El Senado de la Nación aprobó, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El debate se desarrolló en un contexto de tensión política y social.

En la previa de la sesión se registraron incidentes en el Obelisco protagonizados por agrupaciones de izquierda, en rechazo a las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Durante el cierre de las exposiciones por parte del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que “hoy el Congreso tiene la oportunidad de terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino, que es una ley que viene del dictador Rafael Videla. Una ley que convirtió a cada juez en dueño de la vida de cada uno de los menores que cometían un delito”.

Luego agregó: “Esta ley está del lado de los ciudadanos. Deja la teoría de que la víctima es el delincuente. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo total y absolutamente el sentido de la justicia”. Y concluyó: “Matar no puede ser gratis. Ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor”.

Por el bloque peronista, el último orador fue el senador Martín Soria, quien cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto. “El oficialismo no permitió analizar ni trabajar el texto como es debido. En Diputados hubo 31 expositores de lujo: organismos especializados, psiquiatras, jueces y fiscales de distintas provincias. Todos coincidían en que esa ley de la dictadura era mala, pero este texto que quedó es malo”, afirmó.

Fuente: con información de Infobae

El director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, cuestionó con dureza el proyecto de Régimen Penal Juvenil que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y afirmó que se trata de “un proyecto muy malo”, ya que parte de una concepción errónea sobre el delito y la responsabilidad penal de los adolescentes.

Según explicó, en diálogo con El Marplatense, la iniciativa se apoya en la idea sostenida por el Gobierno de que existen “delitos de adultos, penas de adultos”, cuando en realidad “no existen delitos de adultos o delitos de niños, sino que existen delitos a secas y personas que cometen delitos que están en distintas situaciones vitales”.

En ese sentido, remarcó que cualquier régimen penal juvenil debería partir de esa diferencia, ya que “no se trata de adultos, son personas que están en otra situación y por lo tanto hay que abordarlo de otra manera”.

Tufró advirtió que el proyecto confunde dos planos distintos: por un lado, la responsabilidad y, por otro, el castigo. “Confundir que hay que responsabilizar a los menores que cometen delitos con castigarlos, y confundir ese castigo con la idea de que solo puede suceder a través del encierro, ese es el problema que tiene este proyecto”, sostuvo.

El especialista señaló que la iniciativa no solo reduce la edad de punibilidad a los 14 años, sino que además “amplía enormemente la cantidad de delitos por los que los menores de edad podrían ser encarcelados” y establece sanciones desproporcionadas. En ese marco, subrayó que se prevén “penas muy extensas, el máximo de 15 años”, lo que implicaría que “una persona de 14 o 15 años podría pasar encerrado más tiempo del que lleva viviendo”.

Desde su perspectiva, la propuesta no está orientada a resolver los problemas de fondo vinculados al delito juvenil. “No es un proyecto que esté orientado a solucionar ningún problema”, afirmó, y agregó que para hacerlo sería necesario avanzar en una política pública “centrada en la prevención del delito entre los más jóvenes y no meramente en el castigo”.

Finalmente, Tufró alertó sobre las consecuencias del encierro en el actual contexto del sistema penitenciario argentino. Recordó que, “por la situación de las cárceles y los espacios de encierro en la Argentina, muchas veces empeoran la situación porque las personas salen peor de lo que entran”, lo que, a su entender, vuelve aún más cuestionable una reforma que profundiza la respuesta punitiva sobre adolescentes.

 Con 149 votos a favor y 100 en contra, la iniciativa promovida por el oficialismo avanza ahora al Senado para su tratamiento definitivo.  

La reforma sustituye la legislación vigente desde 1980 y propone que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser imputados penalmente, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves. El proyecto también contempla mecanismos alternativos para infracciones menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico y mediación penal, así como la creación de institutos especializados para menores infractores.  

El Gobierno agregó recientemente una partida presupuestaria cercana a 23.700 millones de pesos para financiar la implementación del nuevo régimen, tras advertencias de gobernadores sobre el costo que implicaría la norma para las provincias.  

La votación en el recinto fue registrada legislador por legislador. Según la cobertura de LA NACION, se puede consultar el detalle personal de cómo votó cada diputado en la sesión de este 12 de febrero.  

Este registro permite conocer qué legisladores apoyaron o se opusieron al proyecto, incluyendo integrantes de todos los bloques, aunque la votación reflejó la cohesión de los espacios alineados con el oficialismo frente a la unidad del peronismo y sectores de la izquierda en rechazo.  

El nuevo régimen penal juvenil obtuvo respaldo mayoritario de diputados de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia, entre otros espacios provinciales aliados.  

