Los abogados Fernando Maximiliano Orsini y María Paula Erviti solicitaron en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N°11 de Mar del Plata el desarchivo de una causa por homicidio culposo contra un automovilista, que en octubre de 2021 atropelló y mató a un motociclista en Colón y Lamadrid. Según indicaron, se consideran incumplidas las condiciones impuestas previamente y reclaman la fijación de un juicio oral y público.

La presentación fue realizada en representación de las particulares damnificadas María Beatriz Cáceres y Romina Beatriz Cáceres, en el marco del expediente que investiga un hecho de conducción de vehículo automotor con resultado fatal contra Ricardo Aníbal Suani. Los letrados pidieron que se rechacen los planteos de la defensa del imputado y se reactive el proceso penal.

En diálogo con El Marplatense, Orsini explicó que el hecho ocurrió en la intersección de Lamadrid y Colón, cuando “el conductor venía por Lamadrid, pasa en amarillo-rojo. Venía una moto pasando en verde y ahí se produce el choque; la moto choca al vehículo”. La víctima era Ezequiel Alejandro Cáceres, un delivery de 25 años.

Respecto al encuadre legal del caso, Orsini precisó que la carátula formal es de “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor”. En esa primera instancia judicial, el imputado y el Ministerio Público Fiscal alcanzaron una resolución alternativa, una decisión que la querella rechazó de forma contundente: “Se llega a un acuerdo: el imputado firmó un acuerdo con la fiscalía. Más allá de que nos opusimos como víctimas -el particular damnificado se opuso: la mamá y la hermana del chico fallecido-, el fiscal firmó en su momento el acuerdo”, recordó el letrado.

Sin embargo, ese pacto judicial quedó sin efecto debido a la negligencia del acusado. Según explicó el abogado, para mantener el beneficio el conductor debía cumplir ciertas reglas de conducta que ignoró por completo: “Entre las condiciones impuestas estaba un curso de manejo; tenía que ir a la universidad, a la Facultad de Psicología y demás, a hacer un curso de reflexión. Bueno, no lo hizo. Pasaron 3 años, no lo hizo...”.

Ante este escenario de total abandono de las obligaciones impuestas, la querella se presentó ante la justicia para exigir medidas firmes. El abogado relató la resolución de la fiscalía tras su presentación: “Solicitamos que se revocara ese acuerdo que quedó sujeto a esas condiciones. El fiscal en su lugar revocó y ahora vamos a juzgarlo”.

Finalmente, Orsini destacó la enorme relevancia de este giro en la causa, señalando que se trata de un precedente sumamente inusual en los tribunales: “Es algo que no ha sucedido, no sucede nunca, porque es difícil que la fiscalía revoque. Pero acá se logró por pedido de la víctima”.

En cuanto al historial de la causa, la misma había sido archivada en mayo de 2024 bajo condiciones específicas que el imputado debía cumplir en el plazo de un año. Entre ellas figuraban la realización de un curso de manejo defensivo, la asistencia a un taller de reflexión sobre el valor de la vida humana, la prohibición de conducir vehículos y un encuentro con los familiares de la víctima para pedir disculpas.

De acuerdo con la presentación, no existen constancias de cumplimiento de esas obligaciones. Incluso señalaron que en marzo de 2026 el propio Ministerio Público Fiscal dejó asentado que el imputado no había acreditado haber cumplido las reglas de conducta impuestas.

En ese contexto, la querella rechazó los argumentos de la defensa, que intentó justificar los incumplimientos mediante manifestaciones personales. Sostuvieron que las medidas dispuestas “no constituyen sugerencias ni pautas optativas”, sino obligaciones concretas fijadas por la autoridad judicial, que no pueden ser reemplazadas por decisiones unilaterales del imputado.

Asimismo, los representantes legales cuestionaron un acuerdo alcanzado en sede civil que, según la defensa, implicaría el desistimiento de la acción penal. En ese sentido, afirmaron que dicha cláusula es nula por tratarse de un delito de acción pública y remarcaron que una compensación económica no sustituye el interés del Estado en investigar y juzgar el hecho.

También indicaron que el resarcimiento económico mencionado no fue realizado directamente por el imputado, sino por una compañía aseguradora, lo que -a su criterio- refuerza la improcedencia de considerar extinguida la acción penal.

En la presentación se enfatiza que el derecho de la víctima a obtener un pronunciamiento judicial no puede ser desplazado por acuerdos privados, y que la legislación vigente exige su participación en cualquier decisión que implique la suspensión o extinción del proceso penal.

La querella sostuvo por último que mantener el archivo pese a los incumplimientos implicaría un mensaje de impunidad y una afectación a la confianza en el sistema de justicia. Por ello, solicitaron que se revoque la medida, se desarchive la causa y se cite a juicio al imputado para determinar su responsabilidad penal en un debate oral y público.

El pasado 14 de enero Alexander Pirgo Rosales se dirigía en una moto a trabajar a una planta ubicada en el Parque Industrial, cuando fue embestido por un Chevrolet Prisma color blanco que circulaba por la Ruta 88 a la altura del kilómetro 5 y finalmente murió. Si bien el conductor fue imputado por “homicidio culposo” y permanece libre, ahora familiares y amigos buscan testigos que puedan brindar detalles del hecho.

Paola Palacio Pérez, esposa de Pirgo Rosales y madre de sus tres pequeños hijos, comentó a El Marplatense que están pidiendo testigos “porque aún no llegan las pericias y sólo se tomó declaración a los asesinos”. Quienes puedan aportar algún dato sobre la causa que se tramita en la Unidad Fiscal N°11, deben hacerlo al celular (0223) 156-066696.

