El gendarme argentino Nahuel Gallo abandonó la huelga de hambre que había iniciado el sábado, luego de comunicarse telefónicamente con su esposa, María Alexandra Gómez. El militar permanece detenido en Venezuela desde hace 445 días, tras ser arrestado el 8 de diciembre de 2024 cerca de la frontera con Colombia.

“Ya no está en huelga de hambre porque le dijeron que podía hablar conmigo”, afirmó Gómez en declaraciones a TN. La mujer explicó que la llamada se produjo mientras se encontraba en una entrevista radial.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, expresó en un mensaje publicado en la red social X junto a una fotografía familiar.

En diálogo con el canal, Gómez relató: “Me llamó alrededor de las 10:00. Vi a Dios. Dios mío, gracias porque escuché su voz. De su boca me dijo que estaba bien, que estaba fuerte. Me preguntó por toda la familia, por el bebé (su hijo Víctor). Tenía muchas ganas de hablar con Víctor pero estaba en el jardín”.

Además, aseguró que su esposo le confirmó que había dejado la protesta: “Estaba fuerte, que ya había dejado la huelga de hambre. Ya no está la huelga de hambre porque le dijeron que se podía comunicar conmigo”.

La madre de Gómez y suegra del gendarme, Yalitza García, informó desde Venezuela que Gallo volvió a alimentarse con normalidad. “Nahuel se encuentra bien. Nahuel comió esta mañana, comió bastante, está muy fuerte y fuera de peligro”, señaló.

García agregó que continúa junto a otros familiares de detenidos frente al penal Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde realizan vigilias y oraciones a la espera de la liberación de los presos políticos tras la amnistía aprobada por el Parlamento venezolano. “Hacemos una vigilia, una oración. Estamos siempre pendientes”, explicó.

“Las expectativas son muy grandes. Estamos todos pendientes de que salgan todos. Esperamos que en pocos días puedan salir. No me puedo ir. Tengo que quedarme”, concluyó.

Fuente: con información de TN

Organizaciones sociales armaron una carpa en las puertas del Palacio Municipal en reclamo de la asistencia alimentaria en los barrios más carenciados de Mar del Plata. 

Al respecto, Pablo Barragán, referente de la Agrupación Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que "hace meses venimos con este reclamo, junto con el tema de la salud primaria donde vivimos una situación angustiante porque no hay turnos, remedios y en algunos casos no hay salitas". 

Por otro lado, está "el tema de transporte público de pasajeros en los barrios, ya que las frecuencias son como se le antoja a la empresa. Las condiciones del servicios son tremendas, se le exige a los ciudadanos marplatenses una vtv para los vehículos privados, pero no así a las empresas", explicó.

"No tienen cinturones de seguridad, llevan a la gente como ganado en los horarios picos. Todo porque el empresario siempre gana. A eso le sumamos que el Intendente le ha dado 12 aumentos en el año mediante decretos y hoy un trabajador generalmente consume cuatro micros. Se gasta gran parte de lo que está ganando porque los salarios no han aumentado en la manera que se incrementó el transporte", continuó. 

De modo que "la problemática es muy amplia y se enmarca en una emergencia social, económica y alimentaria donde el gobierno retrocede con las responsabilidades que asumió", remarcó. 

En un análisis, argumentó que "están copiando el modelo político nacional, trasladándolo a nivel municipal. En vez de tratar de ayudar a la gente, y ojo que acá no estamos hablando de que el Municipio para ayudar en esta situación económica tenga que hacerle pagar un costo a los ciudadanos marplatenses, porque hay un presupuesto destinado a la asistencia social y se ha usado un 15%".

Respecto a los reclamos a nivel local, contó que "no hubo ninguna respuesta, tres petitorios presentamos. Por eso digo que no le interesa al poder político que hoy esté la organización acá o que mañana venga otro a hacer el mismo reclamo". 

"No solo reclamamos para los compañeros de nuestra organización, sino para todas las familias. Nosotros convivimos con los vecinos en los barrios, no estamos ajenos a eso. Muchas veces piden organizarse, pero no tienen para pagar un boleto de colectivo por el costo", agregó. 

Por lo que "estamos desde ayer, plantamos esta carpa en repudio a la falta de respuesta que otorga este gobierno. Decidimos hacer una huelga de hambre y responsabilizo directamente al Intendente porque no nos deja otra alternativa. Somos los que perjudicamos el tránsito, según ellos, pero son ellos los responsables de que tengamos que maximizar las exigencias para nuestras demandas porque no hay respuestas", concluyó. 

Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, detenido el viernes pasado tras un sorpresivo e inédito asalto policial a la embajada de México en Quito, inició una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad donde está alojado, según confirmó su abogada Sonia Vera.

En un mensaje en redes sociales este miércoles, Vera indicó que el equipo legal que lleva la defensa de Glas “finalmente” pudo tomar contacto con el ex vicepresidente, que se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil.

