo, claro está que lo hace de manera solapada a través de los llamados “bonos” o “subsidios extraordinarios”, y sólo a un grupo de jubilados y pensionados, aclara la sentencia.

Luego de señalar “la notable pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido el haber de la actora, el que no ha sido subsanado por ninguna clase de ‘subsidio extraordinario’ ello en razón del monto de la prestación que percibe, el cual supera los haberes que han sido considerados ‘bajos’ por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, la sentencia declara la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 27.609 y en consecuencia disponer la inaplicabilidad de la fórmula allí establecida al caso de autos.

“En su lugar deberá estarse al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, no obstante la solución aquí dispuesta solo se aplicará si el cálculo supone una mejora en la prestación que percibió la Sra. Giménez, debiendo estar a las disposiciones de la ley 27.609 en aquel período que eventualmente ésta resulte más favorable al haber de la actora”.

El abogado Adrián Tróccolil destaca que el fallo “considera que los decretos de Alberto Fernández que otorgaron refuerzos extraordinarios afectaron el derecho al igual tratamiento ante la Ley (no fueron generales sino a los de haberes mínimos)”. Y cuestiona que “si bien el actual Gobierno (decreto 274/2024) reconoció los resultados desastrosos de la ley 27.609 no implementó ninguna reparación” ante la enorme pérdida de las jubilaciones y pensiones.

Fuente: Clarín 

En medio del pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se avance con una reforma integral del sistema de pensiones, el Gobierno de Javier Milei no prevé “por el momento una actualización” del bono de has $70.000 que cobran los jubilados de haberes mínimos.

Según se desprende del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, dio ante la Cámara de Diputados, no está previsto que el bono de hasta $ 70.000 que cobran casi cinco millones de jubilados y pensionados que perciben la mínima, la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), sufra un ajuste.

También perciben ese bono los que cobran por encima de la jubilación mínima, pero en esos casos es un monto menor hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el adicional del bono.

El bono, que no se computa para el cálculo y pago del aguinaldo, se mantiene congelado en hasta $ 70.000 desde hace dos meses. En los que va de 2025, con el aumento de abril, las jubilaciones acumulan un incremento del 10,1%. Pero por el bono congelado, el haber mínimo aumentó el 7,9%, la PUAM 7,6% y la PNC el 7,3%.

En este contexto, volvió a escena una reforma jubilatoria, en base a un reclamo del FMI y que quedó plasmado en el nuevo acuerdo que firmó el Gobierno de Javier Milei para recibir dinero para fortalecer las reservas del Banco Central. Esta reforma, en definitiva, va en contra de lo que había dicho semanas atrás el propio Presidente, que dijo que no podía llevarse adelante hasta tanto no se arreglase la cuestión laboral.

Frente al pedido del FMI, Francos respondió en Diputados que desde el Ministerio de Capital Humano se está trabajando en elaborar “un diagnóstico exhaustivo que contempla tanto el análisis demográfico y financiero del sistema, como el relevamiento de experiencias internacionales que puedan servir como guía para analizar pasos a seguir”.

Y se agrega que ese trabajo es “fundamental para comprender la situación actual y evaluar, en una etapa posterior, posibles ajustes o reformas. Por el momento, no se ha definido ninguna línea concreta de acción”.

Fuente: DIB

El Senado aprobó hoy unanimidad retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelar esos haberes hasta diciembre, tras la polémica que estalló por la suba del 6,6 por ciento que elevaba los sueldos que cobran los legisladores a 9 millones de pesos.

La decisión se adoptó en el último tramo de la sesión con el respaldo de los legisladores de la Libertad Avanza, la UCR, Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana, Cambio Federal, Unidad Federal, PRO, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por Rio Negro, por Santa Cruz, por la Justicia Social, y Comunidad Neuquén.

Tras la polémica generada por ese incremento, y a la que sumó su rechazo el propio presidente Javier Milei, los jefes de los bloques le presentaron una nota a la titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel para suspender la suba de 6,6 por ciento en los sueldos de los legisladores.