En un primer momento se informó que Pirgo Rosales venía escapando de motochorros, dato que “no se confirmó aún”, según indicó Palacio Pérez. Y agregó que “se supone que fue por unos motochorros sólo por la declaración de los asesinos”.

Según indicó la esposa de la víctima, durante el testimonio recogido posteriormente al hecho, tanto el conductor como su mujer aseguraron que “escapaban de unos motochorros” y que por ese motivo “se llevaron por delante” a Pirgo Rosales.

Además, los familiares del motociclista atropellado dudan del accionar de la Policía al señalar que “no se tomaron las medidas necesarias del cuidado de cuerpo” y que recién se comunicaron con ella “al día siguiente a las 07:00”.

Un adolescente que cumple arresto domiciliario por homicidio culposo amenazó de muerte a su hermana de 22 años y le provocó una lesión en el pómulo producto de un golpe de puño.

Alertado el personal policial, se acercaron a una vivienda ubicada en José Deyacobni al 1700. Al entrevistar a la víctima, supieron que el imputado tenía un arma de fuego en su dormitorio. 

El discal Arévalo autorizó la requisa del domicilio y se secuestró un cargador 9 mm y marihuana. El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

El joven de 19 años cumplía arresto domiciliario por homicidio culposo tras un choque que se produjo en el Torreón del Monje el 14 de marzo de este año. 

En el accidente falleció Axel Luciano Varela, de 21 años, que viajaba en el asiento del acompañante. Tras las pericias se determinó que ninguno utilizaba cinturón de seguridad y que el auto era robado. 

El deceso se produjo en el acto a raíz del impacto que tuvo el auto contra unos pilares de cemento.

Amigos y familiares de Varela lo despidieron de una forma muy particular: incendiaron su moto e hicieron sonar sus motores alrededor del fuego. 

Luego de la reciente muerte de Ricardo Sierra, quien estuvo casi un año en estado vegetativo al ser embestido mientras cruzaba la avenida Jara, su cuñado Fernando Maldonado exigió avances en la Ley Ricardo, una iniciativa que fue presentada el año pasado por la diputada provincial del PRO, Sofía Pomponio, en la Legislatura bonaerense.

La familia no descansa en la búsqueda de justicia y su cuñado, Maldonado, se pronunció precisamente a un año del siniestro vial. "Hoy hace un año del accidente de mi cuñado que lo llevó a su muerte. Mi hermana tenía una familia hermosa, por eso pido el cambio de carátula en la causa. Todo demuestra que Ricardo muere por el daño tremendo que causó el descuido de Melody Mercolli. Es imposible no verlo cuando cruzaba con su mascota en una de las avenidas más anchas de la ciudad. Exigimos justicia y avanzar en la Ley Ricardo".

Además, aseguró que la conductora “es la culpable de la muerte de Ricardo y la responsable directa del sufrimiento que padecen mi hermana y mis sobrinos, quienes son tratados por psicólogos y psiquiátras”, al mismo tiempo que indicó que no quiere que otra familia sufra lo que ellos pasaron.

La diputada marplatense, Sofía Pomponio, presentó el año pasado el proyecto de Ley Ricardo en la Legislatura bonaerense, una iniciativa que busca reformar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para establecer la inhabilitación provisoria para conductores involucrados en delitos viales.

El proyecto surge a raíz del caso del arquitecto, quien murió este 9 de julio en el Hospital Interzonal, donde había sido ingresado nuevamente debido al empeoramiento de sus secuelas. La propuesta busca introducir criterios especiales de archivo para casos en los que la afectación del bien jurídico sea mínima y la pena máxima no exceda los seis años de prisión.

A su vez, contempla el archivo de actuaciones en casos donde el daño sufrido por el imputado sea desproporcionado en relación a la pena esperada, salvo por razones de seguridad o interés público. También se prevé el archivo cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en comparación con otros delitos imputados.

La Fiscalía de Delitos Culposos ordenó la inmediata detención de un joven de 21 años que fue señalado por diferentes testigos como el conductor de la motocicleta que atropelló y mató este sábado a la noche, en el Puerto, al conocido canillita Miguel Ángel "Miguelito" Peña. 

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 20, en la intersección de 12 de Octubre y Cerrito. De acuerdo al parte policial, cuando los efectivos de la Comisaría Tercera llegaron al lugar, observaron a "Miguelito" recostado en el suelo y a un segundo sujeto -identificado por los vecinos como Martín Luján- que estaba confrontando con los transeúntes.

De acuerdo a dichos de testigos que la policía pudo recabar en el lugar, Luján sería quien conducía la moto que atropelló al vendedor de diarios. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron, el vehículo ya no estaba allí y se sospecha que habría sido retirado por allegados del joven.

La ambulancia del SAME trasladó al joven y al canillita hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ambos fueron atendidos. "Miguelito" sufrió una fractura de cráneo, por lo que debió ser intervenido de urgencia y murió en el quirófano cerca de las 23. 

En tanto, Luján ingresó al HIGA con politraumatismos varios y se retiró por sus propios medios, antes de que pudiese ser identificado. Luego de las primeras diligencias, el fiscal Rodolfo Moure dispuso la inmediata detención del sospecho, por el delito de homicidio culposo, y que se realice la autopsia sobre el cuerpo de "Miguelito".