Personal policial realizó un allanamiento con resultados positivos en una vivienda del barrio Libertad, donde se logró secuestrar teléfonos celulares, documentación de una moto con pedido de secuestro activo, autopartes, entre otros elementos que daban cuenta de que en ese lugar se desarrollaban actividades relacionadas con el desguace de vehículos.

El hallazgo se realizó en una vivienda de French al 8400, en el marco de una investigación por robos de vehículos y motovehículos, con intervención de la Fiscalía N°2, el Juzgado de Garantías N°1 y la Fiscalía de Delito Automotor.

La medida fue ordenada tras tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar a uno de los presuntos autores y avanzar con la correspondiente orden judicial.

Como se indicó, durante el procedimiento llevado adelante con la colaboración del Grupo GAD, se secuestraron teléfonos celulares, documentación de una moto con pedido de secuestro activo, autopartes, herramientas utilizadas para el despiece de rodados y partes de un motovehículo también con pedido de secuestro vigente.

Asimismo, en el inmueble se constató la existencia de un sector destinado al desarme de motocicletas.

En el lugar fueron identificadas cuatro personas: una de ellas quedó imputada como presunto autor de robos agravados de vehículos en dos hechos investigados, mientras que otras dos fueron notificadas por el delito de encubrimiento y una cuarta por averiguación de ilícito.

La investigación se vincula con al menos cuatro hechos previos de robo automotor y de motovehículos ocurridos durante abril en distintos puntos de la ciudad, con características similares en su modalidad.

Dos hombres fueron aprehendidos por generar disturbios en la vía pública, en un procedimiento realizado en pleno centro de Mar del Plata por personal de la Comisaría Primera en conjunto con la Patrulla Municipal.

Según informaron fuentes oficiales, los imputados ocasionaban molestias a transeúntes cuando fueron identificados por los efectivos en Rivadavia 2200. En ese momento, no acataron las órdenes impartidas y adoptaron una actitud hostil hacia el personal interviniente.

Ante esta situación, ambos fueron aprehendidos en el marco de actuaciones por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73.

Intervino el Juzgado Correccional N°1, donde se dispuso la formación de actuaciones contravencionales y la posterior libertad de los causantes bajo caución juratoria.

En el marco de una investigación por robo agravado, amenazas y daños, personal de la policía llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en calle Los Manzanos.

La medida fue ordenada por la Justicia tras tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), en relación a un hecho ocurrido el pasado 19 de marzo en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán.

Según la denuncia, durante la noche un grupo de al menos siete personas irrumpió de manera violenta en el domicilio de la víctima, exhibiendo un arma de fuego. Ya en el interior, causaron importantes destrozos, rompieron puertas, el portón de acceso, varios cristales y sustrajeron distintos elementos, entre ellos, dos televisores y una consola de videojuegos.

Antes de retirarse, uno de los agresores habría amenazado de muerte a la víctima y a su familia, utilizando un arma tipo revólver y advirtiendo que regresaría en el corto plazo.

A partir de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar a dos presuntos involucrados: un hombre de 36 años y una mujer de 37, ambos domiciliados a pocos metros del lugar del hecho. Con esos datos, se solicitó y obtuvo la orden de allanamiento.

Durante el operativo, los policías hallaron a los imputados y secuestraron una réplica de revólver color plateado y municiones de distintos calibres (.45, .22, 7.63 y .38), elementos vinculados a la causa. 

La Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos incautados y notificó a los imputados de la formación de la causa sin ordenar su detención.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al resto de las personas que habrían participado del hecho. Además, se analiza un conflicto previo entre las partes como posible desencadenante del episodio.

Más de 2600 cubiertas de distintas marcas y rodados, además de neumáticos para tractores, que no contaban con documentación que acreditara su legítima procedencia, fueron secuestrados hoy durante un allanamiento realizado en una gomería ubicada en Juan Manuel Bordeu al 12.300. Además hubo dos imputados.