Fuente: Noticias Argentinas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un aumento de las jubilaciones que comenzará a regir a partir del 1° de marzo. La suba deja al haber mínimo en poco más de 134 mil pesos. A esto hay que sumarle el bono de $70.000.

De acuerdo con la actual fórmula de movilidad jubilatoria, la suba de los haberes es de 27,18 por ciento. El último aumento había sido en diciembre y desde entonces la inflación acumulada fue de 51,35%. De esta manera, la jubilación mínima, que era de 105.712 pesos pasa a $134.445,3.

En la Resolución 39/24, el flamante titular de la ANSES, Mariano de los Heros, también oficializó la actualización de otras prestaciones. Efectivamente, el haber máximo pasa a $904.689,54 desde el 1° de marzo. Mientras tanto, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) queda en 61.502,69 pesos. Finalmente, el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $107.556,24.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) instaron a seguir por una negociación paritaria de "rienda corta" con el Ejecutivo, después de que este martes se acordara con las autoridades percibir un incremento salarial del 10 por ciento por el primer trimestre del año.

Daniel Zacarías, el Secretario adjunto del gremio, explicó que había una intención de "evitar que la discusión se prolongara mucho en el tiempo", teniendo en cuenta los elevados índices inflacionarios que sostienen en el principio del año.

"Con la inflación que hay, es necesario hacer una paritaria corta y una recomposición del salario rápida, sino se agrava mucho el poder adquisitivo del trabajador", dijo a El Marplatense el sindicalista, tras el acuerdo que se culminó en poco más de una semana de negociación con el gabinete de Carlos Arroyo.

La primera paritaria del 2019 que se acordó con la administración local contempla un aumento del 10% a partir del mes de marzo, con el compromiso de seguir las negociaciones a partir del 20 de mayo. "Este aumento ya lo van a ver reflejados los trabajadores este fin de semana", aseguró.

En cuanto a los ejes de trabajo que sostendrá la organización de Antonio Gilardi en la discusión que se geste en los próximos meses, el dirigente señaló: "Queremos continuar teniendo la rienda corta para poder llevar a cabo en poco tiempo el reacomodamiento del salario y ver la posibilidad de ir recuperando aquellos puntos que se perdieron en el 2018".

En materia previsional, el FMI tiene en la mira a la Argentina, al menos con dos objetivos: aumentar la edad jubilatoria y reducir el monto de las jubilaciones.

En un documento técnico del organismo publicado la semana pasada (“El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”) si bien se aclara que es responsabilidad de sus autores, fue presentado con fuertes elogios por David Lipton, subdirector gerente del FMI, lo que le da un particular relieve. Y allí hay una misma referencia y recomendación concreta a la Argentina y a Brasil.

El Estudio reconoce que “para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas previsionales en los últimos años. Las reformas apuntaron en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, modificando los parámetros claves del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder a los beneficios o reduciendo el tamaño de las jubilaciones a través del ajuste en las fórmulas de cálculo de los beneficios”.

“Sin embargo”, agrega el documento, “se requieren reformas adicionales” y entre otros países, mencionan a Argentina y Brasil donde plantean que se requiere “reducir el “ratio” de los beneficios”. Esto significa reducir la relación entre el haber previsional y los salarios que se toman como base para el cálculo de la jubilación inicial, “ratio” también conocido como tasa de sustitución o de reemplazo.

Esta “recomendación” no es nueva ya que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año pasado, el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 “conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos” una “reforma del sistema de jubilaciones y pensiones” a la que considera “muy necesaria” y “socialmente equitativa” para “fortalecer la posición fiscal”, fomentar “el crecimiento económico” y crear “empleo en el medio plazo”.

El compromiso con el FMI surge, a su vez, de la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de 2016, que fijó un plazo máximo de tres años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. Esto quiere decir que, antes de junio 2019, debería presentarse un proyecto al Congreso. Del diseño de esa reforma participará el FMI quien, en verdad, viene abogando hace tiempo por una reforma del sistema previsional en la Argentina, según destacó Clarín.