En tanto, el peronismo y la izquierda se mantuvieron en contra de la iniciativa en su conjunto. Algunos diputados del Frente Renovador, si bien habían expresado apoyos a puntos específicos como la baja de la edad, optaron por votar en contra de la iniciativa general, en una señal de diferencias internas. 

Asi fue la votacion:

Votos positivos: Guillermo César Agüero (UCR); Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza); Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza); Lisandro Almirón (La Libertad Avanza); Claudio Álvarez (País Federal); Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza); Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza); Damián Arabia (La Libertad Avanza); Martín Ardohain (PRO); Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Alberto Arrúa (Innovación Federal); Belén Avico (La Libertad Avanza); Jorge Ávila (Provincias Unidas); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); Atilio Basualdo (La Libertad Avanza); Carolina Basualdo (Provincias Unidas); Mónica Becerra (La Libertad Avanza); Beltrán Benedit (La Libertad Avanza); Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza); Emmanuel Bianchetti (PRO); Bernardo Biella (Innovación Federal); Rocío Bonacci (La Libertad Avanza); Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza); Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza); Adrián Brizuela (La Libertad Avanza); Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas); Eliana Bruno (La Libertad Avanza); Mariano Campero (La Libertad Avanza); Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas); Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza); Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza); Abel Chiconi (La Libertad Avanza); Gerardo Cipolini (UCR); Mariela Coletta (Provincias Unidas); Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza); Fernando De Andreis (PRO); María Florencia De Sensi (PRO); Romina Diez (La Libertad Avanza); Nicolás Emma (La Libertad Avanza); Eduardo Falcone (MID); Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza); Pablo Farías (Provincias Unidas); Elia Marina Fernández (Independencia); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Alida Ferreyra (La Libertad Avanza); Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza); Alejandro Finocchiaro (PRO); María Gabriela Flores (La Libertad Avanza); Alicia Fregonese (PRO); Maira Frías (La Libertad Avanza); Virginia Gallardo (La Libertad Avanza); Álvaro García (La Libertad Avanza); Carlos García (La Libertad Avanza); Ignacio García Aresca (Provincias Unidas); José Luis Garrido (Por Santa Cruz); Antonela Giampieri (PRO); Silvana Giudici (La Libertad Avanza); Rosario Goitia (La Libertad Avanza); Alfredo González (La Libertad Avanza); Álvaro González (PRO); Diógenes González (UCR); Gerardo Gustavo González (País Federal); María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza); Maura Gruber (La Libertad Avanza); Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas); Jairo Guzmán (La Libertad Avanza); Diego Hartfield (La Libertad Avanza); Oscar Herrera (Innovación Federal); Patricia Holzman (La Libertad Avanza); Gerardo Huesen (La Libertad Avanza); Gladys Humenuk (La Libertad Avanza); María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza); Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo); Pablo Juliano (Provincias Unidas); Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza); Lilia Lemoine (La Libertad Avanza); Andrés Leone (La Libertad Avanza); Mercedes Llano (La Libertad Avanza); Enrique Lluch (La Libertad Avanza); Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza); Martín Lousteau (Provincias Unidas); Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza); Álvaro Martínez (La Libertad Avanza); Karina Maureira (La Neuquinidad); Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza); Gladys Medina (Independencia); Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza); Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza); Soledad Mondaca (La Libertad Avanza); Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza); Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza); Francisco Morchio (La Libertad Avanza); Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza); Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza); Lisandro Nieri (UCR); Miriam Niveyro (La Libertad Avanza); Javier Noguera (Independencia); José Núñez (Provincias Unidas); Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza); Pablo Outes (Innovación Federal); Sebastián Pareja (La Libertad Avanza); Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza); Santiago Pauli (La Libertad Avanza); Esteban Paulón (Provincias Unidas); Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza).rico Agustín Pelli (La Libertad Avanza); José Peluc (La Libertad Avanza); Luis Petri (La Libertad Avanza); María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza); Luis Albino Picat (La Libertad Avanza); Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal); Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo); María Celeste Ponce (La Libertad Avanza); Manuel Quintar (La Libertad Avanza); Valentina Ravera (La Libertad Avanza); Adrián Ravier (La Libertad Avanza); Verónica Razzini (La Libertad Avanza); Karen Reichardt (La Libertad Avanza); Gastón Riesco (La Libertad Avanza); Cristian Ritondo (PRO); Jorge Rizzotti (Provincias Unidas); Gonzalo Roca (La Libertad Avanza); Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza); Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza); Yamila Ruiz (Innovación Federal); Javier Sánchez Wrba (PRO); Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza); Santiago Santurio (La Libertad Avanza); Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Juan Schiaretti (Provincias Unidas); Darío Schneider (UCR); Laura Soldano (La Libertad Avanza); Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza); Alejandra Torres (Provincias Unidas); Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza); Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza); José Federico Tournier (La Libertad Avanza); César Treffinger (La Libertad Avanza); Hernán Urien (La Libertad Avanza); Daniel Vancsik (Innovación Federal); Patricia Vásquez (La Libertad Avanza); Yolanda Vega (Innovación Federal); Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza); Pamela Verasay (UCR); Lorena Villaverde (La Libertad Avanza); Gino Visconti (La Libertad Avanza); Martín Yeza (PRO); Oscar Zago (MID); Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza).