Del operativo participaron agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª, junto con efectivos de las comisarías 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 14ª y 16ª y peritos verificadores departamentales.

Durante el procedimiento se constató la existencia de 2654 cubiertas de distintas marcas y rodados, entre ellas Pirelli, Goodyear, Michelin, Fate, Bridgestone, Firestone, Continental y Nexen, además de neumáticos para tractores, las cuales no contaban con documentación que acreditara su legítima procedencia.

Como resultado del operativo, fueron imputados una mujer de 60 años y un hombre de 70, responsables del establecimiento, por el delito de “averiguación de ilícito”, con intervención de la Oficina de Delitos Complejos y Procedimientos Abreviados, a cargo de Lorena Irigoyen.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, a cargo de Joaquín Morán, que dispuso la notificación de la formación del proceso y la posterior libertad de los imputados. Asimismo, se ordenó que las cubiertas permanezcan en el lugar en calidad de depósito judicial.

Las autoridades informaron que continúan las tareas investigativas para determinar el origen de la mercadería secuestrada y establecer la posible participación de otras personas, debido a la magnitud del material hallado.

La Justicia Federal confirmó que 111 personas murieron por la administración de fentanilo contaminado, tras finalizar el análisis de 159 casos evaluados durante la Feria Judicial. El informe fue elaborado por el Juzgado Federal a cargo de Ernesto Kreplak y enviado en las últimas horas al Cuerpo Médico Forense.

El relevamiento permitió establecer que, además de las 111 víctimas fatales, otras 48 personas sobrevivieron al consumo del opioide adulterado. El trabajo incluyó la revisión de historias clínicas y documentación médica recopilada en distintos puntos del país.

Desde el entorno de la causa indicaron que el personal del Cuerpo Médico Forense estudiará ahora las muestras recibidas y, en caso de ratificarse los resultados, podría agravarse la situación judicial de los 14 procesados y detenidos en el expediente, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada a la investigación judicial.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes de los laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

El expediente sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Además del dueño de HLB Pharma, también fueron procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, quienes se encuentran detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk, con prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia.

El juzgado prevé elevar la causa a juicio a mediados de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak en noviembre, durante su exposición ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, cuando explicó que el objetivo era consolidar un número definitivo de víctimas fatales y no fatales para avanzar con la instancia judicial correspondiente.

En paralelo, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y condenas para los responsables de lo que consideran la peor crisis sanitaria del país vinculada a la inoculación de un opioide adulterado con bacterias. En los más de seis meses de investigación, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para visibilizar el reclamo y mantener vigente la memoria de las víctimas.

Fuente: con información de DIB

Tres personas fueron imputadas por la Justicia tras un operativo policial en el que se detectaron dos estacionamientos clandestinos que funcionaban sin habilitación.

El operativo fue llevado adelante por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera, que efectuó controles en cumplimiento de la normativa vigente en la intersección de Dardo Rocha entre Florisbelo Acosta y Concepción Arenal, en un sector conocido como la “Canchita de los Bomberos”.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron el funcionamiento de dos estacionamientos ilegales instalados sobre espacios verdes, donde se cobraba la estadía de vehículos sin contar con habilitación municipal ni provincial, ni con los libros registrales exigidos por la legislación.

Como resultado del operativo, se dispuso la clausura de ambos estacionamientos y la imputación de tres hombres, de 61, 52 y 30 años, quienes se encontraban realizando la actividad al momento de la intervención policial.

En la causa interviene el Juzgado en lo Correccional N°5, que ordenó la formación de actuaciones y la notificación de los imputados en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

Cuatro personas fueron formalmente imputadas por el Ministerio Público Fiscal por su presunta responsabilidad en el suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud. Se trata de un contratista y de tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado, acusados de defraudación a la administración pública, uso de documentos falsificados e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. 

La causa se inició hace aproximadamente cinco meses, luego de que padres de alumnos notaran cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en sus hijos, coincidentes con problemas sanitarios en el funcionamiento del pozo ciego de desechos cloacales, ubicado muy cerca del pozo que provee agua potable al predio donde funcionan una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes. 

