El Pastor Isaías Hurtado fue condenado a 24 años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que falló por unanimidad, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y por haber sido cometido por un ministro de un culto no reconocido. También, deberá pagar una multa de 90 mil pesos.

Por su parte, su expareja, Patricia Padilla Coronado, fue condenada a la pena de 10 años de prisión, por ser considerada participe necesaria y por su condición de ministro de culto de una religión conocida o no. Deberá abonar una multa económica de 50 mil pesos.

Para el juzgado, tanto Hurtado como Padilla Coronado cometieron el delito de trata de persona de personas mayores de 18 años con fines de reducción a  la servidumbre, bajo la modalidad de captación y acogimiento, mediante engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad, agravado por la multiplicidad de victimas.

La acusación

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, se le atribuyó a Hurtado y Padilla Coronado haber utilizado -al menos entre julio del 2007 y julio de 2016, cuando se realizaron los allanamientos- la apariencia de un "Ministerio” religioso y los mensajes de fe y de existencia de un "ser superior" para captar y acoger personas en situaciones de vulnerabilidad -marcadas por su edad, estados de depresión, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y/o de educación- para congregarlas en reuniones que se llevaban a cabo en "el templo".

Una vez lograda la captación de las personas, que comenzaban a concurrir a las “reuniones del ministerio”, en los casos en que no eran oriundas de Mar del Plata se las instaba a mudarse allí –en algunas ocasiones gestionándoles una vivienda cercana al “templo”-; y a quienes vivían en la ciudad balnearia se los compelía a vivir en sectores cercanos al domicilio de Hurtado, con la excusa de “la toma de territorio que implicaba tomar lugares estratégicos para cuidar la casa apostólica” , pero con el claro fin de controlar con mayor facilidad su libertad de autodeterminación y sus movimientos diarios y aislarlos de sus familias.

A partir de allí, las maniobras consistían en persuadir a sus víctimas para que aporten sus recursos económicos a las arcas del “Ministerio” y reducirlas a la servidumbre y/o explotarlas laboralmente, a efectos de que presten diferentes funciones en el mismo. Todo ello, de acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2, se dio en perjuicio de más de 20 personas, aunque algunas de ellas no se identifican aún como víctimas de situaciones de explotación.

En concreto se las instaba a realizar tareas de limpieza; se les retenían sus salarios en caso de que tengan empleo en otro sitio; lograban la obtención de préstamos en distintas entidades financieras para beneficio de los investigados -dinero que nunca les era devuelto, generándoles importantes deudas-, como así también se las conducía a trasferir sus bienes a la congregación. Es decir, se generó una “pantalla” constituida a partir de un supuesto “ministerio religioso” con mensajes de fe y la existencia de un “ser superior” -que vendría a ser Hurtado, con el fin de ganar la voluntad de las personas y a partir de allí lograr su explotación.

En relación a Hurtado, la acusación reparaba en que era el principal administrador y organizador del lugar, quien dirigía y daba las pautas en el lugar, quien instruía al resto de los integrantes en las actividades diarias, daba las autorizaciones a los "fieles" para poder salir de la Iglesia o sus domicilios, como así también en todo lo atinente a la panadería que poseía el “Ministerio”. “Ejercía un completo control sobre las vidas y acciones de las personas y les exigía el constante aporte de dinero para sus arcas por medios coactivos y/o defraudaciones. Incluso, ha obtenido la adquisición de inmuebles y otros bienes por esos medios, todo ello con la colaboración de su esposa Patricia Padilla, resultando ambos beneficiarios de los recursos económicos que producían y les eran quitados a los ‘fieles’”, señaló el requerimiento.

De hecho, constaba dentro del gran caudal probatorio reunido en la causa, que desde AFIP se informó que ni Hurtado ni Padilla registraban actividad económica alguna. Es decir, los acusados no poseían ingresos legítimos que les permitieran llevar a cabo sus actividades diarias, ni adquirir los bienes que poseían, ni realizar los viajes al exterior que llevaban a cabo con frecuencia.

Es para destacar que el bien jurídico protegido por la figura de trata de personas, de la que se acusa al matrimonio, es la libertad. Y sobre ello hizo especial hincapié el fiscal a cargo de la instrucción de la causa: “Entendemos que la libertad de las víctimas se halla en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria, sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”.

Abusos y amenazas

A su vez, Hurtado llegó al juicio también acusado por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa. El hombre, de acuerdo a la acusación, sacó provecho al conocer la situación de vulnerabilidad que padecían las mujeres y de la sujeción emocional, psíquica y espiritual que había logrado sobre ellas.

En un expediente paralelo, que se elevó a juicio en conjunto con la causa central, se acusó a Hurtado también de amenazas coactivas reiteradas sobre cinco personas, realizadas de manera telefónica desde la unidad penitenciaria donde permanece detenido.