Votos negativos: Hilda Aguirre (Unión por la Patria); Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria); Cristian Andino (Unión por la Patria); Javier Andrade (Unión por la Patria); Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria); Martín Aveiro (Unión por la Patria); Fernanda Ávila (Elijo Catamarca); Marcelo Barbur (Unión por la Patria); Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria); Gustavo Bordet (Unión por la Patria); Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria); Myriam Bregman (Frente de Izquierda – Unidad); Santiago Cafiero (Unión por la Patria); Celia Campitelli (Unión por la Patria); Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria); Lucía Cámpora (Unión por la Patria); Florencia Carignano (Unión por la Patria); Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria); Carlos Castagneto (Unión por la Patria); Jorge Chica (Unión por la Patria); Ricardo Daives (Unión por la Patria); María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria); Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Unidad); Romina del Plá (Frente de Izquierda – Unidad); Fernanda Díaz (Unión por la Patria); Sergio Dolce (Unión por la Patria); Gabriela Estévez (Unión por la Patria); Emir Félix (Unión por la Patria); Jorge Fernández (Primero San Luis); Abelardo Ferrán (Unión por la Patria); Andrea Freites (Unión por la Patria); Sebastián Galmarini (Unión por la Patria); María Teresa García (Unión por la Patria); Diego A. Giuliano (Unión por la Patria); José Glinski (Unión por la Patria); José Gómez (Unión por la Patria); Juan Grabois (Unión por la Patria); Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria); Raúl Hadad (Unión por la Patria); Itai Hagman (Unión por la Patria); Ana María Ianni (Unión por la Patria); Máximo Kirchner (Unión por la Patria); Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria); Aldo Leiva (Unión por la Patria); Jimena López (Unión por la Patria); Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria); Juan Pablo Luque (Unión por la Patria); Marcelo Mango (Unión por la Patria); Mario Manrique (Unión por la Patria); Marianela Marclay (Unión por la Patria); Varinia Lis Marín (Unión por la Patria); Juan Marino (Unión por la Patria); Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria); Guillermo Michel (Unión por la Patria); Fernanda Miño (Unión por la Patria); Juan Carlos Molina (Unión por la Patria); Matías Molle (Unión por la Patria); Fernando Monguillot (Elijo Catamarca); Cecilia Moreau (Unión por la Patria); Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria); Jorge Mukdise (Unión por la Patria); Estela Mary Neder (Unión por la Patria); Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca); Kelly Olmos (Unión por la Patria); Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria); Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria); Claudia María Palladino (Unión por la Patria); María Graciela Parola (Unión por la Patria); Gabriela Pedrali (Unión por la Patria); Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria); Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria); Néstor Pitrola (Frente de Izquierda – Unidad); Lorena Pokoik (Unión por la Patria); Luciana Potenza (Unión por la Patria); Agustina Propato (Unión por la Patria); Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria); Santiago Roberto (Unión por la Patria); Agustín Rossi (Unión por la Patria); Marina Salzmann (Unión por la Patria); Nancy Sand (Unión por la Patria); Sabrina Selva (Unión por la Patria); Adriana Serquis (Unión por la Patria); Vanesa Siley (Unión por la Patria); Guillermo Snopek (Unión por la Patria); Julia Strada (Unión por la Patria); Jorge Taiana (Unión por la Patria); Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria); Caren Tepp (Unión por la Patria); Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria); Pablo Todero (Unión por la Patria); Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria); Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria); Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria); María Elena Velázquez (Unión por la Patria); Luana Volnovich (Unión por la Patria); Hugo Yasky (Unión por la Patria); Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria); Natalia Zaracho (Unión por la Patria); Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria).

Ausentes: Carlos Cisneros (Unión por la Patria); Daiana Fernández Molero (PRO)Mónica Frade (Coalición Cívica); Nicolás Massot (Encuentro Federal); Roxana Monzón (Unión por la Patria); Marcela Pagano (Coherencia); María Inés Zigarán (Provincias Unidas).

La votación desató un fuerte debate en el recinto y fuera de él. Sectores oficialistas celebraron el avance mientras que la oposición cuestionó la medida por considerarla insuficiente para abordar las causas profundas de la inseguridad y potencialmente regresiva en términos de derechos de la infancia.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado de la Nación, donde se espera un nuevo cruce de argumentos antes de su eventual sanción como ley.  