Ante estas sospechas, la cooperadora del polo educativo encargó un laboratorio privado para realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua antes del inicio del ciclo lectivo 2025. Los resultados, dados a conocer el 5 de marzo, revelaron que el agua no era segura para consumo humano: se detectaron Escherichia coli -indicativo de contaminación fecal- y Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que también representa riesgo para la salud. 

Qué encontraron los fiscales:

La audiencia de formalización fue presidida por el juez de Garantías Santiago Inchausti, y los fiscales intervinientes fueron Carlos Martínez (titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, Unidad Fiscal Mar del Plata) y Agustín Roldán (auxiliar). Allí, otorgaron 180 días para la investigación, plazo durante el cual se profundizarán las pruebas.

Además, se dictaron diversas medidas para asegurar el proceso, al prohibirles salir del país sin autorización judicial y acercarse al polo educativo de Mar del Sud (ubicado en manzana de calles 106 y 27), y ordenaron embargar los bienes registrables de los imputados, especialmente para la presidenta del Consejo Escolar, ya que no se detectaron bienes registrados a su nombre hasta el momento. 

Según el fiscal Martínez, el accionar de los imputados “ha puesto en riesgo la salud de la comunidad educativa”, al distribuir agua sabiendo que no era potable, ocultando su peligrosidad y falsificando documentos para hacerla pasar por segura.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata condenó a una pareja por el mayor secuestro de drogas registrado en Tres Arroyos. El hecho ocurrió en 2023, tras un episodio de violencia doméstica que derivó en la detención de los imputados y un allanamiento en su domicilio, donde se incautaron 7 kilos de cocaína, 29 kilos de marihuana, 770 troqueles de droga sintética y nueve armas de fuego. La sentencia fue dictada por el juez Martín Luciano Poderti.

Pablo Sebastián López fue condenado a siete años de prisión, mientras que su pareja, Margarita Rosa Vallejos, recibió una pena de cuatro años y seis meses. Ambos fueron hallados coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de nueve armas de fuego y encubrimiento agravado en dos hechos. El tribunal también ordenó el decomiso del inmueble donde residían, ubicado en la calle Rocha al 400, así como de 133.000 pesos y 12.700 dólares, considerados producto del delito. 

El caso comenzó el 20 de enero de 2023, tras un episodio de violencia doméstica protagonizado por López en la casa de su madre, que motivó su detención luego de un llamado al 911. Al día siguiente, Vallejos se presentó en la comisaría primera de Tres Arroyos para exigir la liberación de su pareja, mostrando un alto grado de alteración. Al intentar ingresar por la fuerza a la zona de calabozos, fue detenida, y en su mochila se encontraron 2,41 gramos de cocaína, 7.900 dólares, 54.830 pesos y un celular, lo que desencadenó una investigación penal.

A partir de los elementos secuestrados, la fiscalía provincial solicitó un allanamiento en la vivienda de la pareja, autorizado por el juez de Garantías. En el domicilio se hallaron 7,533 kilos de clorhidrato de cocaína (2,794 kilos de cocaína pura), 29,240 kilos de marihuana, 770 troqueles de droga sintética, un cultivo indoor de marihuana y nueve armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres, una carabina y dos escopetas robadas. El fiscal subrogante Carlos Martín Fioriti destacó que el lugar, ubicado en un barrio residencial cerca de un club de tenis, era ideal para camuflar actividades ilícitas.

Durante la audiencia, Fioriti subrayó la magnitud del secuestro, el embalaje profesional de la droga (panes de cocaína, ladrillos de marihuana y troqueles de droga sintética) y el almacenamiento en lugares como un taparrollos. Según pericias químicas, el material podía generar entre 27.948 y 55.897 dosis de cocaína, 54.684 cigarrillos de marihuana y 770 dosis de droga sintética. El fiscal también resaltó que las armas incautadas, aptas para el disparo, tenían como propósito “proteger o custodiar esas drogas”.