Hurtado llegó a juicio  acusado también por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa.

Reparación a las víctimas y decomiso

Durante la investigación se lograron identificar distintos activos que fueron utilizados por los imputados para desarrollar los hechos delictivos de los que se los acusa, como otros que serían producto de los mismos. Se trata de dos inmuebles; activos que puedan hallarse en las cuentas bancarias identificadas en Venezuela y Estados Unidos y que, mediante exhortos internacionales se requirió su embargo; seis mil dólares y diez mil pesos secuestrado en la vivienda de los imputados y depositado en cuenta judicial; cinco automóviles y una moto.

“Todos estos activos fueron oportunamente cautelados y así deberán mantenerse con el objeto de asegurar eventuales decomisos y/o cubrir la eventual satisfacción de multas y una futura indemnización a las víctimas, en íntima consonancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, planteó el fiscal al clausurar la instrucción y requerir la elevación a juicio de la causa.

Calificación legal de las conductas

Los hechos de las que resultaron víctimas más de 20 personas, para el MPF encuadraban en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de intimidación y coerción, abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de personas sobre las que se tuvo autoridad, por la cantidad de víctimas, por ser ministro o autoridad de culto, por la consumación de la explotación y –en algunos casos- por haber sido las víctimas menores de edad al momento de su captación.

La defensa oficial del pastor Hurtado, acusado de captar a decenas de personas en condiciones de vulnerabilidad en Mar del Plata para explotarlas laboralmente y abusar de al menos cuatro de ellas, solicitó hoy su absolución y dijo que los fieles que asistían al templo que él encabezaba eran "libres" y "no sufrían ningún lavado de cerebro".

El juicio continuará el 11 de diciembre con la última palabra de los imputados, y luego se definirá la fecha del veredicto. La fiscalía, por su parte, consideró corroborado el funcionamiento de una secta y pidió 35 años de prisión.

Durante los alegatos de cierre del juicio que se le sigue a Isaís Nelson Hurtado (51) en la localidad balnearia, sus defensores, Manuel Bailiú y José Galán, consideraron que los delitos que se le imputan "no pudieron acreditarse", y que "lo único que se ha mostrado es la existencia de una congregación religiosa".

"Se ha intentado brindar una imagen de Isaías como una especie de manipulador mesiánico", señaló Galán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal marplatense, Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz.

Hurtado, quien llegó al juicio detenido en la cárcel de Ezeiza, está imputado por los delitos de "trata de personas agravado", "abuso sexual con acceso carnal" y "amenazas", y el fiscal Juan Manuel Pettigiani había solicitado días atrás en su alegato una condena a 35 años de prisión.

Pettigiani, quien comparó al acusado con el criminal estadounidense Charles Manson por su métodos de captación de víctimas, consideró probado que al menos desde el 30 de julio de 2008 hasta el 4 de julio de 2016, el pastor reclutó a 23 personas "utilizando el engaño, la coerción y el abuso de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban".

El fiscal señaló además que la explotación de las víctimas, dos de ellas menores, era concretada "mediante su reducción a la servidumbre".

A su turno, los defensores cuestionaron a lo largo de más de cuatro horas los argumentos de la fiscalía, y señalaron que más allá de los testimonios, "faltaron exámenes científicos y diagnósticos concluyentes para determinar eventuales alteraciones de la voluntad" de las víctimas.

"Los casos planteados no configuran el delito de trata", indicaron los defensores, y agregaron además que "no se ha acreditado la finalidad de la explotación", y que quienes asistían al templo lo hacían"libremente" y "por propia voluntad", por lo que pidieron la absolución en ese sentido.

Cuestionaron además la acusación de "abuso sexual" de cuatro mujeres, y dijeron que el pastor admitió haber tenido "relaciones consentidas" con tres de ellas, mientras que negó haberlas tenido con la restante, menor de edad.

Rechazaron además la imputación por tres casos de amenazas y dijeron que "las declaraciones de las víctimas fueron contradictorias" en ese sentido.

El cierre de los alegatos corrió por cuenta de la defensa de la mujer de Hurtado, Patricia Soledad Padilla Coronado (52), también chilena, quien está imputada como "partícipe necesaria" del delito de trata, y para quien el fiscal había solicitado 12 años de prisión.

En su caso, la defensora, Marcela Benavides, consideró que la mujer debía ser absuelta porque, aunque ella no se reconociera como tal, también era una víctima de lo que ocurría en el ámbito del templo conocido como "Ministerio Apostólico y Profético Monte Zión", que funcionaba en el barrio San Carlos, a unas 30 cuadras del centro de la ciudad.