El oficialismo logró la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, durante una sesión en la que se aprobó en general el proyecto impulsado por Patricia Bullrich, con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz acompañaron a los libertarios. El peronismo se mantuvo unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El nuevo Régimen Penal Juvenil reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos con condenas menores a 10 años prevé sanciones alternativas como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La norma también pone énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizado el derecho a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera absoluta la convivencia con detenidos mayores de edad.

Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro eje central es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Fuente: con información de Infobae

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Javier Alonso, se cruzaron esta tarde por la edad de imputabilidad tras el crimen de Rita Suárez en Villa Luzuriaga, en un hecho en el que estuvieron involucrados dos menores que habían participado de un robo.

“El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”, cuestionó la funcionaria nacional, quien caracterizó como “brutal” el crimen de Suárez y tildó de “inútil” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Asimismo, sostuvo que los argentinos “de bien” siguen “enterrando” a sus seres queridos y utilizó el eslogan de campaña “Kircherismo Nunca Más”.

En paralelo, la candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció desde sus redes sociales que los jóvenes de 17 y 19 años detenidos por la Policía Bonaerense están intentando “zafar” responsabilizando a “un menor”.

“En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, describió Bullrich, al reabrir el debate por la edad de imputabilidad.

En tanto, Alonso le contestó: “Bullrich mentirosa e irresponsable”, y aclaró que en la Provincia “los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.

“Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso eslogan impulsado por Milei”, apuntó el funcionario, quien le pidió a Bullrich que se “ocupe” trabajar por la seguridad si “todavía es ministra”.

Y concluyó: “Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó hoy los detalles del proyecto del Gobierno para la baja de la imputabilidad de los menores y señaló que va a quedar "anclada en los 13 años".

“Tenemos mucho diálogo con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la imputabilidad“, sostuvo Cúneo Libarona.

En este sentido, el titular de Justicia, aseguró: “En los últimos dos meses estuvimos trabajando en la materia y nos inclinábamos por los catorce, pero se dieron muchos casos de chicos de trece años. Eso nos hizo repensar y nos inclinamos por ver que el chico no es solamente de dieciséis, como era en la ley de 1980”.

“Estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate”, explicó en diálogo con el diario La Opinión Austral y la radio LU12 AM 680 de Río Gallegos.

Bullrich se había manifestado acerca de este debate al asegurar que la discusión giraba en torno a si se establecía como límite "los 14 años, o si es 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil".

De acuerdo a lo declarado por la funcionaria nacional, junto la cartera que conduce Cúneo Libarona se encontraban analizando "cómo impactó" esa medida en la población de los países que redujeron la edad de imputabilidad.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó la ministra durante una entrevista radial.

En tanto, la semana pasada, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Álvaro Martínez, fue más allá y presentó un proyecto de ley que endurece el actual Régimen Penal de Minoridad, bajando la edad de imputabilidad a los 12 años.  

La propuesta de Martínez es, en ese sentido, la más osada de las presentadas hasta el momento, ya que establece el piso a una edad mucho más temprana, cuando los menores están atravesando la preadolescencia.

Este proyecto contempla penas máximas de hasta 20 años de reclusión para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó hoy que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estudia adherir al protocolo antipiquetes que viene aplicando la gestión nacional para ordenar la protesta callejera, mientras que envió un mensaje a la CGT en la previa al paro general de mañana: "Que se dejen de joder y vayan a laburar".

La funcionaria de la administración de Javier Milei se pronunció así en una ronda con periodistas de distintos medios, tras exponer en el encuentro semanal del Rotary Club de Buenos Aires que se realizó en un hotel del centro porteño.

Bullrich reveló que días atrás se contactó con ella su par de la gestión de Axel Kicillof, Javier Alonso: “Me dijo ´tenemos que hablar del protocolo antipiquetes´. Se ve que fue tal el papelón de la camioneta de la policía acompañando la marcha piquetera", expresó en su discurso. Luego, frente a los periodistas evitó ahondar sobre el tema: “Prefiero no hablar más, ya que todavía no tuvimos la reunión”.

Por otro lado, confirmó que se impulsa un proyecto para cambiar el Código Penal y bajar la edad de imputabilidad, en línea con los demás países de la región, pero aclaró que aún no se decidió si fijarla en 12 o 13 años.

“Estamos trabajando en eso. En Brasil es de 12 años y en Uruguay de 13. No queremos bajar la edad de imputabilidad y que después los narcos contraten a chicos menores de 12 años. Se podría bajar la imputabilidad para delitos graves como homicidio y tener otra imputabilidad para otros delitos”, detalló.