Fioriti afirmó que los imputados formaban parte de “una maquinaria mucho mayor” y destacó que este secuestro es el más relevante juzgado por el TOCF en Tres Arroyos. Aunque solicitó penas de nueve años para López y ocho para Vallejos, el tribunal impuso sanciones menores, basándose en la prueba presentada y las circunstancias del caso.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento, con prisión preventiva, de tres imputados acusados de conformar una organización dedicada a la explotación y administración fraudulenta de juegos de azar y al lavado de activos provenientes de esa actividad.

Entre otros aspectos, el caso es conocido porque en la investigación se dictó por primera vez en el país una orden de decomiso anticipado de criptoactivos que, se sospecha, fueron utilizados para brindar apariencia legal a las ganancias obtenidas con los delitos.

La resolución de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez se dio en línea con lo dictaminado por la Fiscalía General ante esta instancia, a cargo del fiscal general Daniel Adler, representada en esa oportunidad por el fiscal federal Santiago Eyherabide.

En efecto, una vez arribada la causa a la instancia de revisión, la Fiscalía General pidió la confirmación de la situación procesal de los imputados por entender que las conductas desplegadas daban cuenta de una organización que constituía una asociación ilícita cuyos bienes no encontraban justificación en la actividad legal registrada ante los organismos fiscales.

Para la Fiscalía, los imputados “se habrían dedicado a la organización y explotación de diferentes tipos de juegos de azar mediante apuestas online, lo que se habría desarrollado sin autorización de la autoridad de control de manera diagramada y coordinada”. El Ministerio Público Fiscal (MPF) marcó que se trata de “conductas que generan un grave daño a niños, niñas y adolescentes y a la sociedad toda, distorsionando el valor del esfuerzo y del trabajo para el logro del desarrollo humano”.

En tal sentido, consideró que se encontraban corroboradas las maniobras de venta de productos electrónicos en infracción al Código Aduanero -por la venta de teléfonos de alta gama y dispositivos electrónicos ingresados de contrabando-, así como la explotación y administración de juegos de azar online de manera ilegal, que constituían el delito precedente del lavado de activos.

Al momento de resolver, los jueces de la Cámara Federal entendieron que debía confirmarse la decisión del juez instructor respecto de tres de los imputados por el delito de asociación ilícita. Uno de ellos fue procesado además por administración y explotación de juegos de azar de manera ilegal y lavado de activos, mientras que -de los dos restantes- uno fue procesado además por su intervención en juegos online clandestinos y el otro también por lavado de activos.

En este sentido, los magistrados consideraron que la explotación, administración, operación y organización de juego ilegal y/o casino clandestino “podría enmarcarse como un delito precedente del lavado de dinero” y que “la información proporcionada por Binance (más allá de la existencia de otras billeteras virtuales), se convierte en un elemento de cargo que daría cuenta que las operaciones realizadas en criptoactivos representan sumas relevantes que no encuentran respaldo con las actividades licitas de los sindicados”.

Los magistrados, que confirmaron también los embargos dispuestos por el juez de instrucción Santiago Inchausti, sostuvieron que la gran cantidad de dinero y activos en las cuentas pertenecientes a los imputados (dólar cripto o USDT al menos desde 2021), sin dudas “lleva a afirmar que aquellos se valieron del pseudo anonimato y la difícil trazabilidad que presentan las operaciones en criptomonedas, para disimular los ingresos de sumas de marcada importancia a sus cuentas de Binance”.

Por otro lado, el tribunal revisor resolvió la falta de mérito de otros cuatro acusados que estaban procesados por el delito de asociación ilícita y sobre quienes se ordenó profundizar la pesquisa. Si bien se dispuso la libertad de dos de ellos que llegaron a esta instancia con prisión preventiva, uno -que cumplía tareas en la Aduana- permanece detenido por haber sido acusado posteriormente del delito de cohecho.

