La Comisión de Salud de la Legislatura porteña arrancará el lunes próximo con el tratamiento del proyecto que busca que la Ciudad adhiera al Protocolo emitido por el Ministerio de Salud nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Los legisladores se reunirán desde las 14 en un encuentro que tendrá la modalidad mixta, con diputados presentes en el edificio parlamentario y otros que participarán de manera virtual, en tanto que será difundido por los canales de comunicación de la Legislatura en redes y Youtube.

En ese marco, la reunión será de carácter informativo, según indicaron desde la Comisión, y serán los principales oradores Fabián Portnoy y Viviana Manzur, ambos de la Coordinación Salud Sexual, Sida, ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad.

En la Legislatura fue presentado en febrero pasado un proyecto para que la Ciudad adhiera al protocolo nacional a cargo de la "Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito" y el expediente contó con el apoyo de al menos 40 de los 60 diputados porteños.

El protocolo nacional fue emitido en diciembre pasado por la cartera sanitaria que conduce Ginés González García a poco de asumir en diciembre pasado como eje de "una política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva".

Al respecto, la legisladora Patricia Vischi, quien está al frente de la Comisión, dijo días atrás, que "vamos a poner en tratamiento" el proyecto de adhesión al protocolo ILE porque "tenemos un compromiso irrenunciable de discutir la iniciativa".

"Es importante no demorar más algo que sin duda va a ayudar a que nuestras mujeres estén cuidadas y también lo vamos a hacer con la mirada de todos los sectores", destacó.

Luego que el ministro de Salud presentara el protocolo de aborto no punible, el Director Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, destacó la decisión y apuntó a la necesidad de que, más allá de los objetores de conciencia, las instituciones públicas deben garantizar el derecho.

"Son esas primeras medidas, más simbólicas que reales. Pero sin duda es muy importante, porque lo que estamos buscando es que las políticas públicas sanitarias tengan verdadero impacto en las poblaciones que más lo necesitan, que son las vulnerables", explicó Alasino en diálogo con Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata.

En este sentido, detalló que lo presentado por Ginés González es un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que prevé una "normativa de aplicación en los equipos de salud, en los centros de salud y efectores públicos". Detalla "en qué casos un medico puede tomar la decisión junto con el paciente de la interrupción de un embarazo en curso, y da las herramientas que están amparadas por la ley".

"La práctica, el acto médico en sí, está amparado por lo que dice ese protocolo. A veces las personas hacen prever su pensamiento individual a lo que es un accionar. No hay problema que el personal sea objetor de conciencia, pero la institución publica tiene que garantizar los procedimientos. No se da en todo el país, el ejercicio de los derechos varía en las distintas ciudades, por lo cual hay muchas ONG comprometidas, para que, en cualquier lugar de Argentina, si hay que hacer un ILE, se pueda hacer. A veces los tiempos que van corriendo juegan en contra del paciente y ahí no se realiza una verdadera garantía del derecho", aseveró Alasino.

Por último, el director de la carrera de medicina indicó: "Todo es bienvenido en cuanto haya acciones, leyes, o cuidados que se formulen que permitan ampliar los derechos de los pacientes".

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, sostuvo este viernes que decidió la adhesión oficial del municipio al nuevo protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), aunque aclaró que en lo personal él está "en contra del aborto".

El jefe comunal, al referirse ante la prensa sobre si el municipio se adhería al nuevo protocolo, sostuvo que "sí" y aclaro "esto no significa que hay una reivindicación del derecho al aborto. Es más, yo tengo una posición personal que ya la hice pública cuando era diputado nacional: estoy en contra del aborto y esto está claro", sostuvo el intendente.

Al referirse sobre cómo se traduce en acciones el adherirse al protocolo, expresó que "con relación al sistema de salud, creo que nosotros no tenemos esa posibilidad. Esto tiene más que ver los apoyos que pueden tener las distintas áreas del municipio, pero no lo concreto en salud que directamente lo trabajara Provincia con Nación", acotó.

Montenegro hizo estas declaraciones luego de mantener su primera reunión oficial con el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, en la sede del obispado de esta ciudad.

El caso de la niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación en Tucumán conmocionó a la sociedad argentina. En su momento, se pidió autorización para llevar a cabo una Interrupción Legal del Embarazo, algo que no quedó formalizado, por lo que la niña finalmente debió parir. El bebé murió.

Ahora, su caso será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como experiencia testigo del "incumplimiento de las obligaciones del Estado", según informaron hoy las organizaciones que realizarán la exposición este viernes

Durante la audiencia, cinco organizaciones denunciarán "los obstáculos a los que se enfrentan las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en el país".

Se trata del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abogados del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina.

"La desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región", destacaron en un comunicado, y agregaron: "Anualmente en la Argentina entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad".

Ante la Comisión, asegurarán que el Estado "vulnera el inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación al aborto no punible".

Los médicos de una clínica de San Juan, finalmente, este miércoles pudieron practicarle a una nena de 11 años violada por su padrastro la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La niña era abusada por su padrastro y, según el fiscal -que se basó en el informe del médico legista-, estaba embarazada de 3 meses. Sectores "provida" reclamaron que siguiera adelante con la gestación, argumentando que tenía entre 19 y 21 semanas.

Quienes se dieron cuenta de que la nena estaba embarazada no fueron sus papás sino las maestras de la escuela Cristóbal Colón, de la localidad de Médano de Oro, en el departamento sanjuanino de Rawson, cuando la alumna no quería sacarse la campera en el aula a pesar del calor. Según TN, cuando lo hizo, pudieron ver que tenía una pancita incipiente.

La mamá no quiso hacer la denuncia y por eso fue detenida al mismo tiempo que su pareja, de más de 40 años, violador de su hijastra. La hermanita de la víctima, de 5 años, fue entregada a las autoridades de la dirección de Niñez para su protección.

Para disipar cualquier duda al respecto, el fiscal Daniel Galvani comunicó que el informe del médico legista indicaba que la nena tenía tres meses de gestación. Con pleno conocimiento de que la interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL, cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible contestó: "No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable".

La Dirección Médica del Hospital Eva Perón de Tucumán comunicó este viernes que la bebé de la niña de 11 años que había sido violada falleció hace algunas horas tras haber nacido durante la semana 23 del embarazo a través de una microcesárea.

La víctima había solicitado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la semana 16 de gestación. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud local demoraron la práctica hasta la semana 23. La bebé había nacido viva y estaba internada en Neonatología.

"La Dirección Médica del Hospital Eva Perón hace saber que ha fallecido hoy, a las 15:30, la paciente de sexo femenino nacida el pasado 26 de febrero de 2019, con 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso. El hospital informa que, a pesar de los cuidados extremos brindados desde su nacimiento, esta tarde sufrió una complicación respiratoria grave que produjo su deceso", informaron.

Según Infobae, la madre y la menor habían hecho un pedido expreso a la Justicia tucumana para acceder a la ILE, amparándose en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante.

Diversas agrupaciones feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el sistema de salud provincial dilató la decisión y cuestionaron que la cesárea no fue el procedimiento idóneo en estos casos.