Durante el discurso ante los miembros del Rotary, Bullrich además aludió a un acuerdo que se está por firmar entre el Enacom y las tres compañías de servicios de telefonía celular para evitar que reclusos como jefes narcos puedan tener comunicación con el exterior en las cárceles federales.

En ese sentido, precisó que se está trabajando en un instrumento que bloquea la llegada de señales de las antenas de celulares a esas cárceles, mientras que el personal penitenciario utilizará unos aparatos de comunicación propia, siendo los únicos en tener posibilidad de contacto con el exterior.

Fuente: Noticias Argentinas

La detención de un menor de edad por el presunto asesinato de un playero de una estación de servicio de Rosario puso el foco, una vez más, sobre a posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. 

El debate ya había surgido en enero cuando el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley vigente en la Argentina, para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundó la idea propuesta a través de sus redes sociales donde días atrás aseguró que "ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Este hecho enfrentó opiniones sobre cómo deben ser tratados los menores de edad que incurren en el delito. Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que esta medida lejos de disminuir la inseguridad, "profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez".

En Mar del Plata se ha registrado un aumento de los delitos cometidos por menores de edad en los últimos meses. Principalmente, los hechos de público conocimiento refieren a robos o daños de propiedades privadas. Sin embargo, no son los únicos casos. 

El fiscal Walter Martínez Soto, de la UFI Penal Juvenil, manifestó que "los delitos que más comenten suelen ser contra la propiedad, desde robos simples, a veces acompañados, pero es el mismo porcentaje que los delitos por encubrimiento de motos".

Principalmente "los robos de motocicletas dejadas en la vía pública y cosas que se dejan dentro de los autos, son los que encabezan la lista. Lo del encubrimiento, si bien es un delito menor, tiene que ver con esto porque generalmente la policía no los agarra con las manos en la masa, como generalmente dicen en Flagrancia, sino que tiempo después cuando el ladrón se la dio a otro para que cometa algún delito". 

Por otro lado, "hay un porcentaje realmente alto que se relacionan con los abusos con y sin acceso carnal, se incrementó el número en el último tiempo y son por parte de los jóvenes", apuntó. 

En un balance, Martínez Soto declaró que "hemos notado que del año pasado a este hubo alrededor de un 25% de incremento de delitos, y en particular en los últimos años, relacionados con el abuso con acceso carnal o simple hacia mujeres". 

La pregunta sobre qué lleva a un niño a cometer un delito es la que resuena es distintos análisis sobre la baja de edad de imputabilidad en Argentina. Los contextos sociales y económicos juegan un rol fundamental en la construcción de la niñez. 

En este sentido, el fiscal Walter Martínez Soto, señaló que "las edades han ido bajando considerablemente, el porecentaje la estadística no lo muestra, pero por lo que hemos podido recabar desde la fiscalía estamos en un 15% fácil de menores de 16 años que han cometido delitos". 

Al analizar la situación actual y la postura del gobierno, anticipó que "nos estamos preparando porque entendemos que hay un acuerdo a nivel del Congreso donde va a haber una reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que se verá reflejado en el incremento de nuestro trabajo". 

El trabajo de la fiscalía se realiza en conjunto con el Centro Especializado de Atención o el CAD, "espacios donde debe haber una derivación directa de todo joven que sea encontrado en el marco de un delito penal", explicó. 

"La convención de la ley penal juvenil habla que la policía que interviene en primera instancia, debe tener el mínimo e indispensable contacto como para chequear el delito y después haya un grupo especializado", continuó. 

Razón por la cual, "el lugar de detención no es como algo especializado de tratamiento, sino que deriva para un conocimiento de la situación y a partir de ahí se hacen ciertos abordajes, ya sea desde el servicio local 102 o el servicio zonal donde se amplía el tipo de tratamientos", determinó. 

En la discusión, toma un papel relevante el rol del Estado en el acompañamiento de los jóvenes y el actuar judicial ante la aparición de delitos cometidos por menores de edad. Muchas veces las instituciones implicada no logran establecer un trabajo en conjunto para evitar la reincidencia. 

"Es verdad que hay una disociación en cuanto a los abordajes, que desde la óptica del poder judicial implica que no alcance lo que uno pretende. La reiteración es un ejemplo, no todos tienen sentencias condenatorias para hablar de reincidencia, pero se repiten las conductas", señaló el fiscal. 

El segmento del que se encarga el poder Ejecutivo "resulta muy complejo, por más que haya buena voluntad de todos los operadores. No es que se le da un abordaje y el joven está completamente ajeno, sino que vuelve al lugar de su familia, al barrio y a veces no son los mejores espacios", indicó. 