El acusado de liderar la organización estuvo prófugo y con pedido de captura nacional e internacional, pero se presentó espontáneamente con posterioridad a los procesamientos del resto de los imputados, por lo cual su situación aun no fue abordada por la Cámara Federal. En su caso el juez Inchausti había dispuesto el decomiso anticipado de los fondos de la cuenta exchange por una suma total de 28.589,26 USDT, “a los fines de garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito”.

La causa se inició el 14 septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima en la que se detallaban las maniobras de una red de contrabando de teléfonos de alta gama que también manejaba juegos de azar en línea sin la debida autorización. Una vez formulado el requerimiento de instrucción por parte de la fiscal Laura Mazzaferri se realizaron diversas medidas de prueba que permitieron reunir elementos sobre los hechos investigados.

La pesquisa contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de los fiscales generales Diego Velasco y Horacio Azzolin, respectivamente. La UFECI contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange con casi 30 mil USDT -criptodólares- del principal acusado.

Luego de que el juez Inchausti dictara el procesamiento de nueve imputados –cinco de ellos con prisión preventiva-, las defensas cuestionaron la resolución por considerarla “arbitraria”, al entender que no existían pruebas que avalen el encuadramiento de las conductas, que la resolución resultaba prematura y que las intervenciones telefónicas debían declararse nulas. 

Fuente: Fiscales.gob.ar

La Justicia se encuentra peritando los celulares en la causa que investiga el derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó el saldo de ocho víctimas fatales y una sobreviviente.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la investigación informática comenzó este jueves temprano sobre los teléfonos de Nahuel José Stefanic, el sobrino de la ex dueña que murió durante el desmoronamiento; Antonio Cortez, el nuevo propietario del hotel; el arquitecto Jorge Bonavitta y el contratista Rubén Taquichiri.

A su vez, analizan los dispositivos pertenecientes a Oscar Roberto Velázquez y Sergio Aníbal Álvarez, dos hombres que son investigados por la fiscal Verónica Zamboni por su presunta vinculación en el caso. Por último, los celulares de las arquitectas María Laura Lagana y Martha Pérez Schneider también serán sometidos a pericias.  

En tanto, el fiscal Walter Mercuri apeló las excarcelaciones de Bonavitta y Taiquichiri, quienes fueron beneficiados con la libertad, aunque continúan imputados por “estrago culposo agravado” y no pueden salir del país.  

La causa pasó en las últimas horas a la fiscalía madariaguense de Mercuri luego de un pedido de licencia personal de la fiscal titular del caso, Verónica Zamboni.

Tras la muerte de Liam Payne, la Fiscalía que investiga el caso indicó hoy que tres personas fueron imputadas en las últimas horas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

El primero de los acusados se trata de la persona que acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la Argentina; el segundo es un empleado del hotel que le habría suministrado cocaína; y por último, un proveedor de estupefacientes que fue señalado por lo mismo.

Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires recibió a múltiples testigos que aportaron sus testimonios, entre ellos personal del hotel, familiares y allegados, médicos, bioquímicos y psiquiatras.

Asimismo, la fiscalía, junto a analistas especializados de la Superintendencia de Investigaciones Especiales y de la División Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad, llevaron a cabo un exhaustivo análisis sobre más de 800 horas de las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel CasaSur Palermo y de la vía pública para reconstruir los hechos.

Por otra parte, también se avanzó en las pericias sobre el celular de Liam Payne y se realizó un análisis de su contenido, es decir, sus llamadas, mensajes, chats y redes sociales. A su vez, también se relevó el registro de los huéspedes que se alojaron en el hotel para detectar quiénes lo visitaron durante su estadía y para revisar sus hábitos de consumo de bebidas y comida.

Luego de obtener los resultados de la autopsia, el Juzgado Criminal y Correccional N°34, a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard, autorizó la entrega del cuerpo al padre del fallecido, Geoff Payne, el fin de semana pasado.

Fuente: TN