Glas había pedido asilo político en México, para no cumplir una condena por corrupción en Ecuador. El gobierno de José Manuel López Obrador se lo había concedido. Pero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ante el supuesto “riesgo de fuga” de uno de sus enemigos políticos, ordenó su detención.

Fuente: Clarín

Alrededor de nueve mil detenidos se encuentran realizando una huelga de hambre desde hace seis días en penales de la provincia de Buenos Aires en reclamo del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la derogación de la llamada Ley Blumberg, la reinstauración de la ley del 2x1 y por la falta de alimentos, entre ellos carne y pollo, pero desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que la provisión de comida se ofrece de manera normal en todos los penales y que sólo hubo inconvenientes con esas mercaderías algunas semanas de noviembre.

Fuentes del SPB informaron que los reclusos que se plegaron a la medida representan un 20 por ciento del total de internos alojados en las cárceles de la provincia, y que por el momento “la situación está controlada porque la protesta es de manera pacífica”.

En ese sentido, destacaron la presencia de jueces, fiscales y organismos de derechos humanos en los penales que están permanentemente dialogando con los presos para mantener calma la situación.

Los penales donde se registra mayor adhesión a la huelga son las unidades 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, en tanto que en las otras el acatamiento es dispar, indicaron los voceros.

Y precisamente en Mar del Plata, el titular del Juzgado de Garantías N° 4, Juan Tapia puso de manifiesto esta situación. “Es una cuestión estructural, que se viene agravando y profundizando básicamente por la cantidad de personas encerradas en una limitada cantidad de prisiones. En esta última gestión ha aumentado en 15 mil personas la cantidad de detenidos. En ese marco el rol del poder judicial es muy importante. Los tres Poderes del Estado tienen que tomar nota de la situación”, confió en conversación con el programa “Antes que sea tarde” que se emite por Mitre Mar del Plata.

Y detalló: “El Judicial, promoviendo el habeas corpus, que son pequeños “parches” para una situación estructural y compleja. El Ejecutivo, en el que el nuevo Gobierno tendrá un gran desafío con la cuestión carcelaria. Mientras que el Legislativo tiene un rol central en el monitoreo de atención y en la necesidad de promulgar la ley de cupos, que establezca cuál es el límite de alojamientos de personas en cada una de las Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires y buscar mecanismos para, cuando se excede ese cupo, ver la forma de liberar a quien está más próximo de cumplir la pena o a quien cometió el delito más leve. Los tres poderes tienen un grado de responsabilidad en esta situación”.

Sobre los cupos que mencionó, agregó que “la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico. Más de 55 mil personas privadas de la libertad. Hay una sobrepoblación cercana al 60%, con lo cual está claro que estamos absolutamente excedidos”.

En relación a la situación carcelaria en Batán, Tapia afirmó: “Estuvimos haciendo recorrida en la Unidad Penal y muchos internos decían que no iban a hacer huelga de hambre por cuestiones de integridad física, a raíz de situaciones que ya venían padeciendo. Después uno de los pabellones tomó la decisión de hacer la medida de fuerza. Ante lo cual debemos responder de una manera efectiva a estas demandas. Pero más allá de la respuesta coyuntural ante esta situación, habrá que sentarse a planificar políticas penitenciarias porque hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires viene agravándose y la eclosión es la consecuencia que ahora se pone de manifiesto”.

La privación de la libertad debe contar con alimentación, espacios y en condiciones dignas. A lo que Tapia agregó que “es una gran batalla cultural. Ya que algunos manifiestan el desinterés por lo que ocurre en el interior de una cárcel porque el que está ahí cometió un delito y ´no importa´, y que el Estado dedique sus recursos a cosas más importantes. Pero hay que reparar que vivimos en un estado de derecho, que nos comprometimos a que el Estado no puede violar la ley ante un reproche de un ciudadano que eventualmente ha violado una ley. Y la única sanción es la privación de la libertad ambulatoria y la cárcel no puede transformarse en una pena de muerte por azar, donde cada tres días muere un detenido ni tampoco pueden avalarse tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre personas que están bajo custodia del Estado, que es responsable de la integridad física de esas personas”.

Refiriéndose al número de muertes, el titular del Juzgado N°4 de nuestra ciudad, destacó que “en Mar del Plata hay números alarmantes del último tiempo por enfrentamientos en situaciones absolutamente evitables, de la calle y que transitoriamente se encontraron en un mismo lugar. El Estado es responsable de controlar que ello no ocurra. Y particularmente, en el último mes hemos tenido un muerto por semana. Es una respuesta negativa respecto de aquello que se pretende evitar, que es procurar con el encierro que una persona pueda desnatularizar el hecho violento que ha cometido para llegar a ese espacio y reinsertarse pacíficamente a la sociedad”.

En este caso en particular, la problemática coyuntural, según Tapia depende de “que los funcionarios que entienden en las causas de los internos, se comuniquen con el detenido que está haciendo esa medida de fuerza, que monitoree su salud y vaya viendo que ese reclamo sea razonable. Y ver cuáles son los carriles adecuados para que el sistema de salud pueda atender las condiciones básicas de vida”.