"Obviamente, y con esto no hay que ser ingenuo, la droga ha entrado de semejante manera que realmente atenta contra la salud de los jóvenes y estos, muchas veces, por decir el 90%, están movidos a la comisión del delito, ya sea por compromiso de pertenencia o querer pertenecer a una banda para pasarla mejor en el barrio, o tener la retribución de quienes se encargan de la comercialización de estupefacientes para tener el dinero para comprarlo o hace el favor necesario", agregó. 

No obstante, "el acompañamiento es por demás comprometido por parte de los operadores, pero escasea personal y al ser una actividad tan compleja, con tantas arista y desviaciones que se producen en la vida diaria, que afecta a una porción muy importante de la sociedad".

Desde su perspectiva, "es una tarea realmente titánica, requiere mucha coordinación y obviamente que todos hablen un mismo lenguaje en cuanto a lo que se pretende. A veces las distintas condiciones políticas no nos ayudan", reflexionó. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo N°3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En el mismo apartado, declara que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Con estos lineamientos, “el poder Judicial cambia la posibilidad de juzgamiento, antes era una situación donde había un juez omnipotente que también tenía competencia civil y aquello que arrancaba por lo penal, quizás terminaba con lo civil”, afirmó. 

Sin embargo, “hoy no es así, en el Fuero Penal Juvenil, solo se tratan temas de derecho penal bajo la teoría general del delito, en cuanto que sigue el hecho que se le atribuye implica ciertas consecuencias, se aplica una sanción que se traduce en pena. Muchas veces acompañadas de tratamiento, reinserciones sociales y demás”. 

Estas circunstancias “hacen que el Poder Judicial tenga acotada la función porque de hacer algo más implicaría violar la Constitución. Es un proceso penal como el de adultos reducido en cuanto a los años y las expectativas de la pena”, pronunció. 

Por eso “resulta muy difícil a la luz de la Convención de los Derechos del Niños considerar penas muy largas, de hecho están prohibidas las penas de perpetuidad, y que esta cuestión sea la única solución”. 

Sin dudas, “debería haber una coordinación entre la función de jurisdiccional y de prevención social, por parte del poder ejecutivo, para evitar que aquello que está en órbita de derecho penal sea la primera alarma para el abordaje de los jóvenes con derechos vulnerados”, advirtió. 

“La mayoría obviamente tienen los derechos vulnerados a la salud, a la educación. Hemos detectado en un principio, cuando comenzó el fuero en el 2008 que generalmente eran jóvenes que tenía serios problemas de contención familiar por los padres, tenían una representación parental vinculada a delito o que estaban presos”, aclaró. 

Por lo que hoy se ve en una medida bastante importante “en comparación a quien tiene una buena contención en el grupo familiar, lo que pasa es que muchas veces están envueltos en el marco de barrios donde asola el delito” destacó. 

“No es por estigmatizar, pero es sabido que hay determinados barrios donde todas las semanas hay noticias de que desbarataron un point de droga, lugares muy complejos donde el Estado está ausente por la poco organización y la falta de servicios básicos”, concluyó. 

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, una de las iniciativas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones, como "una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes".

La iniciativa, que ingresó anoche por la Cámara de Diputados, deberá ser girada a las comisiones que correspondan, "con el objetivo de poder iniciar el debate a mediados de marzo", explicaron hoy fuentes del oficialismo.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, habían dado hace diez días los lineamientos principales del texto que finalmente ingresó al Congreso.

Al referirse al tema, Macri dijo ayer ante los legisladores que "el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y,hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad".

El Presidente puso énfasis también en que el proyecto "es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves", en respuesta a la trascendencia que se le dio a uno de los puntos claves de la iniciativa.

El proyecto tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 al momento de la comisión de un delito.

La ley se aplicará "al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales", y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren "un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal".

Para el caso de la tentativa, el establece que esta ley se aplicará también al adolescente que con el fin de cometer uno de los delitos citados, "comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad".

El texto advirtió que "la sustanciación de los procesos penales y el control de las medidas y ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño".

Y, remarcó el derecho del adolescente a ser escuchado "cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto".

En tanto, dispuso que "la duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres años".

"La privación de la libertad del imputado se aplicará como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible", acotó y agregó que "los adolescentes no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas".

Sobre el alojamiento de los adolescentes, detalló TodoNoticias que "queda prohibido que sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad".

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich desembarcó en Neuquén con el propósito de apuntalar la figura del intendente de la ciudad de Neuquén y candidato a gobernador por Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga, y, sin evadir la polémica, aprovechó para dejar señales acerca de cuál es el marco jurídico que podría regir en la Argentina en el futuro próximo en materia de seguridad ciudadana. “A partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, aseveró.

Bullrich subrayó que el apoyo del gobierno nacional hacia el “Pechi” Quiroga era “total y absoluto” y dejó una crítica hacia la continuidad del MPN en la gobernación, partido que viene administrando la provincia hace 60 años.

“Es una provincia que está gobernada por el partido con más años de gobierno de América Latina, y cuando los partidos están tanto tiempo en el poder se confunden con el Estado, y eso resquebraja los sistemas democráticos”, indicó ayer en una conferencia de prensa en salones del Casino Magic. Más tarde participó de una cena destinada a recaudar fondos para la campaña electoral.

“Para nosotros esta es una provincia importante por la proyección productiva, por la inmigración interna, por las potencialidades, y porque necesita un cambio”, agregó.

“En nombre de todo el gobierno nacional (vine) para expresar el apoyo total y absoluto a Pechi Quiroga y a toda la lista que acompaña esta propuesta”, señaló despejando dudas acerca de las preferencias de Cambiemos que se ha mostrado cercano al gobernador Omar Gutiérrez (MPN).

En las últimas semanas Gutiérrez apuntó duramente al gobierno de Macri por modificar los subsidios a las nuevas explotaciones de gas en Vaca Muerta que afectan a las inversiones en el yacimiento y a las cuentas provinciales.

El partido del presidente Macri se juega una carta clave en las elecciones del 10 de marzo en Neuquén. Se sabe que quien gobierna la provincia tiene directa influencia sobre Vaca Muerta. Solo en regalías Neuquén recibió en 2018 unos $12.000 millones, pero en 2019 espera recolectar más de $35.0000 millones. Las inversiones para este año se calculan en unos US$ 7.000 millones.

Fuentes de Cambiemos y del PJ en Neuquén coinciden en que las encuestas demuestran hoy un triple empate entre el gobernador Gutiérrez, “Pechi” Quiroga y el candidato del PJ en sociedad con el kirchnerismo, Ramón Ríoseco. El último sondeo daría, en una eventual elección, ganador al gobernador Gutiérrez por 2 puntos sobre Ríoseco (un 26 a 24) y muy cerca quedaría Quiroga.

“No va a marcar una tendencia, pero es importante por la necesidad de que Neuquén se sume a un cambio”, concluyó la funcionaria, según lo que consignó Clarín en su portal digital.

“Si me dan la responsabilidad de ser gobernador, vamos a actuar con firmeza contra el narcotráfico, en el marco de una ley que implica perseguirlos hasta abajo de la cama para llevarlos a la Justicia”, prometió Quiroga a tono con la labor de Bullrich.

La ministra sintetizó lo que pretende el gobierno del escenario legal cuando se habla de seguridad y delincuencia. “Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes".

La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, concluyó.

El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata, Néstor Salas, se mostró en disidencia con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de que busca revitalizar en el Congreso el Gobierno de Mauricio Macri en el Congreso y aseguró que no es la "solución" para resolver la problemática de la delincuencia en menores.

En sintonía con la postura que habían aportado referentes del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, el magistrado recordó que este de inciativas ya se han vuelto "históricas" porque "en diferentes etapas se vuelven a plantear" como un verdadero paliativo para mermar el escenario delictivo.

"Lo que tenemos corroborado en la actuación diaria es que esto no es así. La incidencia de los delitos cometidos por menores de edad en la Provincia es muy poco: es un 7 por ciento con respecto a la cantidad de delitos totales", afirmó a Radio Mitre Mar del Plata el juez.

En este sentido, Salas recordó que hace casi un década que ya se puso en marcha un régimen penal juvenil en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que establece el proceso al que deben ser sometidos los adolescentes que protagonizan conflictos con la ley. "Más allá de las edades, lo cierto son los resultados obtenidos: esto no es subjetivo, ha habido una baja en la incidencia de los delitos cometidos por menores a partir del proceso de responsabilidad juvenil", aseguró.

"La baja de la edad no ha afectado a la baja de la punibilidad en materia de responsabilidad penal juvenil. La disminución de los delitos cometidos por menores se ve reflejado por la existencia de un proceso y de sentencias. Eso le da fiabilidad del sistema", sostuvo.

En diálogo con el programa Hoy Es Mejor, el juez insistió en que la herramienta más importante es la existencia de un "proceso con un juicio y un debate en el que todas las garantías de los menores puedan ser respetadas". "Un proceso debe ser garantista. Hay que desmitificar esa palabra porque garantía, en verdad, significa darle a cada uno lo suyo", aclaró.

"No creo que la baja de la edad tenga un efecto en cuanto a la disminución de la delincuencia juvenil, sino que lo que tiene más efecto son las políticas en materia de educación y seguridad que no deben ponerse sobre la espalda del sistema judicial, sino que pertenece a otras áreas del Gobierno", señaló.

Salas, a su vez, advirtió que los delitos que cometen los menores tiene un mayor "efecto social" al reconocer una falsa creencia popular de "impunidad". "Esto no es así porque hay un sistema penal, hay un proceso y hay menores condenados, incluso tenemos en Mar del Plata varios menores privados de su libertad", indicó.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad y generó un nuevo debate sobre el tema en la sociedad. Los fiscales del fuero de Menores de Mar del Plata, Marcelo Yáñez Urrutia y Walter Martínez Soto brindaron su opinión al respecto en el programa Antes que sea tarde que se emite por Radio Mitre Mar del Plata.

"Hoy los jueces no convierten en detención estos delitos con penas de más de 10 años. Las estadísticas dicen que en un 40% se incrementará el trabajo y habrá más detenidos. La pregunta es dónde los van a alojar, en un sistema que ya está colapsado. Hay una descoordinación completa entre los órganos del poder Judicial y el Ejecutivo. El Poder Judicial marca determinado cumplimiento de pena pero al momento de efectivizarla por parte de los órganos de promoción y protección de derechos no se cumplen con los medios porque están desbordados", aseveró Soto.

El fiscal marcó un problema del Estado para "economizar" los medios de gestión, atender al fuero de Responsabilidad Juvenil y así evitar problemas cuando los delincuentes juveniles cumplan 18 años. "En la Provincia ya existen estos institutos pero han ido desapareciendo o la notoriedad que tenían y esto va en detrimento del sistema", agregó.

Un delito que destacó como creciente en los últimos seis meses fue el de violación o abuso deshonesto, que se dio entre jóvenes que se conocían y actuaban tras la ingerencia de alcohol u otras sustancias.

"Supongamos que se ponga la pena más grave y el joven vuelve a los 30 años a la sociedad, el problema es en qué condiciones lo hace. Estoy preocupado porque el fuero penal juvenil lo tienen como un fuero de menor cuantía y no es así. Los legisladores ni nos han llamado y en carpeta tenemos reformas legislativas especificas que se pueden realizar y hasta tenemos un proyecto escrito pero no nos respondieron", detalló Soto.

Por su parte, Yáñez Urrutia indicó que es "un proyecto apresurado" que "se trató en su momento, después quedó en el olvido y ahora resurge tan rápido", después de "haber fracasado el Estado en la prevención e intervención de los jóvenes en edad temprana por temas de inclusión social, educación, cultura, por conflictos primarios, y es obvio que llegamos a menores que cometen hechos graves, que tal vez tengan 14 o 15 años, y la sociedad exige una respuesta a esa situación".

"Ante el reclamo de la sociedad, no veo mal bajar la ley de imputabilidad a 15 años para hechos graves como homicidios, violaciones, extorsión, robos con arma de fuego. Pero lo veo como un fracaso del Estado en la prevención de conflictos con la ley penal de menores", aseveró el fiscal.

Por último, opinó que sería un fracaso si la ley sólo es por "un mensaje" que conforme al ciudadano común y "no viene aparejado de un presupuesto para poder intervenir con posterioridad". "Actualmente hay lagunas o fracasos en los jóvenes de entre 16 y 17. No tenemos en la provincia un lugar que pueda internar a una persona con problema de adicciones, y el 90% de los jóvenes involucrados con la actividad penal tienen problemas de adicciones", puntualizó sobre la situación actual.

Desde que se conoció el proyecto que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años hubo fuertes críticas desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que sostienen que la medida no es efectiva para bajar la inseguridad.

En ese contexto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sumó su voz y definió la política oficial como "un régimen de castigo más que uno de reparación o ayuda". "Es como una gota que rebalsa el vaso de la tolerancia", sostuvo en una entrevista con el periódico de El Tribuno, de Jujuy.

"Es atacar a los más chiquitos que pueden ser también víctimas de una tremenda soledad, desamparo y miseria, que en vez de solucionársela para que sean felices se lo va a reprimir de una manera tremenda", continuó la referente de la lucha por los derechos humanos.

Ante el endurecimiento de la política de seguridad que encabeza la ministra Patricia Bullrich, que, además de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15, incluye el nuevo reglamento que permite a las fuerzas federales omitir la voz de alto antes de disparar y la implementación de las pistolas eléctricas Taser, entre otras, Carlotto habló de la última dictadura militar.

"Escuché expertos en los medios que, según las sabias palabras de algunos de ellos, dicen que este era un proyecto de la dictadura, un proyecto de la dictadura queriéndose poner en práctica en democracia", señaló. "No podemos permanecer en silencio", marcó.

El proyecto será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias que convocará Mauricio Macri en febrero. Según Bullrich, la medida apunta a desalentar "la carrera delictual" de los jóvenes, "no importa la edad que tengan".